En una opinión de 2017 sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que todos los derechos aplicables a las parejas heterosexuales debían extenderse a las parejas del mismo sexo. Tres años después, Costa Rica aprobó el matrimonio igualitario. Antes lo hicieron Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador. Pero ¿cómo es decir “sí, quiero” fuera de las capitales? 


Texto: Juliana Quintana (Argentina), Astrid Morales (Guatemala), Diego Pérez Damasco (Costa Rica), David Adrián García (México)

Traducción: Evandro 

 

Este contenido es parte de #InteriorLATAM, un proyecto para contar historias y crear conversaciones más allá de las grandes ciudades de nuestra región. Suscríbete a nuestro newsletter mensual.

 

En 2016, la entonces vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva acerca de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, y también sobre el derecho al nombre de las personas trans. Dos años después, la Corte respondió de forma contundente, abriendo la puerta del matrimonio igualitario a todos los países de América Latina que aceptan su jurisdicción.

Con Costa Rica, que lo aprobó en 2020, ya son seis los países del continente latinoamericano que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio nacional. Antes fueron Argentina (2010), Uruguay (2013), Brasil (2013), Colombia (2016) y Ecuador (2019). Hasta el momento Chile y Bolivia solo reconocen uniones civiles entre personas homosexuales, mientras en el caso de México el reconocimiento legal varía en dependencia de los estados. 

Pero, ¿cómo se vive el matrimonio igualitario fuera de las ciudades capitales, donde el apoyo a la población LGBTQ+ suele ser menor? En este explicador traemos historias de Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Colombia para ilustrarlo. Juntas muestran cómo la protección de una figura legal tan potente como el matrimonio igualitario constituye un blindaje importante contra la discriminación. Sin embargo, también dejan entrever los retos que aún existen en cuanto a aceptación social. 

SANTA FE, ARGENTINA

El día en que se aprobó el matrimonio igualitario en Argentina, Esteban Paulón conoció a la persona que hoy es su marido. Era 15 de julio de 2010 y hacía un frío intenso frente al Congreso de la Nación. Miles de personas seguían con los ojos clavados a la pantalla los discursos de las senadoras y senadores que iban a definir el futuro de la población LGBTIQ+. Después de 14 horas de sesión, con 33 votos afirmativos, 27 negativos y tres abstenciones, el Senado dio su veredicto: el matrimonio igualitario era ley.

Paulón recuerda haber salido del edificio del Congreso para compartir con sus compañeres  y sentir la “explosión en cámara lenta”. De pronto vio a personas que se besaban, se abrazaban, lloraban. Cruzó la plaza corriendo y allí, en pleno Buenos Aires, epicentro de esta lucha reivindicativa latinoamericana, se encontró con una sensación completamente nueva: la de ser considerado un ciudadano más. 

“Fue mucha emoción cuando el Senado votó la ley porque se veía a toda esa gente que se había congregado frente al Congreso explotar en llanto, en emoción, en una sensación de desahogo. También de poder militar y saber quiénes éramos cada uno, qué era lo que sentíamos. Tantas décadas y tanto tiempo de reflexión, de silencio, de violencia, de invisibilidad llegaban a su fin”, relata Paulón, Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, quien lleva 15 años en el camino de la diversidad y empezó a militar por sus derechos desde su provincia, Santa Fe. 

Pero rebobinemos hasta el 14 de febrero de 2007. Ese día, María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), y su entonces pareja Claudia Castro pidieron turno para casarse en el Registro Civil, pero se lo negaron. Entonces decidieron presentar un recurso de amparo para que se declarara inconstitucional la ley que prohíbía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así empezó una lucha que obtuvo su triunfo histórico tres años después.  

Según datos de la Federación Argentina LGBT, desde 2010 se han celebrado unas 20 mil 244 uniones de personas homosexuales en el país. Gracias a esta ley, también se aprobó la adopción monoparental, un derecho del que las parejas homosexuales gozaban sólo en una decena de países de todo el mundo hasta ese momento. 

De los diez países que en el mundo garantizan el acceso igualitario al matrimonio para todas las parejas, sólo Canadá y Argentina permiten a las y los extranjeros no residentes casarse en sus territorios. Paulón trabajó en este sentido mientras fue presidente de la Falgbt. Según explica, en las provincias argentinas no existen hoy mayores complicaciones para acceder a este derecho. En 2012, por ejemplo, fue autorizado por la Dirección de Registro Civil de Santa Fe. La diferencia es que en las ciudades grandes hay más oficinas de Registro Civil y mucha gente esperando para casarse. De ahí que resulte más fácil hacerlo en una ciudad grande que en una pequeña.

La aprobación del matrimonio igualitario también fue fundamental para que las organizaciones argentinas de la diversidad y la disidencia sexual y de género comenzaran a labrar el camino para una ley de identidad de género, que llegó dos años después. Mientras Paulón fue Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de Santa Fe, entre 2015 y 2019, impulsó programas de asistencia, protección y promoción de derechos LGBT+, así como de fortalecimiento de la sociedad civil e integrales de inclusión trans. 

“Nosotros tenemos una ley de educación sexual integral muy avanzada para las provincias, que incluye la diversidad y la disidencia [sexual] en su agenda. La principal oposición vino de grupos evangélicos que presionaron a los veladores de los distintos sectores de la justicia para que la ley no se aprobara. Que también lo hicieron con la ley del aborto y la ley trans”, cuenta.

No obstante, un punto que sigue resultando problemático es el del ejercicio y la visibilidad del matrimonio LGBT. Esta percepción ha ido cambiando desde el inicio. Ahora el gran desafío es adaptar todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Más allá de ser visibles y acceder al casamiento, todavía sobreviven los estigmas por parte de instituciones con respecto a la adopción o la ma/paternidad. Fundamentalmente sobre les niñes y adolescentes en las escuelas.

“Seguramente, hay mucha gente a la que que no le interese este proyecto para su vida o que sentirá que no necesita la ley del matrimonio igualitario pero, sin lugar a dudas, todo el colectivo tuvimos la convicción de que se terminaba un periodo de silencio, de oscuridad, de ocultamiento y de vergüenza”, resalta Paulón. “Más allá de la conquista de los derechos, que son muy importantes, la protección del Estado y el cambio que produce la ley en el imaginario social nos pone, a las personas LGBTIQ+, en una posición de ciudadanos con los mismos derechos”.

RIVERA, URUGUAY

El 10 de abril de 2013, Uruguay se convirtió en la duodécima nación del mundo en aprobar el matrimonio para personas del mismo sexo. Ocho años después, el colectivo LGBTIQ+ cuenta con derechos y garantías. Sin embargo, los desafíos en el plano de la aceptación social aún persisten en algunos departamentos del país. 

En los juzgados de Rivera, una ciudad ubicada al norte de Uruguay, el procedimiento para acceder al matrimonio igualitario es el mismo que en cualquier otro Juzgado de Paz del país. Sebastián Güida, referente del colectivo Riversidad, y su novio fueron unas de las primeras parejas de varones cis en casarse allí desde la sanción de la ley. Lo hicieron en 2019, pensando en el cambio de gobierno. Según cuenta, quedaron impresionados con el buen tratamiento que recibieron en todo momento.  

“Lo que ocurre mucho acá es que están los migrantes sexuales”, dice Güida. “Muchísimas personas LGBT terminan casándose en la capital para alejarse del entorno de los vecinos, de la familia”.

Rivera es la ciudad uruguaya que más vota en contra de proyectos en favor de los derechos humanos. Ser travesti, gay o lesbiana en uno de los departamentos más conservadores del país no es fácil. Por eso el éxodo a la capital de jóvenes que buscan ser socialmente reconocides no cesa. 

“Muchxs piensan que llegar a la capital es como el mayor logro de la vida, siendo que hoy se han descentralizado los servicios universitarios, entre otras cosas”, comenta Güida. “Hay personas que pueden estudiar en sus ciudades pero deciden irse a la capital a hacer la misma carrera”. 

La socióloga Romina Martinelli, quien investigó la migración sexual dentro de Uruguay como parte de su tesis de grado, sostiene que detrás de las razones económicas, académicas, familiares o de salud que los jóvenes presentan para migrar, suelen encubrirse otros motivos. Entre ellos, la búsqueda de destinos menos hostiles que posibiliten la negociación de identidades no hetero-conformes. Muchas personas LGBT migran buscando otra ciudad donde puedan consultar al médico, ser llamadxs por su nombre social o acceder a viviendas y empleo dignos. 

“La gente va a estudiar y trabajar y termina quedándose en Montevideo. Pero también es más lindo casarse en las capitales que en los juzgados departamentales, que son bastante pequeños, feitos y apretados”, cuenta Güida.

De momento, para casarse en Uruguay solo es necesario ser mayor de 18 años, sin importar la orientación sexual o identidad de género. En 2019, el gobierno del Frente Amplio, comandado por Tabaré Vázquez, presentó un proyecto de ley para expandir el marco jurídico y que los extranjeros no residentes también puedan legalizar sus uniones civiles. 

CAMPO BOM, BRASIL

Rodrigo y Julianno se conocieron en 2009, pero no fue hasta 2014 que se enamoraron. Desde entonces siguen juntos. Con alegría, cuentan que fueron la primera pareja gay en casarse en Campo Bom, un pequeño municipio ubicado en la zona metropolitana de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil.

Hacen una bonita pareja. Desde la distancia se nota que se aman y hasta despiertan un poco de envidia. Rodrigo le pidió la mano a Julianno frente a la Torre Eiffel, en París. ¡Como en las películas! Meses más tarde se casaron rodeados de toda su familia. Su boda estaba planeada para el 8 de diciembre de 2018, pero no contaban con que dos meses antes comenzaría una etapa oscura para Brasil: Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018.

La llegada al poder del ultraconservador encendió las alarmas entre la población LGBT+, que temía un retroceso en cuanto a derechos conquistados, entre ellos el del matrimonio igualitario, aprobado en mayo de 2013. Y no era para menos: en 2016, Bolsonaro había comentado en una entrevista con el actor Elliot Page que había “aumentado el porcentaje de homosexuales debido a las drogas, hábitos liberales y a un mayor número de mujeres trabajando”. Un año después llegó a declarar que prefería tener un hijo muerto antes que uno homosexual. 

Esto hizo que miles de parejas de gays y lesbianas decidieran adelantar sus ceremonias. Se estima que después de las elecciones, los registros de matrimonios homosexuales aumentaron al menos un 25% en todo el país.

Rodrigo y Julianno bromean con que gracias a Bolsonaro su boda fue un poco más económica: la lista de invitados disminuyó tras la campaña electoral. “Cuando una persona no desea que existas o desea tu muerte, es imposible seguir con esa amistad. No se puede estar del lado de un presidente racista y homofóbico”, añade Julianno.

“Nuestros vecinos nos quieren mucho y se preocupan por nosotros como por cualquier otro matrimonio del vecindario”, dice Rodrigo. La pareja cuenta que están conscientes de sus privilegios.  Siempre han tenido el apoyo de su familia y su posición económica les permite recibir un mejor trato que el que reciben otras uniones del mismo sexo.

Según el informe “Situación de los Derechos Humanos en Brasil”, redactado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Brasil está entre los países de la región con mayor cantidad de agresiones por orientación sexual e identidad de género, situación ocultada por las cifras oficiales. Los hombres gay son los más afectados en este sentido. Sobre todo los afrodescendientes. De 191 víctimas mortales de homofobia registradas en el país en 2018, la mayoría pertenecían a este grupo racial. 

– ¿Han pensado tener un hijo o adoptar? 

Aunque la adopción homoparental en Brasil tiene antecedentes judiciales desde 2010, fue en 2013, cuando se reconocieron legalmente las uniones homosexuales, que se permitió. Este derecho fue ratificado por el Supremo Tribunal de Justicia en 2015.

Ambos ríen. Julianno dice que sí lo llegó a pensar, pero cambió de parecer tras la pandemia de covid-19. Además, con tres perros y dos gatos que cuidan como sus hijos, poco tiempo les quedaría, asegura. 

Por último les pido un consejo para las parejas que están dudando sobre si casarse o no en los países de América Latina donde ya es posible. “Deben seguir a su corazón, siempre” dice Rodrigo. Y Julianno añade: “el matrimonio igualitario fue un derecho conquistado, no regalado. Luchen por mantenerlo, siempre con el amor por delante”.

NEIVA, COLOMBIA

En abril de 2016 la Corte Constitucional de Colombia le dio el sí al matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque con anterioridad las parejas homosexuales ya habían logrado ganar terreno en el campo de los derechos, el proceso para llegar a esta decisión fue largo, lleno de altibajos y tuvo, además de la Iglesia, antagonistas destacados como Alejandro Ordóñez, ex-procurador General de la Nación.

Todo empezó en 2007, cuando, a través de la sentencia C-075, la Corte Constitucional estableció que la Ley 54 de 1990, por la cual se definían las uniones maritales de hecho, era aplicable por igual a parejas heterosexuales y homosexuales. Entre los derechos contemplados en la ley estaba que los miembros de las parejas pudieran obtener beneficios de salud, pensión de sobreviviente, herencia y subsidios familiares.

Posteriormente, en 2011, con la sentencia C-577, la Corte Constitucional reconoció a las parejas del mismo sexo como familias merecedoras de reconocimiento institucional. Además, alentó al Congreso a legislar al respecto en un plazo máximo de dos años para corregir el déficit de protección jurídica que hasta ese momento tenían las parejas homosexuales. Como punto resolutivo, estableció que si para el 20 de junio de 2013 el Congreso no había expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrían formalizar su vínculo ante un notario o juez competente. 

Debido a la ausencia de reglamentación, llegado el momento muchos notarios reconocieron estas uniones como “vínculos contractuales solemnes”, pero no como matrimonios. Alejandro Ordóñez, quien se desenvolvió como Procurador General de la Nación de 2009 a 2016 y es uno de los funcionarios más reacios al matrimonio igualitario, advirtió en 2013 que la institución podría abrir investigación y sancionar a los notarios que celebraran matrimonios de personas del mismo sexo. 

A esto le siguió una serie de obstaculizaciones para  los derechos fundamentales de las parejas que solicitaron un matrimonio civil. Aún así, el 23 de julio de 2013 los activistas Carlos Hernando Rivera y Gonzalo Ruiz Giraldo se convirtieron en la primera pareja homosexual “civilmente casada”. Otras debieron continuar luchando por sus derechos hasta 2016, cuando la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario con seis votos a favor y tres en contra. Un año antes había permitido la adopción por parejas del mismo sexo.

Andrea y Juliana aún no han podido legalizar su unión. Ambas son de Neiva, capital del departamento del Huila, entre la cordillera Central y Oriental. Se conocieron en el bachillerato. Fueron amigas durante cinco años, hasta que Andrea se animó a expresar sus sentimientos. Ahora, mientras toma la mano de su compañera de vida, se sonroja y sonríe nerviosamente cuando recuerda que fue ella quien tomó la iniciativa. 

Han pasado cuatro años desde que iniciaron su relación y dos desde que decidieron formar su propio hogar. Andrea y Juliana afirman que su relación cuenta con el apoyo de sus amistades y que sus familias “cada vez se han hecho más a la idea”. Sin embargo, desde que otra pareja del sector, también homosexual, fuese exhibida en un grupo de WhatsApp de vecinos y luego rechazada, temen posibles reacciones hostiles.

Fue por eso que acordaron buscar nuevos trabajos y mudarse a Bogotá, la capital de Colombia. Allí conocen a dos parejas del mismo sexo que ya pudieron casarse sin ninguna barrera legal o social. La crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 ha retrasado sus planes, pero la idea de vivir en la capital y legalizar su unión las mantiene con el ánimo alto.

“Aunque el matrimonio es legal en el país, aún falta un largo camino para hacer a un lado los prejuicios sociales”, concluye Juliana. “Tomará tiempo, pero el amor todo lo puede”.   

SIQUIRRES, COSTA RICA

La noche del 25 de mayo de 2020, el canal 13 de la televisora estatal de Costa Rica tuvo una transmisión especial. El programa, financiado por la campaña “Sí, Acepto”, concluyó a la medianoche con la boda en vivo de Alexandra Quirós y Daritiza Araya. Fue la culminación de un proceso de muchísimos años, tortuoso e incierto en momentos, que llevó a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país centroamericano.

La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sirvió de base para su entrada en vigencia, polarizó las elecciones presidenciales de 2018. Estas mostraron al menos dos Costa Ricas. 

Por un lado estaba la urbana, de clase media, constituida por el Gran Área Metropolitana (GAM) -formada por las cuatro principales ciudades costarricenses-, que apoyó mayoritariamente al actual presidente, Carlos Alvarado, quien defendía el matrimonio igualitario. Por el otro, la Costa Rica rural, costera y empobrecida, en donde arrasó el candidato evangélico Fabricio Alvarado.

Sin embargo, aunque Costa Rica es una república unitaria, donde las leyes aplican en todo el territorio nacional, una cosa es la ley y otra la aceptación social. No en vano las elecciones de 2018 demostraron la existencia de un gran contingente anti-LGBT en el país. 

Francisco Chacón es un costarricense que contrajo matrimonio el año pasado con Raymundo Oreallana, de nacionalidad hondureña. Ambos viven en Siquirres, una ciudad en la provincia de Limón, en la costa Caribe del país, uno de los principales bastiones electorales de los partidos evangélicos del país. Ambos saben que algunas personas de la ciudad siguen sin estar a favor de su unión. No obstante, hasta el momento ninguno se ha sentido discriminado ni sufrido incovenientes por estar casados fuera de la GAM. 

Para casarse, no tuvieron que salir de su ciudad. “Nos casamos en Siquirres”, dice Chacón. “El abogado se encargó de gestionar todo el trámite, que se hizo en línea. Fue bastante rápido. A los días ya aparecía nuestra nueva condición en la plataforma de consultas del Tribunal Supremo de Elecciones”. 

El trámite para que Raymundo obtuviese la residencia también fue expedito. 

Desde que se aprobó el matrimonio igualitario en el país también es legal el proceso de adopción conjunta por parte de parejas del mis sexo. Este se realiza a través del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Sin embargo, hasta el momento no se conoce de ninguna adopción realizada por hombres después de entrado en vigencia el matrimonio igualitario. En el caso de las mujeres, sus hijos se inscriben inmediatamente como biológicos por política del Registro Civil. 

 

Ilustración: Rocío Rojas
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