Foto: ILGA-LAC

En junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la creación de un puesto emblemático para los derechos de las personas LGBTI+ en el mundo: un experto independiente en orientación sexual e identidad de género. Ese mandato se vio enfrentado a una enorme controversia, que inclusive llevó a que la decisión se discutiera en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de ese año: con 84 votos a favor, 77 en contra y 16 abstenciones, el experto independiente siguió existiendo.

Desde finales de 2017, el puesto es ocupado por el jurista costarricense Víctor Madrigal-Borloz. El pasado 29 de junio, Madrigal-Borloz participó del Encuentro de Alto Nivel  “Derechos de las personas LGBTI, oportunidades, retos y desafíos”, organizado por Hivos en San José, Costa Rica.

En el evento se discutieron los retos de los países latinoamericanos en la implementación de la opinión consultiva 24-2017 (OC-24) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que salió a la luz pública en enero de este año y que garantiza el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio y el cambio de nombre y género registral paras las personas trans.

Distintas Latitudes conversó con Madrigal-Borloz sobre éste y otros temas.

¿Cómo observa el contexto latinoamericano en derechos para las poblaciones LGBTI+, teniendo en cuenta el crecimiento de grupos políticos que procuran retrocesos en esta materia?

Si uno reconoce algo como un avance o retroceso tiene que plantearlo en un contexto. Es difícil plantearlo en abstracto. A mí lo que me da la impresión es que en América Latina, en este momento, hay un proceso de diálogo muy vigoroso que toma punto de partida en una realidad que existe en todo el mundo que es que históricamente las personas LGBTI han estado sometidas a violencia y discriminación.

Ese diálogo vigoroso, en algunos frentes hace que se tomen medidas muy progresivas para erradicar la violencia, y en otros contextos hace que esas medidas regresivas sean cuestionadas. Entonces, por ejemplo, reacciones que pueden existir con respecto a la opinión consultiva OC-24, que es una opinión consultiva en la cual hay un pronunciamiento jurídico sobre los deberes de los estados en materia de identidad de género y orientación sexual, que es una opinión consultiva, que es una señal muy positiva porque crea certeza jurídica; pero al mismo tiempo se crea un diálogo social sobre si efectivamente debe ser implementada, cómo debe ser implementada, a qué ritmo. Y eso puede ser visto como un retroceso, pero debe ser visto en el contexto de todas la diferentes dinámicas que hay.

Usted me mencionaba los llamados grupos antiderechos. De nuevo, eso tiene que ver mucho con qué son las medidas específicas de las que estamos hablando. Por ejemplo, si lo que se quiere es la reinserción de medidas discriminatorias en un marco legal o en un marco reglamentario, obviamente  eso es algo frente lo cual el sistema jurídico tiene que presentar defensas. Si lo que se trata es de diferencias de opinión permisibles en una sociedad democrática, entonces eso no es un retroceso, es el funcionamiento de la sociedad democrática.

Ahí es muy importante distinguir el diálogo válido, que es el diálogo de las diferencias de percepciones con respecto a ciertas cosas, y el diálogo inválido que es el diálogo discriminatorio o violento.

Entendiendo estas diferencias que usted menciona, ¿cómo catalogaría lo que sucede, por ejemplo, en Guatemala, donde hay un proyecto de ley que busca prohibir explícitamente las uniones entre personas del mismo sexo?

En primer lugar yo no me puedo pronunciar con respecto a casos específicos, porque no tengo los elementos de juicio y no es el propósito de mi visita. Pero, en abstracto: en el caso de un estado que sea miembro de la Organización de Estados Americanos, y parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y quiera introducir legislación restringiendo la figura del matrimonio para personas de sexos distintos, entonces yo le diría que hay un problema jurídico, porque ese estado está obligado al cumplimiento de la directriz establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, hay diferentes percepciones jurídicas sobre la obligatoriedad o no de la opinión consultiva, pero es innegable que representa el criterio jurídico del más alto tribunal en materia de convencionalidad en el continente. Entonces, un estado que esté yendo en contra de ese criterio, básicamente va a estar yendo en contra del órgano al cual le pidió asesoría sobre la manera en la que mejor se cumplen los derechos humanos. Eso no tiene una lógica.

Desde la perspectiva más internacional, ¿qué representa para usted el avance que se logra con la OC-24?

La opinión consultiva de la Corte es un instrumento de certeza jurídica. Lo que hace es que da claridad sobre lo que son las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No es aplicable a otros estados fuera del sistema interamericano.

Ahora, como un elemento de reconocimiento de lo que es el derecho internacional regionalmente, es un precedente clarísimo. Como un reconocimiento de estándares universales alimenta toda una discusión que existe a nivel mundial sobre este tema.

¿En qué consiste el trabajo del experto independiente en orientación sexual e identidad de género en el marco del Sistema de Naciones Unidas?

Yo soy designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para ejercer fundamentalmente dos funciones: una es crear visibilidad sobre la situación de violencia y discriminación a la que están sometidas las personas con base en orientación sexual e identidad de género, y la segunda proveer a los estados asesoría sobre medidas efectivas para erradicar esa violencia y esa discriminación.

Yo hago esa labor a través de diferentes mecanismos: visitas a los países, de los informes que rindo al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también a través de la cooperación técnica.

¿Qué regiones son prioritarias en su agenda en materia de violencia y discriminación?

Todas las regiones tienen diferentes problemáticas, que es importante reflejar. Unos de los principios bajo los cuales yo cumplo mi mandato es el equilibrio geográfico: yo quiero asegurarme de cubrir tanto regiones del norte global, como del sur global, todas las regiones del mundo, quiero también ocuparme de las diferentes comunidades, poblaciones e identidades. Al querer establecer un equilibrio es difícil pensar en prioridades.

Las temáticas son distintas de acuerdo con la región. Hay una gran cantidad de países en África en que todavía existe la criminalización, y también una cierta cantidad de países en Asia, esa es un problemática de muy importante resolución. La violencia contra las personas trans, eso en todo el mundo es definitivamente  un objeto de preocupación.

Básicamente se quiere trabajar técnicamente en medidas efectivas por parte de los estados en materia de política pública.

Dentro de estos temas, ¿cuáles son los principales en América Latina?

En América Latina no existe ya la criminalización, existe en el Caribe. Las temáticas evidentemente más agudas  son las de violencia que lleva a la privación del derecho a la vida, particularmente transcidios, pero también femicidios y homicidios, todos orientados a personas con base en su orientación sexual o su identidad de género.

Y luego, situaciones de exclusión estructural con respecto a las oportunidades que da la vida. Ahí hay situaciones estructurales de exclusión de las personas trans en lo que se refiere al sector salud que son muy profundas, y que provocan grandes distorsiones en la manera en la que la salud de esta población luce.

¿Cuál sería su aspiración de lo que se puede hacer desde Naciones Unidas con su trabajo?

Lo esencial es poder darle a los estados herramientas que pudieran implementar para reducir los casos de violencia y discriminación. Para mí es muy importante brindar herramientas técnicas para la descriminalización, para eliminar el estigma y para reducir los efectos de la patologización, que es la concepción a través de la cual se entendía que las personas de la diversidad sexual estaban enfermas. Esto lleva a fenómenos que me gustaría tratar de eliminar como las llamadas terapias de conversión.

Muchos sectores que se oponen a los derechos de las personas LGBTI+ han atacado justamente el trabajo de Naciones Unidas. ¿Qué reacción le generan estos ataques?

Yo creo que el debate ha sido muy amplio y muy vigoroso. Ha sido muy transparente. Y los estados, y los sectores de la sociedad civil que se han opuesto a que en esta materia haya un reconocimiento han sido parte del debate.

Mi mandato fue creado bajo una gran controversia: 77 estados votaron en contra, 84 a favor y 16 se abstuvieron. No fue una opción automática, pero fue muy pública.

Lo importante es que ha existido, no solo la discusión, sino que también se han creado consensos, en torno al hecho, por ejemplo, de que sí había una masa crítica de estados que estaba preocupada por la violencia y la discriminación.

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