Refugios para mujeres víctimas de violencia de género: experiencias del Caribe

Gracias a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que en 1995 pidió a los países generar y financiar espacios para socorrer a las niñas y mujeres víctimas de violencia de género, los refugios para ellas comenzaron a multiplicarse en el contexto latinoamericano y del Caribe. Ha sido el caso de Puerto Rico y República Dominicana, aunque no de Cuba, que todavía carece de este tipo de centros.

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Texto: Linda Gomes (Brasil), Claudia M. Rivera (Puerto Rico) y Hitchman Powell (Cuba)

 

Pese a ser una mujer muy activa, Teresita de Jesús Suárez Mompié desanda las calles de La Habana de forma pausada. Un bastón le acompaña a diario, producto de una enfermedad degenerativa que sufre desde hace años en una de sus rodillas. Para  muchos, su padecimiento podría tener un significado elevado, pero para ella, aún con 64 años, es una preocupación menor. 

Sucede que Teresita no tiene un hogar propio y desde hace casi una década está prácticamente obligada a convivir con su cónyuge, quien la ha golpeado incluso delante de la policía y amenazado de muerte machete en mano.

“Antes de irme a vivir con mi esposo, vivía con mi familia en dos cuartos o habitaciones del municipio Habana Vieja. Con el tiempo, mi mamá falleció y mi hermano se mudó a otra casa, de modo que los cuartos quedaron sin dueño u ocupante legal. Y aunque quise recuperarlo, el Gobierno determinó entregárselo a otra persona (…). Esa es la causa fundamental por la que no tengo dónde ir y aún convivo con mi agresor”, resume Teresita.

Laura Rodríguez vive a cinco kilómetros de su casa. Con solo 18 años, ella emigró de forma forzada a La Habana desde Las Tunas, una provincia oriental. “La muerte repentina de mi madre por un cáncer descubierto a destiempo transformó la vida de mi padre. Se volvió alcohólico, perdió el trabajo y comenzó a dedicarse a los juegos ilícitos”, cuenta. “Hasta que un día perdió una gran suma en una apuesta y, ante la amenaza de muerte, vendió la casa y nos desalojó a mí y a mi hermano, ya mayores de edad pero aún vinculados a los estudios”.

Para huir de cualquier represalia por la deuda de su padre, quien se suicidó días después, Laura decidió buscar fortuna en la capital junto a su esposo, entonces novio. Después de dos años rodando de un alquiler a otro, este recibió una casa donada por una tía, lo que facilitó el crecimiento de la familia. Pero lo que prometía ser una historia feliz devino en un calvario para Laura y sus dos hijos.

Hace tres años, su esposo comenzó a andar con otras mujeres y a maltratarla en el hogar, incluso delante de los niños. Los moretones en el rostro y los brazos lo evidencian. Aunque los disimula con suéteres de mangas largas, advierte que no puede borrarlos de su mente. La última vez, su esposo la quemó en el brazo con una plancha caliente por negarse a plancharle una camisa.

Ahora, aunque ambas duermen separadas de sus agresores, apenas pueden pegar los ojos por el miedo. El factor común en el desenlace de sus historias, así como en las de otras miles de mujeres cubanas víctimas de violencia doméstica (acrecentada durante la pandemia de covid-19), se resume en la ausencia de refugios u hogares de acogida.

Refugios en Cuba

En palabras de la periodista cubana Mariana Camejo, “una casa de acogida es un lugar que brinda cobijo a mujeres víctimas de la violencia que no tienen una red familiar o de amistades que las acojan junto a sus hijas e hijos, o que por el peligro real para su vida deben ir a lugares donde se les brinde protección adecuada. Una casa de acogida entrega los elementos indispensables para que las mujeres y sus familias curen sus lesiones y recuperen su vida: brindan asesoría y representación legal, atención médica y psicológica, seguridad, acompañamiento educativo, abrigo y afecto”.

En 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing solicitó a gobiernos centrales y locales, organizaciones comunitarias y no gubernamentales, así como a sectores públicos y privados, “brindar refugios bien financiados y apoyo de socorro para niñas y mujeres sometidas a violencia, (…) servicios de asesoramiento médico, psicológico y de otro tipo y asistencia legal gratuita o de bajo costo donde sea necesario, así como la asistencia adecuada para que puedan encontrar un medio de subsistencia”.

Gracias a esto, las casas de acogida comenzaron a multiplicarse en el contexto latinoamericano y del Caribe, apoyadas por estrategias gubernamentales. Así ha sucedido en Puerto Rico y República Dominicana, por ejemplo, gracias al apoyo y la gestión de diversos actores, incluidos el Estado, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y organismos internacionales.

Sin embargo, pese a contar con políticas avanzadas en favor de la mujer, traducidas desde hace años en derechos sexuales y reproductivos, al aborto, al divorcio y a la equidad salarial, entre otros, Cuba carece todavía de refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Ello infringe lo planteado en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer sobre la necesidad de entender la violencia de género como un problema de salud pública a resolver por los Estados.

Desde entidades como la Federación de Mujeres Cubanas plantean que no hay albergues o refugios para mujeres debido, entre otros aspectos, al déficit habitacional existente.

De acuerdo con la Directora General de la Vivienda, Vivian Rodríguez Salazar, en Cuba existía en 2019 un déficit habitacional de 929 mil 695 viviendas. La estrategia de recuperación estaba fijada en un plazo de diez años. Sin embargo, el ritmo de construcción ha disminuido con la pandemia y la contracción económica.

Pese a ello, la edificación de hoteles por parte de las empresas pertenecientes al Ministerio de Turismo (MINTUR) y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no se ha detenido. De acuerdo con la ONEI, el 37,3 por ciento del volumen de inversiones del presupuesto del Estado se concentró en 2019 en los servicios empresariales y la actividad inmobiliaria. Todo ello sin la existencia de siquiera una casa de acogida.

“Es una contradicción”, señala Laura. “No hay recursos para hacer refugios pero basta mirar la cantidad de hoteles que levantan en La Habana y Varadero, o el sinnúmero de casas que tiene el Consejo de Estado y que asigna cada año a funcionarios y dirigentes, o las comunidades construidas para miembros de las fuerzas armadas y del Ministerio del Interior”.

Aunque el gobierno cubano intenta proyectar al exterior una imagen paradisíaca en cuestiones de género y derechos, lo cierto es que en el país no existe una Ley Integral contra la Violencia de Género. Pese a que en 2019 el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que se tomaría en cuenta el reclamo de varias feministas que enviaron una solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo una legislación específica que proteja a niñas y mujeres, nada de esto fue incluido en el plan legislativo aprobado para los próximos años.

Por otra parte, las políticas existentes de prevención y protección a las víctimas resultan tibias. Como en el resto del Caribe, el (trans)feminicidio no está tipificado en el Código Penal. Tampoco existen registros oficiales de denuncias por acoso o maltrato. En diciembre de 2020 se incluyó por primera vez un servicio telefónico no exclusivo de atención a la violencia de género a través de la línea 103. Sin embargo, todavía no se han publicado datos sobre su efectividad y todo indica que cada vez menos mujeres están dispuestas a usarlo.

Tanto Teresita como Laura han realizado denuncias en la estación policial de su comunidad, pero no han recibido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades. Teresita lo hizo por primera vez en 2018, luego de haber soportado maltratos de su compañero y dormido en los bancos de parques cercanos a su hogar. “Ese día me personé frente a los carpeteros y, casi sin escucharme, me dijeron que pensara bien lo que estaba haciendo, que reflexionara y que presentara mi caso ante el Jefe de Sector de la Policía, el oficial Rusó”, cuenta. 

Rusó dialogó con su marido, pero este apenas se inmutó. Días después la amenazó de muerte con un machete oxidado afilado para la ocasión. Habiendo una clara intención premeditada, el Jefe de Sector le indicó ir a la delegación policial y hacer una denuncia. Poco tiempo antes, otra mujer de su Consejo Popular había terminado asesinada por su marido en una situación similar.

Los carpeteros intentaron convencerla nuevamente de dejar todo en una carta de advertencia. De modo que Teresita llamó indignada a la Fiscalía General de la República y explicó su situación. Luego de muchas presiones por parte de la Fiscalía y el oficial Rusó, la denuncia fue aceptada en la estación policial y el agresor fue citado. Aquel 22 de noviembre de 2018, los policías fueron testigos del comportamiento violento de su cónyuge, quien la golpeó salvajemente en la propia estación. Como consecuencia, quedó detenido hasta el día del juicio.

“Como acto de burla, le realizaron el juicio el seis de marzo de 2019 y al otro día lo liberaron inmediatamente. Cuando indagué, me explicaron que la sanción se debía a la edad (63) y a la escasez de delitos en sus antecedentes penales”, explica Teresita, quien ha seguido siendo intimidada, violentada y amenazada de muerte.

Desde entonces ha grabado videos, hecho denuncias y suplicado a las autoridades, pero lo más que ha logrado es que le pongan a su agresor tres multas de apenas 30 pesos cubanos cada una. Esta ineficiencia del tejido institucional es, precisamente, una de las causas de que solo el 3.7 por ciento de las mujeres cubanas que han declarado haber sufrido violencia en sus relaciones de pareja hayan solicitado algún tipo de ayuda.

Al igual que Teresita, Laura también se niega a responder con violencia a su marido. “Temo perder la cordura y cometer un crimen, que se traduciría en un tormento para mis hijos”, dice. “Prefiero aguantar golpes que verlos abandonados en un hogar para niños sin amparo filial”.

Aunque las casas de orientación a la mujer y la familia de la estatal Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ofrecen asesoría a quienes sufren violencia machista, no es suficiente.

“Hay organismos a los que uno puede recurrir en busca de ayuda, como la Federación de Mujeres Cubanas, el Proyecto Palomas, etc., pero esos te guían cuando más. No te acompañan en el proceso ni tienen abogados para tramitar la causa ante Fiscalía, entidad a la cual ni siquiera presionan para obtener resultados concretos”, advierte Laura.

Aunque existen otros proyectos y plataformas no gubernamentales, como YoSíTeCreo en Cuba, fundada para brindar apoyo a quienes sufren violencia de género, la falta de apoyo del Gobierno, que tiene prácticamente el control absoluto, les dificulta ofrecer refugio en su seno. En 2020 YoSíTeCreo en Cuba inició una campaña por la creación de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y su descendencia, sin resultados hasta el momento.

“Yo lloré y me lamenté mucho, pero la vida me enseñó que hay que seguir. Y es difícil, porque es una vida de perro, que no merezco. Con tanto que estudié. El nivel cultural no siempre te da suerte en la vida ni se traduce en una mejor. Hay cosas que te superan”, reflexiona Teresita.

¿Qué pasa con los refugios en República Dominicana?

En República Dominicana existen 12 casas de acogida o refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Estas han sido creadas mediante la Ley 88-03 y dentro del programa de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) para disminuir el número de feminicidios en el país. Con al menos 272 registrados entre 2018 y 2020, el país presenta uno de los índices más altos del subcontinente por cada cien mil mujeres.

Además, se ha implementado un subsidio de cerca de 120 dólares mensuales para las víctimas de violencia.

Según Leticia Payano, actual Coordinadora Nacional de Casas de Acogida, los refugios son espacios de estadía temporal y de protección a mujeres, niños y niñas menores de 14 años a su cargo, en situación de violencia extrema, donde se les ofrecen servicios de atención integral con enfoque de género y derechos humanos. También se las ayuda a iniciar procesos de autonomía, de ruptura del ciclo de violencia y a elaborar planes de vida libres de violencia.

Allí se les brinda seguridad y todo lo necesario para su cuidado y manutención: reciben atención psicológica, se les educa sobre sus derechos, realizan talleres y actividades que contribuyen a reconstruir sus emociones afectadas. Además, se asiste a sus hijos para que puedan continuar su educación escolar. Las mujeres y sus hijes pueden permanecer en los refugios hasta tres meses, en caso de que el agresor no haya sido detenido por la Policía. 

De acuerdo con Payano, las casas fueron ubicadas a partir de un estudio realizado en las provincias con mayor violencia de género e intrafamiliar. Las direcciones, por seguridad, no están disponibles. Las mujeres acceden a ellas de varias formas. En principio van a una fiscalía, donde el/la fiscal determina la peligrosidad de su situación. También pueden llamar a la línea de emergencia (*212) del Ministerio de la Mujer, al 911 o a la línea vida.

Las casas tienen dos modelos. Las más grandes tienen capacidad para acoger 40 personas simultáneamente; las de emergencia, 12. Payano considera que es poco el número de hombres capturados en comparación con las usuarias que acoge. 

El programa de las casas de acogida ha ganado fuerza con el programa Supérate Mujer, consistente en ayudas sociales para que las víctimas que salen de las casas puedan salir del círculo dependiente. Según Payano, las mujeres trans y travestis nunca se han presentado para buscar ayuda en las casas. Preguntada sobre la existencia de medidas de prevención de los (trans)feminicidios, afirma que hay, pero apenas para el caso de las mujeres cisgénero.

¿Y en Puerto Rico?

Las víctimas sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico cuentan con ocho albergues alrededor de la Isla. Además de un techo seguro, los refugios ofrecen variedad de programas y servicios para las sobrevivientes, tales como: acompañamiento en procesos legales, servicios psicológicos, consejería, trabajo social y talleres socioeducativos.

Para obtener los servicios, las sobrevivientes pueden llamar directamente a los albergues y a las organizaciones comunitarias. Asimismo, la línea nacional para asesorar a sobrevivientes de violencia de género es atendida por el Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios a la Mujer (CRIAS) de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Las denuncias son referidas y manejadas por el 911 o la Policía de Puerto Rico.

Por otra parte, la Rama Judicial implementó durante la pandemia un sistema electrónico de solicitudes de órdenes de protección a favor de víctimas de violencia de género, agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual y a favor de personas de edad avanzada o menores de edad. También desde la OPM han mantenido los servicios de orientación y atención por línea telefónica. 

Lisdel Flores, directora ejecutiva del Hogar Ruth, un centro para mujeres sobrevivientes de violencia de género y menores, mencionó que cuando las participantes llegan al hogar se les realiza una entrevista para explorar las necesidades inmediatas. Luego se las orienta y se empieza a trabajar en el aspecto emocional. 

Según Flores, lamentablemente muchas veces las víctimas sobrevivientes no acuden a estas ayudas por miedo y desconocimiento. “Desde la mirada de la víctima hay mucho miedo y mucho temor, desconocimiento de los procesos, en términos de qué va a pasar si decide acudir a un lugar a que la ayuden”, comenta.  

Aunque en el proceso de orientación se educa sobre las opciones legales, no es necesario radicar una Orden de Protección para que una mujer obtenga los servicios de albergues. “El albergue siempre va a ser importante para aquellas víctimas cuyas vidas corran un peligro inminente”, destacó Flores, también integrante de la Coordinadora Paz para la Mujer y la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico.

Esta Red establece alianzas entre distintos centros de ayuda para atender las necesidades de las víctimas de manera uniformada, establecer criterios de acción y estándares de calidad. La Coordinadora Paz para las Mujeres -o Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual-, por su parte, está constituida por 38 organizaciones y 14 integrantes individuales, entre ellos albergues de emergencia, organizaciones de servicio directo, programas universitarios y gubernamentales y activistas de derechos humanos. 

Según Nereida Valentín Márquez, portavoz de la Coordinadora/Coalición, esta es sumamente importante porque “muchas veces asumimos el trabajo desde las comunidades que las instituciones gubernamentales no necesariamente tiene ese acceso o el interés, o simplemente no reconocen la problemática”.

Un problema recurrente durante su experiencia previa trabajando en Casa Julia de Burgos -primer albergue de Puerto Rico, creado en 1979-, es que las mujeres dependen económicamente de su agresor. “Incluso había mujeres que trabajaban y su ingreso completo se lo tenían que dar a su agresor para que él dispusiese de ese ingreso”, recuerda.

Por tal razón, señala que en la Isla deben crearse más centros de apoyo enfocados en ayudar a las mujeres sobrevivientes a ser económicamente independientes, tengan un emprendimiento o no. Hasta el momento, solamente el Proyecto Matria se dedica a esto. “Hay que esforzarse en tener una mirada que permita ayudar a que las sobrevivientes se vuelvan independientes y tengan una autonomía de vivienda, económica y de oportunidades. Hay que enfocarnos un poco más hacia la sanación”, sugiere Valentín.

En este sentido, la también líder feminista cree que las organizaciones necesitan mayores recursos para continuar proporcionando hogares transitorios para las víctimas que ya no sufren un peligro inminente. “Como hay tanta necesidad de apagar el fuego, muchas veces nuestras organizaciones no dan abasto para trabajar en el proceso de lo que va después de salir del ciclo de violencia”, dice.

Desde el inicio de la pandemia, las directoras de cinco de los ocho albergues de Puerto Rico mencionaron en un Facebook live que el mayor obstáculo ha sido no contar con los recursos económicos estatales y federales necesarios para enfrentar el covid-19 y ofrecer servicios de refugio y vivienda transitoria de manera ininterrumpida.

“El gobierno tiene una responsabilidad con la seguridad y la salud de todos los y las puertorriqueñas. (…) Sin embargo, quienes seguimos asumiendo esa responsabilidad somos las organizaciones que no contamos con los recursos que tiene el gobierno”, dice Flores.

Por tal razón, varias organizaciones feministas han llamado a que se prioricen los fondos para erradicar la violencia de género. Asimismo, la directora del Hogar Ruth señaló que tanto los fondos estatales como federales son necesarios para mantener los refugios y las demás iniciativas que realizan los albergues.