El Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) es una región especialmente peligrosa para las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex). Guatemala, a pesar de todo, entre los tres es el país en el cual la situación está… menos mal.
¿Qué se puede decir sobre el estado de los derechos LGBTI en Guatemala?, y en particular, ¿cuál es la situación de las personas que luchan por el avance de estos derechos?
De acuerdo con Franklin Morales, coordinador de Incidencia Política de la Asociación Lambda, organización que lucha por los derechos LGBTI en Guatemala, existe impunidad e invisibilización sobre la violencia que sufre esta población.
“Se han dado muchas muertes a raíz de esto, muertes que no son registradas y mucho menos denunciadas por temor a represalias. Y las denuncias que existen no proceden”, dijo Morales a Distintas Latitudes.
Contexto político
De acuerdo con Morales, a pesar de lo joven del movimiento en Guatemala, existe unidad entre organizaciones y un norte común por la igualdad derechos.
No obstante, la posición es de falta de interés para incluir los temas de diversidad en la agenda política.
Esto se traduce en la existencia de poca –casi nula– normativa que actualmente protege los derechos de la población LGBTI, y la poca que existe no se cumple adecuadamente.
Uniones, identidad y antidiscriminación
En Guatemala no existe el matrimonio igualitario, ni tampoco ninguna otra ley o norma que regule ningún tipo de derechos para las parejas del mismo sexo. De hecho, el Código Civil guatemalteco estipula que “el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí”.
De acuerdo con Franklin Morales actualmente se trabaja en una iniciativa de ley para la regulación de las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, esta se ha enfrentado a múltiples obstáculos y al surgimiento de otros problemas que requieren atención prioritaria, a nivel de incidencia política.
El más claro y reciente es la presentación de un proyecto de ley, por parte de diputados conservadores, titulado “Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Protección de la Vida y la Familia”.
Este proyecto de ley pretende prohibirlo “todo” en conjunto: uniones entre personas del mismo sexo, aborto, e inclusive la educación sobre sexualidad que incluya elementos de diversidad sexual y respeto hacia las personas LGBTI, así como el respeto a las identidades trans (el texto de este proyecto está en este enlace).
“Debido a que no existen leyes inclusivas y respetuosas de la orientación sexual, expresión de género e identidad de género de las personas, no se puede garantizar el respeto y el goce plenos de sus derechos. Por esto, no hay seguros, ni muchos de los beneficios que como convivientes se deberían de obtener se garantizan. Ni el seguro social. En Guatemala, como en muchos otros lugares nosotros, las personas LGBTI no podemos ni donar sangre”, dijo Morales.
En cuanto al derecho a la identidad de las personas trans, de acuerdo con Morales, actualmente estas solo pueden cambiarse el nombre, el sexo registral de sus documentos de identidad no puede cambiarse.
Sin embargo, el trámite de cambio de nombre es algo que no todas las personas trans pueden hacer, ya que el costo es muy elevado: un aproximado de 3.000 quetzales (unos US$410), aunque esto depende mucho del abogado al que se acuda. El trámite es judicial, no existe una vía administrativa rápida, sencilla y gratuita para el procedimiento.
“En Guatemala las comunidades trans han estado trabajado en una ley de identidad de género, pero aún no se tiene un producto final. Aproximadamente desde el 2011 se está trabajando la ley de identidad de género. Lo que fue aprobado recientemente fue en la Estrategia de atención integral y diferenciada en salud para personas trans en Guatemala”, explicó Morales.
En Guatemala no existe actualmente una ley contra la discriminación o disposiciones en el Código Penal que prohíban y penalicen la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
No obstante, en mayo de 2017, la diputada Sandra Morán presentó una iniciativa de ley llamada “Ley para sancionar los crímenes por prejuicio”, que pretende reformar el Código Penal, en los artículos 27 y 202 sobre delitos de odio y discriminación, para agregar como categorías protegidas la orientación sexual y la identidad y expresión de género.
Reformas urgentes
Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué reformas harían falta para que en Guatemala mejoren las condiciones de vida para las personas LGBTI? Según las respuestas de Morales, serían las siguientes:
- Creación de la figura de crímenes de odio.
- Combatir el avance de proyectos de ley que buscan el retroceso en derechos.
- Presentar proyectos de ley para la igualdad de derechos.
- Promoción del respeto social hacia la diversidad sexual.
Más que llegar pronto a alcanzar una igualdad jurídica en derechos civiles, la prioridad en Guatemala –como en otros países de Centroamérica- es garantizar el derecho a la vida, a la integridad, al acceso a servicios básicos, como la salud y la educación, y obtener más respeto de parte de una sociedad que ha tenido poco acceso a información sobre diversidad sexual.
