Existen las tradicionales y las profesionales y su labor puede cubrir hasta el 80% de los servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal: desde poner un implante anticonceptivo, realizar una interrupción voluntaria del embarazo o asistir un parto. No pueden realizar cesáreas, pero sí detectar y estabilizar complicaciones para derivarlas a un médico.
La Confederación Internacional de Matronas (CIM), en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicaron el informe El estado de las parteras en el mundo, 2021. En este documento presentan un análisis en 88 países que demuestra que una ampliación sustancial de la cobertura de las intervenciones prestadas por parteras (un aumento del 25% cada cinco años de aquí a 2035) podría evitar el 40% de las muertes maternas.
En Honduras y El Salvador la partería no está regulada y eso contribuye a la estigmatización y precarización de su trabajo. Para la Asociación de Partería Indígena y Comunitaria (Asparinco), en El Salvador, la exclusión de las parteras tradicionales en las redes de salud comunitaria del Estado es un factor que debilita las estrategias de prevención de la mortalidad materna, pues las instituciones no brindan apoyo ni favorecen la coordinación con estos actores locales para el monitoreo y atención de las mujeres embarazadas, trabajo que hasta ahora realizan de manera individual y voluntaria.
“Ser partera en otros países es una profesión y para el manejo de partos sin complicaciones me parece que debería implementarse en el país”, opina la doctora Marianela Martínez desde Honduras. “Le toca a la Secretaría de Salud y a todo el equipo multidisciplinario regular esta actividad y tenerla cerca, darle un buen seguimiento”, agrega.
El beneficio que la partería tiene en la salud también se refleja en términos económicos. “Tener parteras en el primer nivel de atención es costo efectivo”, declara Florencia Francisconi, representante regional para América Latina en la Confederación Internacional de Matronas. “Un médico ginecólogo obstetra no debería estar en el primer nivel de atención, tiene una especialidad médico-quirúrgica y tiene que estar resolviendo patologías. Las parteras tenemos que estar atendiendo el embarazo, que es un proceso fisiológico”, expone.
En Guatemala, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) cuenta con una política nacional de comadronas que obliga a los servicios de salud a darle a la abuelas comadronas capacitaciones y a su vez ellas conducen a las mujeres que atienden a que vayan a los servicios de salud, y participen de las consultas prenatales.
En algunas regiones de México, el trabajo de las parteras es determinante. “En Chiapas, la entidad con más parteras tradicionales, muchas veces son el único agente de salud con experiencia para atender partos. Que el Estado mexicano no reconozca que no logra llegar a todas las mujeres y la labor de las parteras es una deuda con el aporte y el trabajo que hacen día a día”, declara Hilda Argüelles, del Observatorio de Mortalidad Materna.
“La evidencia científica está, ahora resta que los gobiernos salden las deudas pendientes que tienen con las mujeres y con las parteras”, manifiesta Florencia Francisconi. No solamente falta la regulación en Honduras o El Salvador, sino también formación profesional, autonomía y respeto para hacer su trabajo. Existe mucho estigma y minorización en torno a la partería, que Florencia explica como un tema de género. “Somos mujeres asistiendo mujeres”. Por otro lado, Hilda Argüelles realizó una investigación sobre la partería que explora las tensiones históricas cuando surge la medicina como ciencia y desplaza a la partería, que pasó de ser un oficio de mujeres a un oficio de hombres. “Son cuestiones de género y también hay componentes de discriminación y racismo porque muchas parteras son indígenas”, sostiene la médica y antropóloga.
Finalmente, una deuda histórica pendiente es el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. El acceso a la información sobre sus cuerpos, la posibilidad de elegir la maternidad y de llevarla de la manera que ellas prefieran debe estar garantizado por las instituciones del Estado. “Me parece que estamos perdiendo tiempo de oro en cuanto a fortalecer los derechos de las mujeres para decidir cómo parir y que el Estado lo pueda garantizar de manera segura”, opina Argüelles.
Desde el Comité Promotor por una Maternidad Segura hablan de “empoderar a la población” con políticas de salud basadas en el autocuidado. “Estás obligado a decirle a la población cómo puedes prevenir un embarazo no deseado, por ejemplo”, afirma David Meléndez y asegura que el enfoque de atención primario le da poder a la población.
Con el nuevo riesgo particular que la COVID-19 significa para mujeres embarazadas, el acceso a información clara, verificada y contextualizada sobre la vacuna se suma a las prioridades que los Estados deben tener con esta población. “En las campañas de comunicación es muy importante que hablen el idioma local”, explica Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva en Guatemala.
La mortalidad materna es un reflejo de cuánto falta en el camino de empoderamiento de las mujeres y la gestión de su salud. La pandemia aceleró la urgencia, pero los pasos a tomar están ahí. Es momento de arrancar.