En 2017 contamos la historia de Las Cucardas, el prostíbulo más famoso de Lima. Cinco años después, nos preguntamos ¿cómo son las legislaciones de los mercados sexuales en la región? ¿Cómo operan en la práctica? Pero también, ¿cómo deberían legislarse y operar desde el punto de vista de quienes trabajan en ellos?
Portada e infografías: Rocío Rojas
Hola, soy Mariana Mora, desde México. ¿Recuerdas la crónica de Distintas Latitudes sobre Las Cucardas, el legendario prostíbulo de Perú? Este establecimiento, con más de medio siglo de historia, opera dentro de un limbo jurídico donde la venta de sexo no supone un delito pero sí la obtención de beneficios económicos a partir de la explotación sexual de una persona, es decir, el proxenetismo.
Entonces, ¿el dueño de Las Cucardas está cometiendo un delito?
Es complicado. Este y otros prostíbulos peruanos están regulados por instituciones estatales como la Municipalidad, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. El problema es que, aunque los propietarios niegan obtener ganancias del trabajo sexual de sus empleadas, la periodista Rocío Romero demostró en 2017 que sí lo hacen.
El otro problema es que “el hecho de contar con prostíbulos con licencia trae una incongruencia normativa, ya que las mujeres que se prostituyen son consideradas sólo parcialmente como trabajadoras: no poseen derechos ni deberes laborales”, señala Sharon Gorenstein, investigadora de la Universidad del Pacífico, en Perú.
Espera, si el trabajo sexual no es un delito, ¿significa que es legal?
Hay un espectro en la legislación de cada país entre la ilegalidad y el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Es decir, puede que vender sexo no sea un delito, pero sí una falta administrativa municipal.
Pero incluso si el trabajo sexual no es considerado una falta administrativa, esto no significa que está reconocido como una actividad laboral con derechos.
¿Cómo está el panorama regional en este sentido?
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida reporta que hay 2 millones 463 mil trabajadorxs sexuales en América Latina y el Caribe. Estos datos no incluyen a Chile, Venezuela y Puerto Rico, así que el número debe ser mucho mayor.
En su mapeo regional, la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe encontró que las trabajadoras sexuales están organizadas en al menos once países latinoamericanos y sindicalizadas con reconocimiento legal en Colombia, Guatemala, Nicaragua, y Perú.
Si quieres ver una comparativa de las condiciones legales de cada país entra aquí.
En América Latina y el Caribe, solo Puerto Rico define el trabajo sexual como un delito. Allí, el Código Penal prohíbe “sostener, aceptar, ofrecer o solicitar relaciones sexuales con otra persona por dinero o cualquier forma de pago”. Por eso están prohibidos el proxenetismo y los establecimientos donde se vende sexo.
Sin embargo, como en todos los países de la región, estos lugares y actividades existen, aunque sólo Brasil, Colombia y Uruguay lo reconocen como trabajo.
¡Genial! ¿Eso significa que ahí los derechos de quienes lo ejercen están garantizados?
“Solo en el papel”. Así lo explica Carolina Calle, una trabajadora sexual colombiana con 16 años de experiencia. También es activista y fundadora de Calle 7, una organización de base comunitaria que defiende sus derechos humanos y laborales.
En 2010, la Corte Constitucional colombiana emitió la sentencia T-629/10, que reconoce el trabajo sexual como un trabajo protegido por la Constitución. No obstante, desde entonces “no ha habido muchos avances”, explica Carolina.
Las dificultades que viven sus compañerxs para acceder a servicios de salud, la discriminación y las violencias a las que están expuestxs por parte de clientes, empleadores y policías, son algunas situaciones que la legislación debería evitar.
En 2016, la Corte emitió otra sentencia, esta vez exhortando al Ministerio de Trabajo a garantizar la protección de lxs trabajadorxs sexuales después de que tres de ellas fueran agredidas por la Policía Metropolitana de Bogotá.
Carolina cuenta que el Ministerio se reunió con trabajadorxs organizadxs, entre ellxs el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, pero las negociaciones no llevaron a nada.
Pero Mariana, si el trabajo sexual no es un delito ¿por qué interviene la policía?
Esa pregunta tiene más de una respuesta. Empezaré por la más general: la criminalización histórica de los mercados sexuales y el estigma que aún los atraviesa.
Como te conté arriba, los códigos civiles de muchas ciudades latinoamericanas aún consideran el trabajo sexual una falta administrativa justificada en “daños a la moral y las buenas costumbres”. Como la Ley Marco Para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de San Salvador, que da pie a extorsiones, amenazas y violencias policiales.
Otro caso es el de Brasil. Allí, el Ministerio de Trabajo reconoce el trabajo sexual como una ocupación regular con derecho a seguridad social, baja por maternidad o enfermedad y jubilación. Sin embargo, el Artículo 228 del Código Penal prohíbe el proxenetismo y las casas de prostitución.
Organizaciones como la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, han registrado y denunciado que esta contradicción legislativa criminaliza a lxs trabajadorxs. Cuando la policía hace redadas en establecimientos agrede y se lleva a quienes están trabajando. Esto también impide que un grupo de personas alquilen un espacio para trabajar.
¿A qué se debe esta contradicción?
Lo que encontré al hablar con trabajadoras sexuales y revisar los informes que la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe emitieron en 2021 sobre la legislación de once países es que, en muchos casos, la redacción ambigua de las leyes da pie a interpretaciones que criminalizan a quienes ejercen el trabajo sexual.
Esto sucede especialmente con las leyes para combatir la trata de personas. Por ejemplo, en México, la Ley General de Trata de Personas está redactada de tal forma que dificulta la diferenciación de situaciones de trata de aquellas que no lo son.
Esto lo ha investigado a profundidad Don Anahí, trabajadora sexual desde hace diez años, cofundadora de la Alianza Mexicana de Trabajadorxs Sexuales y cineasta.
Actualmente, Anahí trabaja en un documental sobre la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual en México, que puedes ayudar a financiar aquí. También realiza postporno transfeminista, pero la ambigüedad del Artículo 14 de la Ley de Trata deja en un vacío legal la realización de estas producciones.
Este dice que “será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, el que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico”.
Anahí considera que la ambigüedad de este artículo puede prestarse a una mala interpretación de la ley, aunque lo hagan actrices porno mayores de edad de manera voluntaria. Algo con lo que coincide Claudia Torres, abogada e investigadora de la Universidad de Harvard especializada en trabajo sexual.
“En teoría, la Ley de Trata tendría que estar buscando solamente gente que coacciona a otra para ejercer el trabajo sexual. Pero son tan amplios los términos que es muy fácil que gente que ejerce el trabajo sexual se vea involucrada en alguno de estos delitos”.
Torres ilustra esto con anécdotas de redadas anti-trata en bares en las que, además de a las bailarinas, también se llevan a las mujeres que las ayudan a arreglarse por algo de dinero.
“Obviamente, está bien chido que castiguen la trata”, agrega Anahí, “pero todo lo generalizan con la palabra prostitución”.
¿Entonces prostitución no es sinónimo de trabajo sexual?
Técnicamente sí. No obstante, “la palabra prostitución ha sido usada históricamente de forma despectiva y sin diferenciar la voluntaria de la coactiva; es decir, el trabajo sexual de la trata”, explica Claudia.
Muchxs trabajadorxs sexuales han luchado por desestigmatizar su labor y diferenciarla del delito de trata de personas. Algunxs, incluso, han resignificado la palabra puta para nombrar su oficio con orgullo.
Carolina Calle, por ejemplo, usa los tres términos: prostituta, trabajadora y puta. “Para mí, las tres ilustran mi trabajo. Sé que las abolicionistas usan la palabra prostituta para llamar a las personas que son víctimas del delito de trata, pero nosotras no les debemos nada a ellas”, explica.
Carolina se refiere a las personas que sostienen que la erradicación del trabajo sexual es la vía para acabar con la trata de personas. Esta postura, que está presente en toda la región, es antagónica a los derechos y luchas de quienes ejercen el trabajo sexual de forma voluntaria.
Esta tergiversación de términos tiene incidencia en las leyes y, por lo tanto, en las vidas de las personas relacionadas a los mercados sexuales.
En Argentina, las leyes tampoco son muy claras en las diferencias entre trata y trabajo. “Acá la Ley de Trata, más que buscar a las personas desaparecidas, criminaliza a la trabajadora sexual”, señala Yokhari Márquez, una trabajadora sexual trans peruana que vive en Constitución, Buenos Aires.
Allí, es una de las coordinadoras de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que desde 1994 trabaja por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales.
Yokhari explica que la Ley de Trata dificulta la organización de trabajadoras para ejercer de forma autónoma. “Si dos compañeras o más alquilamos un departamento para trabajar, al dueño lo meten preso por proxeneta”, explica.
Ella y sus compañeras luchan por el reconocimiento de su trabajo, el acceso a derechos básicos como salud, vivienda y pensión y el fin de las violencias policiales. Se pudiera decir que estas son las consignas de lxs trabajadorxs sexuales de toda la región, aunque cada país tiene condiciones y necesidades particulares.
En Colombia, Carolina y sus compañerxs están buscando la regulación de espacios privados y dignos donde vender sexo. Confía en que esto contribuiría a identificar los lugares en que las personas están privadas de libertad y son víctimas de trata.
Como ves, los mercados sexuales en Latinoamérica y el Caribe son complejos y queda mucho por hacer para que quienes trabajan en ellos lo hagan en condiciones dignas, como cualquier otro trabajo.
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