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Desde los primeros meses de 1959, un gran número de mujeres han sido encarceladas por años o décadas debido a su oposición al régimen de La Habana. 


Diseño de portada: Rocío Rojas

 

Cuba tiene una larga historia de prisioneros políticos. Especialmente desde 1959, cuando el régimen de Fidel Castro -y más recientemente de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel- comenzó a encarcelar sistemáticamente a quienes cuestionaban y se oponían públicamente a su gobierno.

Las mujeres nunca estuvieron ajenas a este fenómeno. Desde los primeros meses de 1959, un gran número -desconocido- de ellas fueron encarceladas por años o décadas debido a su oposición al nuevo régimen. Tras salir de prisión y ser desterradas o forzadas a exiliarse, varias expresas políticas de esas primeras décadas castristas compartieron sus testimonios en el libro “Todo lo dieron por Cuba”, publicado en 1995.

Sin embargo, la encarcelación de mujeres cubanas por razones políticas no terminó entonces, sino que continúa hasta la actualidad.

¿Cuántas presas políticas hay en Cuba?

62, según el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), un proyecto independiente que monitorea incidentes represivos y violatorios de derechos humanos al interior de los centros de reclusión de la Isla. 

45 de ellas están presas por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). Inicialmente eran más, pero algunas de las mujeres recluidas por esta causa han sido liberadas en meses recientes, tras cumplir sus sanciones. 

Otras cinco ya estaban presas antes de julio de 2021, y 12 fueron encarceladas en el contexto de otras manifestaciones ocurridas entre 2022 y 2023. 

De acuerdo con el CDPC, la mayoría de estas 62 presas políticas cumple sanciones de entre tres y catorce años de privación de libertad, como es el caso de la activista de 37 años Lizandra Góngora, presa política del 11J. 

¿El régimen cubano las reconoce como presas políticas?

No. El régimen cubano asegura que no tiene presos o presas políticas, sino reclusos comunes. Y argumenta que todas estas personas están encarceladas por delitos debidamente tipificados en la Constitución y las leyes cubanas. 

Sin embargo, esta es una narrativa engañosa.

Por ejemplo: la mayoría de las mujeres que actualmente guardan prisión política en Cuba fueron imputadas y sancionadas por delitos que el régimen presenta como comunes pero que en realidad tienen un alto componente político, como han señalado diversas organizaciones de derechos humanos. 

Hablamos de delitos tales como desacato, resistencia, propaganda enemiga o contra el orden público, ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir, desórdenes públicos, atentado o sedición.

Por lo general, estos delitos están tipificados de manera vaga o ambigua en las leyes cubanas, algo que ha sido denunciado por distintos organismos internacionales ya que permite que las autoridades los usen a discreción, más en un país donde el aparato judicial está totalmente subordinado al Partido Comunista y no hay Estado de derecho ni contrapesos legales independientes. 

Esto ha sido algo históricamente visible en los juicios a los y las presas políticas. Medios y organizaciones independientes de la sociedad civil han denunciado durante años no solo la imputación de este tipo de delitos contra quienes cuestionan públicamente la situación del país o participan en algún tipo de protesta, sino también la celebración de juicios exprés, en ocasiones incluso sin abogados, o donde las versiones y pruebas de los y las acusadas son desestimadas, entre otras irregularidades.

¿Cómo es la vida de las presas políticas al interior de las prisiones?

El régimen cubano es sumamente opaco respecto a la vida en las prisiones. Salvo raras excepciones, no suele publicar ningún tipo de información al respecto. Tampoco permite que organizaciones independientes o internacionales visiten las cárceles. 

La última visita de este tipo ocurrió a finales de la década de 1980, hace casi 35 años. Por otra parte, en 2013 el régimen permitió que algunos medios internacionales de prensa accedieran a una prisión. No obstante, BBC Mundo aseguró que no pudieron ver ni entrevistar a los presos políticos.

Sin embargo, gracias a los testimonios de los presos, sus familiares y activistas allegados, diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana han logrado recabar información sobre la vida en las prisiones de la Isla. 

Al igual que sucede con los hombres, las presas políticas son recluidas en centros para mujeres que cometieron delitos comunes. Organizaciones como el CDPC han documentado las condiciones de vida de estos lugares, caracterizados por el hacinamiento, la falta de higiene, ventilación e iluminación; la carencia de medicamentos y servicios médicos (básicos o especializados), la falta de agua potable y de una dieta digna, así como la represión de las autoridades carcelarias. 

Pero a todo esto las presas políticas deben sumar la discriminación que sufren por sus posiciones o acciones políticas, con todas las consecuencias que ello implica.

¿Qué implica para ellas la discriminación política?

Por lo general, las presas políticas enfrentan una realidad más dura que la de las presas comunes. Por ejemplo: algunas de ellas son encarceladas deliberadamente lejos de sus provincias, lo que dificulta las visitas de sus familiares. Es el caso de Lizandra Góngora, quien vive en la provincia de Artemisa pero guarda prisión en Isla de la Juventud, con el mar de por medio. 

La propia Góngora, además, ha sido víctima de la falta de medicamentos y atención médica en las prisiones, algo que varias (ex)presas políticas y organizaciones de derechos humanos han denunciado como un método de tortura comúnmente utilizado por las autoridades, especialmente contra los y las presas políticas, incluso aunque eso ponga en riesgo sus vidas. 

Otras (ex)presas políticas han denunciado haber sido confinadas en celdas de aislamiento o de castigo donde no cuentan ni siquiera con condiciones mínimas de aseo e higiene, así como haber recibido golpizas

También son comunes las denuncias respecto a las arbitrariedades de las autoridades penitenciarias, que incluyen maltratos, ofensas, castigos injustificados, la promoción de conflictos entre presas políticas y comunes y la violación de derechos básicos que tienen las reclusas, como tomar el sol, enviar y recibir correspondencia o realizar llamadas telefónicas. 

Asimismo, el CDPC y otras organizaciones han recogido testimonios sobre interrogatorios con agentes de la Seguridad del Estado, la policía política cubana, en los que las presas son sometidas a diferentes formas de violencia física y psicológica. 

Estas y otras formas tortura ocasionan que las presas se vean obligadas a realizar huelgas de hambre y/o sed como forma de protesta o denuncia. Pero esto, además de poner en riesgo su salud, suele traducirse en una mayor represión por parte de las autoridades. 

 

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