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Organizaciones ultraconservadoras han influido históricamente en espacios de toma de decisiones de El Salvador, país que todavía penaliza el aborto de forma absoluta por presión de estos grupos. Hoy, estos grupos, que cuentan con el respaldo de entes como Heartbeat International, ven el caso Beatriz vs. El Salvador como una causa a derrotar para evitar el avance en legislaciones pro-derechos reproductivos en América Latina.


 

El 22 y 23 de marzo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo la primera audiencia pública del caso “Beatriz y otros vs. El Salvador”, el primero en la historia de la entidad relacionado con el derecho al aborto. El Estado de El Salvador, que todavía penaliza el aborto de forma absoluta, rendiría cuentas sobre el caso de Beatriz, una joven a la que el sistema jurídico del país negó la solicitud de interrupción de embarazo en 2013 aunque sus propios médicos dictaminaran que era necesaria para salvaguardar su vida.

Beatriz había sido diagnosticada con lupus eritematoso y, en 2013, estaba embarazada de un feto anencefálico, es decir, que no había desarrollado cerebro y que, por ende, no podía vivir fuera del útero. Fue entonces cuando un comité de médicos del Hospital Nacional de Maternidad, el referente en atención a mujeres embarazadas en El Salvador, recomendó interrumpir su embarazo.

Beatriz acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar un amparo que le permitiera interrumpir aquel embarazo de alto riesgo. La CSJ negó el amparo y, luego de una cesárea de emergencia, Beatriz dio a luz a un bebé sin cerebro que moriría cinco horas después. A raíz de esto, la familia de la joven y diversos colectivos defensores de derechos llevaron el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013.

Una década después, una delegación del Estado de El Salvador llegó a las salas de la CIDH, en Costa Rica, para defender la decisión de no interrumpir el embarazo de Beatriz. La delegación estuvo conformada por funcionarios como Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y Carlos Alvarenga Cardoza, viceministro en Gestión de Desarrollo en Salud del Ministerio de Salud (MINSAL).

Esta delegación contó, también, con el apoyo de  asesores jurídicos como la abogada mexicana Neidy Casillas y el abogado argentino Sebastián Schuff,  vinculados a organizaciones conservadoras.  Tanto Casillas como Schuff son fundadores del Global Center for Human Rights (GCHR), una entidad que, de acuerdo con su propio sitio web, trabaja para “construir y consolidar una nueva generación de tomadores de decisiones dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia”.

GCHR es responsable de la campaña NoNextRoe, que busca prevenir una resolución favorable en materia de despenalización del aborto en El Salvador y evitar que otros países cambien sus legislaciones a favor del derecho al aborto. “Hemos sido líderes en brindar orientación y educación pública en los 18 países en riesgo de verse obligados a cambiar sus leyes que protegen la vida por el caso Beatriz”, dice una presentación firmada por el mismo Schuff.

Este, sin embargo, no es el único caso en el que grupos ultraconservadores tienen influencia en espacios de toma de decisiones o de importancia para el avance en materia de derechos sexuales o reproductivos en El Salvador, uno de los cinco países que todavía prohíben el aborto de forma absoluta. Y a la penalización, dicen defensoras de derechos humanos, le sigue el estigma y la persecución contra mujeres acusadas por emergencias obstétricas y contra las organizaciones feministas.

De la pena al estigma

El Salvador ha sido históricamente un Estado conservador respecto al aborto. Entre 1974 y 1997 existían excepciones relacionadas con la salud y vida de la madre y del feto que no penalizaban el procedimiento. No obstante, las mujeres que lo practicaban fuera de las causales aceptadas no eran perseguidas activamente: “Podían llegar al hospital con indicios de haberse practicado un aborto y no eran juzgadas ni perseguidas”, explica la defensora de derechos humanos Morena Herrera.

Sin embargo, durante este tiempo empezaron a aparecer centros y redes antiaborto en el territorio salvadoreño, un fenómeno también visto en otros países latinoamericanos. En 1987, por ejemplo, surgió la Fundación Sí a la Vida, actualmente afiliada a Heartbeat International, una organización conservadora estadounidense que engloba una de las mayores redes de centros antiaborto de todo el mundo.

En general, estos lugares se presentan como centros de ayuda a mujeres embarazadas. Para evitar que aborten, les ofrecen distintos tipos de ayuda, que pueden ir desde alguna suma de dinero hasta cursos para emprendedoras. Sin embargo, varias investigaciones previas muestran que estos centros no siempre son transparentes respecto a sus objetivos. Algunos se presentan como centros pro-aborto con el único objetivo de ganarse la confianza de mujeres interesadas en abortar para luego convencerlas de no hacerlo mediante información falsa, manipulaciones emocionales, dilataciones burocráticas innecesarias o promesas de ayuda que no siempre cumplen.

En 1997, las fuerzas conservadoras y católicas de El Salvador lograron que el Código Penal prohibiera el aborto en todas sus formas. Desde entonces, las mujeres salvadoreñas que aborten por cualquier causa pueden ser condenadas con hasta 50 años de cárcel. Los médicos que las ayuden, con hasta 12 años. Así, un año después, en el 98, entraría en vigor la prohibición absoluta que prevalece hasta estos días.

Distintas organizaciones salvadoreñas de defensa de los derechos de la mujer enfatizan que esta legislación afecta de forma desproporcionada a las mujeres que no tienen recursos económicos para recibir educación y atención sanitaria privada, ya que las estigmatiza. Además, obliga a muchas a abortar de forma clandestina. Como resultado, entre 2000 y 2019 se registraron 181 casos de mujeres imputadas por emergencias obstétricas, de acuerdo con Center for Reproductive Rights.

En la actualidad, ninguna mujer está presa por abortar. La última fue liberada a finales de 2023 luego de que una jueza anulara su sentencia de acuerdo con los datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Sin embargo, en el país se mantienen abiertos 11 procesos penales por aborto. Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele ha dejado claro que no va a proponer “ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción)”.

De acuerdo con el Observatorio de Actores de Oposición a los Derechos, perteneciente a la organización Sombrilla Centroamericana, en Centroamérica existen al menos 333 grupos que se oponen a los derechos sexuales reproductivos, de diversidad sexual y de género y de la educación sexual integral, entre otros. Estos incluyen a funcionarios, líderes de opinión, medios de comunicación, académicos, organismos religiosos y organizaciones civiles, los cuales operan en conjunto con organizaciones políticas, sociales y religiosas de la región.

La Fundación Heartbeat International aparece en el mapeo de organizaciones no gubernamentales o fundaciones de este tipo ubicadas en El Salvador. Heartbeat International se dedica a “apoyar, aconsejar y ayudar a toda mujer embarazada que se encuentra en la encrucijada decidiendo si llevar a término su embarazo inesperado, darlo en adopción o abortarlo” y, en El Salvador, promueve el hogar María Isabel, de la Fundación Sí a la Vida, un albergue destinado a la acogida de jóvenes embarazadas.  Además, señala que, junto a pastores de diversas iglesias, han realizado conferencias con el opositor anti derechos Ron Archer.

Para esta investigación se contactó a la fundación Sí a la Vida a través de WhatsApp y de correo electrónico para obtener una entrevista sobre el funcionamiento de la misma y de sus programas como este hogar. Respondieron al correo electrónico solicitando trabajos referentes de la periodista encargada. No se obtuvo otra respuesta.

La fundadora de Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal, ha sido representante de Heartbeat International en El Salvador desde 2008. En 2015, esta fundación organizó la exposición antiaborto “ExpoVida”, en la que participó Neidy Casillas, una de las asesoras jurídicas que ayudó al Estado salvadoreño a defender su decisión de obligar a Beatriz a mantener su embarazo pese a los peligros que representaba para su vida. En esa ocasión, Casillas dictó una conferencia titulada “Guerra cultural y Dominio Mundial”, en la que acusó falsamente a las organizaciones pro-aborto de manipular el tema.

“En ambos casos, tanto el de Beatriz y el de las 17 mujeres, el intervencionismo de estas organizaciones fue muy claro a través de sus declaraciones y recomendaciones, en las que usan términos que se manipulan, tales como la salud sexual y reproductiva o “derechos sexuales y reproductivos”, a fin de imponer una agenda abortista”, dijo.

 

Las resistencias de las que siguen 

El Observatorio de Actores de Oposición a los Derechos de Sombrilla Centroamericana señala que las organizaciones conservadoras han “abandonado su discurso de fundamentación religiosa” para comenzar a utilizar estrategias basadas en criterios jurídicos, interpretaciones científicas y sociológicas que están construidos “como respuesta a los razonamientos de los grupos defensores de derechos”.

En su informe de fondo número 920, la comisión CIDH determinó que el estado de El Salvador fue responsable de “la afectación desproporcionada de múltiples derechos de Beatriz al no brindarle un tratamiento médico oportuno y necesario”, dado que la criminalización absoluta del aborto en el país impidió que los médicos procedieran con la interrupción del embarazo.

Una entrada publicada en el sitio web de NoNextRoe señala a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de seguir “una agenda de derechos” y de “promoción del aborto”: “En el caso de la CIDH, la promoción del aborto es muy clara y recientemente se hizo visible incluso en su Plan Estratégico 2023-2027, en el que la CIDH afirma que su objetivo es “fortalecer los estándares de justicia reproductiva, con énfasis en la despenalización del aborto”.

Sombrilla Centroamericana también denuncia que el Gobierno y la Asamblea Legislativa no han mostrado un compromiso político para con las causas que exigen derechos reproductivos o de igualdad para la población LBTIQ+. Denuncian, además, que estos entes “ceden” ante las presiones de los sectores más conservadores.

La actual Asamblea Legislativa salvadoreña, con mayoría al oficialismo de Nayib Bukele, archivó diversas propuestas que colectivos feministas y defensores de derechos humanos de la sociedad civil hicieron entre 2016 y 2021 para la despenalización del aborto en casos específicos.

A pesar de la influencia de estos grupos, organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos continúan trabajando en el país. Hasta 2023, 72 mujeres han salido de la cárcel con acompañamiento de estas organizaciones: “Porque haya mujeres que puedan decidir. Que no haya embarazos no deseados”, dice Morena Herrera.

Hasta la fecha, la CIDH no ha emitido ninguna resolución luego de la audiencia del caso Beatriz. Familiares de la joven y organizaciones feministas esperan que la Corte falle en contra del Estado salvadoreño por las implicaciones históricas que esto tendría en materia de legislación en favor del derecho al aborto: “La resolución de la Corte IDH es de obligatorio cumplimiento y puede significar medidas de no repetición y una de esas medidas de no repetición es la despenalización del aborto”, dijo la activista feminista Sara García en noviembre de 2023 al respecto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador recalcó, a través de un comunicado de prensa, que la defensa del Estado remarcó durante la audiencia que la Corte IDH “no tiene potestad e injerencia para modificar el sistema penal de los países” en relación a las peticiones para incluir causales para la despenalización del aborto. En 2022, el Ministerio de Educación retiró materiales relacionados con educación sexual integral y prevención de violencia de género luego de múltiples quejas en redes sociales de grupos conservadores que se oponían al uso de terminologías propias del tema de diversidad en el sistema de teleclases de la cartera de Estado.

Centroamérica es la región del mundo que más penaliza el aborto. De acuerdo con defensoras de derechos humanos, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y El Salvador son los más restrictivos. Este último, de acuerdo con Morena Herrera, es el que más concentra formas de penalización: “estos países tienen un modelo autoritario, en términos políticos, que niega el derecho a la educación integral en sexualidad para niños, niñas y adolescentes en los sistemas educativos producto de las presiones de grupos que niegan los derechos de las mujeres”. Solo en el primer trimestre de 2023, El Salvador reportó, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, al menos 725 embarazos producto de agresiones sexuales en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años.

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Esta investigación fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

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Periodista salvadoreña graduada de Comunicación Social por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Ha trabajado temas de género y derechos reproductivos, medio ambiente, desigualdad, justicia y políticas culturales. En 2021, presentó, junto al equipo de Séptimo Sentido, el reportaje “Acusados por Estévez: la investigación que las autoridades no hicieron en Chalchuapa” en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN). Es narradora de ficción con una antología de relatos titulada “Flores que sonríen”, publicada en 2021 por la editorial independiente salvadoreña “Los Sin Pisto”.