Aunque el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia por violencia de género en enero del 2021, hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para frenar este problema. Recientemente, en mayo, el Senado aprobó un proyecto que tipifica los feminicidios y transfeminicidios como asesinatos en primer grado. No obstante, para que esto adquiera carácter legal falta todavía el aval de la Cámara de Representantes y luego la firma del Gobernador.
Durante los últimos tres años, las violencias contra las mujeres y personas LGBTIQ+ han registrado un preocupante incremento en Puerto Rico. Según Edda López, Secretaria de Asuntos de Mujer y Género del Partido Independentista de Puerto Rico, esto es consecuencia, entre otras cosas, del impacto de los estragos sociales y económicos ocasionados por recientes desastres naturales.
En el caso boricua, el paso de los huracanes Irma (2017) y María (2017) no solo develó la profunda desigualdad existente en Puerto Rico. También desnudó la constante vulneración de sus derechos que sufren las niñas y las mujeres del país. López asegura que al efecto de los huracanes habría que añadir la pasividad del Estado para atender los reclamos por una política pública que reconociera el estado de emergencia por violencia de género que enfrenta el país. Sobre todo a partir de 2020, cuando la situación empeoró debido al impacto de varios terremotos y de la pandemia de coronavirus.
Según diferentes informes, en los tres últimos años ocurrieron en Puerto Rico al menos 139 feminicidios. Para López, los 61 registrados en 2020 por el Observatorio de Equidad de Género confirman lo advertido por organizaciones que trabajan la prevención de la violencia de género en el páis: que “las medidas para prevenir violencias contra las mujeres y personas LGBTTQI+, las responsabilidades que recaen en las mujeres y la incapacidad del Estado en establecer medidas de prevención exacerbarían los casos de maltrato, violencia de género -incluyendo la violencia sexual”.
“Mientras esto ocurre”, dice López, “el Estado demuestra una profunda indolencia”. En efecto: la inmensa mayoría de los feminicidios cometidos en Puerto Rico el año pasado no están siquiera registrados como crímenes de género en las estadísticas policiales.
Fue este contexto el que llevó a Pedro Pierluisi, actual Gobernador del país, a declarar un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico el 21 de enero de este año, apenas un par de semanas después de asumir el cargo. La petición de reconocimiento llevaba más de dos años en el debate público, solo que había sido desestimada una y otra vez por sus predecesores.
Según Cristina del Mar Quiles, periodista de la revista Todas, la orden ejecutiva firmada por Pierluisi es “un reconocimiento de la violencia de género como un mal que debe atenderse en sus particularidades, que es un asunto que le compete al Estado y que los esfuerzos anteriores no han sido suficientes para hacerle frente”.
Entre otras cosas, el estado de emergencia incluye el compromiso de impulsar “un proceso para desarrollar un currículo con perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”. Además, dio paso al nacimiento del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), encargado de proveer servicios a niñas y mujeres víctimas de género.
Sin embargo, hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para frenar la violencia de género. Recientemente, en mayo, el Senado aprobó un proyecto que tipifica los feminicidios y transfeminicidios como asesinatos en primer grado. No obstante, para que esto adquiera carácter legal falta todavía el aval de la Cámara de Representantes y luego la firma del Gobernador.
Para entender mejor el contexto puertorriqueño del Estado de Emergencia por violencia de género, Distintas Latitudes habló con Edda López, Secretaria de Asuntos de Mujer y Género del Partido Independentista de Puerto Rico; Vilma González, Directora Ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres; y Nereida Valentín Márquez, encargada de las comunicaciones de Coordinadora Paz para la Mujer.
¿Cómo se cubre y atiende el tema de los feminicidios desde fuera del Estado en Puerto Rico?
Nereida Valentín Márquez: En Puerto Rico existe la Ley 54, creada el 15 de agosto de 1989, única en su origen porque fue constituida y pensada con un grupo de mujeres y personas de distintas disciplinas para trabajar la violencia en todas sus manifestaciones.
Tras su aprobación surge Coordinadora, organización o ente cuya intención era velar porque esos organismos contenidos en la Ley fueran válidos y se cumplieran en su cabalidad y que las mujeres obtuvieran justicia.
El machismo en Puerto Rico es muy intenso, y se ha acrecentado y visibilizado aún más tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, que dejó expuestas a múltiples familias al ocasionar daños superiores a los 90 millones de dólares.
En consecuencia, se agudizaron las necesidades y aumentaron sustancialmente los feminicidios. María derrumbó la cortina que invisibilizaba todas las violaciones de derechos humanos e injusticias no solamente contra las mujeres, sino también contra la comunidad LGBTIQ+.
Producto de ello, nuestro movimiento (que no es solo periodístico, sino también activista) se ha fortalecido. Vemos cómo las mujeres están cada vez más interesadas y se envuelven en estas dinámicas de amplificar la portavocía, de fiscalizar y de tomar la justicia literalmente por nuestras manos y ver cómo podemos impulsar y ejercer presión para que se den cosas, como por ejemplo la orden ejecutiva, que establece el Estado de Emergencia en Puerto Rico para atender, entre otras cuestiones, la violencia de género.
Todos estos movimientos han tenido un aporte importante en lo que hoy día estamos viendo, un país que se moviliza y crea el Comité PARE (Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación contra la violencia de género), para analizar cómo podemos continuar fortaleciéndonos, ser más directos en el servicio y atender las verdaderas necesidades que están manifestando nuestras sobrevivientes, quienes han tenido que pasar graves circunstancias no solo para salir de la relación, sino también para enfrentar el sistema de justicia. Además, una nueva vida libre de violencia que es otro reto más complicado porque implica ser una persona independiente.
Los últimos Gobernadores (Ricardo Roselló y Wanda Vázquez) torpedearon y socavaron las estructuras del sistema de protección a la mujer. Sin embargo, la llegada al poder de Pedro Pierluisi y la aprobación del estado de emergencia -que permite destinar fondos para la lucha por el movimiento feminista- supone un cambio. Con estos antecedentes históricos, ¿cree usted que puedan obtener verdaderamente fondos para la lucha que llevan a cabo y recuperar ese estatus que tenían antes, con sólidas estructuras piramidales en el sistema de atención a la mujer?
Nereida Valentín Márquez: Con el paso de los años y de los diferentes gobiernos hemos visto cómo la situación de la mujer deja de ser una prioridad. Se han visto varios casos de feminicidio en los que las mujeres hicieron todo lo que se les pidió, o sea, pidieron una orden de protección, fueron al tribunal, buscaron ayuda, notificaron si el agresor faltaba a la orden de protección y demás, y aun así, por algún descuido mínimo o falta de atención de la policía, estas mujeres han sido asesinadas por sus agresores.
Y, definitivamente, si hoy vuelve a ser una prioridad no ha sido por interés gubernamental, sino por la presión de la comunidad y los movimientos feministas, insistentes y consistentes en sus reclamos. Porque hemos continuado trabajando a pesar de la falta de fondos, de fiscalización, de atención de las oficinas que se supone estén en Puerto Rico para respaldar el trabajo que hacen estas organizaciones, que recae en las organizaciones de base.
Nosotros tenemos mucha esperanza con esta orden ejecutiva y le aseguro que estamos trabajando 24/7. Nuestras jornadas son de 12 y 14 horas, porque ese rol de participar en el Comité PARE ha duplicado nuestras tareas.
Es un trabajo complejo, sacrificado, pero estamos bien esperanzadas porque se abrió esa puerta, se dio un paso en el camino de atender la problemática. Sabemos que aún estamos en proceso de organizarnos y debatir el funcionamiento, pero nuestras organizaciones y quienes nos apoyan estamos enfocados en darle seguimiento al proceso.
En el momento que veamos que lo prometido o visionado dentro de esa orden ejecutiva no se concreta dentro de un período establecido, volveremos a las calles a alzar nuestras voces hasta que se cumpla lo establecido. Buscamos que haya cero impunidad y se refuercen los procesos, porque vemos a diario cómo el sistema le está fallando a las mujeres que siguen los pasos establecidos y no pueden salirse de esos ciclos de violencia.
¿Qué significa la declaración de un Estado de Emergencia?
Edda López: Pedimos la declaración de un estado de emergencia porque los diferentes componentes gubernamentales han fallado en atender los asuntos que precipitan los feminicidios. Cuando una mujer se dirige hoy día a la policía para denunciar al agresor, en vez de recogerle la denuncia, intentan convencerla de que no lo haga ni levante cargos.
Antes, si sucedía esto, la mujer podía llamar inmediatamente a la Procuraduría y eso se resolvía: se localizaba al policía y se inscribía en un programa. El protocolo establece que la mujer que pida irse de su casa para resguardarse en un lugar seguro para su vida, fuerzas policiales deben acompañarlas para evitar represiones del agresor o cualquier incidencia. Eso no ocurre ya. Son contados los casos que lo hacen. De modo que queda expuesta la víctima.
Este es un proceso de mucho tecnicismo: colocar la querella en el cuartel y que llegue al tribunal es un camino muy largo. Si la agresión se da frente a los niños, lo estipulado es que el Departamento de la Familia intervenga para salvaguardar la seguridad de ellos. Sin embargo, los gobiernos neoliberales pasados despidieron a miles de funcionarios, de modo que no hay suficientes personas para atender este tipo de casos. Sin el apoyo de la policía ni del Departamento, todo se complica para la persona violentada.
Uno de los casos que más me ha marcado fue una madre de tres hijos que acudió a la policía a presentar una denuncia y la policía no quiso tomarla. Cuando regresó a su residencia el marido la asesinó. A las cuatro horas, acudió a entregarse con sus tres hijos.
La indolencia del Estado y la falta de políticas públicas que favorezcan a la mujer van creando un estado de emergencia. Una de las cosas que hace el Estado para poder encarar la emergencia por la inacción acumulada es poner recursos adicionales. Hace años estábamos solicitando el estado de emergencia para crear unos comités de trabajo en aras de garantizar y solventar las carencias y crear un mínimo de seguridad. Ello se aprobó en enero pasado por el Gobernador Pedro Pierluisi.
Atendiendo al enfoque político de Pierluisi, es uno de los Gobernadores de quien menos se esperaba la aprobación del estado de emergencia…
Vilma González: Yo no tenía muchas expectativas. La verdad que cuando esto ocurre casi había perdido la fe de que tuviese una declaración de estado de emergencia, precisamente porque la gobernadora anterior había sido procuradora de la Mujer y dirigido el Departamento de Justicia. Como además era mujer, uno esperaba que ella lo hiciera y no lo hizo.
Este gobernador dio el paso, lo declaró y se sentó con las organizaciones para debatir. Ahora estamos esperando por que se pueda concluir. Siempre uno tiene sus reservas porque los procesos gubernamentales y políticos nos han enseñado a través de la historia que siempre son muchas promesas y poco lo que se cumple, pero hasta el momento ha habido espacio para proponer, trabajar y apoyar la iniciativa.
El Estado de Emergencia se aprobó a partir de la orden ejecutiva del 25 de enero. (…) La orden pretende que se mantenga como servicio prioritario todo lo que tiene que ver con que el gobierno establezca programas de protección, prevención y orientación en los temas de violencia de género. Además, incluye que la Oficina de Gerencia y Presupuesto priorice en solicitud un presupuesto para que las agencias gubernamentales puedan atender el asunto como una prioridad.
Eso en sí ya es una ganancia. (…) Entre las cosas que establece la orden ejecutiva está la creación del comité PARE, el cual tiene distintas funciones. Entre ellas funcionar como consejo asesor para el gobernador, revisar y recomendar sobre los procedimientos, cómo se expiden las órdenes de protección y educar con perspectivas de género.
Para ello se espera la colaboración de las diferentes entidades gubernamentales y por eso el trabajo se fue dividiendo en subcomités de trabajo. Las organizaciones que participamos en el comité (Proyecto Matria, Red de Albergues, Alas para la mujer y Coordinadora Paz para la mujer) son las que organizaron lo que se ha llamado el Plan de Acción.
En el caso de nosotras, Coordinadora Paz para la Mujer es una coalición de 38 organizaciones que trabajan con asuntos de género, entre ellas albergues, programas no residenciales, universidades y proyectos de derechos humanos.
De las otras dependencias del gobierno están el Departamento de las Familias, el de Justicia, Educación, Procuradora de la Mujer, Vivienda, Salud, Policía, Corrección, Estadística, Desarrollo Económico, o sea son 11 departamentos de gobierno además de representantes de la academia y los medios de comunicación.
¿Cómo marcha el trabajo entre las distintas organizaciones?
Nereida Valentín Márquez: Siempre van a haber diferencias entre los grupos que tienen más o menos esta misma visión de prevenir y de parar la violencia de género en el país. Yo creo que si no existen diferencias dentro de los movimientos, entonces hay que cuestionarse un poco su funcionamiento.
Coordinadora siempre ha servido como un ente unificador en ese sentido. Buscamos la forma de ser muy representativas, dado que somos la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. De modo que dentro de nuestra coalición hay un sinnúmero de instituciones y organismos que trabajan directamente con las sobrevivientes y las víctimas, que representan diferentes sectores.
Tenemos grupos que representan a las comunidades afrocaribeñas, otros a la comunidad LGBTIQ+, otros que trabajan con las mujeres inmigrantes. El feminismo y la justicia hacia las mujeres no se van a dar hasta que no sean un gran movimiento antirracista, antipatriarcal, antihomofóbico, o sea, hasta que pueda incluir a todos esos sectores. Si no es de esa forma, entonces se nos van a quedar grupos afuera y no vamos a poder eliminar la violencia en todas sus manifestaciones. Esa es una realidad.
En Coordinadora, a pesar de que sabemos que eso es un reto, siempre nos movemos en aras de hallar la forma de cómo sopesar esas diferencias y trabajar en equipo, para que nuestras misiones y las cosas que tenemos en común sean las que nos muevan a continuar la labor.
El Comité PARE (constituido por personas de la policía, la procuraduría, fiscalía, las organizaciones sin fines de lucro y movimientos independientes), se desarrolló a partir de un organismo gubernamental, lo que quiere decir que hay muchos sectores que tienen que estar ahí pese a que podamos tener nuestras diferencias y pensemos que no estén haciendo el trabajo como debe ser.
Pero precisamente por eso es que deben estar: porque el gobierno necesita asumir su responsabilidad y su parte. Así que, aunque esos entes gubernamentales no estén respondiendo en estos momentos como se supone, es importante que estén dentro del Comité y que viabilicen y acepten las sugerencias, las ayudas y protocolos que estamos desarrollando para que se pueda mejorar el servicio.
(…) Es una tarea bien ardua porque siempre van a haber diferencias, pero debemos enfocarnos en lo que nos une, en nuestros intereses, en lo que sí tenemos en común y movernos en esa dirección.
¿Qué sucede cuando dialogan con entidades estatales y notan diferencias entre las cifras de feminicidios y agresiones sexuales a la mujer obtenidas por ustedes y las que ellos poseen?
Nereida Valentín Márquez: Nosotros nunca nos enfrentamos como tal al Negociado de Policía, porque sus números solo reflejan según sus criterios de tipificación. Por ejemplo, ellos no cuentan el feminicidio de una mujer trans como un feminicidio, sino como el homicidio de un hombre.
Entonces, lo que creemos es que hay conceptos atrasados porque no visibilizan a estas comunidades. Hemos sufrido varios transfeminicidios en los pasados meses y eso también trastoca el proceso jurídico. No se les hace justicia a esas víctimas ni a sus familias, que son quienes se quedan con ese vacío y dolor.
En respuesta a eso han surgido el Observatorio de Equidad de Género y otros movimientos, así como iniciativas propias, como la página de Facebook Seguimiento de casos, de la trabajadora social retirada Carmen Castelló, quien se dedica a seguir casos de mujeres desaparecidas, feminicidios y agresiones.
El Observatorio trabaja mensualmente con las estadísticas de lo que nosotros entendemos que debe ser un feminicidio, una situación de violencia, la desaparición de una chica o una joven. La policía necesita actualizarse y reconocer las nuevas tendencias y modalidades que se dan, no solamente de la violencia doméstica, sino de la trata humana, de la violencia sexual.
A raíz de la pandemia, hemos pasado al escenario virtual. Pero la violencia sexual no ha dejado de ocurrir. Se ha movido al espacio cibernético, y ahí tenemos muy poca información sobre cómo podemos atender la situación, así que es sumamente importante que la policía se actualice, conozca estos términos y valide este tipo de violencia.
Nosotras hemos respondido ante lo que no funciona y nos hemos propuesto crear. Y de ahí surgen estas organizaciones y movimientos que tienden a ser nuestra base de información. Para hablar con los medios, por ejemplo, una de las fuentes que siempre citamos es el Observatorio de Equidad de Género. Mencionamos a la policía pero trabajamos comparativamente con nuestras cifras.
Así que existe una discrepancia en esos números porque la policía va a reportar la denuncia o el caso, y las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con las víctimas podrían tener más casos porque no necesariamente van a ir a buscar apoyo legal, van a ir a buscar un tipo de ayuda y siguen siendo sobrevivientes en algunos casos.
Si se pudiera trabajar en colaboración, si se pudieran unir los esfuerzos, tendríamos una recolección de datos bien interesante. Sin embargo, ahora mismo los esfuerzos están un poco disipados y nosotros siempre utilizamos todas las fuentes para utilizar esa comparativa y validamos el esfuerzo de la policía también, pero reconocemos que carece de mucha información.
Y el problema es que si no se visibiliza es muy difícil poder atenderlo, de ahí la importancia que se reconozcan los transfeminicidios, porque mientras no se le ponga un nombre, no vamos a tener una cifra que nos permita reconocer que ese es un problema ni vamos a resolverlo de la forma en que se debe.
Ese es el trasfondo que tenemos con las estadísticas que provee el Estado versus el trabajo que nosotros realizamos y cómo hacemos para juntar toda esa información y poder llevar a cabo nuestro trabajo.
¿Cómo están proyectando el trabajo con los medios para visibilizar los diálogos y sesiones del Comité PARE con las entidades gubernamentales, para que haya la mayor transparencia posible en el proceso?
Vilma González: Hay un subcomité que trabaja con los medios de comunicación, pero además, ha habido mucha expectativa por parte de los medios de comunicación que han estado muy pendientes estos dos años en que los grupos feministas exigieron la declaración del estado de emergencia.
Por otra parte, existe un acuerdo entre las organizaciones del subcomité de establecer una rendición de cuenta, para estar informando a la comunidad, a las organizaciones que trabajan los temas de género y al público en general, sobre las determinaciones que se están tomando dentro del Comité.
Nosotras hemos dado un espacio de esperanza de tratar y hacer nuestro mayor esfuerzo para poder avanzar con este plan de acción, pero sabemos que no depende solamente de nosotras, así que estamos atentas a cómo se están tomando las decisiones.
De hecho, una de las cosas que nosotros incluimos en ese plan de acción y que pedimos como parte de la orden, es que se nombrara a un oficial de cumplimiento, una persona que se encargue de fiscalizar el cumplimiento de ese plan.
***
Este contenido fue parte de un reto periodístico asignado a la 5ta generación de la #RedLATAM de Jóvenes Periodistas. Aquí puedes leer toda la cobertura relativa a los #FeminicidiosCaribe.
Imagen de portada: Rocío Rojas
