Un análisis de la lucha feminista y las políticas de género argentinas tras la media sanción en Diputados a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.


 

 

Texto: Julieta Bugacoff (Argentina) y Federico Muiña (Argentina)

El 11 de diciembre de 2020 las calles cercanas al Congreso argentino amanecieron repletas de gente. A las 7.25, la voz de una locutora anunció el resultado de la votación: el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo había sido aprobado en la Cámara de Diputados con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, y pasaba para discusión y votación al Senado. La despenalización del aborto queda -otra vez- en manos de los y las senadoras. En 2018, luego de varios años de insistencia, un proyecto de ley similar llegó por primera vez a la Cámara de Diputados y obtuvo la media sanción pero fue rechazado en el Senado.

Este año, a pesar de la pandemia de covid-19, el debate en torno a la despenalización del aborto jamás dejó de estar presente en la agenda pública y política. “Desde 2018 a este año se dieron varios cambios socioculturales. Además, cambió el signo político del gobierno. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández tienen la decisión política contundente de sacar al aborto de la clandestinidad”, explica Daniela Vilar, diputada nacional representante de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Actualmente no existen cifras oficiales de la cantidad de abortos que se realizan por año. Sin embargo, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud, el número de abortos que se realizan en Argentina oscila entre 460 y 600 mil. Esta práctica constituye la principal causa de muerte materna: en la mayoría de los casos, quienes mueren son personas atravesadas por vulnerabilidades socioeconómicas que, ante la imposibilidad de financiar un procedimiento seguro, optan por métodos caseros o concurren a clínicas que no cumplen con los protocolos o las medidas de higiene básicas. Como contracara, también existen redes feministas de consejerías -ya sean de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito o de organizaciones sociales- que se encargan de acompañar y asesorar a aquellas mujeres que deseen abortar. Para Vilar, “ellas son y fueron quienes se vienen haciendo cargo de garantizar el aborto en Argentina, y esta también es una victoria de ellas”.

En enero de 2019, una niña de 11 años ingresó a un hospital de Tucumán -una de las provincias ubicadas en el norte del país- a raíz de un embarazo de 21 semanas. En la guardia, Lucía -el nombre ficticio que utiliza para resguardar su identidad- contó que un hombre de 65 años la había violado. El protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (protocolo ILE) rige en todo el territorio desde 2015. En él se establece que, en los casos de violación, no es necesario contar con una denuncia policial para poner en práctica la interrupción voluntaria del embarazo. La consulta previa a un profesional de la salud es suficiente. Lucía estaba amparada por la ley. Sin embargo, el gobierno tucumano demoró cuatro semanas en responder la solicitud y, una vez que lo hizo, ya era tarde. Los médicos a cargo afirmaron que practicar un aborto pondría en riesgo la vida de la menor y optaron por realizar una cesárea. La beba -a la que llamaron Faustina- fue concebida de manera prematura, pesó apenas 670 gramos y murió 10 días después. Mientras tanto, en las afueras del hospital, una mujer perteneciente a un grupo en contra de legalizar el aborto remarcaba ante las cámaras: “Ahora tenemos una nueva angelita en el cielo”. La escena descrita pone en evidencia las dificultades de la implementación del protocolo ILE en Argentina, aún en los casos justificados por la ley. La historia de Lucía es una entre muchísimas más, y se da en el contexto de toda una serie de desigualdades producto de un sistema que penaliza de manera jurídica y moral la interrupción voluntaria del embarazo.

Nelly Minyersky tiene 91 años y es abogada experta en cuestiones de familia. Es una de las redactoras del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo original, el de La Campaña y, con la llegada de la marea verde, se convirtió en la ídola de muchas pibas: “Hay una razón fundamental por la que la interrupción voluntaria del embarazo aún no es ley. El aborto es la última piedra dorsal en la cual se apoya el patriarcado, e implica mantenernos como resproductoras de un sistema que, desde los planteos de la revolución francesa, nos dejaba relegadas al hogar”. En relación a la campaña en Argentina, ella explica: “La democracia tiene una deuda pendiente con las mujeres. Después de la dictadura de 1976 se han sucedido distintos gobiernos de diferentes características y hasta el momento no logramos tener el aborto legal”. Por último, concluye: “La Campaña surge también como resultado de un movimiento único en Argentina, es decir, el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Ahí fue donde nuestra lucha se convirtió en un movimiento y la gente entendió que lo que estaba en juego era la libertad, la democracia y la autonomía. Así se explica la épica que pudimos ver en 2018 y este año”.

En 1971, Simone de Beauvoir publicó el primer manifiesto europeo por el aborto legal, firmado por 343 mujeres bajo el título de Las 343 siverguenzas: “En Francia, un millón de mujeres aborta en peligrosas condiciones cada año a causa de la clandestinidad a la cual se ven condenadas. Esta operación, efectuada en un medio hospitalario, no presenta mayores riesgos. El destino de estos millones de mujeres es silenciado. En consecuencia, yo declaro formar parte de ellas. Declaro haber abortado”. En el país europeo, el aborto es legal desde 1974. En América Latina el aborto es casi un privilegio: solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico y las entidades federativas de Oaxaca y Ciudad de México en México permiten el aborto sin causales hasta diferentes semanas de gestación. En Argentina y el resto de Latinoamérica, miles de mujeres mueren producto de la clandestinidad. Pareciera que las palabras de la filósofa existencialista se hubieran escrito ayer.

Este 2020, a pesar de la pandemia, el año legislativo de Argentina estuvo marcado por otra ley que amplió los derechos en materia de género: el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público nacional, lo que garantizará “el cumplimiento efectivo del ingreso y permanencia en los trabajos de este sector de la población”. Este decreto presidencial se aprobó en septiembre. Para Paula Arraigada, referenta trans y asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados, “esto habla de un gobierno que empieza a cumplir sus promesas de campaña y, además, saldar las deudas que tiene con el pueblo y, sobre todo, con las mujeres y el colectivo LGBTIQ”.

Antes de la cuarentena, y luego de la apertura de sesiones legislativas en marzo, lo que se comentaba en los pasillos del Congreso es que, en primer lugar, se discutiría la ley para despenalizar el aborto y luego de eso se trataría el Cupo Trans. “Cuando vino la pandemia cambiaron todos los planes. En el 2012 nos dieron la potestad de decidir sobre nuestros cuerpos, y entendemos lo que es esa lucha. Por eso la acompañamos con fervor. Terminar un año con estas dos leyes, en un año con tantas dificultades, habla de un gran logro”, subraya Arraigada.

“En estos dos últimos años la sociedad cambió mucho, y se dio un debate muy profundo acerca del aborto. En las casas, en los canales de televisión. Incluso el debate en la Cámara de Diputados tuvo más altura que en 2018. Lo discutimos hasta el cansancio y logramos sacarle lo tabú”, sostiene la diputada y también politóloga Vilar. La maduración en las formas discursivas de quienes están a favor ha logrado, en gran parte, que el tema no se enfrente al reduccionismo proaborto=promuerte=matar niños. “Cambió la conciencia. En 2018 el debate todavía no estaba maduro, ni siquiera dentro del campo popular. Los discursos de ese entonces, tanto de funcionarios como de la barriada, bajaban línea desde lo moral o lo religioso”, resalta la referenta trans quien, a su vez, sostiene que el trabajo de concientización, de hablar de derechos y todo lo que eso conlleva, generó las condiciones para este debate. “Hubo una maduración, tanto en la sociedad como en muchos funcionarios. Se dejaron de lado los discursos épicos -que solo sirven para eso-, se dejó de descalificar a quienes no piensan igual, y se fue hacia la generación de conciencia”, completa Arraigada.

Los métodos de lucha se contagian, y el pañuelo verde del aborto legal se convirtió en un símbolo transversal a América Latina y el Caribe. Del total de las personas gestantes que habitan el suelo latinoamericano, el 97% viven en países en los que el acceso al aborto es enormemente restrictivo. María del Mar Ramón es escritora y referente feminista, nació en Colombia, pero vive hace varios años en Buenos Aires. Sobre los efectos de la Marea Verde en el resto del continente, afirma: “La legalización va a habilitar la discusión […] me imagino que de ahora en más va a ser un tema presente en la agenda y un factor que se va a plantear en los futuros debates presidenciales”, dice.

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Ilustración de portada: Alma Ríos.

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