Skip to main content

En México hay en operación más de 100 clínicas falsas de aborto pertenecientes a todo un movimiento político articulado internacionalmente que mediante la violencia psicológica tratan de convencer a las mujeres de no abortar. 


Apoyo en la investigación documental: Brenda Soriano Calderón

 

“Mi decisión era no tener un hijo, pero escuchar ese ultrasonido… ¡Fue horrible! Yo lo hice porque sentía que era lo que necesitaba, pero ellos me hicieron verlo y eso hizo mucho más difícil atenerme a esta decisión.  Es súper  doloroso hacerlo tan tangible. Yo no quería estar embarazada. Pensaba: ‘Ya quiero que esto acabe’. Y era: escúchalo, velo, piénsalo, llévate una foto. Me dieron el ultrasonido para que lo guardara”, relata Emilia. 

En 2016, Emilia quien prefiere no dar su nombre completo , entonces de 19 años, quedó embarazada. En la Ciudad de México, existe el derecho al aborto desde 2007. Emilia quería interrumpir su embarazo de manera legal, segura y gratuita, así que acudió a una clínica pública de Planificación Familiar ubicada en la colonia Del Valle Sur. Sin embargo, lejos de ayudarla con la información que buscaba, el personal empleados del sistema de salud, que la atendió intentó convencerla de no abortar mediante métodos de manipulación. 

A Emilia la atendieron tres enfermeras, quienes le dijeron varias veces que podía darle una buena vida a su hijo, dado su nivel socioeconómico. Posteriormente, le realizaron una ecografía durante la cual la obligaron a ver el feto y escuchar el latido de su corazón, pese a que ella había dejado claro que no quería presenciarlo. “Insistían constantemente: ‘Mira, aquí está tu hijo, aquí está tu bebé’. Posteriormente, me entregaron una copia del ultrasonido y me dijeron que lo guardara como recuerdo para cuando naciera…”. 

Lo que le sucedió a Emilia no fue una “mala experiencia”. Fue una sesión de convencimiento para que no abortara, realizada en un centro hospitalario público donde debían respetar su decisión de abortar y darle un acompañamiento especializado. Tampoco fue una experiencia aislada. 

Cada año, decenas, si no cientos de mujeres mexicanas, son manipuladas en centros aparentemente especializados en aborto, pero que en realidad pretenden ganarse su confianza para luego convencerlas de que no lo hagan.

Las clínicas antiaborto empezaron a aparecer en Estados Unidos entre las décadas de 1970 y 1980, tras lo cual se expandieron a otros países y continentes. Este movimiento es liderado en la actualidad por Heartbeat International (HI), una organización cristiana estadounidense con más de tres mil centros afiliados en todo el mundo.

En México, HI tiene 123 centros antiaborto afiliados, de un total de 160 existentes en el país, de acuerdo con el directorio online de la organización estadounidense, que solo incluye la dirección de unos pocos. Dichos centros, a su vez, forman parte de unas pocas organizaciones. Las tres más grandes son la Red Latinoamericana de Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), con alrededor de 70 centros en todo el país; Vida y Familia AC (VIFAC), con 38 centros; y Servicio de Acogida al Embarazo, con 29 centros. 

 

El modus operandi

Por tamaño e influencia, las dos más importantes son los CAM y VIFAC. Los CAM fueron fundados en 1993 por Jorge Serrano Limón, también líder del Comité Nacional Pro-Vida, quien en los años siguientes los extendió por casi toda América Latina. En la actualidad, según su página web, los CAM cuentan con alrededor de 200 instalaciones en el continente, donde se han atendido más de 300 mil mujeres, de las cuales cerca del 80% decidió no abortar. VIFAC, por su parte, surgió en 1985 con el objetivo inicial de crear casas de acogida para adolescentes y mujeres embarazadas en condiciones de calle, para evitar que abortaran.
Estas organizaciones, eminentemente conservadoras y cristianas, se oponen al aborto, ya que consideran que la vida es sagrada. Su objetivo, por tanto, es evitar que mujeres embarazadas interrumpan sus embarazos, incluso cuando son frutos de violaciones a menores de edad. El problema es que estas organizaciones no siempre transparentan sus objetivos. Muchas mujeres que llegan a sus dependencia lo hacen pensando que encontrarán guía y apoyo para realizarse un aborto seguro, sin saber que en realidad allí tratarán de convencerla de lo contrario.

En efecto: varias investigaciones previas han demostrado que estas organizaciones se publicitan en Internet y redes sociales con información engañosa. A veces se presentan como organizaciones feministas o con enfoque de género, y siempre como interesadas en proveer diferentes alternativas a mujeres que quieren terminar sus embarazos. Para ello, ofrecen una serie de servicios que van desde consultas médicas hasta realización de ultrasonidos y otros exámenes médicos. 

Sin embargo, en la práctica se trata de eufemismos, pues su interés real es convencer a las mujeres de que tienen opciones que no pasan por el aborto. Básicamente: quedarse al bebé o darlo en adopción -algo para lo cual, de hecho, no están capacitadas legalmente. En el caso de las mujeres que desean abortar por no tener condiciones para el bebé, estas organizaciones proponen talleres con los que pueden aprender oficios con los cuales emprender, generalmente relacionados con manualidades, estética o cocina, además de ofrecerles ayuda económica.

De acuerdo con una investigación reciente de openDemocracy, VIFAC ayudó económicamente a más de 1300 mujeres mexicanas embarazadas. En una entrevista también reciente, la ex presidenta de VIFAC, Gabriela Tejeda, aseguró que cerca del 90% de las mujeres que acuden a esta organización -40 mil en casi 40 años- han decidido quedarse con sus bebés, mientras que el otro 10% lo ha dado en adopción. La mayoría, dijo, vive en las casas de acogida de VIFAC entre cuatro y cinco meses, tras lo cual algunas reciben ayuda para emprender.

No obstante, la publicidad engañosa no es el único problema ético visible en el trabajo de estas organizaciones. Varias investigaciones han encontrado en los últimos años que muchas de estas mujeres son engañadas con el objetivo de que lleven sus embarazos a término, lo que también deslegitima su trabajo. 

En algunos casos, el personal de estas organizaciones dilata el proceso médico hasta que las mujeres sobrepasan el límite de semanas aceptadas legalmente para abortar. También les exigen firmas de terceras personas que en realidad no son necesarias. Otras veces, proveen a las mujeres información falsa o manipulada, no respaldada por estudios científicos avalados, respecto al aborto, como que puede provocar cáncer, perforaciones interiores e incluso la muerte, consecuencias muy poco probables cuando la interrupción es practicada de forma segura. 

De acuerdo con el equipo de Incidencia de IPAS LAC —organización perteneciente a una red internacional sin fines de lucro que trabaja en 4 continentes para asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción—, quienes trabajan en estos centros han llegado a mostrar imágenes perturbadoras o manipuladas que no se apegan a la realidad de un procedimiento de aborto legal. El objetivo: atemorizar y preocupar a las mujeres con peligros falsos y desalentarlas de abortar. También han usado imágenes y sonidos falsos de ultrasonidos y latidos fetales, respectivamente, para generarles sentimientos de culpa.

O sea: estos centros no han dudado en acudir a estrategias inmorales como engaños y manipulaciones emocionales para disuadir a mujeres que desean abortar y, en cambio, inducirlas a decidir llevar sus embarazos a término. Esto fue, en esencia, lo que hicieron con Emilia. 

Emilia acudió a una clínica privada para continuar con su decisión de abortar. Ahí fue donde se dio cuenta del trato que había recibido en el sistema de salud público. 

“Mi decisión era no tener un hijo, pero ellos me hicieron ver el ultrasonido y eso hizo mucho más difícil atenerme a la decisión. Es súper doloroso hacerlo tan tangible. Yo no quería estar embarazada. Pensaba: ‘ya quiero que esto acabe’, y ellos: ‘escúchalo, velo, piénsalo, llévate una foto’. O sea, me dieron el ultrasonido para que lo guardara. Fue horrible”. 

De acuerdo con relatores de Derechos Humanos, este tipo de estrategias forman parte de mecanismos de manipulación y violencia psicológica equiparables a métodos de tortura. 

Daniela Reyes, acompañante de aborto en la colectiva Las Calafias, en Baja California Sur, explica que es normal que las mujeres sientan miedo y/o culpa al realizar un procedimiento de aborto, ya que persiste la creencia de que es doloroso y moralmente cuestionable. Por eso insiste en la importancia de que quienes acompañan a quienes desean abortar lo hagan desde el respeto, la honestidad y la sensibilidad. “Como acompañantes de aborto, tenemos que contrarrestar ese miedo con información”, dice Reyes.

Lamentablemente, en los centros antiaborto no suele ser así. De hecho, el equipo de IPAS LAC asegura que entre los servicios provistos en estos lugares está la reversión de la píldora abortiva a través de la administración de progesterona, un procedimiento que presentan como “seguro” pese a estar desaprobado por la Organización Mundial de la Salud. “Eso es muy peligroso porque no es un tratamiento médico avalado, ni confiable, ni ético. No hay suficiente investigación sobre los efectos o los riesgos que puede tener sobre las mujeres. Puede poner en riesgo su salud y su integridad”. 

¿Las falsas clínicas antiaborto se sostienen con dinero público?

Algo preocupante es que estos centros antiaborto han contado con la complicidad de centros médicos públicos. Por ejemplo, en 2018, en la misma Ciudad de México, Mariana quien prefiere mantener su anonimato, entonces de 16 años, acudió al Hospital General Ajusco Medio para realizar un aborto. Sin embargo, de ahí fue redirigida a un CAM donde lo primero que hicieron fue entregarle un folleto en el que se veía a una familia feliz.

“En cuanto vi que tenía una familia, con la mamá o el papá levantando al pequeñín, me dije: “¿por qué un folleto de aborto tendría una familia así?”. Me cuestionaba: “¿yo podría hacer así de feliz a alguien?”. Eso me movió mucho”. 

“Solo hacen que lo pases peor”, insiste Mariana. “Ni siquiera saben el contexto de la persona que está acudiendo a abortar, por qué está acudiendo a un lugar público. Lo único que conmigo fue que abortara a solas, sin compañía y sintiendo el peligro”. 

A Mariana nunca le hicieron una valoración médica. La marearon entre procedimientos largos en un cansado ir y venir del Hospital Público Ajusco Medio al Centro de Atención a la Mujer. Sin embargo, su experiencia pone de manifiesto la relación existente entre estos centros y organismos públicos.

Los centros antiaborto reciben gran parte de sus fondos de organizaciones extranjeras y donaciones privadas, provenientes fundamentalmente de sectores conservadores influyentes, como políticos y empresarios. Sin embargo, durante las últimas décadas, varios organismos y entidades públicas (estatales y federales) también han contribuido a su desarrollo económico. Esto es posible porque suelen estar constituidos como asociaciones civiles, lo que les permite recibir donativos federales, estatales y municipales, entre otras cosas. 

Por ejemplo: en 2003, durante el sexenio del panista Vicente Fox, la Secretaría de Salud asignó 30 millones de pesos para la construcción de diez CAMs, si bien un año más tarde una auditoría de seis grupos civiles revelaron el uso corrupto de dichos fondos por parte de Luis Alberto Pazos de la Torre, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y Jorge Serrano Limón, fundador de los CAMs y líder del Comité Nacional Pro-Vida, beneficiario de los fondos. 

Como resultado, en 2005 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Serrano Limón por 15 años y le impuso una sanción de más de 13 millones de pesos por el manejo irregular de fondos públicos destinados a los CAMs. Siete años después, en 2012, fue condenado por el desvío de casi dos millones y medio de pesos mexicanos provistos por el gobierno federal de Fox para equipar nueve CAMs con aparatos de ultrasonido y ecosonido.

VIFAC y sus dependencias, por su parte, recibieron más de 336 millones de pesos de donativos en efectivos entre 2009 y 2016, de acuerdo con una investigación de La Mala Fe. De ellos, cerca de 18 millones de pesos provenían de dependencias federales, gobiernos estatales y municipales. Sus principales donantes públicos incluyeron a dependencias federales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Pero también a gobiernos estatales como los del Estado de México -más de cuatro millones y medios de pesos mexicanos donados durante el mandato de Eruviel Ávila-, Nuevo León -dos millones 940 mil pesos mexicanos donados- y Baja California -un millón 228 mil pesos mexicanos donados, entre otros. 

Entre 2017 y 2023, VIFAC también recibió más de dos millones 200 mil pesos mexicanos provenientes de instancias estatales y municipales de León, de acuerdo con una investigación de Animal Político.

La relación entre el sector público mexicano y los centros anti-aborto no es solo económica. Investigaciones periodísticas tanto internacionales como nacionales han denunciado que instancias públicas como fiscalías, comisiones estatales de derechos humanos e incluso el sistema federal de bienestar familiar e infantil (DIF) han enviado a mujeres embarazadas a las instalaciones de VIFAC, incluidas algunas víctimas de violación. 

Funcionarios de estas dependencias han dicho que esto sucede cuando las mujeres quieren mantener el embarazo. No obstante, existen preocupaciones en el sector médico y de los derechos humanos de que estos organismos públicos, y otros, también envíen a los centros anti-aborto a mujeres que desean interrumpir su embarazo, incluidas menores de edad víctimas de violación, algo que ya ha sucedido, según una investigación de openDemocracy

Estas preocupaciones han cobrado fuerza desde 2018, cuando varias organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han investigado el tema con mayor profundidad. Pese a que más de una docena de estados mexicanos ya permiten la interrupción del embarazo hasta las doce semanas y a que desde finales de 2023 el aborto está legalmente protegido en todo el país, el entramado de las falsas clínicas de aborto, en realidad clínicas anti-aborto, que operan en Ciudad de México revelan una perturbadora realidad: que la legalidad no siempre les garantiza a las mujeres el poder acceder a un aborto seguro, gratuito y acompañado. 

***

Esta investigación fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

mm

México (1996). Periodista. Es curiosa y empatica. Es apasionada de la radio, a los 16 años tuvo la oportunidad de empezar a trabajar en ella y se enamoró, desde entonces no abandona una cabina, aunque sea desde diferentes espacios. Cree en la cultura como motor de cambio, en el arte, el feminismo, en las mujeres y en el amor. Adora bailar. Ha colaborado en la Secretaría de Cultura, Canal 11, MVS, Revista Imaginatta, Nexos, Malvestida.