Luz Mery Panche es mujer indígena Nasa y una defensora del territorio en la Amazonía en Colombia, país que en 2019 se colocó en el primer lugar en asesinato a defensores del territorio y medio ambiente. Panche en 2020 fue nominada para  un galardón como defensora de derechos humanos. La pandemia no la ha detenido.  


La pandemia no detiene a Luz Mery Panche, no hay lugar en que no esté alzando la voz por su tierra; la que nos da elementos para curar el cuerpo. Parece omnipresente. Es como la carta número 2 del tarot: La suma sacerdotisa, con una fuerte carga eléctrica que rige desde su templo la materia y el espíritu.

Luz Mery Panche Chocué es defensora indígena de la tierra en Colombia. Conversamos una tarde, mientras con hoja de coca preparaba un ritual para pedir por mejores condiciones de las mujeres rurales en su tierra,  para enfrentar todo aquello que violenta a las mujeres campesinas y que se agudiza durante la pandemia. 

La hoja de coca es mambeada, tostada y molida, así es como se endulza la palabra. Me dice que se mamba para tejer el pensamiento y junto al tabaco para armonizar con nuestros ancestros, para concretar, sentir, hacer. Se respira frente al fuego y se acompaña de otras plantas. 

Luz Mery tiene 43 años, es indígena Nasa de San Vicente del Caguán, Caquetá, en la región de la Amazonía colombiana. Se asume como defensora de derechos humanos y ambientales, es parte de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán que hace parte de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI) y actualmente es integrante de la Instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz por la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ).

Su voz se escucha profunda en nuestras llamadas y audios. Nació bajo el Resguardo Nasa del Cauca el 4 de febrero de 1977. Luz Mery parece un rayo cargado de energía, astrológicamente parece lógico porque llegó al mundo cuando la tierra estaba colocada como cada ciclo anual en Acuario.

“Soy mujer indígena Nasa, vivo desde hace diez años en el Resguardo Nasa Altamira en San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, que hace parte de la bella región de la selva Amazónica que aún tiene Colombia”, me dice en uno de nuestros momentos de comunicación. Luz Mery parece no descansar ni en tiempos de pandemia.

En el Cauca, donde aún vive con sus padres, Mélida y Abelardo, y algunos de sus hermanos, aprendió y conoció la realidad de los pueblos originarios y sus luchas históricas. Desde muy pequeña aprendió de la defensa del territorio con su padre Abelardo, quien también es defensor. Luz Mery es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y primera defensora comunitaria de la Defensoría del Pueblo, espacio donde por diez años tuvo la oportunidad de recorrer Colombia, vivir en algunos de sus pueblos y conocer sus culturas. Quedó enamorada de la magia y misteriosa Amazonía que hoy defiende y cuida. 

Me explicó que el Resguardo Altamira está ubicado en la parte alta de San Vicente del Caguán, municipio del norte del Caquetá, donde las faldas de la cordillera oriental contemplan incansable y amorosamente la imponente planicie por donde se extiende la inmensa selva y donde se origina la mayor cantidad de fuentes hídricas que alimentan la gran cuenca del Río Amazonas. 

“En San Vicente del Caguán habitamos cinco pueblos indígenas (Pijao, Nasa, Embera, Tukano, Piratapuyo), tenemos cuatro resguardos, una parcialidad y dos cabildos en contexto urbano desplazados por la violencia aguda, que traen las multinacionales instaladas ahí. Somos alrededor de 1200 indígenas que habitamos en puntos muy alejados de la cabecera municipal, creamos nuestra Asociación de Cabildos y tenemos relaciones armónicas con los campesinos y personas afrodescendientes, con quienes nos juntamos para movilizarnos y exigir nuestros derechos”, me detalló.

La defensora del medio ambiente está convencida de que el hecho de convivir en la Selva Amazónica le ha generado la responsabilidad de aprender y ayudar; entender que es el pulmón y el corazón del planeta y por qué la existencia de la humanidad en su conjunto depende de su cuidado. 

“Como Nasa entendemos que la tierra es mujer, es nuestra madre. Todo en ella tiene vida y está dispuesto para la vida, en ella encontramos alimentos sanos, remedios y abrigo. Es nuestro deber y nuestra misión cuidarla. Ahora que estamos viviendo el exterminio de nuestros pueblos sabemos que la estamos destruyendo y que estamos permitiendo su destrucción”, me expresó Luz Mery. 

Hablamos de la convivencia armónica de los seres humanos con la naturaleza, de la importancia de comprender la tierra como un ser integral, con unas reglas naturales, con un orden natural, que permiten su equilibrio. “Nuestro ambiente está en los tres espacios que tenemos, donde también habitan nuestros espíritus mayores y nuestros ancestros en puntos específicos; alterar esas leyes naturales significa poner en riesgo la vida”.

Un reclamo muy directo que se lee y se le escucha a Luz Mery sobre los crímenes ambientales en Colombia es que no existe una política ambiental integral responsable, ni siquiera voluntad política para escuchar a las personas indígenas del territorio amazónico. Dice que no se actúa para resolver los problemas de deforestación y de contaminación de los ríos ni de inversión social acorde a las realidades del territorio. “Se actúa desde el afán de robarle a la selva todo lo que puedan mercantilizar; es decir, el oro, el petróleo, la captura de carbono y las maderas”. 

Luz Mery dice que el Estado colombiano sólo se compromete a cuidar las pequeñas áreas de los parques nacionales y nada más. Entonces, sostiene que no es solo una tarea de los pueblos indígenas, sino una responsabilidad suprema del país y del planeta, de toda la humanidad. 

En Caquetá se inició la explotación petrolera, la inspección de los pozos en San Vicente del Caguán. En 2008 se inician actividades de producción petrolera por parte de la multinacional China Emerald Energy que fue adquirida en 2009 por la empresa china SINOCHEM. Todo el territorio del departamento, incluidos los resguardos indígenas, ha sido divididos en 44 bloques que serán entregados para la explotación petrolera, más de 40 títulos mineros, especialmente sobre la cuenca sedimentaria Caguán–Putumayo que es la más rica en minerales y se tiene proyectado la construcción de nueve hidroeléctricas para proveer de energía a estas empresas. La construcción de carreteras y el fomento de cultivos para agronegocios y la ganadería extensiva ha sido uno de los motores principales de la deforestación. 

“Existe el programa de Visión Amazonía que capta muchos recursos, pero que no genera impactos esperanzadores”, dice Luz Mery para manifestar que existen organizaciones ambientalistas con las que no comparten o se relacionan, porque consideran que no están para proteger y defender la Amazonía, sino para captar recursos que financian sus empleos. 

“Hemos participado en algunos espacios como la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y del Territorio, entramos en el Foro Social Pan Amazónico y hemos intentado participar en la Mesa Regional Amazónica, aunque no somos filiales de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), y ahora hacemos parte de la Mesa de negociación de la agenda ambiental propuesta en conjunto con organizaciones campesinas de Meta, Caquetá y Guaviare. Estamos participando en la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para hacer seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz en los territorios colectivos, tratando de incidir y hacernos escuchar”, sentencia.

Las amenazas 

Me cuenta que en 2009 recibió una demanda penal por parte del Estado colombiano, presuntamente por haber secuestrado a 50 policías, luego de una manifestación. Luz Mery y sus compañeros actuaron contra un operativo ilegal en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta, criminalizando así su derecho a la protesta. Sin embargo, la demanda no procede y es archivada; convirtiéndose así en una manera más de intimidación. 

En 2014 la defensora fue amenazada mediante panfletos firmados por grupos paramilitares asentados en el territorio de San Vicente del Caguan, Caquetá.. El último panfleto llegó a través de correo electrónico desde una corporación de derechos humanos; amenazas colectivas en donde pedían 15 millones de pesos colombianos por su cabeza.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un chaleco antibalas y un año de subsidio de transporte, un celular con 100 minutos mensuales. Y en 2014 se le asignó un escolta, pero a los pocos días le retiraron todas las medidas de protección. Para 2019, la UNP retiró las medidas de protección porque según el análisis de riesgo de la organización no presentaba riesgo.

Siguen siendo las instituciones del Estado, quienes vulneran a las defensoras de la tierra. La protección colectiva de las comunidades es la que ha salvado la integridad de las defensoras.

Defender el Mañana 

De acuerdo con  el informe de Global Witness “Defender el Mañana: Crisis Climática y Amenazas contra Personas Defensoras de la Tierra y del Medio Ambiente”, publicado en julio de 2020,  212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas durante el 2019, cifra que representa cuatro asesinatos por día. Fue un año en que más se registraron estos crímenes por razones de activismo, lo que significa un drástico incremento en América Latina.

Esta investigación colocó a Colombia en el país que más asesinatos de personas defensoras al registrar 64, seguido de Filipinas con 43 crímenes y Brasil y México con 18 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en América Latina. 

También arroja datos sobre asesinatos documentados según el sector donde se realizaba el activismo; por ejemplo, 50 de los casos fueron por Minería e industrias extractivas, 34 por agroindustria, 24 por explotación forestal, 14 por sustitución de cultivos ilegales, 11 por reforma agraria, y seis por agua y represas. 

Una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. Las mujeres suelen ser el pilar de sus comunidades, asumiendo una responsabilidad en el cuidado de la niñez y de las personas adultas mayores, al mismo tiempo que intentan ganarse la vida y ejercer su labor como activistas. El informe indica que las mujeres defensoras que actúan y se manifiestan también pueden enfrentar amenazas especificas de género, incluida la violencia sexual. Y en caso de que otra persona de su familia u hogar es defensora se convierten en el objetivo de quienes intentan vulnerar.  

La diputada del departamento de Caquetá (estado de 16 municipalidades), Yeny Adalid Cilantra Rivera, en entrevista con Distintas Latitudes denunció que en el tema de revisar y reflejar la realidad de la violencia contra las mujeres rurales, campesinas, ambientalistas no se ha podido alcanzar cuantitativamente frente a las diferentes agresiones. 

“Es un desafío porque en estos territorios de ruralidad profunda, las mujeres no son propietarias de tierra, donde no tienen una economía propia; con una institucionalidad que desconoce el significado de las violencias, y que no se cuantifican porque no se visibilizan”, sostuvo. 

La diputada explica que generalmente los agresores son sus parejas y en espacios de participación, los compañeros e instituciones rechazan a las mujeres cuando se protesta. 

“La mujer indígena étnica defensora es la principal defensora del medio ambiente incluso sin decirlo, sino a través de su saber y hacer diario que no es reconocido desde la institucionalidad, que no es tomado en cuenta en asignación de recursos para su desarrollo”, finalizó.   

La pandemia, otro riesgo 

“Hemos tratado de visibilizar las condiciones de las comunidades aprovechando la tecnología que es muy escasa en donde no hay conectividad, donde no se garantiza la participación efectiva por parte del estado, que no ha elaborado un plan de emergencia adecuado para proteger a las comunidades”, dejó muy claro Luz Mery. 

Durante la contingencia por la pandemia, dice Luz Mery, han logrado hacer control territorial con la Guardia Indígena y no se ha presentado ningún caso de contagio por covid-19 en los resguardos de San Vicente del Caguan. “De presentarse, no tendríamos atención de emergencia garantizada porque solo existe un hospital de primer nivel en la cabecera municipal, que no cuenta con los equipos necesarios. Estamos muy preocupados por los indígenas que están en la cabecera municipal no tienen alimentos y están más expuestos al contagio”.

Debe ser inherente al ser humano ser activista por los contextos de pobreza, desprotección de las personas indígenas, por el tema de tierras que es complejo, porque obliga al hacinamiento porque les despojan de sus tierras y de su derechos a la vida, me dice Luz Mery mientras me comparte la noticia sobre su nominación al  Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2020 que reconoce su labor como defensora de derechos humanos.

“Las mujeres debemos tener un papel protagónico en nuestras organizaciones, tenemos que organizar nuestra incidencia para lograr resultados en la defensa de nuestros derechos humanos; no es fácil como mujeres frente a las agresiones por nuestro rol de vocería que hemos sorteado; tampoco es fácil asumir esto porque repercute en nuestra vida y la familia”, reitera en nuestra plática Luz Mery. 

Luz Mery lleva en la voz el rayo de la defensa: “Hacemos una defensa integral del territorio y las diferentes formas de vida, es una lucha permanente contra las injusticias, es un ejercicio constante para que se garantice el derecho de participación efectiva e incidir para cambiar todo aquello que impide la garantía de derechos”.

“Recordar es volver a pasar por el corazón”, la frase que la sigue del El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Le parece hermosa esa definición, dice que es un llamado a mantener permanente viva la memoria.

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Mujeres de palma y maíz. Una serie de historias de mujeres indígenas que defienden el agua, la tierra, los bosques, los ríos y los derechos de las mujeres campesinas. Historias de las voces silenciadas de quienes están en la primera línea en la lucha por la preservación de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos en América Latina.

Ilustraciones: Alma Ríos.

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Scarlett Arias

(Guerrero, México). Reportera, fotoperiodista y locutora. Es integrante de la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, también integra la Comisión de Alerta de la Red Nacional de Periodistas y es parte de la Comisión de Denuncias de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG). Comparte corresponsalía en la agencia Comunicación e Información de la Mujer, A. C. Forma parte de la Red Rompe el Miedo de Article 19 México. Colabora desde hace 19 años en Radio Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). También es parte del colectivo: Reporteras en Guardia que realiza el memorial de crímenes contra periodistas: Matar a nadie. Periodista en temas de género y acceso a la justicia, derechos humanos y libertad de expresión

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