Por Tania Chacón (México, 1994), integrante de la 2da generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas
[Este texto es parte del especial “Lxs calientes en América Latina” que incorpora reportajes, crónicas e investigaciones desde 12 países de la región]
Leticia Morales es la titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de la zona oriente del municipio Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, la entidad que concentra la mayor cantidad de feminicidios y delitos sexuales de todo el país. Morales abre su oficina a las nueve de la mañana, pero suele haber gente formada desde horas antes para denunciar y dar inicio a sus carpetas de investigación. Hoy ha llegado a buscarla una mujer veinteañera en compañía de su padre, ha sido agredida por su esposo y desea separarse de él. Le dice a Leticia que primero se presentó con el Ministerio Público de turno en el edificio de enfrente y este la ha mandado a la Agencia. Pero las instalaciones se han quedado sin internet, por lo tanto no hay sistema para abrir su expediente. Leticia la regresa con el Ministerio de turno, para iniciar allá su proceso y después pasar con el médico legista a revisar sus lesiones.
El de internet es solo uno de los problemas a los cuales se ha enfrentado Leticia desde su llegada al puesto en octubre de 2016. La Agencia no está establecida en un lugar físico de manera permanente y desde hace más de un año ha cambiado sus instalaciones de manera continua. Actualmente están ubicados frente al edificio del Ministerio Público local, dentro de una covacha hecha de lámina. El lugar es caluroso y difícil de encontrar. Las ratas del lugar se han comido el material didáctico del área de psicología. Leticia ha notado cómo esta situación decepciona a muchas personas cuando acuden a realizar sus denuncias. Reconoce que las circunstancias no son las ideales para las víctimas, pues deben rendir declaración, ser entrevistadas, examinadas y acudir por apoyo psicológico en esas condiciones.
Cecilia Toledo, investigadora de temas de violencia de género, violencia doméstica y derechos de las mujeres en el Centro de Análisis e Investigación Fundar, considera que el sistema penal mexicano somete a las mujeres a procesos revictimizantes cuando intenta resolver delitos sexuales. Según su experiencia, el no contar con espacios adecuados para tomar las declaraciones y realizar las pruebas es un factor que violenta e incomoda a las mujeres.
En el Estado de México existen otras 13 agencias especializadas en violencia de género, distribuidas en 12 municipios. Para los delitos cometidos en Tlalnepantla, además de la ubicada en la zona oriente, también a las nueve de la mañana abre la agencia de la zona de Barrientos, a cargo de Cynthia Briones. Al llegar a su trabajo pone a disposición del público el libro de gobierno, para registrar las personas que quieran denunciar violaciones, abuso sexual, incumplimiento de obligaciones, lesiones, entre otros delitos.
Briones las atiende conforme llegan. Su trabajo es ofrecerles ayuda con los trámites para iniciar sus investigaciones. Primero les explica la finalidad de la Agencia: comprobar que el delito se cometió y lograr un castigo para los agresores. Si las víctimas deciden hacer la denuncia, Briones da inicio a sus carpetas, les hace una entrevista inicial y programa citas para continuar con el proceso de investigación. Si se trata de una denuncia por lesiones o violación, deben pasar primero con el médico legista para certificar su estado físico y examinarse.
El abogado Carlos Juárez, especialista en derecho penal del Estado de México, explica que en caso de violación, lo más importante es acudir inmediatamente al Ministerio Público, sin limpiarse de ninguna manera, y exigir la realización de pruebas para recabar el ADN que pueda dejar el agresor en la persona. “Esas pruebas son las que se deben de presentar ante el juez, y es lo que les va a ayudar a comprobar que la persona que fue detenida es el presunto culpable. Es muy importante que se presenten estas pruebas”. También sugiere siempre ver a la cara al agresor, tratar de recordar su cara, el tipo de pelo, de ojos, la voz, etc. Estos son datos se les piden a las víctimas para localizar y capturar a su agresor lo más pronto posible.
Pero Cecilia Toledo advierte que rendir una declaración tan detallada hace revivir a las mujeres su sufrimiento, las pone en una situación incómoda, y no respeta su integridad. Lo mismo ocurre con los procesos burocráticos que obligan a realizar la denuncia sin poder limpiarse, pues lejos de otorgar confianza, vulneran y violentan. Ella ha notado que muchas veces son médicos varones quienes realizan las pruebas, lo cual no otorga la seguridad necesaria a las víctimas. En las dos agencias de Tlalnepantla, los médicos legistas son hombres.
Leticia Morales se apoya con las psicólogas al recabar pruebas para la investigación. Ellas tienen mecanismos establecidos para hacerlo. Si las víctimas lo desean, pueden continuar con la ayuda psicológica y recibir terapias de manera periódica.
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La agencia de noticias Cimac publicó en mayo de 2017 que de acuerdo con los reportes del Observatorio Nacional Ciudadano, en México cada 40 minutos y 53 segundos se abre una carpeta de investigación por violación. El Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación registró 39 mil 663 casos de enero de 2014 a febrero de 2017. El Estado de México tiene el primer lugar con 5 mil 954 denuncias presentadas. Aunque estas cifras son alarmantes, ni siquiera representan todas las violaciones cometidas en el país, pues la gran mayoría no se denuncian. De acuerdo con el reporte de Cimac, solo el 40% de las averiguaciones abiertas por delitos sexuales continúan con todo el proceso judicial, y un porcentaje muy reducido termina en sentencia.
El Estado de México vive una situación crítica en cuanto a violencia de género. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de 2005 a 2014 se cometieron 933 feminicidios y se presentaron 4 mil 281 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales 95 fueron encontradas asesinadas y mil 554 aún no son localizadas; y se presentaron 26 mil 79 denuncias por violación. Por estas razones, en 2015 se declaró la Alerta de Violencia de Género en los 11 municipios del Estado de México que concentran los mayores índices de violencia, incluido Tlalnepantla. Bajo la Alerta de Violencia de Género se deben tomar acciones de emergencia para erradicar la violencia feminicida.
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Leticia Morales recibe de tres a diez denuncias por día. Cynthia Briones también inicia alrededor de diez carpetas de investigación al día, más dos o tres que le remiten de otras agencias o fiscalías. Estas denuncias no son todas por delitos sexuales: incluyen incumplimiento de obligaciones, sustracción de hijo, hostigamiento, lesiones, y violencia familiar. En su caso, por cada 100 investigaciones iniciadas, solo alrededor de 40 culminan en alguno de los tipos de terminación contemplados por la ley: no ejecutar ninguna acción penal, renunciar a la investigación, otorgar el perdón, o lograr una sentencia.
Para que más casos logren resolverse, Morales considera que las personas deben recibir un buen asesoramiento sobre la mejor vía para resolver su situación y saber exactamente a dónde acudir. “Muchas veces la gente viene y dice: ‘Quiero iniciar una carpeta’. Y ellos lo que quieren es tener un papel donde denunciaron a la persona, cuando en realidad el problema es otro, la controversia que tiene esa persona, esa pareja, es otra situación, y que no es necesariamente el dar inicio a una carpeta”.
Briones opina en el mismo sentido: “Si las víctimas no coadyuvan con el Ministerio Público para aportarte todos esos elementos de prueba que te ayuden a acreditar la conducta, es donde empieza la deserción, de no aportar datos de prueba. O ya al contrario, muestran falta de interés jurídico para continuar con [el proceso de investigación]”.
Por su parte, el abogado Carlos Juárez cree que la impunidad se da cuando las víctimas no acuden a denunciar inmediatamente las agresiones. También considera que cuando las detenciones no se realizan conforme a las modalidades establecidas en la ley, se le dan elementos al agresor para salir libre. Opina que, además, hace falta preparar y pagar mejor a las policías, fiscales, y a todo el personal dedicado a la investigación de delitos.
Pero Cecilia Toledo no considera que toda la responsabilidad recaiga en las víctimas. Según ella, se debe apostar a la prevención de delitos sexuales; trabajar con adolescentes para concientizarlas sobre sus derechos sexuales y violencia de género; revisar los planes educativos en el mismo sentido; y ser más creativos al ofrecer atención cuando ya ocurrió la violencia. Considera que el acceso a la justicia requiere de una cirugía mayor, y todo el personal del sistema de justicia debería recibir capacitación en perspectiva de género.
En este sentido, al equipo de trabajo de Leticia Morales le ofrecen ocasionalmente capacitaciones en perspectiva de género, aunque no se las otorgan antes de comenzar a trabajar en la agencia. Al equipo de Cynthia Briones también lo capacitan dos o tres veces al año en perspectiva de género, y en el nuevo sistema de justicia penal.
En sus estudios para Fundar, Cecilia Toledo ha encontrado que en América Latina las respuestas del Estado en materia de violencia de género han sido en dos sentidos: criminalizar la violencia, es decir, meter a la cárcel al agresor; o buscar mediación para mantener el bien mayor para los hijos, la unión matrimonial, conyugal, familiar o de pareja. Estas dos tendencias han mostrado no ser suficientes para erradicar el problema. Para Toledo, los cuatro modelos que se deberían implementar son: sanción, erradicación, atención y prevención.
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El abuso sexual y las lesiones son delitos considerados no graves en la legislación mexicana. En estos casos, Cynthia Briones pide una diligencia de garantía de audiencia, es decir, solicita una reunión donde se sostiene un diálogo entre el agresor y víctima, con presencia de abogados, para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo y lograr un pago de reparación del daño con el cual todos queden satisfechos.
En el caso de delitos que la ley considera graves, como una violación, Briones solicita una orden de aprehensión. No alerta al agresor, no le informa, ni le notifica respecto de la existencia de la denuncia. Como es un delito que amerita prisión, el agresor puede darse a la fuga.
Otra mujer veinteañera llega a la Agencia de Tlalnepantla Barrientos, viene a pedir una protección urgente, pues teme que su ex pareja le quite a sus hijos y le haga daño. Morales le explica que debe tramitar la guardia y custodia, y de eso no se encarga ella. Como ya no vive con el padre desde hace un tiempo, no se considera violencia familiar. También le comenta que hasta obtener la custodia, él tiene tanto derecho como ella de llevarse a los niños, sería algo completamente legal. La mujer le platica a Morales cómo ha levantado denuncias y abierto carpetas durante cinco años contra su ex pareja por violaciones y golpes. Y no ha pasado nada.
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