Texto: Tania Chacón
Fotos: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Valentina Rosendo Cantú tuvo que luchar la mitad de su vida para obtener justicia. Apenas el 1 de junio de 2018 la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales sentenció a dos militares a 19 años de prisión por tortura sexual contra Valentina. Esto se trata de una ratificación que llega ocho años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera su sentencia sobre el caso. El ataque ocurrió cuando Valentina tenía 17 años, en el año 2002, en el Estado de Guerrero. En ese entonces no hablaba español. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Valentina Rosendo dijo a la audiencia: “Yo hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad”.

El hecho de que Valentina pueda afirmar esto debería celebrarse, sí. Pero es importante no olvidar que en Latinoamérica aún hay mucho por hacer en materia de violencia sexual contra las mujeres. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentado en 2017 muestra que América Latina y el Caribe es la región con la mayor tasa del mundo de violencia sexual contra las mujeres fuera del ámbito privado, descartando a los países que se encuentran en guerra. Además, sólo nueve países de la región tipifican la variada gama de expresiones de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. De acuerdo con ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual.

Y tampoco hay que perder de vista que el caso de Valentina, además de la violencia de género, también está permeado por la violencia ejercida por el Estado, un aspecto que también está presente en otros países de América Latina.

Un ejemplo es el caso de Venezuela. Hay 600 casos de tortura registrados en el país y en espera de ser analizados en la Corte Penal Internacional. Los casos datan de 2002, es decir, años antes de que se agudizaran las protestas de la oposición, lo cual ocurrió en 2017, y aún bajo el mando de Hugo Chávez. De esta situación da cuenta la abogada venezolana Tamara Suju, quien recopiló historias de víctimas de cuerpos de seguridad e intenta probar ante ese tribunal que se trata de acciones de tortura sistemática por parte del gobierno. De acuerdo con la abogada, el 70% de las víctimas recibieron torturas sexuales. Las víctimas incluyen a niños y niñas, ancianos y ancianas y personas con discapacidad.

Otro caso es  Colombia, país que ha vivido bajo un conflicto armado entre el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (conocidas como las FARC), grupos paramilitares y cárteles de droga desde la década de los 60, el cual apenas vislumbra un final con los Acuerdos de Paz firmados en 2016. Desde noviembre de 2002 la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre algunos crímenes cometidos por las FARC. Ejemplo de esos delitos son violación, tortura, mutilación sexual, prostitución forzada y esclavitud sexual. Entre las víctimas estarían jóvenes reclutadas obligadamente y mujeres cuyos familiares formaron parte de otros grupos armados. La misma Corte tiene jurisdicción desde noviembre de 2009 sobre otros crímenes también cometidos por las FARC, entre los cuales se incluyen violaciones, tortura y mutilaciones sexuales, esclavitud sexual, embarazos forzados, anticonceptivos forzados y abortos forzados.

La Corte Penal Internacional ha tratado crímenes cometidos no solo por la organización guerrillera, sino también por la fuerza pública de Colombia. Tal es el caso de tres hermanos menores de edad en Arauca que fueron abusados sexualmente y asesinados en 2010 por un soldado del ejército. También, un grupo de soldados que en julio de 2010 torturaron y abusaron sexualmente de un hombre y una mujer.

Distintas Latitudes buscó a la abogada Larissa Arroyo para tratar de comprender por qué es tan difícil que en nuestra región los casos de violencia sexual reciban justicia. Larissa Arroyo es una abogada costarricense especialista en derechos humanos, género, derechos sexuales y derechos reproductivos. Ella ha trabajado en varias organizaciones nacionales y regionales como el Center for Justice and International Law y el Frente por los Derechos Igualitarios. También ha hecho litigio estratégico nacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Larissa Arroyo explica que muchos casos que llegan a las altas cortes internacionales tienen que ver con contextos muy específicos como el conflicto armado en Colombia, la guerra contra el narcotráfico en México, o la represión a la oposición en Venezuela. En esos contextos particulares la violencia aumenta y puede utilizarse como un arma de guerra.

Para dar un ejemplo, podemos revisar el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” de Amnistía Internacional donde se señala que la respuesta de las autoridades mexicanas a la delincuencia organizada se ha basado en encomendar a las fuerzas armadas las tareas de seguridad pública. En el informe se estudió cómo las autoridades ven a las mujeres como el eslabón débil de la cadena, por lo cual corren especial riesgo de ser detenidas por el ejército o la policía e incrementa el peligro de que sufran violaciones de derechos humanos. Por estereotipos de género las mujeres detenidas han sido objeto de tortura.

Aunque la abogada costarricense acota sobre el tema de la tortura que “la violencia sexual en contra de las mujeres la vivimos en todos los países, en todos los contextos, y que además esas barreras, que ya de por sí existen en esos contextos mucho más específicos, también aplican para esos países incluso donde se supone que son desarrollados o avanzados, o que tienen mayores índices de acceso a la justicia”.

En este sentido, Tania Renaum, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional dijo en la conferencia de prensa acompañando a Valentina Rosendo: “Esta sentencia nos recuerda y nos afirma que nuestro cuerpo no puede ser usado como instrumento de guerra, humillación y malos tratos. Y en el ámbito del derecho, le da plena credibilidad al testimonio de la víctima”.

Larissa Arroyo señala que también se debe pensar en cómo se realizan las investigaciones, pues normalmente reproducen los estereotipos de género y se culpabiliza a las mujeres, lo cual interfiere con las investigaciones y obstruye el acceso a la justicia. “Cuando se llevan estos procesos a instancias regionales o internacionales volvemos a tener lo mismo, no podemos olvidar que esos sesgos de discriminación por género, esos sesgos sexistas, también los tienen jueces y juezas a nivel internacional”.

La misma Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa, unos días después de sobrevivir al ataque acudió a un centro de salud por ayuda. Un médico se negó a atenderla porque no quería problemas con los militares. Desde ahí continuó el proceso de violaciones a sus derechos y al acceso de justicia. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de México declaró que no había pruebas de la violación.

La justicia no es pronta

La Corte Interamericana ha dictado ocho sentencias en casos presentados contra México, en tres de los cuales se denuncia tortura sexual. Cabe recordar que este tribunal internacional aún tiene en su jurisdicción el caso de las mujeres de Atenco, quienes fueron atacadas sexualmente por policías el 3 y 4 de mayo de 2006. La violencia contra estas mujeres se dio durante las  protestas que se realizaron por la construcción de un aeropuerto en sus terrenos agrícolas ubicados en Texcoco, el centro del país. Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la Policía Federal y policías municipales, fallecieron dos personas, 207 personas fueron detenidas de manera arbitraria, 26 mujeres fueron violadas y sufrieron vejaciones sexuales. En julio de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano no había avanzado en las investigaciones, por lo cual remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la audiencia celebrada en la Corte en 2017, la comisionada representante de la Comisión Interamericana, Margaret May Macaulay, dijo que el Estado mexicano incumplió por lo menos tres tratados internacionales en el caso.

Además de las trabas que deben enfrentar las mujeres víctimas de violencia sexual, Larissa Arroyo añade que un caso de este tipo puede durar 15 o 20 años en el sistema interamericano. “Esto desgasta a la familia, mata a la familia o a quien esté sosteniendo el caso, incluso a la víctima, que una y otra vez tiene que verse revictimizada y tiene que rendir cuentas no solo ante las cortes sino también ante la sociedad y ante la prensa por ejemplo […]. Las personas que denuncian muchas veces llevan la de perder porque no están preparadas para el tiempo, la energía, el desgaste, y aquellas poquitas personas que logran hacerlo se demoran tanto que realmente al final cuando hay un resultado como podría ser una sentencia o una rectificación de sentencia ya no se siente como un éxito, porque la justicia que es tardía en realidad no es justicia”.

Un caso así fue, precisamente, el de Valentina Rosendo, quien a pesar de ello piensa que su sentencia “va a favorecer a que cambiemos. Voy a regresar a mi comunidad con mi gente que un día me rechazaron, que un día se burlaron de mí. Aquí está mi verdad, casi media vida llevo con esta lucha de buscar justicia. Ahora me siento con muchos ánimos para seguir y acompañar a otras mujeres que han sufrido violación”.