Ante la crisis de opioides que viven Estados Unidos y Canadá -que ha derivado en la muerte de casi un millón de personas en los últimos 20 años-, estos países han implementado estrategias como descriminalizar la posesión de cantidades pequeñas de droga y la creación de espacios de consumo supervisado. ¿Podemos pensar en estrategias similares para América Latina?
Portada e infografías: Rocío Rojas
Hola, soy Mariana Mora y escribo desde México, un país que atraviesa esta misma crisis, aunque de manera distinta. México se caracteriza por ser más un país de producción y trasiego de drogas que uno de consumo; sin embargo, las personas también las usan. Y cada vez más.
Afortunadamente, no estamos ni cerca de las cifras de muertes por sobredosis de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, además de los efectos en la seguridad nacional, algunas ciudades fronterizas tienen un consumo significativo de heroína, al que ahora hay que sumar el fentanilo, un analgésico de uso médico hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Entre 2012 y 2021, México registró 33 muertes por consumo de esta última droga, según el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones.
Al otro lado de la frontera, la movilización social ha empujado a los Estados a responder con políticas que buscan salvar vidas, como la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades de droga o los espacios de consumo supervisado. Pero en México, de momento, es la sociedad civil quien está actuando para cuidar a las personas usuarias de drogas.
Así surgió La Sala, el primer espacio de consumo supervisado de heroína del país y América Latina. Este proyecto opera -con dificultades económicas y trabas institucionales- desde 2018 como parte del trabajo de Verter AC, una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la salud pública y los derechos humanos en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California.
La Sala atiende exclusivamente a mujeres, quienes están más expuestas al estigma y los riesgos. Aquí pueden verificar si su sustancia contiene fentanilo, reciben jeringas nuevas y son supervisadas por especialistas en sobredosis. Al final, cuando los efectos del consumo pasan, muchas se quedan a convivir. “Es un espacio donde van generando redes de apoyo”, cuenta Lourdes Angulo, directora de Verter.
Ok, pero explícame mejor qué son estos centros de consumo supervisado.
En general, son lugares donde “se busca controlar las condiciones en que las personas usan drogas para reducir los riesgos y daños que conlleva su uso”, explica Inés Elvira Mejía, una psicóloga y consultora colombiana en políticas de drogas con enfoque de reducción de riesgos y daños.
Al igual que otras personas, Inés prefiere el término “espacio de consumo seguro”. Estos lugares han sido pensados principalmente para prevenir el contagio de enfermedades como el VIH y la hepatitis por el uso de jeringas compartidas. Sin embargo, el paradigma de reducción de daños y riesgos se ha ampliado para abarcar varias sustancias no inyectables y dinámicas de consumo.
Inés y otros especialistas coinciden en que estos espacios podrían funcionar para sustancias como la metanfetamina o el crack, consumidas en México y el sur del continente, respectivamente. El problema es que, aunque algunos Estados latinoamericanos incluyen el término “reducción de daños y riesgos” en sus instrumentos de salud pública, ninguno tiene realmente políticas o programas relevantes con este enfoque y siguen viendo el consumo como un asunto de seguridad y no de salud.
Pero ¿no son suficientes los centros de rehabilitación para tratar el consumo como un asunto de salud?
La función de los centros de rehabilitación es tratar a las personas que han desarrollado un uso problemático de alguna sustancia y apuestan por la abstención. Pero la Organización Panamericana de la Salud sostiene que no todas las personas que usan drogas necesitan ser rehabilitadas, pues el daño depende de factores sociales como el contexto, el tipo de sustancia y las características del usuario.
El paradigma de reducción de daños parte de que hay personas que no pueden o quieren dejar de usar una sustancia, y aun así merecen herramientas para mejorar su bienestar físico, mental y social. Al facilitarles información y servicios, los espacios de consumo seguro reducen los riesgos de tener un consumo problemático.
Estos espacios no se contraponen a los centros de rehabilitación, más bien ayudan a personas que podrían mejorar su salud sin recurrir a tratamientos abstencionistas. Se trata de evitar ese punto nocivo y problemático del consumo que lleva a la necesidad de un centro de rehabilitación.
Entonces, ¿el consumo de drogas no es problemático por sí mismo?
No necesariamente. El Informe Mundial sobre Drogas de 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) registra que solo el 13% de quienes consumen requiere tratamiento por problemas de salud.
Catalina Gil Pinzón, otra consultora en política de drogas y construcción de paz que trabajó en el Programa Global de Políticas de Drogas de la Open Society Foundation, considera que las narrativas más comunes en nuestra región respecto a las drogas pintan a los usuarios como “enfermos” e ignoran que la mayor parte de ellos no tienen un consumo problemático. “La prohibición nos convirtió la excepción en la regla”, dice.
Claro, pero en América Latina las drogas son ilegales, ¿no?
En realidad, las políticas de drogas son muy diversas en la región. Hay países, como México, Argentina, Chile y Colombia, donde está descriminalizada la posesión de dosis personales de algunas drogas ilícitas. Otros, como Perú, Bolivia y Colombia, permiten ciertos usos de la hoja de coca. Once países ya tienen un marco legal para el cannabis medicinal y dos han despenalizado su uso recreativo: Uruguay y México.
Lo que sí tenemos en común como región es el diagnóstico de que la guerra contra las drogas fracasó y que la ilegalidad no ha evitado su consumo. La UNODC reportó en 2022 que el número de usuarios a nivel mundial incrementó un 26% con respecto a 2010 y calcula que aumentará un 11% para el 2030.
Catalina dice que hay evidencia suficiente de que la guerra contra las drogas ha traído más problemas que soluciones, por lo que es momento de ir más allá. “Narremos, hagamos visibles cuáles son las otras alternativas que tenemos”, propone.
¿Por qué los Estados tendrían la obligación de ofrecer alternativas?
Desde 2016, más de 90 países concluyeron por primera vez en la ONU que un “mundo libre de drogas” es imposible y que en su gestión del asunto deben primar estrategias basadas en derechos humanos. Y en 2019, la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los países miembros de la ONU a impulsar una “atención prioritaria al bienestar y a los derechos de los usuarios de drogas”.
Pero, aun así, hay casos en Latinoamérica, como el de Brasil, que han tenido retrocesos en este sentido. En 2019, el gobierno de Bolsonaro publicó un decreto que excluye el enfoque de reducción de riesgos adoptado previamente y obliga a los consumidores a rehabilitarse en centros privados o religiosos donde se han documentado violaciones a derechos humanos y tratamientos sin evidencia científica.
Bueno, al menos tenemos proyectos de la sociedad civil, como La Sala.
Exacto. Como dice Catalina: “Hay muchas organizaciones y personas que se han encargado de hacer la labor de los Estados”. El mismo Brasil es un gran ejemplo.
Aunque allí hay muy poco uso de drogas inyectables, existen organizaciones que hacen testeo de sustancias en fiestas para informar a las personas si sus drogas están alteradas. También hay quienes reparten kits para fumar crack de forma más segura o se dedican a divulgar información veraz sobre prácticas y efectos asociados a las drogas. “Nosotros construimos una reducción de daños muy bonita, la entendemos más como una ética de cuidado que como algo pragmático”, explica Bruno Logan, consejero del Consejo Estatal de Políticas sobre Drogas en Sao Paulo y secretario ejecutivo de la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos.
Sin embargo, Logan cree que, para disminuir el uso problemático de cualquier sustancia, las personas necesitan tener, primero, acceso a una vida digna, algo que ya demostró en su momento el programa Brazos Abiertos, del gobierno de Sao Paulo. En esto coincide Humberto Rotondo, un abogado peruano miembro de las organizaciones Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas y Youth Rise. Para él, garantizar el acceso a servicios de salud y otros derechos básicos como los de vivienda y alimentación son formas de atender el consumo problemático, sobre todo en poblaciones vulneradas.
¿Hay posibilidad de que surjan más espacios de consumo seguro en América Latina?
“Yo creo que ya estamos en transición”, dice Catalina Gil Pinzón. “Lo que pasa es que los cambios en política de drogas son muy lentos”. Vivimos un momento en que hay propuestas muy audaces, como la regulación de la cocaína o la creación de espacios de consumo seguro para drogas inyectables, ambas en Colombia. La propia Inés Mejía asesora esta última propuesta.
Pero al mismo tiempo, algunos países no se atreven a dar pasos más sencillos como despenalizar el uso medicinal del cannabis. Es por eso que Humberto ve pocas probabilidades de que exista un espacio de consumo seguro en Perú, aunque considera que sus beneficios irían más allá de evitar sobredosis.
“La idea es que actúen como puentes hacia otros servicios y que la atención sea integral”, dice Inés. Que la persona usuaria pueda acercarse para tener un consumo más seguro, pero también para encontrar herramientas en caso de que quiera dejarlo, o que pueda ser atendida sin estigma por cualquier asunto de salud, aunque no esté relacionado con el uso de drogas.
¿Cómo serían estos espacios en nuestra región?
“Yo pienso que cada sustancia tendría un tipo de sala de consumo diferente”, responde Bruno Logan y hace énfasis en que no se pueden importar modelos que hayan funcionado en otros países. “Es necesario hacer investigación y preguntar a los usuarios lo que sería más interesante para ellos”, expone Bruno. Las necesidades y condiciones del uso de drogas inyectables no son las mismas que las del crack, “tal vez funcione más en un espacio abierto, como un parque, tal vez no”. Habrá que averiguarlo.
¿Y esto beneficiaría a la sociedad en general?
“Las personas usuarias no viven en burbujas, somos parte de la sociedad”, explica Humberto Rotondo. “Esto las beneficiaría porque, al generar menos consumos problemáticos, menos personas estarán en el centro de atención de salud u ocupando los sistemas de trabajo social”.
Bruno Logan coincide: “Si ante una situación de salud existe prevención”, dice, “hay menos gasto en salud pública que si se atienden sólo las consecuencias”.
Entonces, ¿qué sigue?
“Primero que nada, necesitamos una política de educación sobre drogas”, propone Bruno. En esto coinciden todas las personas con las que hablé. Catalina dice que uno de los grandes daños que nos dejó el prohibicionismo es la falta de información veraz sobre sustancias.
Ante esta ausencia, Bruno creó hace seis años un canal de Youtube de divulgación con un enfoque de reducción de daños. En Perú, Humberto trabaja con otras tres personas en SOMA, un proyecto que busca democratizar información de calidad sobre drogas y hace testeo de sustancias en fiestas.
Como ellos, hay otros proyectos pedagógicos y que hacen análisis de sustancias como ReverdeSer en México, Intercambios AC en Argentina, Échele Cabeza en Colombia o Reduciendo Daño en Chile.
“Tenemos que aprender a vivir en entornos en los que hay drogas y es mucho mejor aprender a convivir con ellas de forma responsable e informada”, concluye Inés. La labor está en revertir décadas de desinformación y estigma, pero con conversaciones como esta avanzamos.
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