La mañana del domingo 27 de agosto Guatemala despertó con una nueva crisis. El presidente Jimmy Morales, vía redes sociales, declaró non grato al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez, y ordenó su inmediata salida del país. El malestar del mandatario con esta comisión de las Naciones Unidas viene desde hace meses, pero se concretó este día. Este es el recuento de los hechos.
El presidente @jimmymoralesgt al pueblo de Guatemala informa: pic.twitter.com/1GkUtxy3li
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) 27 de agosto de 2017
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El malestar de Jimmy con la CICIG
La CICIG fue creada hace más de diez años en el estado centroamericano, con el único propósito de abatir las estructuras criminales en el estado guatemalteco. (Lee aquí el acuerdo de creación). Esta oficina investigativa opera en alianza con el Ministerio Público y su mandato se renueva a cada dos años por orden presidencial.
El año pasado, el presidente Morales pidió a la ONU que la CICIG siguiera hasta 2019. Pero el funcionario no contaba con que desde en enero de este 2017 su hijo y hermano terminarían procesados por un caso de estafa en el Registro de la Propiedad.
Desde entonces se generó un distanciamiento entre Morales y Velásquez, el jefe de la CICIG. El martes 22 de agosto una publicación por redes sociales del periodista José Rubén Zamora sugirió que Morales buscaba reunirse con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para pedirle la destitución de Velásquez. De rumores se pasaron a hechos más concretos. Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala, brazo derecho de la CICIG, amenazó con renunciar si Velázquez era expulsado del país.
El vocero presidencial Heinz Heimman respondió las preguntas de los periodistas el miércoles 24, pero nunca aclaró si Morales tenía la intención de pedir la remoción de Velásquez o no. En lugar de eso, arremetió contra Aldana y la acusó de chantaje. El portavoz pidió a la Fiscal (quien ese día confirmó que existía investigación contra el partido oficial por financiamiento electoral ilícito) que investigara a la Unidad Nacional de la Esperanza, la principal fuerza partidaria opositora.
Un día después el Ministerio Público y la CICIG revelaron una nueva investigación. Los partidos UNE y Líder (que quedó en tercer lugar en la primera vuelta electoral de 2015) fueron señalados de financiarse ilegalmente y supuestamente lavar dinero. Como consecuencia pidieron que los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate, ambos secretarios de esas agrupaciones mencionadas, pierdan su inmunidad y así sean investigados.
Ese día ambas entidades investigadores confirmaron que el partido que llevó a Morales al poder es investigado por este mismo tema. Y mientras tanto, las amenazas de Aldana seguían vigentes: si Velásquez era separado de su cargo, ella renunciaría.
La reunión diplomática entre Morales y Guterres se concretó el viernes 25 de agosto. La cancillería guatemalteca y la ONU nunca aclararon si existía esa intención de cambiar al jefe de la CICIG. Según el medio digital Nómada, los temores del Presidente no solo era por lo del caso de su hermano e hijo, sino por la investigación sobre sus financistas que lo impulsaron al poder en 2015.
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El caso que no deja dormir al Presidente
El mismo día que Morales viajó a Nueva York para manifestar sus quejas sobre Velásquez, se estremecieron las aguas políticas en tierras guatemaltecas. El Ministerio Público y la CICIG anunciaron una conferencia de prensa. Velásquez y Aldana revelaron que el partido oficial (dirigido por Jimmy Morales hace dos años) no reportó el origen de al menos 6 millones de quetzales (unos 800 mil dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral.
El caso apenas empieza, pero las autoridades decidieron pedir que Morales sea investigado porque él fungía como secretario general del partido mientras se recibieron esos fondos supuestamente ilícitos.
Casi en simultáneo, en la cadena CNN circuló que Morales sí había pedido la destitución de Velásquez a la ONU, pero todas las versiones oficiales lo desmintieron. La información entre medios fue muy difusa, pero el panorama político se asemejaba a 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina fue sometido a un impeachment en el Congreso y perdió su inmunidad. Esto lo obligó a renunciar en septiembre de ese año.
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Los pulsos del poder
En un video, emitido a las 6 de la mañana (hora de Guatemala) vía redes sociales, el Presidente expulsó al comisionado Iván Velásquez. Esto disipó los rumores que se originaron desde hace cinco días desde Presidencia. La acción apresuró a que cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (el máximo ente jurídico del país) se reunieran para conocer una acción legal planteada por el colectivo “Justicia Ya” que buscaba detener la orden de Morales.
En una votación muy cerrada tres magistrados votaron a favor de suspender la expulsión de Velásquez y dos votaron en contra. Mientras tanto las presiones de distintas instituciones no tardaron en aparecer. El Procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas, que asumió hace una semana se movilizó en apoyar a Velásquez, a través de acciones legales y llamar a la calma nacional junto a la Iglesia Católica, la Universidad de San Carlos y la Alianza Evangélica.
Mientras tanto los 13 países financistas a través de sus embajadores, se reunieron en la sede de la CICIG y difundieron un comunicado en apoyo a Iván Velásquez. Desde Estados Unidos el Departamento de Estado mostró su preocupación, mientras el secretario de la ONU dijo estar “shokeado” por esta decisión.
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El resurgir de las manifestaciones
Luego de la decisión de Morales las manifestaciones de la ciudadanía, que tuvieron su auge en 2015, volvieron con la misma efervescencia. Frente al Palacio Nacional, la Corte de Constitucionalidad y en la sede de CICIG, se reunieron para rechazar lo decidido por Morales. Otro grupo en menor cantidad también protestó en apoyo al Presidente frente a la oficina de esta entidad internacional.
La organización Acción Ciudadana, capítulo en Guatemala de Transparencia Internacional, presentó una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia para que el mandatario sea investigado por posible obstrucción a la Justicia y abuso de poder, pues existe una investigación abierta contra él.
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El futuro es incierto
Por la tarde del convulso domingo, Morales envió un segundo mensaje, de nuevo por redes sociales. En este justificó su decisión. Aseguro que Velásquez se extralimitó en sus funciones al supuestamente presionar a diputados y porque habría incurrido en violar la presunción de inocencia en algunos casos de corrupción, a través de los medios de comunicación.
La división entre grupos institucionales es incierta. Del gabinete presidencial el canciller fue destituido, la ministra de Salud y sus viceministros renunciaron, también lo hizo la ministra de Trabajo.
Desde el Ministerio Público y la CICIG, hasta el cierre de esta nota, no se han pronunciado. Pero el apoyo de las embajadas europeas, de Estados Unidos y de la ONU ha sido claro.
Abogados, politólogos y medios ven varias pocas salidas a esta crisis. La primera que el presidente se vería orillado por presión a renunciar porque habría obstaculizado la investigación su contra. La segunda: que Morales consideraría declarar estado de sitio (que implicaría prohibir la libertad de expresión y las manifestaciones). Tercero: que el mandatario resista, desobedezca la decisión de la máxima Corte y que busque apoyo en el Congreso para no ser investigado.
El embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, dijo a Soy502 que es lamentable esta decisión porque podría tener consecuencias incalculables. “Nosotros hemos construido una alianza entre republicanos y demócratas en Washington para apoyar (financieramente) esta lucha. No puedo hablar por ellos, pero imagino que ellos van a requerir justificaciones por parte del gobierno de Guatemala y si no satisfacen al Congreso, vamos a ver consecuencias”, dijo.
6. Lluvia de antejuicios
Dos grupos de ciudadanos se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia este martes para presentar cada una solicitud de antejuicio para que Morales sea investigado por ordenar la expulsión de Velásquez. Estas acciones legales se suman a la petición de retiro de inmunidad planteada ayer domingo y a la del Ministerio Público que busca investigar al Presidente por el caso de financiamiento electoral.
El pulso político apenas empieza. En el Congreso el jefe de la bancada oficialista, Javier Hernández, dijo que respaldarán al Presidente. El proceso de antejuicio comenzará en las cortes y todo será decidido por los diputados. Para que Morales sea investigado es necesario que 105 diputados aprueben esta decisión.
Desde el Ministerio Público ya hay un pronunciamiento oficial. Si el comisionado Iván Velásquez renuncia voluntariamente, Aldana sigue en el cargo. Si es expulsado (como sucedió ayer por unas horas) ella mantiene en pie su amenaza inicial de renunciar.
