Desde 2019, la política chilena navega en el descrédito institucional, pero la redacción de una nueva constitución ofrece un camino de salida. ¿Qué se elige los días 15 y 16 de mayo? ¿Cuáles serán sus repercusiones?
Los próximos 15 y 16 de mayo Chile se volcará a las urnas para escoger a los miembros de la Convención Constitucional, organismo autónomo compuesto por 155 personas que se encargará de redactar la nueva constitución del país sudamericano.
La jornada electoral también contempla la selección de autoridades municipales y regionales, lo que en términos prácticos someterá a las y los votantes a tener que dirimir entre cuatro papeletas cargadas de nombres, identificaciones partidarias y pactos.
Este súper fin de semana es, a su vez, antesala de la elección parlamentaria y presidencial de noviembre próximo, que terminará de renovar el arco político chileno, profundamente deslegitimado desde hace casi dos años tras la revuelta popular de octubre de 2019.
Precisamente es necesario retroceder hasta el estallido social chileno para entender por qué esta nación, caracterizada como una de las más estables de América Latina, optó por incursionar en un camino de cambio constitucional, en esencia plagado de incertidumbre y signos de interrogación.
Por qué: sacudir el legado de Pinochet
Desde octubre de 2019, Chile vivió las manifestaciones más multitudinarias de su historia, llegando a reunir a más de un millón de personas en la tradicional plaza “Baquedano” de Santiago, denominada así en honor a un héroe militar de la Guerra del Pacífico y hoy rebautizada como “Dignidad”.
El punto de partida fue el aumento en el valor del transporte público y la mecha la encendieron los estudiantes secundarios. De ahí en más, el movimiento siguió cobrando vida y convocó una multiplicidad de causas, incluida la demanda de renuncia hacia el Presidente de la República, el empresario derechista Sebastián Piñera.
La respuesta del Ejecutivo fue una avanzada de la policía junto a agentes militares y el resultado fue previsible: escenas de violencia y una serie de informes que develaron violaciones a los derechos humanos, se instalaron como telón de una protesta que creció en tensión, sobre todo después de conocerse las primeras muertes de manifestantes y los casos de traumatismo ocular producto del disparo de perdigones al rostro de los y las marchistas. Según la fundación Los ojos de Chile, que agrupa a víctimas de la violencia estatal, cerca de 500 personas han sufrido hasta la actualidad algún tipo de lesión en sus ojos por el accionar de uniformados.
En ese contexto y con la amenaza de la fractura total, el 15 de noviembre de 2019 representantes oficialistas y opositores se reunieron y consensuaron una salida a la crisis. Tras horas de negociación y como vía de encauzamiento del malestar expresado en las calles, la clase política se abrió a empujar la creación de una nueva constitución que reemplazara la actual, heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La constitución chilena de 1980 es el mayor de los legados del régimen pinochetista. Fue escrita por expertos designados, aprobada en un referéndum ilegal y, en términos ideológicos, responde a una clara orientación neoliberal que apela a la privatización de los derechos sociales (salud, educación, pensiones). Igualmente, como si se tratara de un cerrojo infranqueable, establece quórums calificados para su modificación, lo cual vuelve prácticamente imposible el reemplazo por la vía legislativa.
Estos atributos impulsaron movimientos que por años pidieron cambiar la constitución de la dictadura, sin embargo, gracias al amplio respaldo que concitó de izquierdas y derechas, el texto se mantuvo vigente en gobiernos social cristianos, socialistas y conservadores.
Es decir, las y los chilenos se despidieron en 1990 de Augusto Pinochet, pero no de su diseño institucional y modelo de sociedad.
Violeta Montero, socióloga especializada en movimientos sociales, caracteriza al Chile del retorno a la democracia y reconoce en él la semilla de la revuelta que preparó el camino de la nueva constitución. “Hablamos de un país que bajo su apariencia de estabilidad escondía grandes niveles de malestar social y desigualdad. Ya desde los años noventa se identificaba una disconformidad que era más evidente entre aquellos que no lograron subirse al carro de la modernización y crecimiento económico”.
La académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción puntualiza que “la promesa de mejores condiciones de vida a partir de un itinerario ordenado de estudio, ahorro y respeto a las instituciones comenzó a romperse ante la evidencia de endeudamiento que denunciaron los estudiantes”. De esta manera, complementa, “el estallido social de 2019 irrumpió en las calles en reacción a un nuevo discurso exitista que no daba cuenta de las reales condiciones de vida de muchas y muchos chilenos”.
Una mirada similar tiene la activista urbana y candidata independiente a la convención Ana María Cavalerie, quien afirma que el estallido social fue la gota que rebalsó el vaso. Una forma de decir basta. “Ahora, ¿por qué la protesta desemboca en el campo constitucional? Esto se da básicamente porque todos los conflictos territoriales, de transportes, educación, medio ambiente, pensiones y más, están asociados a la estructura de un Estado subsidiario que no garantiza ningún tipo de derechos sociales a la población”.
Cuándo: en 2022 habrá resultados
El acuerdo constitucional contemplaba el desarrollo de un plebiscito de entrada que preguntaría a la comunidad si, efectivamente, quería una nueva carta fundamental y, en ese caso, quién debería estar a cargo de su redacción.
Luego de un ajuste de fechas a causa de los contagios por covid-19, en octubre de 2020 se llevó a cabo la consulta y los resultados fueron arrolladores. 78% de las y los votantes le dijo “apruebo” a la nueva constitución y el 79% optó porque ciudadanos electos —no parlamentarios— fueran los responsables de la escritura.
Los números despejaron cualquier duda y el calendario siguió su curso, aunque una vez más se vio afectado por la pandemia. Las elecciones de los miembros de la convención constitucional, originalmente fijadas en abril de 2021, se pospusieron hasta el fin de semana del 15 y 16 de mayo, el momento actual en la línea de tiempo.
¿Y luego? Se estima que en junio o julio se instale definitivamente la asamblea, que tendrá un plazo de hasta 12 meses para crear una nueva constitución. 60 días después de su evacuación, el texto será plebiscitado en código “apruebo” o “rechazo” y una vez más será la ciudadanía quien tenga la palabra.
Cómo: con pueblos originarios y paridad de género
En el ámbito técnico, el proceso constituyente consagra dos cualidades a tomar en cuenta: primero, que los acuerdos de la convención deben adoptarse mediante un cuórum de 2/3, lo que implica la necesidad de alcanzar altas mayorías; y segundo, que la nueva constitución se redactará sobre una “hoja en blanco”, por lo que se confeccionará un documento inédito y no una serie de reformas sobre el actual.
Otra característica que vuelve única en el mundo a la convención chilena es su perfil paritario, puesto que, tras la presión de organizaciones sociales y centros de pensamiento feminista, se acordó que la asamblea estará compuesta en un 45 a 55% de mujeres y hombres, lo que garantiza una paridad casi total.
“La paridad nos va a permitir tener una constitución moderna y diversa en un Estado anacrónico. Es una demanda feminista que se viene trabajando hace décadas y ahora el rol de las mujeres en política se vuelve urgente”, señala Ana María Cavalerie, quien ve una serie de ventajas en esta disposición. Entre ellas, incorporar perspectiva de género en políticas públicas, volcar la mirada al trabajo asociativo que desarrollan las mujeres en los territorios y generar diagnósticos y soluciones distintas de cara a los problemas del país.
La participación de las primeras naciones en la convención es otra particularidad que anticipa un debate álgido, en este caso sobre las deudas de Chile en materia de interculturalidad. De los 155 miembros de la asamblea, existen 17 escaños reservados para representantes de pueblos originarios, quienes serán electos mediante un padrón especial de personas que se auto identifiquen como pertenecientes a alguna de las primeras naciones a la hora de votar.
Adolfo Millabur renunció a su condición de alcalde de la comuna de Tirúa en el sur de Chile y emprendió carrera por un escaño reservado en la convención constitucional. Como voz del mundo lafkenche —denominación de los mapuche de la costa— ha sido un constante defensor de la causa indígena y de la preservación del entorno natural.
Consultado por Distintas Latitudes, Millabur sostiene que esta es la gran oportunidad de que Chile, el único país latinoamericano que no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, se defina como un Estado plurinacional en toda su matriz. “Junto con eso, es importante que exista un mecanismo de interculturalidad que reconozca al otro como sujeto de derechos. Teniendo esa definición, haremos presente la demanda por la autodeterminación y ojalá dejarla garantizada en la constitución”.
Finalmente, añora que el principio mapuche del itrofill mongen o buen vivir permee en su totalidad la idea de un país distinto. “Se trata de respetar todas las formas de vida que cohabitan en el territorio. Itrofill mongenes cambiar el paradigma respecto de cómo nos entendemos los seres humanos”.
Esa es la inspiración que muchos esperan prime en la redacción de la nueva constitución chilena, la número once desde los ensayos institucionales en el albor independentista. A diferencia de todas las anteriores, la carta fundamental de 2022 contará con la vigilancia de la ciudadanía organizada, que coronavirus a cuestas y con el fresco recuerdo de la revuelta popular de 2019, ya no está para más cheques en blanco a la clase política.
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