Este texto forma parte de la serie “Región de datos” que se realiza en colaboración entre ALTEC y Distintas Latitudes.
Esta es la historia de dos ríos en Uruguay, uno físico (el Santa Lucía) y otro digital (Río Abierto), que tienen problemas en común; también es la historia de cómo el periodismo y la tecnología cívica pueden jugar un rol crucial en torno al uso y gestión del agua, un asunto que impacta a toda América Latina.
América Latina está surcada por una infinidad de ríos, arroyos, lagunas y glaciares. Tiene el Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo; el lago de Maracaibo, el más grande de Sudamérica; y el Acuífero Guaraní, una reserva gigante de agua dulce subterránea capaz de abastecer a la población mundial por 200 años.
Si bien la región tiene una riqueza hídrica, no está exenta de problemas: la Unesco señaló que desde la década de los 90 la calidad de casi todos los ríos de América Latina ha empeorado. En distintos países del continente prevalecen problemas de acceso y distribución del agua, una inadecuada inversión en infraestructura y una desigualdad socioeconómica estructural; a estos problemas se agregan también la creciente presión demográfica y urbanística y la variabilidad climática, como efecto del cambio climático.
Lo anterior vuelve el tema del agua uno crucial no sólo para quienes viven en América Latina, sino para el mundo entero. Rolando Marín, presidente de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (Clocsas) asegura que no se está cerrando correctamente el “ciclo social del agua”, pues se extrae agua de ríos, glaciares, montañas, acuíferos, lagos; se usa para actividades domésticas, industriales, agrícolas pero no se le hace el tratamiento adecuado para volver a usarla o devolverla al ciclo natural. Marín señala además que la región latinoamericana en su conjunto pierde poder cuando no le hace un tratamiento adecuado a su agua y no se asegura la calidad de la misma.
34 millones de latinoamericanos no tienen acceso a agua potable y 106 millones no cuentan con saneamiento básico.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
¿Cómo saber entonces si el agua que bebemos, con la que cocinamos y nos aseamos es de buena calidad? ¿Se puede saber si el agua de nuestros ríos, lagos y glaciares no está contaminada? ¿Si el agua que nos rodea recibe los tratamientos adecuados? Más aún: ¿es posible obtener esta información?
Frente a estas preguntas, se vuelve fundamental hacer valer el acceso a la información. Bajo esta premisa, Río Abierto, un proyecto en Uruguay nos muestra una ruta a seguir.
Río Abierto, un proyecto de tecnología cívica realizado por La Diaria, uno de los diarios más importantes de Uruguay, junto a investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y con el apoyo de laAlianza Latinoamericana para la Tecnología Cívica (ALTEC), convergen población, gobierno y periodistas para tratar de responder esas y otras preguntas.
- ALTEC concibe a la tecnología cívica a partir de una teoría de cambio la cual implica, entre otros aspectos: la identificación de problemáticas sociales, iniciativas que promuevan la articulación de actores clave en espacios de co creación, diseño y desarrollo de soluciones de tecnología cívica [datos abiertos, plataformas de transparencia, aplicaciones para promover el ejercicio del voto informado], la participación ciudadana online/offline, todo esto encaminado a favorecer cambios positivos en comunidades, ciudades, países.
El objetivo principal de Río Abierto es democratizar el acceso a la información sobre la calidad y gestión del agua de la cuenca del río Santa Lucía y del Río de la Plata. Además, buscan generar herramientas de procesamiento y visualización de la información, y promover acciones de sensibilización y participación ciudadana para el cuidado de un recurso clave para la vida de las generaciones presentes y futuras.
En palabras de Lucía Pardo, coordinadora general del proyecto, Río Abierto busca ser “una plataforma dinamizadora de una comunidad de conocimientos, más que de contenidos”.
En otras palabras, Río Abierto es una alianza de periodistas, tecnólogos, investigadores y ciudadanía en general, para solicitar información, procesar y visualizar estos datos, y hacerle llegar información precisa y adecuada a la población sobre el estado del agua de sus ríos.
Sin embargo, conseguir información que permita impulsar la participación ciudadana sobre la calidad y el cuidado del agua no es una tarea del todo sencilla, importa revisar cómo gestionan estos datos los gobiernos. Y no todos los gobiernos lo hacen de la misma manera.
Pongamos el caso uruguayo: Uruguay cuenta con un Plan Nacional de Aguas para mejorar la gestión integrada y sustentable del agua y está elaborando su cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. No obstante, aún es difícil para la ciudadanía acceder a información pública sobre calidad y gestión del agua. Daniel Greif, de la Dirección Nacional de Aguas de Uruguay, DINAGUA, asegura que “los datos están disponibles, hay que ir a buscarlos a la web del Observatorio Nacional Ambiental”. Paula Pellegrino, encargada de comunicación de este organismo, dice al respecto: “De nada sirve mostrar millones de datos brutos si nadie los entiende y sabes que la gente no tiene los elementos para procesarlos; esto es tan antidemocrático como no dar la información. El desafío no es qué información brindas, es cómo trabajar para que la población pueda interpretarla”.
Sin embargo, a pesar de estos supuestos avances, uno de los aprendizajes principales de Río Abierto ha sido encontrar que de los 11 organismos competentes, sólo uno tiene datos públicos en internet.
En un primer diagnóstico de la situación que hizo Río Abierto se explica que a pesar de la creación de un Observatorio Ambiental Nacional para centralizar información, ésta se encuentra muy dispersa y muchas veces es presentada en términos técnicos que no son comprendidos por el común de la población. Además, las políticas de acceso y divulgación de la información no son claras ni uniformes entre los distintos organismos estatales.
Para Natalia Uval, coordinadora periodística de Río Abierto, “la información del Observatorio cuesta visualizarla por el peso informático que tienen las imágenes, y es difícil buscar los datos relevantes. En uno de los pedidos de acceso a la información pública que hicimos nos llegaron unas planillas de OSE que eran ilegibles. Usan abreviaturas y cifras que no puedes calibrar porque no tienes parámetros, no sabes si eso excede la normativa o no, porque no te lo explican. Tuvimos que pedir asesoramiento para leerlas. Estoy generalizando, hay buenas prácticas sobre esto, pero en general es lo que pasa”.
Cuando nació Río Abierto en abril de 2018, el equipo tuvo una ronda de encuentros con representantes de las autoridades competentes en la gestión del agua en Uruguay para solicitar la información que necesitaban. El ideal no era pasar por el proceso engorroso de realizar las solicitudes, más bien tener un diálogo con las autoridades. Pero Ana Tuduri, la abogada encargada de realizar los pedidos de acceso a la información pública, detalla que se encontraron con resistencia de algunos organismos para compartir la información: “nos dijeron que recurriéramos al mecanismo que corresponde por ley”.
Así es como hasta el momento, y en cuestión de un año [2017-2018], el equipo de Río Abierto realizó 28 solicitudes de acceso a la información pública sobre la gestión del agua en el país. De esas 28 peticiones, 22 tuvieron respuesta, aunque fueron incompletas o parciales con omisiones. Una solicitud no se ha resuelto (porque está fuera de plazo), y 5 fueron fallidas (no se les dio curso porque se pidieron por correo electrónico o simplemente nunca hubo respuesta del organismo).
Sobre cómo ha sido el proceso de generar solicitudes de acceso a la información pública en Uruguay, Ana Tuduri dice que: “La ley es buena, pero hay problemas en su implementación que tienen que ver con falta de presupuesto, y falta de funcionarios que estén capacitados para llevar a cabo la tarea. También hay problemas con la digitalización de la información que está disponible, lo que dificulta la tarea de responder los pedidos. Y he visto ciertas resistencias por parte de los funcionarios públicos a responder las solicitudes. Hay mucho miedo en cómo vas a usar los datos, por qué los pides, qué vas a comunicar con ellos y si son para un artículo periodístico o no”.
Río Abierto es un proyecto innovador que ha encontrado aprendizajes, retos y nuevos aliados en la búsqueda de transparentar información relativa al acceso, calidad y saneamiento del agua en Uruguay. Las cosas no han sido fáciles, pero abren una ventana de oportunidad para el periodismo en la región.
Por ello, más experiencias de este tipo, que cruzan periodismo y tecnología cívica, se hacen urgentes en Uruguay y en toda América Latina para poder profundizar en los mares de la desinformación. Para construir ciudadanía se necesitan transparencia y accesibilidad a la información, además de una población capaz de procesarla y aliados dispuestos a acompañarla.
