Por María Laura Chang, Pierina Sora, Francis Peña, Mariel Lozada, integrantes venezolanas de la 3era generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas

El punto de ebullición

El 23 de enero de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, se juramentó junto a una multitud de personas como presidente encargado de Venezuela. Días antes Guaidó había convocado a masivas manifestaciones en contra de Nicolás Maduro, el mandatario del país. Dichas manifestaciones no solo se vivieron en las calles del país sino en otras ciudades alrededor del mundo.

Las dudas sobre la legitimidad de la juramentación de Guaidó se externaron desde el 23 de enero. ¿Cómo un parlamentario puede proclamarse presidente sobre una tarima? Y, sobre todo, ¿por qué? ¿Qué sigue para Venezuela?

El contexto

Para Luz Mely Reyes, directora del medio Efecto Cocuyo, el punto de inflexión de la actual crisis venezolana ocurrió en diciembre de 2015, cuando la oposición al gobierno de Maduro obtuvo la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional. Luego de unas elecciones muy concurridas fueron elegidos 112 diputados opositores y 55 parlamentarios oficialistas. La reacción del gobierno de Maduro fue nombrar de imprevisto a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia —poder judicial— a pesar de que éstos no cumplían los requisitos para obtener los cargos.

Los magistrados nombrados alegaron fraude en las elecciones e impidieron la incorporación de cuatro diputados del estado Amazonas a la Asamblea Nacional. La intención era evitar que la oposición obtuviera la mayoría calificada en el legislativo, pues eso permitiría, entre otras cosas, promulgar leyes. El parlamento hizo caso omiso y el Tribunal Supremo los declaró en desacato. El Ejecutivo mantuvo la tesis del desacato para evitar cualquier acción de la Asamblea.

Al año siguiente, 2016, la oposición, que continuaba organizada en la Asamblea, impulsó un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro pero enfrentaron trabas por parte del Consejo Nacional Electoral y de los tribunales regionales. Finalmente éstos alegaron fraude en la solicitud de firmas y exterminaron las posibilidades de la consulta popular.

Y en 2017 dos polémicas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (la 155 y 156) generaron respuestas no solo de la ciudadanía sino también de figuras políticas. El supremo se atribuyó a sí mismo las competencias de la Asamblea Nacional a través de estos fallos. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz —parte del poder ciudadano, de conocida tendencia chavista— junto al parlamento, declararon la ruptura del hilo constitucional. Algunos lo denominaron como autogolpe de Estado.

La población mostró su descontento en las calles a través de manifestaciones continuas y masivas. El gobierno las enfrentó con represión, en este contexto fueron asesinadas 163 personas, según el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS). Miles de personas más resultaron heridas y cientas detenidas.

Entretanto, el gobierno de Maduro hizo un llamado a votar por una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de que dicha convocatoria no cumplía con los parámetros legales —para poder hacerla debía haber consulta popular y ésta no se dio— se llevaron a cabo las votaciones el 30 de julio.

Esta nueva Asamblea Nacional Constituyente completamente oficialista, empezó sus funciones con la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que tuvo que huir del país. Las protestas arreciaron y en septiembre de 2017 se inició en República Dominicana un proceso de diálogo. Los dirigentes opositores pusieron sobre la mesa los siguientes puntos: elecciones transparentes y libres, liberación de presos políticos y el reconocimiento de la Asamblea Nacional.

El diálogo fracasó y en enero de 2018 la ANC llamó a unas anticipadas elecciones presidenciales. La oposición, y gran parte de la comunidad internacional, desconoció este proceso por considerar al órgano convocante como ilegal e ilegítimo. Sin embargo, las elecciones se llevaron a cabo el 20 mayo de 2018.

De acuerdo con las cifras oficiales Maduro obtuvo 6,245.862 de votos a favor. En los primeros días de enero de este 2019, Nicolás Maduro se juramentó ante el TSJ, a pesar de que en la Constitución se establece que debe ser ante la Asamblea Nacional. Juan Guaidó, por su parte, se juramentó como presidente del Parlamento. Bajo su presidencia, los diputados establecieron una falta absoluta en la presidencia, por considerar ilegal la reelección de Maduro.

Así, el 23 de enero de 2019, basado en los artículos 233 y 350 de la constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió las funciones de Presidente encargado de la República. Se juramentó ante los venezolanos que salieron en masa a protestar contra Maduro y días más tarde estableció una ruta para afrontar la crisis: exigir el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, la creación de un gobierno de transición y la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres, en ese orden.

La prensa ante el contexto polarizado

Tras la juramentación de Guaidó, se realizaron grandes movilizaciones en distintas ciudades de Venezuela, pero la población tuvo que acceder a los medios digitales y a las redes sociales para enterarse de lo que ocurría debido a la poca difusión que hubo en los medios tradicionales. Muchos periodistas venezolanos, que están residenciados en otras latitudes debido a la migración, recurrieron a YouTube para ver las transmisiones de VPI TV y NTN 24.

En el contexto de las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, la asociación civil, sin fines de lucro, Espacio Público, registró quince casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión, además reportó 17 víctimas de agresiones, entre ellos periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y medios de comunicación independientes.

Destacaron casos de confiscaciones de memorias de cámaras fotográficas y de celulares por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando los periodistas realizaban su labor. También, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lanzaron piedras y bombas lacrimógenas a un grupo de comunicadores cuando intentaron registrar la represión hacia los manifestantes.

Luis Arroyo, periodista del canal deportivo Meridiano Televisión, fue despedido del medio luego de expresar su opinión referente a la situación política.

En tanto, Esteninf Olivarez y Dereck Blanco, periodistas de Globovisión y conductores del programa Primera Página, hicieron una llamado a la reflexión a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.

“Funcionarios militares y policiales, ustedes también son pueblo. Seguramente su familia tampoco tienen qué comer. Recuerden eso cuando piensen atentar contra alguien por pensar diferente”, fueron las palabras de Olivarez. Mientras que su colega, Blanco reafirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a la protesta pacífica.

Y en el interior de Venezuela varios periodistas denunciaron la prohibición del uso de los términos “gobierno interino” y “transición” minutos después de la juramentación de Guaidó. Cabe señalar que durante el mensaje que realizó ese mismo día, 23 de enero, Nicolás Maduro en reacción a la juramentación de Guaidó todos los canales de televisión se enlazaron a la señal de Venezolana de Televisión (canal del Estado)

¿Qué dice la comunidad internacional?

Tras la juramentación de Guaidó, el primero en hablar fue el mandatario de Estados Unidos. “Hoy, reconozco oficialmente como presidente (interino) de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La gente de Venezuela ha levantado su voz valientemente en contra de Maduro y su régimen y ha exigido libertad y justicia”, dijo Donald Trump en un comunicado.

Después Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, reconoció a Guaidó. Para el final de ese emblemático 23 de enero, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Kosovo, Albania, Georgia, El Salvador y Reino Unido habían reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Al pasar los días, se sumaron Australia, Israel, Dinamarca, Alemania, Noruega, Suiza y Ucrania.

Cuba habló a favor de Maduro. Le expresó su “apoyo y solidaridad” ante lo que llamó “intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar a la Revolución Bolivariana”. También le dieron su apoyo Bolivia, Irán, México, Rusia, Siria y Nicaragua. China, aunque se calificó como neutral, aseguró que se opone a “la injerencia en Venezuela de fuerzas externas”.

Mientras que México y Uruguay se manifestaron por la creación de una mesa de diálogo.

Una postura que destacó fue la del Grupo Lima, conformado el 8 de agosto de 2017,  el cual reconoció a Guaidó como mandatario interino de Venezuela.

Es importante recordar que el 21 de mayo de 2018, un día después de las cuestionadas elecciones en las que Maduro fue declarado ganador, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, los países miembros del Grupo Lima, las desconocieron y el 4 de enero de este 2019, esos mismos países, a excepción de México, dijeron que no reconocerían el segundo gobierno de Maduro, si este llegaba a juramentarse.

Al respecto de la postura del Grupo Lima, Oláguer Chacón, analista Internacional comentó a Distintas Latitudes:  “Los gobiernos del Grupo de Lima han sido coherentes en manifestar su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela. Ellos de primera mano han visto el deterioro institucional [del país] así como el aumento de la crisis humanitaria […] También hay que tomar en cuenta la confluencia de 2 factores: el primero, y el más importante, la ruptura popular con el chavismo, demostrada desde las elecciones parlamentarias del 2015, y la segunda, los cambios políticos regionales. Hay algo importante, y es que la región se ha involucrado más allá de los simples movimientos diplomáticos, la presión ha sido seria de acuerdo con la seriedad de la crisis venezolana. Se han demorado un poco, pero ha sido bastante contundente, casi fuera de lo que se esperaría en el ámbito diplomático, hasta el punto que el Grupo de LIma ha sido más claro e incluso más contundente que factores políticos venezolanos como los partidos Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT)”.

La postura de Maduro frente a las reacciones internacionales incluyó ordenar la salida de todos los miembros diplomáticos estadounidenses, dándoles un plazo de 72 horas, finalmente anunció que los diplomáticos tenían un mes completo para abandonar la embajada. Aunque tanto Maduro como Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, aseguraron que el personal se retiró, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que no consideran que “el expresidente Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos o para declarar personas no gratas a nuestros diplomáticos”.