¿Quiénes cuentan las historias de las poblaciones LGBTI en Cuba? ¿A qué retos y obstáculos se enfrentan?
El 21 de diciembre de 2019 Óscar Silvera Martínez, ministro de justicia de Cuba, anunció que hasta diciembre de 2021 se discutiría en el Parlamento una posible modificación al Código de Familia. Dicha reforma al Código es la que podría legalizar el matrimonio igualitario en la isla.
Esto surge luego de que el proyecto de la nueva Constitución Cubana fuera sometida a consulta popular. La discusión a la nueva Constitución, proclamada en abril pasado, incluyó cambios que van desde eliminación de artículos, frases y palabras hasta la adición de nuevas leyes. Una de esas modificaciones fue la de matrimonio: en el primer borrador se definía como “la unión de dos personas”, pero en la versión final, es decir, lo que quedó vigente, define al matrimonio como:
Artículo 82: El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”.
En otro apartado de la nueva Carta Magna se señala que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, … (artículo 42)”. Es la primera vez que se agrega el término identidad de género dentro de las disposiciones de principio de igualdad.
Sin embargo, aunque esto podría parecer un avance para los derechos de las personas LGBTI+, Cuba no cuenta actualmente con una ley contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; el Código Penal no tipifica los crímenes por odio o prejuicio contra la población LGBTI+; y tampoco contempla la orientación sexual e identidad de género como agravantes de homicidio.
La única normativa de protección está alojada en el Código de Trabajo que en 2014 se agregó como derecho a la no discriminación en el ámbito laboral a la orientación sexual. La mención a la identidad de género quedó fuera.
En Cuba no existe proyecto ni ley de identidad de género. Cambiar el nombre y sexo registral es posible solo cuando una persona se haya sometido a una cirugía de reasignación de sexo y haga reconocer su identidad ante un tribunal. Quizá uno de los pocos avances sucedió en 2013, cuando el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), adscrito al Ministerio de Salud, logró que el Ministerio del Interior admitiera el cambio de fotografía que refleje la identidad de género de las personas en los documentos de identificación.
Cuba es un país que ha tenido una transición lenta en su narrativa alrededor de los temas LGBTI+. Pasó de recluir, entre 1965 y 1968, a cerca de 800 hombres homosexuales en Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) —un experimento social con la intención de no sólo de disponer de mano de obra obligada al corte de caña, sino de “higienizar el país de todo aquel que no encajara con el molde del hombre nuevo”—; a crear, en 1972, el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual (GNTES) que en 1990 fue rebautizado como el CENESEX, una organización estatal dedicada a la educación e investigación sobre sexualidad que desde su fundación ha buscado incidir en los derechos de las personas LGBTI+ de Cuba.
El CENESEX es dirigido por Mariela Castro Espín, senadora e hija del expresidente Raúl Castro. Los avances impulsados en favor de las personas LGBTI+, por la institución que encabeza Mariela, son pocos. Activistas y organizaciones sociales independientes han denunciado por años que esa institución no responde a los intereses de las personas LGBTI+ de la isla.
El derecho de asociación: una limitante al activismo LGBTI+
La Constitución cubana declara en su artículo 56 “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
La Ley de Asociaciones de Cuba es considerada por los activistas y personas dedicadas a defender los derechos humanos como limitada y obsoleta a los tiempos actuales. Si bien existen organizaciones de activistas que buscan defender los derechos de la población LGBT+, en los hechos, necesitan estar vinculados al CENESEX y gozar de reconocimiento oficial para trabajar.
“En Cuba no funciona el Registro de Asociaciones ni se cumple la Ley de Asociaciones. Los grupos LGBTI, como tantos, trabajan en una zona ilegal, sin personalidad jurídica. Este escenario ha propiciado la extinción de algunos grupos y la decadencia de la mayoría”, explica el periodista Maykel González, citado en el e-book Imparables. Radiografía de organizaciones, medios de comunicación y estado de los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina de Diego Pérez Damasco.
Según el último informe sobre Cuba de Human Rights Watch, el gobierno cubano todavía se niega a reconocer la existencia de organizaciones que se dediquen a defender los derechos humanos en la isla. “Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos”, señala el documento.
La norma vigente solo permite crear sociedades científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, religiosas, de amistad y solidaridad y otras que “se propongan fines de interés social”, sin dejar en claro la definición de “interés social”.
De la conga por la diversidad a las detenciones arbitrarias
Actividades que tienen que ver con el derecho de asociación o manifestación de las personas LGBTI+ suceden solo cuando el CENESEX las organiza. Una de ellas es la Jornada contra la Homofobia y Transfobia. Durante una semana de mayo, la institución gubernamental coordina actividades culturales y teóricas, pero es la conga (el desfile) el momento donde la población LGBTI+ cubana puede, una vez al año, ser visible en el espacio público.
En 2019 el CENESEX canceló la conga. En un comunicado declaró que se debió a “la actual coyuntura del país” y “las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional”.
Pese a la cancelación, el 11 de mayo de 2019, sociedad civil independiente y activistas convocaron a una marcha LGBTI+ no autorizada. Alrededor de 250 personas marcharon por el Paseo del Prado, una de las avenidas principales de La Habana, pero al llegar al Malecón la policía disolvió la manifestación. También arrestó, citó e interrogó a varios de los participantes, entre ellos tres periodistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la disolución e instó al Estado cubano a “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión de las personas LGBTI; así como a respetar y garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos LGBTI y de los periodistas y comunicadores que cubren protestas y manifestaciones”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), una organización no estatal, registró en 2019 al menos 3 mil 157 detenciones arbitrarias. Entre las organizaciones independientes más reprimidas estuvo la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Quienes trabajan por los derechos humanos para los cubanos fuera de Cuba también enfrentan obstáculos. Carlos Quesada, director del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, explicó en 2015 en una audiencia ante la CIDH que “los que trabajamos desde fuera tenemos bastantes dificultades, se nos acusa de ser contrarevolucionarios, se nos acusa de que los derechos humanos son algo de derecha. Inclusive hemos recibido mensajes […] para que dejemos de trabajar”.
Quesada agregó que, “independientemente del tema que trabajen las organizaciones civiles independientes, la libertad de reunión y de elaborar informes al respecto es bastante difícil. Las organizaciones independientes no tienen acceso a la información porque no les es permitida. En Cuba hay una realidad, y es que si usted forma parte de la sociedad civil independiente eso conlleva un estigma”.
¿Entonces quién se encarga de narrar las historias LGBTI+ en Cuba?
Pese a que la agenda LGBTI+ es respaldada por el gobierno desde el CENESEX y organizaciones de la diversidad sexual vinculadas a éste, la cobertura periodística de historias sobre lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales en Cuba tiene numerosas limitaciones.
La Constitución cubana en su artículo 55 “reconoce a las personas la libertad de prensa. […] Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Así mismo, el artículo 54 señala que “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.”.
Sin embargo, aunque los derechos de libertad de prensa y de expresión quedan sustentados en la Carta Magna, organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado que estos derechos se ven limitados para los y las periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Entonces, ¿se puede hacer periodismo especializado en temas LGBTI+ en la isla?
Tremenda Nota es el único medio digital independiente de Cuba que cubre —desde el periodismo— historias de mujeres, comunidad LGBTI+, afrodescendientes, migrantes y casos de discriminación. Su director, el periodista Maykel González cuenta a Distintas Latitudes que “hacer periodismo independiente en Cuba, fuera del control del gobierno, siempre es subversivo y te expone a la persecución”.
Fundada en diciembre de 2017, Tremenda Nota fue silenciada y censurada en Cuba durante un año. Recientemente ese velo se levantó y hoy su contenido puede leerse desde la Isla. Otras publicaciones dedicadas al contenido LGBTI+ no han pasado por el candado de la censura. Maykel González reflexiona que eso se debe “quizá a la clase de periodismo que haces, no sólo el tema que tratas”.
Human Rights Watch agrega que “los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, campañas de desprestigio, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se mantenga incomunicados a periodistas, al igual que a artistas y académicos que reclaman mayores libertades”.
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas, organización dedicada a la capacitación de periodistas, señala que los medios digitales independientes sólo pueden ser consultadas por los y las cubanas “a través de servidores proxy, conexiones vpn, bots vía Telegram o WhatsApp y newsletter o boletines semanales enviados por correo electrónico”.
En ese reporte, Maykel González cuenta que el acoso que vivió incrementó después de cubrir la marcha LGBTI+ independiente realizada en mayo de 2019. González fue interrogado y detenido durante unas horas por agentes policiales en el Aeropuerto Internacional José Martí. En otra ocasión, cuando pretendía viajar a España, se le impidió salir de Cuba.
“Yo no solo he sido víctima de una prohibición de salida, que me afecta bastante, sino de un montón de acosos y de persecución, de molestias en la vida cotidiana que en verdad me han hecho mucho más daño psicológico que la prohibición de salida”, dijo González al Centro Knight.
“El acoso contra periodistas de nuestro medio significa silenciar a estos grupos (mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes y migrantes)”, señala el editorial de septiembre de 2019 de Tremenda Nota.
Sin embargo, en Cuba “se está narrando cada vez con mayor frecuencia y profesionalidad. Hay varias publicaciones que han asumido la misión editorial de contar las historias LGBTI. Tienen diversas estructuras, distintos modos de organizar el trabajo, recursos económicos desiguales, pero el mismo empeño. […] Se narra trabajosamente, pero por fin vamos teniendo más visibilidad”, cuenta Maykel González a Distintas Latitudes.
¿Qué medios cuentan historias LGBTI en Cuba?
