Explicadores

¿Por qué asesinan a los líderes sociales en Colombia?

Por abril 22, 2019 septiembre 2nd, 2019 Sin comentarios

A Felicinda Santamaría la asesinaron en su casa el 3 de julio de 2018. En 2016 la habían nombrado presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Virgen del Carmen, de la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, el más pobre de Colombia. Gerson Acosta Salazar se encontró con la muerte el 19 de abril de 2017 al salir de una reunión con su comunidad en el territorio indígena de Kitek Kiwe del municipio de Timbío, departamento del Cauca, al sur del país. El 2 de mayo de 2018 hombres armados dispararon contra Hugo Albeiro George Pérez en Puerto Valdivia, departamento de Antioquia. Hugo era miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), fue un arduo defensor de su territorio.

Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), ahora convertida en partido político, el asesinato de líderes sociales no ha cesado en Colombia. Si bien no existe una cifra confiable de los asesinatos ocurridos desde finales de 2016 hasta este 2019, los números divulgados dan idea de la magnitud y sistematicidad de este asunto: Para 2018, la Defensoría del Pueblo denunció el asesinato de 164 líderes y lideresas sociales, cifra que se suma a los 126 asesinatos de 2017 y a los 133 de 2016, registrados por esta entidad.

Muchos de los líderes y lideresas asesinados en Colombia tenían un liderazgo múltiple, es decir, participaban en varias organizaciones sociales, a la vez que asumían de forma simultánea diversas actividades en su comunidad. Estos líderes también tenían un profundo arraigo local y el liderazgo que ejercían fue determinante para que sus vidas fueran arrancadas de forma violenta.

El grupo de líderes más afectado ha sido el de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC), seguido por los líderes cívico-comunales. Pero el universo de víctimas no acaba allí, los líderes indígenas, afro, los activistas de los derechos de la comunidad LGTBI+, líderes sindicalistas, y los activistas y líderes ambientales también han sido perseguidos, desaparecidos y asesinados.

Si bien en 27 de los 32 departamentos que tiene el país se han presentado estos asesinatos, los departamento más afectados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Nariño y Chocó. En el caso de los asesinados cometidos a lideresas, por lo menos en el 18,4% de estos casos, se cometieron actos de sevicia sobre sus cuerpos y violencia sexual, según revela el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo.

En la mayoría de los asesinatos de líderes sociales se desconoce la autoría. En aquellos casos en los que se presume el autor encontramos un conjunto variado de victimarios: grupos paramilitares, el ELN, el EPL, disidentes de las FARC-EP, grupos de seguridad privada y la fuerza pública.

Otro hallazgo del informe citado es que existe a su vez una alta correlación entre los municipios en los que ganó el “Sí a la paz”, durante el plebiscito celebrado en octubre de 2016 para avalar los acuerdos de paz con las FARC-EP, con los municipios más afectados con violaciones al derecho a la vida, con excepción de las ciudades de Medellín y Cúcuta (capital del departamento de Norte de Santander).

A propósito de esta situación, entrevistamos a Camilo Bonilla, coordinador de ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo. En la elaboración del informe participaron 11 organizaciones, entre las que se encuentran el Movimiento Ríos Vivos, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT),  la Confederación Nacional de Acción Comunal, el Programa Somos Defensores y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

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¿Qué tienen en común los líderes y lideresas asesinados?

Lo que tienen en común todas estas personas que fueron asesinadas o desaparecidas forzosamente es que buscaban mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, buscaban generar condiciones de vida digna, generar procesos que empoderaran a las comunidades para conducir sus propios destinos. De estos líderes asesinados, los más afectados han sido los de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Claramente, uno de los objetivos de estas estructuras armadas, y de quienes están detrás de ellas, es asesinar a las personas que tratan de construir lo que en algunos lados llaman tejido social. En este contexto, son notorios los asesinatos de presidentes de esas juntas. Las JAC son la bisagra que articula la voluntad de la comunidad con los programas del Estado a nivel local, departamental o nacional. Las JAC son la forma más básica que tienen las comunidades de controlar su territorio, de apropiarse de su entorno y de mediar con el Estado. Otro elemento en común que tienen estas personas asesinadas es que en más del 95% de los casos en que los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego, las balas utilizadas provenían de una sola fábrica. Esta fábrica pertenece a la industria militar colombiana INDUMIL. Con ello no quiero decir que ellos sean los directos responsables de los asesinatos, pero sí es necesario que las instituciones competentes develen las redes criminales que permiten que las balas de INDUMIL lleguen a manos de las estructuras armadas criminales y paramilitares que están asesinando a este grupo poblacional.

¿Cuáles son las historias, las luchas y los sueños de estos líderes y lideresas?

Cada una de las víctimas encarna una historia de lucha, pero también de persecución, porque la mayoría ha sido víctima de la violencia generada por el conflicto armado. Estos líderes y lideresas son personas de mucha resistencia, son personas que se forman de manera autodidacta por el interés y por el compromiso que tienen con sus comunidades. Los líderes sociales en Colombia son joyas de cada comunidad y cuando las asesinan o las desaparecen se borra una historia de formación y de capacitación. Además, la posición de desventaja en el espectro de poder es evidente. A muchos de estos líderes los asesinaron por denunciar que los grupos armados ilegales estaban reclutando niños y niñas, o por denunciar que estos mismos grupos estaban sacando a los jóvenes del colegio para enlistarlos en sus filas, o porque denunciaron que los estaban presionando en sus territorios para reemplazar sus cultivos de pan coger por cultivos de uso ilícito, o porque vivían  en zonas de tránsito de grupos armados o de narcotraficantes. Las luchas son muchas.

¿Qué pasa con la vida de las familias que pierden a un padre, a una madre, a un hijo o a una hermana? ¿Qué pasa con las comunidades en donde se venía haciendo un trabajo organizativo bajo estos liderazgos?

En el informe se registraron 257 asesinatos de líderes y lideresas, si ese número se multiplica por cinco, tenemos más o menos la afectación a su familia inmediata, si lo multiplicamos por veinte tenemos a la familia extensa, si multiplicamos por cien o doscientos, tenemos la cantidad de personas de la comunidad que se ven afectadas. El asesinato de un líder social tiene un alto impacto para las comunidades, sobretodo en un  país como Colombia que tiene todavía viva la memoria del terror que se ha construido con masacres y asesinatos a lo largo de décadas de conflicto armado.

Ha tendido a prevalecer un discurso oficial que minimiza estos hechos victimizantes, en algunas declaraciones de funcionarios públicos se ha señalado que estos asesinatos estaban relacionados con líos pasionales, con problemas de linderos o con crimen organizado, ¿qué hay detrás de ese tipo de declaraciones?

El discurso negacionista del gobierno se da en varias dimensiones. Se niega la condición de liderazgo de la víctima, se niega la presencia de grupos armados, se niega el fenómeno argumentando que no hay sistematicidad detrás de estos asesinatos y se estigmatiza al líder. El Estado colombiano ha negado la existencia de grupos paramilitares, ha negado la violación de los derechos humanos  y eso es evidente en cada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no se acepta la existencia de un problema ¿cómo se va a resolver? Estamos ante un proceso de ocultamiento de la realidad cuyo objetivo es garantizar la dominación de los victimarios y de la gente que se ha beneficiado de esta historia de guerra y de terror.

En el informe se señala que existe una tendencia al aumento en el número de asesinatos de líderes y lideresas ¿Podrá ser posible un post-acuerdo en estas condiciones?

Si el gobierno que firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP no los cumplió, ahora que llegó al poder, por voluntad popular, un mandatario cuyo lema era hacerlos trizas, ¿por qué estaría interesado en cumplirlos? Hay sectores de la sociedad que viven del terror, de la situación de miedo de la ciudadanía porque venden la solución de la seguridad armada. Hay grupos económicos y políticos que viven de esta situación de caos, a la misma fuerza pública le conviene tener una situación de inseguridad para ser necesaria.

¿Hay esperanza para conseguir justicia en estos casos?

La impunidad es muy alta. En relación con los autores materiales de estos crímenes, la impunidad excede el 90% y es mucho mayor en cuanto a los autores intelectuales. Para estas estructuras armadas, el gatillero es fácilmente reemplazable, si judicializan a un gatillero, fácilmente lo reemplazan por otro. Tampoco hay que olvidar que el paramilitarismo excede su expresión armada, quienes están detrás de estas estructuras son grupos de personas muy prestantes de la sociedad.

¿Qué intereses defienden los grupos que están detrás de estos asesinatos?

Quienes están detrás de estos asesinatos viven del despojo de tierras, del monocultivo de ciertos productos, de las explotaciones del subsuelo, de sacar los recursos naturales, de la explotación de los campesinos, son personas que han hecho sus fortunas con el sistema tal y como está y, por ende, esperan que las cosas no cambien. Son personas que están interesadas en mantener sus situaciones de poder político y económico.

Las correlaciones espaciales entre estos crímenes y los territorios en donde ocurren nos señalan que estas son zonas de violencia generalizada, pero también en algunos lugares se han dado importantes ejercicios de organización social ¿Qué se encontró en estos territorios?

Estos son territorios atravesados por múltiples dinámicas, en donde hay una alta correlación con presencia de cultivos de uso ilícito, minería legal e ilegal, son zonas en donde no hay una presencia integral del Estado, en algunas regiones hay fuertes procesos organizativos, en otras regiones no tanto. La característica en común es que todos los asesinatos se dan entre población con una situación económica muy precaria. Son zonas en las que impera la ley del que tiene las armas y evidentemente en este país el Estado no tiene ese monopolio. Son comunidades que históricamente han visto el trasegar de actores armados por su tierra y de alguna manera tienen que convivir con ellos para poder permanecer en su territorio. Son comunidades atravesadas por muchas dificultades como la falta de acceso a educación, a la salud, a la recreación, a sus derechos. Son comunidades en situación muy precaria y cuando intentan organizarse para controlar su territorio y para generar condiciones de vida dignas llegan los actores armados a acabar todo eso o a apropiarse de las organizaciones ya existentes. Están en la sin salida, sus jóvenes están en una situación de miseria y ven al actor armado como un referente.

En relación con el alcance del informe, las organizaciones participantes en la elaboración del mismo se trazaron el objetivo común de analizar un fenómeno creciente y muy grave.  De igual forma, estas organizaciones también buscaron demostarle al Estado colombiano que existen unos patrones relacionados con la naturaleza del hecho, con el tipo de víctimas, con el tipo de victimarios, y con el modus operandi, que dan cuenta de la sistematicidad de esta situación, como lo comentó Bonilla. Frente a esto último, la Defensoría del Pueblo definió que este fenómeno es sistemático y generalizado, condiciones para denominar estos crímenes como de lesa humanidad.  

 

Mariana Delgado Barón

Mariana Delgado Barón

Bogotá, Colombia, 1981. Politóloga y Magister en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes (Bogotá- Colombia); Magister en Política internacional de la Universidad de Birmingham (Inglaterra); Doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la FLACSO (Sede México). Actualmente Investigadora Invitada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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