La región pierde más de 220 mil millones de dólares anuales por corrupción. Por eso nace LatamLeaks, una plataforma para alertar y combatir la corrupción de la región.
La corrupción es uno de los fenómenos más nocivos que carga América Latina y el Caribe desde hace años. Según la organización Ciudadanía Inteligente, la región pierde más de 220 mil millones de dólares anuales por corrupción y malos manejos de los recursos públicos. Para ponerlo en perspectiva: es casi un tercio del PIB anual de un país como Argentina. Con esa cifra se podrían construir miles de hospitales, universidades, escuelas y un etcétera casi infinito, en toda la región.
Desde hace años, una forma particular de combatir la corrupción son las “alertas” o “filtraciones” de personas que trabajan en el servicio público. Las personas alertadoras (whistleblowers en inglés) son aquellas que tienen acceso a información o documentos que prueban o señalan hechos de corrupción o malos manejos y que deciden activa y anónimamente revelar esa información.
En Distintas Latitudes conversamos con Renata Ávila, directora de Ciudadanía Inteligente, sobre el reciente lanzamiento de LatamLeaks, una plataforma para unificar información, dar orientación e impulsar políticas públicas que protejan la labor de las personas alertadoras en la lucha contra la corrupción.
América Latina pierde más de 220 mil millones de dólares anuales por corrupción y malos manejos de los recursos públicos. ¿Las plataformas de leaking (filtraciones) como LatamLeaks pueden ayudar a combatir este delito?
Más que de combate a un delito en específico, estamos hablando de combatir una epidemia cultural, social e institucional. Y definitivamente que contribuye a esto. Más que el debate de dinero y política, yo estoy muy interesada en el combate de la corrupción institucional por medio del whistleblowing. Hay muchas situaciones que se revelan que no necesariamente son un delito en aislado, pero que, con el poder del big data, pueden sacar a luz patrones de comportamiento deliberados, diseñados para el debilitamiento institucional. O bien sistemas de opresión que parecieran inofensivos sin la información interna, de contexto, necesaria. Pienso, por ejemplo, en la tecnología que se utiliza para determinar el riesgo de fuga de una persona. Solamente con whistleblowers podríamos saber si esta tecnología tiene un sesgo que perjudica a un grupo vulnerable. O, por ejemplo, con temas relacionados con salud pública y medio ambiente. Las alertas tempranas que personas internas puedan elevar es fundamental. Ahora bien, también debemos evitar que el acto de alerta no se convierta en una herramienta para destruir oponentes políticos, una herramienta de lawfare.
Renata, sabemos que en América Latina existen diferentes plataformas de filtración de información y documentos de interés público como Mexicoleaks, Peruleaks y otros. En ese sentido, ¿cuál es la razón de la existencia de una plataforma regional como LatamLeaks? ¿Cuál es su principal diferenciador frente a las plataformas nacionales de leaking?
En la pasada década y media, gracias a la innovación de Julian Assange y WikiLeaks, se abrió una nueva era para el periodismo. Una era que combinaba el poder de la tecnología, concretamente con la tecnología de cifrado, con el periodismo de investigación. La posibilidad de una periodista de comunicarse de forma remota con sus fuentes de alerta presentaba ahora un potencial mayor: la habilidad de hacerlo de forma anónima y segura. El derecho a publicar también estaba entonces en un momento dorado: costos bajísimos y audiencias globales aún no tan mediadas por los algoritmos, con relativa autonomía. Más de diez años después tenemos prueba fehaciente que esto no basta: si solo se cuenta con la tecnología, pero no se está equipada con un marco de protección adecuado, que garantice que los periodistas no serán presionados por revelar sus fuentes, y que, de saberse la identidad, las alentadoras y alentadores no serán castigados de por vida, entonces se queda corta. Un ejemplo concreto de esto es la dureza con la que Estados Unidos, un país con una legislación incompleta de protección de whistleblowers, ha tratado a Chelsea Manning, sometiéndola por segunda vez a un proceso descrito como tortura. Es muy serio. Y aún más serio es que no exista una sociedad civil activada, enfurecida por el trato que se le da.
LatamLeaks aprovecha los avances tecnológicos de la pasada década para protección a whistleblowers, apuntando a los buzones que existen a nivel local. LatamLeaks es únicamente el punto de partida para la creación de una red de acción enfocada en:
- Políticas públicas para fomentar la alerta (whistleblowing) tanto en el sector público como en el privado.
- Una Ley Modelo de Protección e Incentivos a Whistleblowers que se adapte a la legislación latinoamericana y se alinee con el Pacto de San José.
- Una ciudadanía latinoamericana activa y apoyando a whistleblowers.
Buscamos ser un hub, ser el punto central de referencia que permita a las personas que deseen filtrar información no solamente saber cuáles son aquellas que cumplen con los estándares adecuados de seguridad, privacidad y solidez institucional, sino aprender que alertar es mucho más que solamente filtrar documentos. Y que un buen acto de alerta tiene detrás toda una comunidad de apoyo. No queremos que el alertar sea un acto solitario, sino que invitamos con LatamLeaks primero comprender y luego desarrollar el ecosistema que necesitamos para una adecuada protección de los alertadores y un efectivo impacto de la alerta.
Es por eso que no nos centramos únicamente en la plataforma tecnológica: hemos incluído investigación para respaldar buenas políticas públicas así como herramientas de comunicación para explicar mejor a la ciudadanía la importancia de alertar y cómo debemos apreciar y proteger a las personas que elevan alertas y a sus familias de posibles represalias, criminalizaciones o erosión de sus derechos fundamentales.
En el mundo se conocen ejemplos de whistleblowers famosos como Edward Snowden, Chelsea Manning y la labor de plataformas como WikiLeaks y activistas como Julian Assange. Se sabe que han enfrentado persecución política y han servido penas de cárcel, en el caso de Manning, o están actualmente detenidos, en el caso de Assange. ¿Cuál es la importancia de las personas alertadoras en el mundo actual? ¿A qué riesgos se enfrentan?
En tiempos donde hemos estado cerca de crisis nucleares, y donde los gobiernos más poderosos se consolidan en una forma de plutocracia global, necesitamos más que nunca aliados y testigos que puedan elevar las voces de alarma a tiempo. Sin embargo, la tortura brutal a la que están sometidos tanto Chelsea como Julian muestra nuestro fracaso para crear condiciones efectivas de protección a quienes elevan la alerta. Necesitamos todo un ecosistema de protección para éstos, que enfrentan desde riesgo de represalias menores hasta pérdida de trabajo y castigo social, y en los casos más graves, pagan con su vida, como hemos visto con los alertadores ambientales en la región.
Relacionado a la pregunta anterior. Según la legislación actual de los países de América Latina: ¿alertar de casos de corrupción filtrando documentos puede tener algún riesgo? ¿Qué se puede hacer para reducirlo?
Como vimos en el caso reciente de Glenn Greenwald, donde la Administración del Presidente Jair Bolsonaro lo amenazó, la mayor amenaza, además de crímenes específicos, es el lawfare (guerra jurídica) usado alrededor de los mismos para silenciarlos: se les acusa de delitos informáticos, por ejemplo. Figuras como la del testigo protegido o colaborador eficaz, que son distintas a los alertadores, han derivado un un revanchismo político en la región. Para reducirlo necesitamos leyes generales de protección que se traduzcan en políticas públicas y medidas del sector privado, que permitan a las personas alzar la voz sin miedo.
Regresando nuevamente a Latamleaks: ¿cómo se gestó esta iniciativa? ¿qué actores están participando?
La idea nace desde hace muchos años, de querer articular esfuerzos y dar un paso más: el de la política pública y la legislación, el de la educación ciudadana y la incidencia, pero el impulso esencial fue el momento de la firma de la “Declaración de Valencia” donde se sella un compromiso de fuertes actores para apoyarnos en el proceso, y de los cuales estaremos aprendiendo. De momento lideran la Fundación Ciudadanía Inteligente, Poder y la Fundación Baltasar Garzón, y nos apoyan los miembros del Whistleblower International Network, de donde destacto entre sus miembros a la Plataforma de Protección de Alertadores de África (PPLAF) en cuyo modelo también nos hemos inspirado.
Finalmente, Renata: sabemos que en México se lanzó recientemente el Sistema de Ciudadanos Alertadores, impulsado por la Secretaría de la Función Pública, y específicamente bajo la coordinación de Jesús Robles Maloof. Algunas organizaciones señalaron que este sistema no garantiza la protección de los alertadores, pues no existe una Ley General de Alertadores que los proteja. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es deseable que estas plataformas las opere el gobierno de manera directa? ¿O deberían ser iniciativas siempre independientes del gobierno y del poder político?
Es un inicio que vale la pena y un gesto bueno, el de la Secretaría de la Función Pública, a nivel experimental, y lo celebro. Pero necesitamos muchos otros elementos para una adecuada protección de alertadores y alertadoras, especialmente en un contexto tan violento como el de México, donde periodistas y defensores de derechos humanos están bajo constante riesgo.
Las iniciativas pueden ser diversas: sistemas de alerta interna desde el gobierno, sistemas de alerta interna desde las empresas y un robusto sistema externo que permita a periodistas, grupos de defensa al consumidor y activista también tener dichos sistemas al servicio de las personas. El mejor marco de protección actual es el de la Unión Europea, aunque pienso que en Latinoamérica podría instalarse un sistema híbrido que también adopte incentivos económicos cuando se pueda recuperar sumas importantes por las alertas.
El caso más interesante sigue siendo el de WikiLeaks con Cable Gate, que nos permitió ver de cerca la telaraña de corrupción que afecta a nuestro continente. No hay que olvidar todas las revelaciones de dicha filtración, especialmente si consideramos que ya arrancó la audiencia de extradición de Julian Assange. Ese caso será sin duda el que marque un antes y un después para el whistleblowing y merece toda nuestra atención para que lo avancemos.
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Ilustración de portada: Alma Ríos
