Texto: Tania Chacón

El Tren Bioceánico uniría el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, atravesaría Brasil, Bolivia y Perú. Se trata de un proyecto que aceleraría el transporte de mercancías, especialmente de soya y minerales, y tendría entre 1105 y 1115 kilómetros. El costo de esta mega vía férrea impulsada por el gobierno chino sería la destrucción de áreas naturales protegidas y afectaciones a pueblos indígenas. Además, los beneficios económicos que se esperan obtener gracias a las facilidades para el traslado de mercancías podrían no ser tan grandes como se espera.

El Grupo de Análisis para el Desarrollo y Conservation Strategy Fund realizaron un estudio sobre el Tren Biocéanico y concluyeron que los efectos negativos ambientales y sociales superarían a las posibles retribuciones económicas. El documento explica que aunque la construcción de un tren es una opción preferible a la construcción de una carretera, las pérdidas económicas podrían llegar a los 19.2 millones de dólares.

Esta no es la única inversión de China en Perú que ha causado tensiones sociales y ambientales. De hecho, el Tren Bioceánico forma parte de una amplia cartera de proyectos en varios sectores además de infraestructura. Hay varios factores que han facilitado el desarrollo de estos proyectos a pesar de sus altos costos ambientales y sociales. Vanessa Cueto es la presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Perú, donde también se encarga estudiar el tema de la relación con China. Ella viajó a México para presentar la ponencia “China y las políticas ambientales en el Perú. Un análisis sobre la implementación de memorandos de entendimiento y acuerdos bilaterales sobre explotación de recursos naturales” en el marco del Cuarto Seminario “América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”. El evento al cual asistió Distintas Latitudes se llevó a cabo del 28 al 30 de mayo de 2018 en la Ciudad de México y fue organizado por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.

Lo que se debe saber para entender el problema

En América Latina hay sólo tres países que tienen un Tratado de Libre Comercio con China: Chile, Costa Rica y Perú. Este último ha firmado también tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, los cuales incluyen cláusulas de desarrollo sostenible. El Tratado de Libre Comercio que tiene Perú con China no tiene ninguna cláusula de tipo ambiental.

En su ponencia, Vanessa Cueto explicó que además del Tratado de Libre Comercio, Perú—y algunos otros países de la región atraviesa por un debilitamiento de sus normativas ambientales. En los últimos años ha habido varios cambios de gobierno y presidente en el país, los cuales han debilitado la aplicación de estudios de impacto ambiental. Además, con el fin de promover la aprobación rápida de proyectos han quedado por fuera la participación ciudadana y los estándares ambientales.

La investigadora puso el ejemplo de la exploración de hidrocarburos. En 2018 se presentó un proyecto de ley en el Perú para hacer un cambio general en toda la legislación en la materia. “Ya no sería necesario un estudio de impacto ambiental para el tema de exploración de hidrocarburos. Siendo que los mayores lotes de hidrocarburos en el Perú están en la Amazonía, eso significa grandes riesgos por la cantidad de áreas protegidas que tenemos y de reservas territoriales para con los indígenas”.

Otro factor importante son los conflictos sociales. El actual presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, ha recibido ya más de 263 conflictos socio ambientales. Dentro de la cartera de proyectos priorizados China-Perú se contemplan inversiones en el sector energía, minería, infraestructura y recursos hídricos. La mayoría ha sido causa de un conflicto social.

Tal fue el caso de Las Bambas, un proyecto minero iniciado en 2004 por la empresa china Xstrata Copper y vendido en 2014 al consorcio chino de las empresas MMG Limited, Guoxin International Investment Co. Ltd y CITIC Metal Co. Ltd. Las comunidades campesinas de la región de Apurímac y los distritos de Grau, Chalhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, se vieron amenazados por la operación minera y por esa razón exigieron una consulta previa. Hubo varias protestas, ante las cuales el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala decretó estado de emergencia en varios distritos de la zona. El Ministerio de Energía y Minas dijo que el impacto ambiental del proyecto no era significativo. El conflicto continuó y el saldo a la fecha ha sido de cuatro personas fallecidas.

La presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Perú resume el contexto en tres etapas. “En una primera etapa estamos viendo el debilitamiento de las oficinas ambientales y organismos de protección de derechos indígenas. En una segunda etapa las excepciones al cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado, la reducción de los requerimientos para lograr licencias ambientales. Y la tercera etapa es el acceso a la tierra para asegurar inversiones”. Cada una de las etapas representa factores fundamentales para entender cómo la inversión china entra en el tema ambiental.

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Vanessa Cueto. Foto de Diario La Región.

Los memorandos de entendimiento

Entre Perú y China se han creado memorandos de entendimiento para intentar fiscalizar los proyectos con inversión china. Aunque han significado un avance, para Vanessa Cueto no ha sido suficiente, “los memorandos de entendimiento han creado espacios de diálogo muy grandes de una manera desordenada. No se hace seguimiento específico a los temas, no hay un orden en relación a los espacios de diálogo, no permiten ni la fiscalización ni una participación efectiva de la sociedad civil en el monitoreo”.

Por ejemplo, el Tren Bioceánico tiene un memorando de entendimiento donde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Perú ha podido ver la gran cantidad de impactos ambientales y sociales que el proyecto puede generar. Pero al mismo tiempo contiene cláusulas que no permiten a la ciudadanía conocer el desarrollo de la gran vía.

Otro proyecto importante es la Hidrovía Amazónica, una red con capitales chinos que busca hacer segura la navegación a través del Amazonas durante todo el año, especialmente para poder transportar mercancías. El proyecto está a cargo de la empresa peruana CASA y la china Sinohydro. Varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil se han pronunciado en contra de la manera en la cual están realizados la justificación del proyecto, el proceso de evaluación ambiental, y criticaron que no hubiera consulta previa con las comunidades directamente afectadas.

En el monitoreo que Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Perú ha hecho al respecto “se habla, por ejemplo, de la variación ambiental estratégica, pero eso no se está implementando en la planificación de transporte en el Perú. Eso va en contra de cualquier visión que tome en cuenta los indicadores ambientales. También hay una serie de carreteras que se están dando en el mismo territorio sin ninguna planificación”, contó durante su ponencia Vanessa Cueto.

Aunque Perú y China han firmado estos acuerdos de cooperación ambiental para poder hablar de conservación natural, áreas protegidas, gestión del agua y tratamiento de residuos sólidos, se contraponen con el debilitamiento de las normas ambientales y con las facilidades que otorga el Tratado de Libre Comercio para las acciones de comercio en Perú. En palabras de Vanessa Cueto, “simplemente se sigue avanzado en más memorandos de entendimiento sin tener en claro toda una visión de cómo se va a monitorear el desarrollo de estas iniciativas de cooperaciones de ambos países”.

Desarrollo sí, pero con obligaciones para China

Vanessa Cueto también explicó durante su ponencia en México que Perú solo ha sabido negociar con un rol de exportador a través de su minería y recursos naturales. Mejorar ese aspecto debe ser tomado como una de las primeras necesidades para trabajar en equipos académicos y desde el gobierno. “El acuerdo de cooperación ambiental entre China y Perú debe contemplar una ruta de trabajo. Sin embargo no tiene por objetivo ninguna opción de obligaciones, si ven el acuerdo no se está generando una imposición de obligaciones”.

“China ha venido incluyendo lineamientos cada vez más sofisticados a su sistema financiero e incluyen análisis de riesgo socio ambiental como criterio. Sin embargo las empresas chinas al operar en el exterior no están obligadas a cumplirlas”. En la opinión de la investigadora Cueto es necesario asegurar un mecanismo de participación y acceso a la información para monitorear cómo se implementan los memorandos de entendimiento en el país, lo cual permita exigir el cumplimiento de los mismos y que tanto sociedad civil como el gobierno puedan generar cambios en el proceso de negociación con China.