Mariana Delgado Barón[1]

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Con escepticismo recibí la noticia del proceso de paz entre el gobierno del Presidente Santos y las FARC, y no es para menos, dados los últimos años de degradación del conflicto armado en Colombia, reflejada en el constante crecimiento del universo de víctimas de los actores armados, en el drama de los desplazados,  en los líderes de tierras asesinados, en los niños y niñas reclutados en las filas guerrilleras o paramilitares, en los crímenes cometidos en contra de la población, y dados los pobres y cuestionables  resultados de las negociaciones pasadas con la insurgencia[2] y el paramilitarismo[3]. Pero también acepto que con escepticismo recibí la llegada del presidente electo Juan Manuel Santos a la Presidencia de la República en el 2010 porque asumí, como miles de colombianos lo hicieron, que Santos representaba el continuismo de la política militar y de defensa del “ojo por ojo” o de la “mano firme, corazón grande”  de Álvaro Uribe.

Para sorpresa de muchos colombianos, Santos no sólo rompió con ese continuismo, sino que además adoptó una postura política opuesta a la de Uribe en relación con el conflicto armado. El gobierno de Santos partió del reconocimiento de un conflicto armado interno,  y también asumió como bandera política “la ley de víctimas y restitución de tierras” que tanto rechazó Uribe hasta llevarla a su hundimiento durante su segundo mandato. De esta forma, identifico un compromiso político del actual gobierno con las víctimas del conflicto armado, con el cumplimiento y garantía de sus derechos, con su reconocimiento y sobretodo logro identificar el compromiso con un proceso de restitución de tierras que pone de manifiesto uno de los problemas álgidos de la confrontación armada en Colombia: la tierra, o en otras palabras, su distribución y la necesidad de una reforma agraria. No en vano, aún hoy retumban las palabras de Manuel Marulanda Vélez, más conocido como “Tirofijo”, alusivas a las gallinas y marranos que perdió en los bombardeos de Marquetalia efectuados por la fuerza pública en el año de 1964 durante el gobierno de Guillermo León Valencia, y no en vano hay que recordar el origen campesino y agrario de la mayoría de los grupos guerrilleros en Colombia, particularmente de las FARC.

A pesar de mi escepticismo, considero que es un hecho trascendental y necesario este último acercamiento entre las FARC y el gobierno Santos. Claro está que la paz no va a llegar de la noche a la mañana, bien sabemos que requiere de reformas de fondo (entre éstas la reforma agraria), y en este sentido la paz que deben estar buscando los representantes del gobierno y de las FARC en los diálogos de negociación, en donde brilla por su ausencia la sociedad civil, es una paz positiva que trascienda el de por sí trascendental fin de la confrontación armada y contemple derrumbar las estructuras que perpetúan la desigualdad social en el país, caldo de cultivo de la insurgencia armada y el crimen organizado.

Los actores que están sentados en la mesa de negociación saben que la paz no es solamente la terminación de la guerra y por eso mismo incluyeron dentro  del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera seis puntos clave que componen la agenda como lo son: la política de desarrollo agrario integral que contempla a su vez los subtemas de acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo, infraestructura y sistema de seguridad alimentaria; el eje de participación política que contiene derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, mecanismos democráticos de participación ciudadana, y promoción de la participación política en los niveles nacional, regional y local; el fin del conflicto que implicará el “cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo”, la dejación de las armas y la reincorporación de los ex combatientes; solución al problema de drogas ilícitas; el tema de las víctimas, y por último los mecanismos de implementación y verificación de los acuerdos[4].

Quiero pensar y sentir que mi escepticismo dará paso a un optimismo incuestionable e inquebrantable en relación con los avances y acuerdos a los que se llegue en Oslo y en La Habana, sin embargo, no llegaré a tal hasta que la misma sociedad colombiana esté dispuesta a asumir el costo que trae una reconciliación nacional, y parte de este costo es aceptar que una vez más la insurgencia armada puede llegar a constituirse en un actor político que democráticamente participe en la política colombiana en todos los niveles[5]. Lo anterior no implica desconocer los crímenes perpetuados por los alzados en armas, ni invisibilizar a sus víctimas, sino poner de relieve que en esa posibilidad de participación política legal también radica el éxito o el fracaso de las negociaciones.

 


[1] Politóloga y Magister en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes (Bogotá- Colombia); Magister en Política internacional de la Universidad de Birmingham (Inglaterra); Doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la FLACSO (Sede México). Actualmente Investigadora Invitada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[2] El último intento de negociación con las FARC se dio durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998- 2002).

[3] Acuerdos de Santa Fe de Ralito firmados por el Comisionado para la Paz Luís Carlos Restrepo, Representante del Gobierno de Álvaro Uribe, y los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

[4] Texto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

[5] Como fue el caso del Movimiento 19 de Abril, M- 19, que tras un proceso de negociación con el gobierno del entonces Presidente Virgilio Barco (1986- 1990) se desmoviliza y se convierte en la Alianza democrática M-19.