Aunque se podría creer que por la cuarentena impuesta por la pandemia de la covid-19, las personas encarceladas no corren riesgo de contagio, la realidad ha sido distinta. No solo por ser una población marginada, sino porque los gobiernos no han garantizado la continuidad de servicios esenciales. Acá te explicamos la situación en Puerto Rico, uno de los países caribeños que también enfrenta fenómenos atmosféricos y sísmicos.
Texto: Norihelys Ramos y Paola Santiago (Puerto Rico) (*)
Más de 11 millones de personas en el mundo viven la pandemia detrás de las rejas, privadas de su libertad. Se podría creer que no corren el riesgo de contagio porque cumplen un aislamiento social. Este pensamiento es equivocado, no solo porque continúa la entrada y salida del personal penitenciario, sino porque también la mayoría de las cárceles sufre hacinamiento y precarias condiciones de salubridad. Si alguien se infectara, la transmisión sería exponencial.
Así lo demuestran las cifras de las instituciones penales en la región caribeña. Por ejemplo, en República Dominicana se han confirmado más de 640 casos positivos y hasta 17 muertes, informó el procurador general adjunto Joan Alcántara. En Haití fueron diagnosticadas al menos 70 personas confinadas y 332 resultaron sospechosas, reportó la Agencia EFE. En Cuba, mientras tanto, las familias y activistas han denunciado que hay personas encarceladas con síntomas al covid-19.
Aunque la población penal es marginada e invisibilizada, los gobiernos siempre deben garantizar seguridad y salud. Esta emergencia sanitaria no es la excepción; son personas y tienen derechos humanos.
En el caso de Puerto Rico el sistema carcelario se clasifica entre estatal (alrededor de 30 prisiones) y federal (una prisión bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos). En el caso de las prisiones administradas por el gobierno puertorriqueño, en años recientes, los servicios de salud y alimentos dentro de las instituciones se han privatizado. Acá un breve recuento de cómo Puerto Rico ha actuado ante las recomendaciones internacionales para las personas en situación carcelaria.
Fuente: Declaración conjunta de UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH.
Para proteger las vidas, se debería limitar la privación de libertad. Durante esta pandemia, el ingreso a la cárcel debe ser el último recurso. Además, aquellas personas que sufren mayor riesgo deberían ser liberadas, siempre y cuando no comprometan la seguridad pública, recomienda la Organización Mundial de la Salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sin embargo, el manejo y la respuesta del gobierno de Puerto Rico ha sido opuesta. El Departamento de Justicia continúa ingresando personas al sistema y, de acuerdo con un monitoreo de prensa, las liberaciones responden al mandato constitucional y no a las recomendaciones internacionales.
Y ahora, quien no utilice la mascarilla en espacios públicos es intervenido por la policía y enfrenta un proceso penal.
Para este trabajo periodístico consultamos al Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre cuántas personas han liberado y los motivos, al momento del cierre de la edición no recibimos respuesta.
¿Cuáles han sido las medidas principales para evitar la transmisión al virus?
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y el proveedor de salud Physician Correctional (PC) establecieron medidas de prevención para las 30 instituciones estatales, que administra el gobierno de Puerto Rico, a través de varios protocolos.
La primera estrategia fue reducir los centros de nuevo ingreso, habilitar únicamente el Centro Metropolitano del municipio de Bayamón y crear un sistema de evaluación, que incluye prueba molecular y aislamiento de 14 a 21 días por cada persona confinada de nuevo ingreso. La segunda estrategia fue cancelar las visitas e implementar un sistema de evaluación para el personal penitenciario, que consiste en tomar temperatura y responder preguntas de seguimiento cada vez que se entra a la institución. Si identifican un riesgo, no autorizan la entrada.
“Estas dos fronteras son las que nos han permitido que hasta hoy no tengamos ningún paciente activamente con la enfermedad dentro de la institución”, dijo Raúl Villalobos, director de Physician Correctional, compañía que desde el 2018 brinda los servicios a esta población.
¿Se han registrado casos positivos?
Del 27 de abril al 8 de mayo les realizaron la prueba serológica a 8,625 personas confinadas, total de la población en prisión hasta ese momento en las instituciones estatales. Al menos 31 casos resultaron falsos positivos en la población adulta y 2 casos arrojaron positivo al virus en la población juvenil.
“Los únicos casos positivos fueron dos menores de un centro juvenil en (el municipio) de Ponce. Ambos estaban asintomáticos, en buen estado de salud y ya se recuperaron”, explicó mediante comunicación escrita Héctor Pérez Cintrón, oficial de prensa del DCR.
Sin embargo, el pasado 13 de julio un nuevo ingreso fue diagnosticado con covid-19 y aislado a una habitación del Centro Médico Correccional. También, 10 reclusos que en julio fueron trasladados desde Tallahassee, Florida, hacia la cárcel federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ubicada en la isla.
Las familias ponen en duda estas cifras confirmadas por la agencia gubernamental. Aseguran que hay más casos positivos y que en algunas cárceles tanto confinados como oficiales penitenciarios sufren síntomas al virus. La organización Pro-Rehabilitación de los Confinados –con una trayectoria de cinco años visibilizando las malas prácticas y los abusos de poder que ocurren dentro del sistema– ha recibido estas denuncias y las ha publicado desde marzo en su página de Facebook. Pero, el Departamento de Corrección y Rehabilitación las ha negado.
La Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico también desconfía de la información compartida por el DCR. Su equipo legal y de investigación no ha podido visitar ni inspeccionar las cárceles como acostumbra. Por lo tanto, no valida que se esté cumpliendo con todas las medidas de prevención y atención contra el coronavirus.
“Por la historia (de la agencia), su información es suspicaz. Yo estoy convencido que los confinados han sufrido de covid-19 dentro de la cárcel, que a lo mejor han sido asintomáticos o que las muertes naturales están ligadas (a la enfermedad). Pero, todavía no tengo manera de documentarlo”, dijo el abogado Ever Padilla Ruiz, director de esta comisión por los últimos siete años.
¿La población confinada tiene mascarillas y equipo de desinfección?
El DCR está a cargo de la compra y distribución de mascarillas y equipo de desinfección. La mascarilla, por ejemplo, se la entregan a las personas confinadas cuando son trasladadas para algún servicio dentro y fuera de la prisión. No las utilizan cuando están ubicadas en el área de sus viviendas. “No requiere que lleven mascarilla, así como una persona en la libre comunidad no la usa cuando está en su hogar”, explicó Pérez Cintrón.
Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el equipo desinfectante y el jabón también se lo entregan. Cuando lo reciben, firman un documento y se orientan sobre el uso del producto. “Se aumentaron las cantidades de jabón y constantemente se le suple nueva cantidad”.
A pesar de estas afirmaciones, a las familias le preocupa que surja un brote de contagios. “Mayormente, los oficiales no tienen mascarillas y solo desinfectan los controles, lugar donde el oficial mantiene supervisión del área”, denunciaron a Distintas Latitudes, Yaniris Torres Rivera y Dallie Cruz Ruiz, parientes de confinados y defensoras de los derechos humanos.
Denuncias como éstas también aparecen en un informe que escribió el abogado criminalista, Diego Alcalá Laboy, sobre el impacto de la pandemia en las personas privadas de libertad. En el documento publicado a finales de abril se lee: “los guardias están haciendo registros sin el equipo necesario para proteger a los confinados, no nos permitieron llevarles nada de productos para poder cuidarse en caso de que les toque desinfectar sus celdas”.
El abogado obtuvo otros testimonios e información sobre las condiciones de salud mediante un cuestionario en línea que completaron 376 familias. En su investigación descubrió que un 69% respondió tener un pariente encarcelado con alguna de las condiciones médicas identificada como de alto riesgo al virus. “Vive con un solo pulmón, necesita de cuidados extremos, buena alimentación y todos sus medicamentos al día y puntuales. Cada minuto cuenta”, revelan de forma anónima.
¿Les han violentado su derecho a la rehabilitación?
En Puerto Rico la mayoría de los servicios y programas que aportan a la rehabilitación fueron detenidos. Los derechos de la población correccional adulta y juvenil se han violentado.
Estos son los servicios suspendidos en marzo y restablecidos escalonadamente desde junio:
“El aislamiento social provocó un aislamiento real entre nosotras (las representantes legales) y la población correccional”, contó la licenciada Yahaira Colón, quien ha estado más de cuatro meses sin lograr comunicación con sus clientes.
Las restricciones de contacto para prevenir el contagio y la suspensión de servicios paralizaron ciertos procesos que perjudican a las personas privadas de libertad. Por ejemplo, hay quienes están esperando juicio o quienes aún no tienen representación legal y esperan vista preliminar. Aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Rama Judicial establecieron retomarlos a través de videoconferencias, la Sociedad para la Asistencia Legal y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se oponen y exigen encuentros presenciales con las debidas precauciones.
“No podemos concluir que esa conversación por videoconferencia será confidencial, todo lo contrario, nos consta que el personal de la agencia escucha las conversaciones”, dijo la abogada que hace 10 años trabaja en la Sociedad para Asistencia Legal, una organización privada y sin fines de lucro que brinda servicios a personas pobres.
No solo las vistas judiciales se han suspendido, sino también los programas de desvíos que le permiten a algunas personas confinadas cumplir su sentencia en la libre comunidad. Como es el caso de aquellas que cometieron un delito violento y por requisito toman un curso llamado Aprendiendo a vivir sin violencias. “Si no lo están proveyendo pues obviamente no pueden participar del programa de desvío y aunque las refieran, serán denegadas porque no cumplieron con el curso. Entonces, hacen que su sentencia sea más onerosa”, explicó la licenciada Maritza Luna, presidenta de la Comisión Personas Privadas de su Libertad del Colegio de Abogados y Abogadas.
Estos servicios se restablecieron gradualmente a partir del 17 de junio, según el protocolo enmendado del DCR. Sin embargo, la Fundación Felisa Rincón de Gautier —una de las entidades que ofrece talleres psicológicos y educativos en las cárceles de mujeres— todavía no ha retomado las sesiones. Sigue esperando las instrucciones de la agencia gubernamental.
“Ellas están sin tener una válvula de escape”, describió la psicóloga Kalitza Baerga Santini, quien desde el 2002 brinda talleres sobre el manejo de las emociones. A través de la Fundación recomendó iniciar lo antes posible con sesiones virtuales porque “la interrupción les afecta su convivencia y su estado de ánimo”. El reciente perfil de la población correccional reportó que 263 mujeres pertenecen al sistema penal estatal en Puerto Rico y la mayoría es paciente de salud mental. El 90% recibe tratamiento farmacológico y el 85%, tratamiento psicológico.
Durante la pandemia, al menos, las clínicas primarias no se han interrumpido. Continúan atendiendo casos de emergencia, servicios ambulatorios y sick calls (solicitudes de atención médica), dijo Physician Correctional.
Las solicitudes de servicios médicos redujeron en los pasados meses porque “extendieron la medicación para que el confinado siguiera recibiendo tratamiento sin ir a la clínica y les exhortaron a no moverse del edificio, solo cuando realmente lo necesitaran”, explicó Luis Felipe Ortiz, director de Calidad y Cumplimiento del proveedor de salud.
***
En Puerto Rico la población correccional adulta y juvenil no solo enfrenta la pandemia, sino también otras emergencias a nivel nacional. Está alerta a fenómenos atmosféricos: la semana pasada recibieron fuertes lluvias de la tormenta Isaías y revivieron la experiencia traumática del huracán María, que impactó en el 2017. Está alerta a movimientos telúricos: la región suroeste continúa temblando tras el terremoto 6.4, que ocurrió en enero.
En las instituciones penales de la isla caribeña también se sufre miedo e incertidumbre.
“El sistema no estuvo ni está preparado, se necesita una preparación para poder afrontar todo tipo de emergencias. Amerita una revisión de reglamentos. Tal vez legislación o creación de un comité que integre diversos sectores para ver cómo se pueden manejar emergencias, cómo se puede ir materializando el derecho a la reinserción comunitaria y la rehabilitación”, manifestó la licenciada Yahaira Colón.
Reflexiones escritas por mujeres confinadas durante uno talleres para el manejo de emociones, que ofreció la psicóloga Kalitza Baerga Santini con el Programa Psicoeducativo de la Fundación Felisa Rincón de Gautier.
***
(*) Norihelys Ramos
Puerto Rico (1994). Estudió Periodismo y Sociología en la Universidad de Puerto Rico. Trabajó en el departamento de noticias de Radio Universidad. Sus historias son sobre derechos humanos, género y comunidad LGBTTIQ. Prefiere el periodismo narrativo e investigativo; el texto y el podcast. Vive en Bogotá. Estudia una maestría en Periodismo en la Universidad de los Andes.
(*) Paola Santiago
Puerto Rico (1994). Nacida y criada en Guayama. En el 2018 se graduó de Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón. Preocupada por la desigualdad y la crisis en Puerto Rico, desarrolló interés por el periodismo investigativo con énfasis en temas socioculturales y del medio ambiente. En su carrera profesional ha colaborado como periodista en agencias de comunicación y organizaciones sin fines de lucro. Es entusiasta de la naturaleza, las artes y los actos solidarios.
***
Imagen de portada e infografías: Rocío Rojas.
