Dentro de las mesas de negociación de la COP27 faltaron las voces de las mujeres, en especial de aquellas provenientes de comunidades indígenas.
Portada: Rocío Rojas
“Ha sido muy difícil estar en estos espacios, pero gracias a nuestras capacidades pocas mujeres hemos tenido la oportunidad de debatir”, menciona Jessica Grefa desde la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP27) en Egipto.
Jessica es una joven Kichwa (descendiente de los pueblos indígenas u originarios), del cantón Santa Clara en la Amazonía del Ecuador. Allí forma parte de Piatúa Resiste, un colectivo que protege el río Piatúa, la biodiversidad, tradiciones y cultura de su comunidad.
La COP27, que se realizó en noviembre pasado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, reunió a aproximadamente 100 jefes de estado para definir los acuerdos que cada país debe cumplir en los próximos años para combatir el cambio climático. Sin embargo, dentro de las mesas de negociación faltaron las voces de las mujeres, y en especial de aquellas provenientes de comunidades indígenas.
Jessica pudo participar en la COP27 gracias al financiamiento de una organización estadounidense que apoya a las comunidades indígenas y personas LGBT. Su activismo en Piatúa Resiste le permitió formar parte del panel de Mujeres y Cambio Climático, donde visibilizó las principales demandas de su pueblo.
Relata que el impulso para salir del cantón Santa Clara, cruzar el Atlántico y llegar hasta Egipto fue evidenciar las injusticias climáticas que suceden en su territorio, además de denunciar el peligro que corren quienes se oponen a los proyectos extractivistas. Sin embargo, al llegar a la COP encontró más de una barrera. “La realidad acá es otra”, dice. “No poder transmitir nuestros mensajes en nuestro propio idioma es muy difícil. Si no sabes inglés no puedes comunicarte”.
Pese a que el quechua (kichwa shimi) es el segundo idioma más hablado de Ecuador y la lengua materna de más de medio millón de personas, en contextos como la COP es necesario dominar el inglés y el español. Esto dificulta las posibilidades de transmitir sus exigencias y demandas a la sociedad civil, especialmente en eventos internacionales.
Sydney Males Muenala, Kichwa Warmi (mujer de los pueblos indígenas u originarios) de la comunidad de Otavalo, en la Sierra ecuatoriana, identifica otras barreras que tienen las mujeres indígenas para acceder a espacios de negociación como la COP.
Por un lado, están los retos preexistentes en sus propias comunidades, donde han sido replegadas a los cuidados del hogar. Por otro, Jessica asegura que el financiamiento de organizaciones, fundaciones y organismos internacionales ha sido fundamental ante la ausencia del Estado ecuatoriano.
Añade que ella y más activistas jamás han recibido un sustento económico estatal para participar de espacios de debate como la COP. “Hay mujeres indígenas que quieren ser partícipes, pero no se pueden financiar el costo de estar aquí. Hace mucha falta personas que tienen otro punto de vista, pero no tienen la posibilidad económica o les da miedo”, afirma Sidney.
El rol de los gobiernos en aumentar obstáculos
Una vez superadas las barreras anteriores, quienes logran llegar a las negociaciones se encuentran quizá con el limitante más grande. “Las jefas y jefes de Estado, presidentes y delegados no están donde nosotros”, menciona Sydney.
Sydney asegura que, durante los días que duró la COP27, las personas indígenas de LATAM estuvieron visibilizando sus exigencias y proponiendo soluciones para la crisis climática en un corredor al que no asistieron las y los tomadores de decisiones mundiales.
“Tenemos autoridades que en el discurso dicen que los pueblos indígenas son los mejores defensores de la naturaleza, pero cualquier líder o lideresa indígena te va a repetir que los están matando, desapareciendo”, menciona Astrid Arellano, periodista de Mongabay Latam especializada en la cobertura de pueblos indígenas y medio ambiente.
Aun así, Arellano añade que las mujeres indígenas siguen encabezando estas luchas, poniendo el cuerpo y recibiendo amenazas, algo que se repite desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Argentina.
Ana Sofía Tamborrel, coordinadora en Iniciativa Climática de México (ICM), organización que analiza políticas públicas para contribuir a la reducción del cambio climático, añade que la COP27 ha tratado de reflejar una mayor inclusión y representatividad respecto a personas vulnerables a la crisis climática. Sin embargo, “existen muchas diferencias entre la participación de una mujer que está en una comunidad rural frente a otra que es ministra de un país nórdico”, enfatiza. “Nos falta representatividad de las personas más afectadas”.
Una fórmula que no cuadra
A pesar de que las mujeres son quienes menos contribuyen al aumento del calentamiento global, según ONU Mujeres, ellas representan el 80% de las personas desplazadas por la crisis climática. En comparación con los hombres, las niñas y mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir durante un desastre ambiental.
Dulce Guevara, consultora en Transición Energética Justa en México, menciona que otros factores que aumentan la brecha de género en materia ambiental son el acoso, el hostigamiento y la poca visibilidad que se le da a la importancia del enfoque de género y su relación con las medidas para combatir el cambio climático.
Según un informe reciente, la participación de las mujeres en la COP aumentó del 30% en 2009 al 39% en 2021. A este ritmo no se lograría una participación igualitaria hasta 2040, algo que, por lo demás, no garantiza que exista un enfoque de género ni una mayor representatividad de las mujeres indígenas en las discusiones ni toma de decisiones.
Por ello, Dulce Guevara asegura que “es urgente establecer acciones afirmativas para que esos asientos se aparten y no perpetuar la desigualdad”.
Tamborrel concluye que no se pueden realizar políticas públicas sin tomar en cuenta a las mujeres. “Si queremos resolver este problema, tenemos que hacerlo distinto”, menciona. “No podemos atender una injusticia mientras perpetuamos otra”.
Sydney Males Muenala, de la comunidad Otavalo, resalta: “considero que deberíamos estar en diferentes espacios, como la COP. Nosotras como mujeres indígenas tenemos un rol clave dentro de nuestros pueblos, somos quienes defendemos la tierra, el territorio”.
Jessica Grefa, joven Kichwa del cantón Santa Clara, añade: “nosotras sí queremos ocupar estos espacios en la política pública pero las autoridades nos ponen condiciones. Por ejemplo, lo que ha pasado en la COP, nos hacen a un lado y eso pasa en cualquier otro evento”.
La COP27 ha finalizado, pero frente a la ausencia de participación de las mujeres, disidencias y mujeres indígenas en las negociaciones, queda en duda si los acuerdos reflejarán las necesidades y exigencias de quienes defienden la naturaleza permanentemente, pues necesitan de ella para sobrevivir.