El presidente Enrique Peña Nieto firmó en 2015 un decreto que expropiaba 37 hectáreas de bosque, para que Grupo Higa -consorcio empresarial que edificó la “casa blanca” de la familia presidencial- construyera una autopista. Pero el terreno afectado por la autopista es considerado “bosque sagrado” por la comunidad indígena otomí, y es además un santuario del agua; luego de 10 años de oposición los comuneros lograron la suspensión definitiva del proyecto, señalado por ellos como “ecocida”.

La suspensión definitiva concedida por el Poder Judicial de la Federación tiene como fin “proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto y a los recursos naturales”, informó en un comunicado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La autopista Toluca-Naucalpan fue pensada para comunicar a la capital del Estado de México, entidad gobernada por el presidente Peña Nieto de 2005 a 2011, con el municipio de Naucalpan, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La obra fue concesionada en 2007 a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., empresa del grupo Higa, encargado de construir la “casa blanca” de la familia presidencial.

Los comuneros de San Francisco Xochicuautla, una de las poblaciones afectadas por la autopista y que ha sufrido la detención de algunos de sus miembros durante protestas, advirtieron que la suspensión definitiva del proyecto es un gran paso, pero “la defensa de la vida, el agua, el Bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva”.

Infórmate más sobre el caso en el sitio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.