Foto: Creative Commons, Peter Haden

Desde inicios de esta década, el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) vive un éxodo sin precedentes, desde los tiempos de las guerras civiles en la región en los años 80. A pesar de que esta explosión migratoria de refugiados tuvo un fuerte seguimiento mediático en el año 2016, debido a la coyuntura de cifras astronómicas de homicidios en El Salvador y Honduras, la migración no se ha disminuido y, más bien, desde entonces continúa aumentando.

Y a pesar de que la violencia causada por el tráfico ilegal de drogas está fuertemente relacionada con Estados Unidos, país que es el principal destino mundial de estas sustancias y que financia la guerra contra las drogas que ha dejado cientos de miles de muertos en la región, el gigante del norte se niega a recibir personas refugiadas de estas naciones.

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2017 cerca de 294 mil personas centroamericanas solicitaron refugio en diferentes países del mundo. Esta cifra representa un crecimiento del 58% con respecto a las estimaciones de ACNUR para el año anterior.

En este contexto, muchos de estos solicitantes buscan refugio en España, o en otros países centroamericanos como Belice, Costa Rica y Panamá, pues el país más rico del continente, Estados Unidos, les ha cerrado las puertas. En 2017, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos canceló el programa de Procesamiento para Menores Refugiados Centroamericanos, tras una disposición del presidente Donald Trump.

Asimismo, en marzo de este año, una caravana de refugiados centroamericanos recorrió México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Ante esta caravana de miles de personas, Donald Trump solicitó a la guardia fronteriza reforzar la seguridad en la frontera, pese a que su país reconoce el derecho a la solicitud de asilo en cualquier puerto de entrada al territorio.

Admisiones mínimas

De acuerdo con la organización Kids In Need of Defense (KIND), en Estados Unidos se tiene la creencia de que solo quienes huyen de la guerra son refugiados, y como no se tiene la percepción de que la violencia en Centroamérica sea similar a una guerra, se menosprecia la condición de estos solicitantes de refugio.

“Hay una ambivalencia sobre si la situación centroamericana califica como una crisis de refugiados”, dijo la presidenta de esta organización, Wendy Young, al The New York Times.

Según estadísticas del programa TRAC de la Universidad de Siracusa (Nueva York), entre 2011 y 2016 el 82.9% de las solicitudes de refugio de personas de El Salvador fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses.

Las cantidades tan bajas de refugiados salvadoreños admitidos en los Estados Unidos se pueden evidenciar con esta comparación: en el año fiscal de 2016, Estados Unidos admitió 364 refugiados salvadoreños (según datos del Refugee Processing Center), mientras que la cifra de refugiados salvadoreños reconocidos por las autoridades costarricenses para 2016 fue de 306. La desproporción resulta evidente teniendo en cuenta el tamaño, población y poder económico de ambos países.

En 2017, Estados Unidos admitió 1,124 refugiados salvadoreños y en lo que llevamos de 2018, la cifra va por 322. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los datos manejados por las autoridades estadounidenses son por año fiscal, que va de octubre del año anterior a septiembre del año siguiente.

Este contexto se agrava al tener en cuenta que, en enero de este año, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que 200 mil salvadoreños debían dejar el país, al suspender el Estatus de Protección Temporal bajo el cual se encontraban desde 2001.

Y al sur, también bajan admisiones

En menor escala en números absolutos, Costa Rica también ha recibido desde 2015 un incremento notorio en las solicitudes de refugio de personas de El Salvador, con reconocimientos de estatus de refugiado también bajos. En 2016, por ejemplo, el dato fue similar al promedio de rechazos en los Estados Unidos: 79% de las solicitudes fueron rechazadas, si se toma como medida la cantidad de solicitudes que ingresaron y la cantidad que fueron resueltas de manera favorable.

No obstante, el principal problema que enfrentan los solicitantes de refugio en el país son los largos tiempos de espera entre la solicitud y la resolución final, que superan en muchos casos el año, y puede prolongarse por inclusive dos años más si la decisión es apelada.

En 2016, Costa Rica recibió 1,436 solicitudes refugio de personas de El Salvador (un 32% del total solicitudes de refugio que se recibieron ese año fueron de salvadoreños) y le reconoció el estatus 306 nacionales de ese país (un 54% del total reconocimientos de refugio para ese año), según datos brindados por la Dirección General de Migración y Extranjería a Distintas Latitudes.

En 2017, el total de solicitudes de ciudadanos salvadoreños fue de 1,595 (un incremento del 11%), y se reconocieron solo 83 personas de ese país con el estatus de refugiado. Hasta marzo 2018, han ingresado 431 nuevas solicitudes de refugio de salvadoreños en el país, mientras que se acumulan cientos sin resolver. En 2016, los salvadoreños fueron quienes más solicitaron refugio en Costa Rica. En 2017 y 2018 ocupan el segundo lugar, tras los nacionales de Venezuela.

De acuerdo con la activista en temas de refugio en Costa Rica e integrante de la organización Casabierta, Zoilamérica Ortega, las organizaciones ven con preocupación lo demandada que pueda verse la institucionalidad costarricense ante la llegada de migrantes, dadas las condiciones del país.

“Hemos venido, como parte de las organizaciones que aquí trabajamos con refugiados, notando con preocupación que la institucionalidad puede verse seriamente demandada y puede verse también sin capacidad de responder a lo que significa la reintegración que hoy proponen en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para quienes se ven obligados a buscar protección internacional”, dijo Ortega en una entrevista anterior con Distintas Latitudes.

“Yo pienso que, a la par de esta voluntad que habría de Costa Rica de continuar recibiendo refugiados, se tiene que seguir demandando a todos los estados que expulsan personas por negarles los derechos, a que detengan la violencia”, agregó.

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