Texto: Laboratorio Distintas Latitudes.
Gráficos: Alma Ríos

Argentina, el país donde más de 2 mil militares han sido acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura entre 1976 y 1983, volverá a utilizar a sus fuerzas armadas para “combatir el narcotráfico y el terrorismo”.

Tras la dictadura, las fuerzas militares se habían apartado de las tareas de seguridad. Pero el 30 de julio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto a través del cual se hizo oficial la reforma a las Fuerzas Armadas Argentinas que el presidente Mauricio Macri anunció unos días antes. El decreto contempla que los militares custodien objetivos estratégicos para la seguridad, brinden apoyo logístico en las fronteras y colaboren con la seguridad interior.

Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil argentina se han manifestado en las calles en contra de esta estrategia de seguridad bajo la consigna “Fuerzas Armadas represivas, ¡nunca más!”. Un grupo de diputados de la coalición kirchnerista Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto firmado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que viola las leyes de Defensa y Seguridad Interior. Este proyecto se debatirá en la Cámara de Diputados el 8 de agosto de 2018, el mismo día que el Senado votará por la legalización o no del aborto en el país.

Estrategias de seguridad similares se han visto en otros países de la región como México, Colombia y El Salvador. De acuerdo con el informe regional de Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en disminuir los niveles de violencia y delito, además de que han tenido un impacto profundo en el respeto a los derechos humanos. Según el documento, el uso de la fuerza viene con repercusiones negativas como el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de las cárceles, violación a los derechos humanos y el abuso de autoridad.

Alejandro Hope, analista de seguridad mexicano, habló en entrevista con Distintas Latitudes y dijo que cuando se implementan este tipo de estrategias “lo que muestra es una debilidad estructural en buena parte de la región de parte de las fuerzas policiales, la incapacidad de las fuerzas policiales de controlar el territorio”. En su opinión, el ejército debería encargarse de las tareas de seguridad interior únicamente en casos de emergencia y excepción. “No están capacitados para realizar este tipo de tareas, su formación es de otro tipo. El ejército es un instrumento que se utiliza para enfrentar a un enemigo. Su lógica es de confrontación, no de contención”. Añadió que si se despliega al ejército en las calles debe existir un marco institucional que norme la participación de las fuerzas armadas, plazos temporales muy claros, mecanismos de observación y vigilancia ciudadanos, y recursos para el fortalecimiento de policías y fiscalías.

De no hacerse de esta manera, Alejandro Hope considera que puede generar una escalada en la violencia, pues los grupos criminales se adaptan a la presencia del ejército y pueden, por ejemplo, escalar sus capacidades de armamento. También puede dificultarse el desarrollo de capacidades civiles, especialmente en niveles subnacionales, pues no hay incentivos para fortalecerlas si se puede recurrir a las fuerzas militares. Además, la imagen del ejército puede dañarse y las fuerzas armadas se ponen en riesgo de corrupción al entrar en contacto con actores criminales que pueden infiltrar la institución. Finalmente puede llevar a la militarización de las fuerzas civiles, pues la gente lo ve como el modelo a implementar.

En este Laboratorio, el equipo de Distintas Latitudes retoma las experiencias que han tenido El Salvador, Colombia y México al adoptar políticas de seguridad utilizando fuerzas militares. Si bien cada país tuvo y tiene su contexto muy particular, coincide el impacto que que estas estrategias han tenido en materia de derechos humanos.

Colombia: entre el conflicto armado y el proceso de Paz

Al pensar en conflictos armados internos, probablemente el primer país que viene a la mente es Colombia: el más antiguo en contar con fuerzas militares en la región. Cincuenta años de un contexto de violencia estructural, en el cual participan actores como la guerrilla representada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejó un saldo de 220 mil asesinatos, miles de desaparecidos y desaparecidas y millones de campesinos y campesinas desplazadas de zonas rurales.

“Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, dice la Base de Datos Políticos de las Américas, sobre las funciones de las fuerzas armadas en países de América Latina.

En contraposición a lo citado anteriormente, la militarización de todos estos años en Colombia  dio como resultado violaciones constantes a los derechos humanos, de las cuales destacan el asesinato a defensores y defensoras de derechos humanos, y de dirigentes sindicales, entre más actores. Sin dejar de lado, por un lado,  las atrocidades cometidas por las FARC, sobre todo las violaciones a mujeres civiles que nada tenían que ver con el conflicto armado; por el otro, lo ocurrido con el Ejército en la década de los 2000, cuando se presentó el escándalo de ejecuciones extrajudiciales que fue conocido como Falsos positivos: el ejército secuestraba jóvenes para asesinarlos, después los vestían como guerrilleros con lo que cobraban recompensas secretas del gobierno de Álvaro Uribe.

Muchos de los colombianos no saben lo que es vivir la paz. Por eso, un año más tarde de la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, en 2011 se realizó la primera reunión entre el gobierno y las FARC en busca de la paz, situación que también generó polémica. Después de cinco años de negociaciones, el 26 de septiembre de 2016 se convirtió en un día histórico para el país. Se firmó el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC, el cual puso fin a cincuenta años de violencia extrema y una guerra interna. Sin embargo las violaciones de derechos humanos son una constante en la tierra de Gabriel García Márquez, Pablo Escobar y las FARC.

Un informe realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), sobre violaciones de los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social en Colombia en 2017, expresa que la violencia aumentó ese año.

“Se muestra un crecimiento en violaciones a derechos humanos con respecto a los datos de 2016, con un aumento de 1217 víctimas a 1402 en 2017, de esta cifra resaltan las ejecuciones extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado, que fueron 138;  las 42 víctimas de tortura por agentes directos o indirectos del Estado; las 86 detenciones y judicializaciones arbitrarias y las 677 víctimas de amenazas”, publicó el sitio Pacifista.

El Salvador: militarismo funcional con serias dudas en derechos humanos

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. En 2015, la nación centroamericana tuvo un pico en la oleada de violencia, con una tasa de casi 109 homicidios por cada 100 mil habitantes y casi 6.700 homicidios. Ese mismo año, el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén anunció que se destinarían cerca de 7000 soldados más a las labores de seguridad y lucha contra las pandillas, la criminalidad organizada que mantiene prácticamente una guerra civil no declarada en el país centroamericano.

A pesar de que en números brutos, en materia de seguridad, la ofensiva del gobierno pareciera estar resultando -2017 cerró con una tasa de homicidios de cerca de 60 por cada 100 mil habitantes, 25% menos que en 2016– la estrategia de la militarización ha levantado fuertes dudas en materia de respeto a los derechos humanos, particularmente en organismos internacionales.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha alertado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su preocupación por la violación a los derechos humanos en El Salvador, a raíz de esta creciente militarización de la seguridad. Según datos de CEJIL, entre 2006 y 2015 en El Salvador las Fuerzas Armadas destinadas a temas de seguridad pasaron de 897 efectivos a 13000.

En este tema en particular, la violación a los derechos humanos más preocupante son las ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, entre 2014 y 2016 se registraron 44 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en los cuales estarían involucradas la policía y los militares. Esto ha generado la alerta de la Organización de Naciones Unidas.

Mientras el gobierno celebra la reducción de la violencia desde el aumento del militarismo en la seguridad, diferentes instancias señalan los serios problemas de derechos humanos y libertades asociados. El periódico digital salvadoreño, El Faro, ha criticado que este proceso de militarización ha estado exento de respuestas a las consultas de la prensa.

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México: La polémica por frenar la militarización del país

La mañana del primer día del mes de diciembre de 2017, varias fuentes de la Ciudad de México arrojaron sangre. Los capitalinos tiñeron de rojo el agua de algunos de los manantiales en protesta y en rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que 21 días después el presidente Enrique Peña Nieto promulgaría.

Dicha ley confiere al Presidente de la República la facultad de intervenir con acciones de seguridad en una entidad federativa, aún si no media petición de los gobernadores o congresos estatales; da a las Fuerzas Armadas facultades de policía; no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos; permite a las Fuerzas Federales (incluyendo militares) intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas; ataca la transparencia al determinar que toda la información de seguridad interior será confidencial, entre otras acciones.

Ante la aprobación, las reacciones no se hicieron esperar. El representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab, expresó su preocupación por la aprobación de la ley. Incluso muchas organizaciones de la sociedad civil y pro derechos humanos nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de la ley desde que fue presentada en las cámaras en 2016, al considerar que abre la puerta a la militarización del país y a potenciales violaciones de garantías ciudadanas.

Y es que desde hace más de dos décadas soldados y marinos patrullan cientos de pueblos y ciudades, realizan labores de rescate ante huracanes o sismos y hasta auxilian en accidentes viales; son fuerzas armadas que hacen labores de seguridad pública en todo México. Lo que ha devenido en el aumento de denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos. ¿Entonces su presencia en la calle ayudará a disminuir el incremento de violencia en el país? La Ley de Seguridad Interior abrió de nuevo el debate de la necesidad de regular la presencia militar en las calles.

“La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantea contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles”, emitió en un posicionamiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y es que, precisamente, un diciembre atrás, el de 2016, se habían cumplido 10 años de la declaración de guerra contra las drogas por parte del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el ex presidente Felipe Calderón. Dicha declaratoria tenía como eje central a los miles de militares que fueron desplegados en las calles. Aquella guerra contra las drogas, para principios de 2018 ya había provocado la muerte de más de 125 mil personas, la desaparición de 30 mil y el desplazamiento forzado de más de 250 mil.

De acuerdo con el documento “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad”, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de 2006 a 2011 presentó un constante incremento en el número de elementos desplegados en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; llegando a 52 mil 690 elementos en 2011.

Asimismo, esperando que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, el número de muertos no sobrepase por mucho al de heridos, los datos del Índice muestran que para todo el período de 2007 a 2014, la Policía Federal tuvo un saldo en enfrentamientos de 4.8 civiles muertos por cada civil herido; el Ejército 7.9 hasta llegar a 14.7 en 2012.

“El aumento de la violencia se debe en buena medida a la continuidad de una estrategia que ha probado ser ineficaz para combatirla: la militarización”, escribió el historiador Froylán Enciso para The New York Times en español. Y, precisamente a eso es a lo que se oponen, critican y temen distintos sectores de la población mexicana, la sociedad civil, ONG’s, especialistas, analistas y un largo etcétera, con la aprobación e implementación de esta ley que está a la espera del aval de Constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Laboratorio Distintas Latitudes es un ejercicio de investigación y experimentación periodística que realizan los reporteros y editores con temas diversos. El objetivo es aportar nuestra mirada ante la realidad, mientras aprendemos. En esta colaboración participaron:  Ketzalli Rosas, Tania Chacón y Alma Ríos en México; Diego Pérez Damasco en Costa Rica y Florencia Luján en Argentina.