Foto: Daniel Duart/Plaza
Renata Ávila es una abanderada de los derechos digitales, la privacidad y la protección de los datos personales en un contexto en el que las grandes compañías de Silicon Valley (Facebook, Google, Twitter, entre otras) avanzan en el mercado mucho más rápido de lo que los Estados pueden regularlas; sobre todo en América Latina, región que está particularmente rezagada.
Ávila, una abogada guatemalteca, dimensiona bien este panorama, cuenta, con más de 10 años de experiencia en el ecosistema de los derechos digitales y los derechos humanos; y actualmente está lista para incidir en este entorno desde la dirección de la Fundación Ciudadano Inteligente, organización que impulsa tecnologías cívicas en diferentes países latinoamericanos, puesto al que llegó hace un par de semanas.
Distintas Latitudes conversó con ella para conocer el sello particular que desea imprimir a la organización que ahora dirige, así como sus perspectivas sobre los derechos digitales en América Latina. Para Ávila, quien dejó atrás un puesto senior en la World Web Foundation, uno de los aspectos fundamentales es ampliar el concepto de ciudadanía más allá de la capacidad de voto, para atender las sociedades latinoamericanas de forma integral.
¿Cómo se vincula su trayectoria profesional en temas como protección de datos personales y privacidad con su llegada a Ciudadano Inteligente?
Como punto de partida he de decir que Ciudadano Inteligente siempre fue y es hasta la fecha la organización que combina justamente todos estos factores, y que empezó partiendo de la visión de que teníamos que usar las herramientas de este siglo para enfrentar los problemas de este siglo. Y desde hace 10 años ha incorporado la tecnología sin perder como centro a las personas, como parte de las herramientas que hacen su gestión más ágil, más dinámica, más cercana a los jóvenes y más eficiente, más innovadora.
Creo que una de las cosas de las que la tecnología adolece alrededor del mundo, pero que no la perdemos de vista acá y que es parte de la firma que quiero dejar en mi trabajo y en mi paso por Ciudadano Inteligente, es la mirada crítica hacia la tecnología, y poner al centro del examen de la situación de la ciudadanía y la democracia alrededor del mundo, poner bajo test si la tecnología apolítica, sin consideraciones éticas, sin consideraciones de derechos humanos realmente está fortaleciendo la democracia, está fortaleciendo los procesos políticos, o si, al contrario, los está afectando.
Considero que tener una formación tanto en derechos humanos, como en derecho internacional, como el conocimiento de la primera generación de tecnología, de la web abierta que teníamos al inicio, me equipan con las herramientas necesarias para tanto aprovechar la tecnología de la mejor manera para fortalecer las democracias en Latinoamérica, como para estar alerta y dar una mirada crítica a esas tecnologías que vienen de afuera y esas nuevas transformaciones sociales que no necesariamente están fortaleciendo la democracia, sino al contrario, están incrementando la polarización y están haciendo que la voz ciudadana desaparezca de las redes, al ser capturada por bots y todos esos nuevos fenómenos que estamos viendo.
¿Ha pensando en algunos proyectos o iniciativas puntuales que le gustaría poner sobre la mesa?
Una de las cuestiones más importantes para mí es expandir el concepto de ciudadanía. Creo que el continente está atravesando momentos muy difíciles —que no es la primera vez— para muchos países que nunca han sido receptores de nuevos ciudadanos, de migrantes concretamente. Y tenemos un concepto de ciudadanía muy limitado, muy retrógrado, por decirlo así. Que ciudadano es aquel que tiene los papeles en orden, que tiene un documento y que puede votar.
Si reducimos ciudadanía al voto y si reducimos los ciudadanos a aquellos mayores de edad que van y votan, entonces perdemos muchas voces importantes para nuestra sociedad. Por lo tanto, quiero que en esta gestión todo el equipo de Ciudadano Inteligente y que todas las organizaciones con las que trabajemos nos pongamos como reto expandir y crear espacios para esas nuevas voces: para los migrantes, para los niños, para otras expresiones ciudadanas que no encuentran espacio en las urnas.
El segundo reto es invertir muchísimo tiempo, esfuerzos, recursos en innovar. Quiero que las innovaciones tecnológicas, siempre desde una mirada crítica, y partiendo de principios de privacidad y de empoderamiento a ciudadanos con sus datos, quiero que tengamos las innovaciones más interesantes para fortalecer la democracia que se propongan desde el sur.
¿Cómo observa el estado de la protección y privacidad de los datos en América Latina, en materia de regulaciones?
Algo de lo que nuestro sistema de la sociedad civil adolece, que lo estaba conversando con otras colegas, es que el espacio de defensa de los derechos digitales y el espacio de defensa de los derechos fundamentales ha estado completamente divorciado y separado del espacio de la tecnología cívica en la mayoría de los casos. Entonces, encontramos un montón de malas prácticas: plataformas que no están diseñadas considerando la privacidad como principio de diseño, con sistemas que requieren para poder participar y decir lo que uno piensa, dar nombre, apellido. Y del otro lado de la plataforma, no necesariamente las mejores prácticas para proteger los datos de las personas que están participando.
Entiendo que viene de las carencias de la sociedad civil, que siempre tiene poco tiempo, poca plata, pocos apoyos para dar marcha a estos proyectos. Pero creo que mi gestión aquí me da la oportunidad de ser un puente entre esos dos espacios, y poder realmente implementar buenas prácticas en toda la sociedad civil para ese tipo de cuestiones.
Antes la amenaza era menos visible. Ahora, no hay un solo país en Latinoamérica donde el gobierno no esté usando intensamente tecnologías de vigilancia, y donde el sector privado no esté explotando los perfiles de las personas.
Nos va a meter un acelerón a todos los países que somos socios de la Unión Europea, porque todos van a tener que adaptar su legislación a la directiva general de protección de datos personales que se acaba de aprobar allá, que entró en vigencia el 25 de mayo. Entonces, en esos términos es muy positivo para Latinoamérica ese tipo de alianzas, porque va a obligar a países que no consideraban la privacidad como una parte central de su agenda legislativa a ponerse al día.
Sin embargo, en todos los demás países que quedan por fuera, no hay realmente una cultura fuerte de protección de la privacidad y de los datos personales, y aunque hay legislación en muchos países, está por verse realmente un país de Latinoamérica que se tome en serio la protección de los datos, y sancione a quienes incumplen la legislación. Hay leyes, pero no hay dientes para ejecutarlas.
Ante estos retos que menciona, ¿qué considera usted que se podría hacer desde sociedad civil?
En principio, aplicar lo que queremos ver en el mundo desde la casa. Me pasa un poquito como con las leyes laborales, que muchas veces abogamos por trabajo justo y dentro de las organizaciones muchas veces ni siquiera se cumplen con los mínimos.
Vamos a abogar por mejores leyes de privacidad y protección de los datos personales. Tenemos que dar una mirada hacia dentro, y hacer una revisión de todas nuestras prácticas y mejorar en colaboración estrecha con espacios que saben mejor cómo hacerlo. Mejorar todas nuestras prácticas en nuestras bases de datos, para los boletines de noticias, cómo guardamos esos datos, los cuales muchas veces son sensibles. Muchas veces las organizaciones de derechos humanos cuentan con listados de víctimas, cuestiones muy sensibles y tienen pésima higiene digital.
Yo siempre he criticado esto desde distintos espacios, porque considero que cuando un defensor de derechos humanos tiene pésimas prácticas digitales es como un cirujano operando con las manos sucias, porque ponemos en riesgos reales a muchas personas con las que trabajamos. Es un temas que tiene que ir a los primeros números de las listas de prioridades de sociedad civil.
¿Cómo fueron los acercamientos y vinculación para llegar a la dirección de Ciudadano Inteligente?
Fue un proceso abierto, una convocatoria abierta. A mí me llamó la atención. Estaba haciendo un trabajo muy interesante en la Web Foundation. Los últimos dos proyectos que trabajé ahí fueron: uno para intentar hacer el algoritmo en reversa de Facebook; es decir, entender cómo Facebook distribuye las noticias, y lo hice en Argentina. Y el segundo proyecto fue un análisis del uso de datos para las elecciones de México.
Estos dos proyectos me acercaron de nuevo a Latinoamérica, y me di cuenta que la situación de las democracias de la región estaba atravesando una seria crisis, y consideré que mi experiencia de 10 años tanto en temas de derechos humanos como en temas de transparencia, de tecnología podría aportar muchísimo a la región. Y aunque estaba muy cómoda sinceramente y muy feliz en mi ubicación anterior, y en mi trabajo anterior, decidí probar y darme el reto de devolver un poco todo lo que sé y todo lo que he aprendido a una nueva generación de líderes, que es mi equipo con el que trabajo en la Fundación Ciudadano Inteligente, y tratar de apoyar los procesos que se están dando en toda la región.
¿Cómo han sido esos primeros días de llegar, acoplarse?
Es un reto muy interesante porque somos dos oficinas, una en Río de Janeiro y una en Santiago, y es un equipo bastante diverso. Ahora, con la Escuela de Incidencia de la Fundación, tenemos una red de más o menos 200 activistas formados por la Escuela que están listos para hacer algo, más juntos.
Ha sido un proceso bueno y eficiente, donde estamos todos pensando cómo esta plataforma y cómo este espacio puede convertirse en uno de propuesta y de articulación en agenda positiva en las cuestiones que más importan a la ciudadanía.
En diferentes espacios usted ha mencionado la necesidad de regular lo que hacen las grandes corporaciones que manejan información, como Facebook, ¿piensa llevar adelante alguna iniciativa en este sentido desde su nueva posición?
Creo que está en planes. Falta ver qué proyectos a nuestros donantes le interesan, porque no es solo lo que nos interesa a nosotros. Una de las cuestiones que estoy estudiando muy detenidamente, que a mí me interesa muchísimo, es cómo protegemos los procesos electorales, cómo protegemos al menos el período de las elecciones de la influencia de las grandes compañías de Silicon Valley.
Cómo podemos hacer que ningún partido político se aproveche injustamente y explote los datos de los votantes para manipular la votación. Cómo podemos hacer que las reglas se actualicen y se adapten a nuestro tiempo. Así como regulaban antes el tiempo de televisión abierta, el tiempo en radio, el espacio en periódicos, podamos adaptarnos a la problemática de este siglo para mantener las elecciones justas, y también para mantener la voz ciudadana, transmitida a través del Internet, legítima. Porque lo que hemos visto es que hay una gran crisis en todo el mundo, y Latinoamérica no es excepción, hay una gran crisis de credibilidad y de confianza de lo que vemos en línea. Y al mismo tiempo hay una gran explotación de los datos de los votantes para engañar, para manipular, para tratar de persuadir utilizando métodos poco éticos.
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