Dos años y cinco meses después del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrido en instalaciones de la UNAM, en México, el responsable fue declarado culpable y fue sentenciado a 45 años de prisión. El proceso no fue sencillo para la familia de la joven de 22 años y puso en evidencia omisiones y negligencias de las instituciones de justicia mexicanas. Revisar esta historia permite abordar preguntas que pueden ser relevantes para otros casos no solo en este país sino en América Latina.


El receso está por terminar. Son casi las 14:30 horas del 11 de octubre de 2019. En las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia ubicado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, hay rostros expectantes. En breve se conocerá el fallo sobre el caso #JusticiaParaLesvy. Lo que determinen los jueces será un referente ante la problemática del feminicidio en la ciudad y el país. 

Araceli Osorio y Lesvy Rivera, madre y padre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, se toman de la mano. En la Sala 1 del Tribunal están presentes, además del acusado y su defensa, representantes del Ministerio Público, las abogadas de la Asesoría Jurídica de la familia de Lesvy, periodistas y público (en su mayoría mujeres de colectivas que han exigido justicia para la joven). 

Los minutos transcurren hasta que el relator del tribunal pronuncia:

—Le asiste la razón a la Fiscalía y a la Asesoría Jurídica […] se cometió asfixia por ahorcamiento […] se desplegó [contra Lesvy] el grado más extremo de violencia de género que es la violencia feminicida.

Sí. El tribunal conformado por los jueces José Juan Pérez Soto, Adolfo Rodríguez Campo y Octavio Reyes descarta la tesis de la defensa de Jorge Luis González Hernández que afirmaba que Lesvy se suicidó. 

“No fue suicidio, fue feminicidio”, dijo en repetidas ocasiones la madre de Lesvy. Dos años y cinco meses después de que el cuerpo de su hija fue encontrado “semisuspendido de un auricular de una caseta telefónica en un pasillo conocido como Camino Verde, del Instituto de Ingeniería en el campus Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México”, el tribunal le da la razón.

La audiencia sigue su curso. El juez principal dice a la madre y al padre de Lesvy que pueden expresar o hacer una solicitud si así lo desean conveniente. Araceli toma el micrófono frente a ella y dice que el fallo que se acaba de dar a conocer es un “ejemplo de justicia no solo para Lesvy, sino para todas las mujeres que nos han arrebatado”.

En su turno, Jorge Luis no hace ninguna solicitud. La audiencia concluye. Mientras se desaloja la sala se escucha el grito “¡Púdrete, Jorge Luis!”, quien lo ha emitido es el tío de Lesvy. 

“Fue declarado culpable”, dicen las jóvenes que ingresaron como público. Algunas se abrazan. Periodistas rodean a Araceli y Lesvy papá a la salida del tribunal. Poco a poco ambos se acercan al campamento instalado afuera del reclusorio por las jóvenes que les han estado acompañando durante las audiencias.

“¡No fue suicidio, fue feminicidio!”, se escucha en repetidas ocasiones. 

Grupo de acompañamiento a la familia de Lesvy tras el fallo del 11 de octubre de 2019.

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El feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio ocurrió la madrugada del 3 de mayo de 2017. Para esa fecha habían transcurrido aproximadamente cuatro meses del inicio de su noviazgo con Jorge Luis González Hernández. Ella tenía 22 años, él 29. Ella tenía proyectos para sus estudios; él se desempeñaba como trabajador de intendencia de la UNAM. 

Se conocieron por un amigo en común. Lesvy y Jorge Luis decidieron vivir juntos “prácticamente desde el inicio de la relación”. Sin embargo, pronto comenzaron a notarse cambios en Lesvy, quien había decidido independizarse desde los 17 años y cuyo proyecto de vida incluía estudiar la carrera de Letras Modernas en la UNAM. Lesvy estaba interesada en el aprendizaje de múltiples idiomas y en la música. Era parte de la Estudiantina Femenil de la misma universidad.

De esos cambios se dio cuenta durante el juicio contra Jorge Luis —que implicó once audiencias y la comparecencia de 50 testimonios [testigos y peritos] entre septiembre y octubre de este 2019—. Ante el tribunal se expuso cómo debido a esta relación Lesvy fue perdiendo comunicación con sus amigas, con Araceli Osorio— su madre, una trabajadora de la UNAM— y con su padre Lesvy Rivera, refugiado hondureño. 

Amistades de Lesvy refirieron de qué manera Jorge Luis tomó control de la relación, a grado tal que no dejaba interactuar a Lesvy con otras personas. “Nos espiaba”, declaró una de ellas. Otro dato dado a conocer fue que Jorge Luis tenía acceso a las cuentas en redes sociales de la joven. Un elemento más fue que él impedía la libre movilidad de ella; él tenía el único juego de llaves del lugar en que vivían antes del feminicidio.

De acuerdo con un peritaje en psicología social presentado por la Asesoría Jurídica de la familia de Lesvy durante el juicio, la joven tenía el Síndrome de Indefensión Aprendida; esto hizo que justificara la violencia emocional, económica y física a que estaba siendo sometida. En las audiencias también se describieron escenas en las que Jorge Luis agredió físicamente a Lesvy [con cabezazos] y cómo en un momento, durante una discusión, amagó con quitarse la vida si ella lo dejaba. 

Otro peritaje sobre el contexto de violencia sociocultural en que estuvo inmersa Lesvy sostuvo cómo “el aislamiento se volvió un factor de dominación, [en] un riesgo para que Lesvy fuera víctima”. 

“Lesvy fue asesinada por violencia feminicida íntima, ejercida por su pareja”, indicó el peritaje de María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, quien en comparecencia en el juicio señaló el papel que tiene el consumo de alcohol y otras sustancias en este tipo de crímenes. Jorge Luis estuvo 6 veces en un anexo —centros de tratamiento para tratar adicciones— cuyo método y desempeño ha sido cuestionado en diversas ocasiones

La Asesoría Jurídica de la familia de Lesvy presentó estos testimonios y peritajes —incluyendo otros elaborados desde la antropología y la sociología— para mostrar el continuum de violencia que vivió la joven y que culminó con su feminicidio. 

Justo ese marco fue recuperado por el tribunal al emitir el fallo contra Jorge Luis. “Somos conscientes de la violencia de género que vive el país”, dijo el relator el 11 de octubre y señaló que para el fallo tomaron en cuenta tres aspectos fundamentales: 1) La relación (el índole de la relación de noviazgo que tenían Lesvy y Jorge Luis); 2) Las razones de género (el contexto de violencia física, emocional y económica que vivió la joven), y 3) La privación de la vida (Lesvy murió de asfixia por estrangulamiento).

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La violencia feminicida es: “La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social  y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, según consta en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en México desde 2007.

La violencia feminicida es uno de los problemas más complejos que enfrentan mujeres de distintos lugares del mundo. Se ha agudizado en México —como lo muestra el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, firmado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de la Mujeres y ONU Mujeres—. Esto ocurre también en otros países de América Latina. 

De acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a través de su Observatorio de Igualdad de Género, en 14 países de América Latina y el Caribe “al menos 2.081 mujeres han sido víctimas de feminicidio o femicidio en 2018”. Según este Observatorio, entre 2017 y 2018 los países con mayores tasas de feminicidio en la región son El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y la República Dominicana. 

En los últimos 5 años, sobre todo, esta problemática se ha denunciado en las calles de México y otros países de la región. El alto a los feminicidios [también llamados femicidios] es, junto con la exigencia de la despenalización del aborto, uno de los temas centrales de las colectivas feministas en el continente.

Atender la violencia feminicida implica la movilización social y otras aristas que tienen que ver, por ejemplo, con su tipificación y la sistematización del número de casos: “lo que en un estado [en México] puede ser considerado un ‘feminicidio’, en otro puede no serlo. Si, además de las definiciones legales, prestamos atención a la manera en la que las fiscalías y procuradurías están clasificando a los asesinatos de mujeres, veremos que el panorama es igual –o incluso más– complejo. Además de la variabilidad legal entre las definiciones de ‘feminicidio’, la realidad es que los datos disponibles sobre los homicidios ni siquiera permitirían hacer una clasificación certera sobre cuáles son o no feminicidios”, se señala en el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, realizado por el equipo de Data Cívica y del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, con apoyo de Open Society Foundations.

No solo eso, otro aspecto fundamental es el cómo trata el sistema de procuración de justicia los casos. A este respecto, cabe recordar que en América Latina se han adoptado dos convenciones internacionales para proteger los derechos de las mujeres: 1) La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de 1979, y 2) La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), aprobada en 1994 por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En 2006, Marcela Lagarde, académica y activista feminista mexicana, decidió utilizar el término “feminicidio”, un neologismo de un vocablo politizado y reutilizado -data del 1801- por la escritora y activista Diane Russell en los 70, para “añadir un elemento de impunidad, de violencia institucional y falta de diligencia en América Latina respecto a las mujeres”, como consigna el documento El feminicidio en América Latina: ¿vacío legal o déficit del Estado de derecho? publicado en Revista CIDOB d’Afers Internacionals en 2017.

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—Pido justicia por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, Lesvy Berlín Rivera Osorio, Lesvy Berlín Rivera Osorio.

Araceli ha nombrado tres veces a su hija en la sexta audiencia del juicio contra Jorge Luis González Hernández. Es el 19 de septiembre de 2019 y Araceli comparece ante el tribunal. Responde a las preguntas del Ministerio Público y la Asesoría Jurídica. La defensa de Jorge Luis no elabora ningún cuestionamiento.

Araceli, una mujer delgada, morena, de cabello negro, largo y ondulado, ofrece detalles sobre cómo se enteró de la desaparición de Lesvy y de cómo identificó el cuerpo de su hija. “Lo primero que vi fueron unos tenis que le compré a mi hija por su cumpleaños”, dice.

El relato de Araceli se torna difícil. Araceli ha hablado desde mayo de 2017 en entrevistas, marchas, mitines y otras acciones para exigir justicia por el crimen contra su hija con una voz fuerte. Esta vez el llanto corta sus palabras. Pide un receso. 

Tras la pausa para repornerse, Araceli sigue. Expone el proyecto de vida de su única hija. Habla de cómo vio cambiar no solo su actitud sino su físico. Narra cómo fue la presencia de Jorge Luis en el velorio. “Jorge nunca lloró”, afirma. 

Araceli declara que ella y Lesvy habían acordado verse el 4 de mayo de 2017. Ella piensa que Lesvy le hablaría de la situación de violencia que vivía. “Yo hubiera enfrentado a Jorge Luis”, asegura.

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Altar para recordar a Lesvy un año despues de su feminicidio.

Araceli Osorio tras el fallo del tribunal. 11 de octubre de 2019.

El feminicidio de Lesvy cobró relevancia mediática por haber ocurrido dentro de las instalaciones de la UNAM, un “espacio público” y “patrimonio cultural de la humanidad”, declarado así desde 2007.  La noticia se divulgó a través de redes sociales como un rumor en las primeras horas del 3 de mayo de 2017. Conforme transcurrió el tiempo, la información empezó a aparecer. 

En los días posteriores al crimen, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), avaló la versión del suicidio de la joven. Pronto la familia de Lesvy, acompañada de estudiantes, colectivas y activistas, exigió que se investigara su muerte como feminicidio, tal como indica el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio, vigente desde 2011. 

También se exigió no criminalizar ni estigmatizar a Lesvy, la Procuraduría había revictimizado a la joven y había expuesto datos de su vida personal. En respuesta, a través de Twitter, distintas mujeres impulsaron la campaña #SiMeMatan. La propia Araceli, mamá de Lesvy, declaró en una de las primeras movilizaciones para exigir justicia para su hija: 

“Mi hija estaba en el CCH-Sur; por decisión propia ella optó por dejar un momento la escuela para dedicarse a trabajar. Se separó de nosotros para vivir con su compañero, eso no la estigmatiza ni la convierte en un ser despreciable como pareciera que la quieren hacer parecer […] Ella estaba estudiando idiomas […] No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta como se quiere hacer creer. Y, precisamente, si nosotros no habíamos manifestado nuestra inconformidad es porque estábamos en un proceso tratando de entender qué es lo que estaba pasando, quien ha sufrido esto sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Y yo lo que sí quiero recalcar es que no es posible que se siga cometiendo este tipo de abusos por parte de las autoridades, donde las mujeres siempre tenemos la culpa de lo que nos pasa, de nuestra realidad”.

Fue hasta octubre de 2017, seis meses después del crimen, que éste fue reclasificado como feminicidio. La investigación tuvo otras deficiencias de origen y sus implicaciones fueron puestas en evidencia el 2 de mayo de 2018, un año después de los hechos, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 1/2018 en la que hizo constar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) actuaron de manera negligente y violaron el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso. 

Debido a esta recomendación, la Procuraduría y el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo) tuvieron que pedir disculpas públicas a la familia de Lesvy. Estas se presentaron en mayo de este 2019.

La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local también sirvió como parte de la estrategia de la Asesoría Jurídica de la familia de Lesvy, a cargo de las abogadas Sayuri Herrera y Ana Yeli Pérez, en el juicio contra Jorge Luis.

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El mal proceder de las autoridades policiacas y el poder judicial ante casos de feminicidio y asesinatos de mujeres no es una excepción en México. En Argentina, por ejemplo, se volvió emblemático en 2011 el papel de la policía ante el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años. “El mal accionar de la Bonaerense y del poder judicial fue de tal magnitud que el Senado de la Provincia de Buenos Aires por unanimidad creó una comisión especial para investigar el caso Candela Rodríguez y realizar un informe”, escribió la abogada feminista Sabrina Cartabia en Anfibia.

Otro caso: Vanessa Landinez fue asesinada en octubre de 2013. Todo ocurrió en la ciudad de Ambato, en Ecuador. Vanessa había salido a un bar, era una mujer de 37 años. Estos elementos sirvieron para que autoridades y medios de comunicación echaran a andar una narrativa que la hizo ver como “merecedora de su crimen porque salió a una fiesta”. La cobertura reflejó “prejuicios machistas en la sociedad”, apuntó el sitio GK en un contenido especial a cinco años del asesinato. 

Al igual que la familia de Lesvy, la familia de Vanessa inició un largo camino para que el caso fuera investigado. Impulsaron la plataforma JusticiaParaVanessa. En mayo de 2018, tras un complejo proceso, el feminicida de Vanessa fue sentenciado

Este caso “cuestionó la justicia penal; se logró una reparación de los medios de comunicación, se tuvieron que disculpar”, me comentó en entrevista la académica y escritora Cristina Burneo, quien siguió de cerca el proceso. 

Precisamente por la experiencia de Burneo en este caso, que también es parte del movimiento de Mujeres de Ecuador, es que pedí a ella sus apreciaciones sobre lo ocurrido con Lesvy.

“Sí, lamentablemente yo supe del caso de Lesvy, creo que la vocación internacionalista de los feminismos también hace que estemos conectadas de modos muy particulares hoy […] sabemos que en nuestros países que un feminicidio produce profundas y múltiples resonancias en todas nosotras. Mucho más allá de las fronteras nacionales está la experiencia de las mujeres, y es una experiencia común”, apunta Burneo en una nota de voz.

Y sigue: “Lo que me llamó mucho la atención del caso de Lesvy fue la declaración de suicidio [al inicio de la investigación del caso], es un tema que me interesa mucho, históricamente se ha visto como una forma de ilustrar, cuando se trata de suicidios de verdad, de la no racionalidad de las mujeres, en los hombres se ve como acto soberano y de genio […] la imagen del suicidio de las mujeres es instrumentalizada para esconder feminicidas, si los medios narran o se subordinan a la versión del suicidio de Lesvy están perpetuando un orden que es mortal para nosotras porque están diciendo que a nosotras no nos asesinan, que nos suicidamos por alguna razón”.

Cristina explica que el lenguaje del feminicidio, trabajarlo, “nos ha permitido decir que no nos suicidamos, no son crímenes pasionales”.

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Casos de feminicidio como los de Lesvy Berlín Rivera Osorio y Vanessa Ladinez  —que llegaron a un juicio y pusieron en evidencia a las instituciones del Estado y a medios de comunicación— permiten abordar preguntas como: ¿Por qué es relevante la perspectiva de género en el poder judicial? ¿Por qué importa que los casos de feminicidio lleguen a juicio? 

Para mantener el diálogo entre ambos casos ocurridos en México y Ecuador, formulé ambas preguntas a dos mujeres, Faviola Esquivel, abogada mexicana especializada en temas de género y violencia contra las mujeres y Cristina Burneo.

“Para hablar de por qué es relevante la perspectiva de género en el poder judicial primero debemos reconocer que el sistema de justicia no es justo, ya que ha reproducido estereotipos de género, clase, etnia […] Impartir justicia es también reproducir un orden. Y ese orden es patriarcal en todos los sentidos. El sistema de justicia tiene varios actores: la ley misma que también es patriarcal, los operadores legales (jueces, agentes de investigación, peritos, abogados). Lo que ha hecho la perspectiva de género es identificar esas desigualdades en todo el sistema de justicia, desde la elaboración de las leyes mismas hasta la aplicación de éstas, con la finalidad, no tan clara aún, de erradicar o disminuir dichos tratos desiguales”, apunta Faviola Esquivel. 

Cristina Burneo dice: “[…] Los fundamentos del derecho son androcéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que privilegian un modelo y una existencia, que es la del hombre […] La perspectiva de género le obliga al derecho a observar la existencia concreta de las mujeres, de la población LGBTI+, de las desobediencias sexuales, porque sufrimos otras violencias. Y justamente una perspectiva es un modo de mirar, es, como lo dijo Marcela Lagarde hace muchísimos años, una mirada diseñada por las mujeres para constatar un daño y, a partir de ese daño, repararnos, y tenemos que usar la justicia que hay para eso. Entonces, lo que hace una perspectiva de género es empujar, interpelar las nociones fundantes de justicia en pos de la diversificación de sus reglamentos, de la actualización de sus marcos jurídicos… todo eso tendría que construir en principio, solo en principio, justicia de género”.

¿Por qué es importante que los casos de feminicidio lleguen a juicio?, es la otra pregunta: 

“Los feminicidios, como expresión de la violencia extrema hacia las mujeres en nuestro tiempo, deben ser erradicados, y la impartición de justicia dentro del sistema es solo uno de las posibilidades para hacerlo. Por ello es importante que, primero, el asesinato violento de las mujeres, incluidas las mujeres trans, sea considerado como feminicidio, posteriormente, sea investigado como tal aplicando los protocolos correspondientes para su investigación y acreditación. Debo de decir que estos instrumentos aún están en una incipiente etapa de elaboración y aplicación”, comenta Esquivel.

Burneo señala: “Es importante que lleguen a juicio porque es la justicia que tenemos.[…] Hacen visible la violencia contra nosotras a través de lo jurídico, ahí hay una tensión importante, la justicia para las mujeres no puede agotarse en lo jurídico ni en la justicia penal, personalmente pienso que la justicia penal no es una que sirve a la reparación integral de la vida y del daño a los familiares [abuelos, padres, madres, hermanas, primas, compañeras, parejas] y sin embargo, es la justicia que tenemos. […] Sabemos que esa justicia es insuficiente y exigimos otra que no se limite al punitivismo, que no alimente el sistema carcelario, que no diga que la única reparación que puede tener la memoria de una mujer asesinada, su familia, es la cárcel al feminicida. Otra tiene que ser la justicia, y estos casos tienen que llegar a juicio porque tienen que hacer visible un relato que hemos construído de nuestro daño, no para quedarnos en él sino para construir nuestras formas de emancipación. Y una forma de emancipación para las mujeres en México, en Ecuador, en todos lados, es hacer que dejen de matarnos”.

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—Esto es lo que pasa cuando nos escuchan […] Jorge Luis González Hernández privó de la vida a Lesvy Berlín. […] No nos merecemos que nos las arrebaten.

Las palabras las pronuncia Araceli, mamá de Lesvy. Es 11 de octubre de 2019. El tribunal ha declarado culpable al feminicida de su hija. Araceli habla afuera del Reclusorio Oriente. Le acompañan otras madres de víctimas de feminicidio, entre ellas está Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, una mujer que logró llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de México.

Están ahí poco más de 30 jóvenes integrantes de colectivas que conformaron un grupo de acompañamiento que acudió al reclusorio todos los días de audiencias del juicio. Algunas hicieron crónicas de las audiencias. Otras más bordaron una manta con la silueta de Lesvy: en la manta Lesvy está rodeada de flores y viste el traje de la Estudiantina a la que pertenecía. 

Pasados los minutos, el grupo de mujeres, que porta playeras moradas con la imagen de la joven de 22 años, se va quedando solo. No hay más reporteras, reporteros. No más cámaras de televisión. El grupo se acomoda en torno a Araceli y Lesvy papá. Gritan: “¡Justicia, justicia!”.

Araceli habla con distintas personas. En un momento se acerca a Irinea Buendía. El camino de ambas, su búsqueda y exigencia de justicia ha sentado precedentes históricos en la lucha contra la violencia feminicida en México. 

Justicia para Lesvy

Lo pendiente

El 24 de octubre de este 2019 se leyó la sentencia formal contra Jorge Luis González Hernández por el feminicidio agravado de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ésta quedó así: 45 años en prisión y una multa de 377 mil pesos.

Aunque la familia de Lesvy pidió la pena máxima, de 60 años, ésta no se dictó así porque, de acuerdo al tribunal, “la gravedad de la conducta no ameritaba tal pena”, y la establecida le permitirá “la reinserción social”.

La familia de Lesvy a través de su Asesoría Jurídica ha interpuesto una apelación, porque además, señalan, no se consideraron medidas de reparación del daño, como un memorial para Lesvy en la UNAM.

En dicha apelación también se argumenta que «es necesario garantizar la reparación por daño psicológico y moral [de la familia de Lesvy]», me dice en una breve charla la abogada Sayuri Herrera. Y agrega que la mentira de Jorge [sobre cómo murió la joven] «también lastimó su dignidad y su memoria».

La defensa de Jorge Luis también apeló. Y la Asesoría Jurídica de la familia de Lesvy entregará una respuesta a ésta a más tardar este 15 de noviembre.

Después, lo que sigue es que se determine qué sala penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá el caso, una vez definido esto, habrá otra audiencia pública de apelación, la cual podría darse en enero de 2020.

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Fotografías: Lizbeth Hernández
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Lizbeth Hernández

Digo que soy promotora de la cumbia, el perreo y el flow antes que detallar mi CV porque me prefiero la noción del movimiento: ese que me hace disfrutar mi identidad lésbica; que me alienta a descubrir calles, personas e historias de América Latina; ese que me hace bailar entre proyectos como Kaja Negra y Distintas Latitudes y trabajos freelance: como editora, investigadora y fotógrafa. Me gusta cómo el movimiento, la inquietud, me impulsa a crear redes (sobre todo con mujeres). El ritmo también es transformación.

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