En el marco de los procesos electorales presidenciales que vivirá América Latina en 2018, Distintas Latitudes lanza el “Absurdómetro”, un ejercicio de análisis y valoración de las propuestas de las candidaturas en busca de aquellas que puedan ser consideradas absurdas, ya sea porque su elevado costo económico o su complejidad institucional las torna difíciles o irrealizables, o porque son peligrosas para los derechos humanos o implican costos sociales altos. 
Este domingo 1 de abril, Costa Rica decidirá cuál será su próximo presidente. La elección se disputa entre dos candidatos de apellido Alvarado, ambos periodistas y cantantes, pero con visiones del mundo profundamente diferentes, que han polarizado al país centroamericano.
En las vísperas de esta complicada elección en Costa Rica, iniciamos valorando al candidato del partido evangélico Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, quien se posicionó en la primera ronda debido a su oposición al matrimonio igualitario y la “ideología de género” luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señalara que Costa Rica debía reconocer el matrimonio para las parejas del mismo sexo y el derecho de las personas trans a la identidad.
Aquí pueden consultar la propuesta valorada del rival de Fabricio Alvarado.
LA PROPUESTA
Durante la primera ronda, Fabricio dijo que llegaría a las últimas consecuencias con tal de no cumplir con la resolución de la Corte IDH, incluso si ello implicaba salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o hasta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, durante la campaña, esa propuesta fue mutando. La versión más reciente, tras la adhesión a su campaña de múltiples diplomáticos costarricenses, incluyendo excancilleres, es que debe hacerse una reforma a la adhesión al Sistema Interamericano para que el Corte IDH no pueda pronunciarse sobre elementos relativos a la cultura e idiosincrasia nacionales.
“De ahí que esa sería, para mí, le decía yo a don Fabricio, uno de los primeros pasos, estudiar con los demás países americanos qué modificaciones requiere el Pacto de San José, para proteger la cultura de cada uno de nosotros”, dijo Roberto Tovar, excanciller y asesor diplomático de Fabricio Alvarado, durante una conferencia de prensa, el pasado 15 de marzo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de de San José, fue firmada por 26 estados miembros de la OEA en 1969, justamente en San José de Costa Rica. Es la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte IDH es el órgano facultado para interpretar dicho documento. En la opinión consultiva del pasado 9 de enero, la Corte IDH establece que el Pacto de San José protege a las familias de personas del mismo sexo y también el derecho de identidad de las personas trans.
PELIGROS SOCIALES
Teniendo en cuenta el contexto y la importancia del Pacto de San José en la defensa de los derechos humanos de todas las personas, ¿qué peligros conlleva para la sociedad costarricense la propuesta de modificar los alcances de la Convención?
De acuerdo con el analista político y columnista costarricense Guido Mora, el planteamiento resulta absurdo y peligroso, pues si bien en muchas partes del mundo existen prácticas tradicionales que son contrarias a los derechos humanos, “estos están por encima de tradiciones culturales, son objetivos y son planteamientos que pretenden evitar que se cometan atrocidades. Creo que es un absoluto desconocimiento de todo el aparato jurídico internacional, y una idea descabellada [por parte del equipo de Fabricio Alvarado] que lo único que pretende es justificar ideas fundamentalistas que quieren privilegiar, como la hacen en el caso de las sectas neopentecostales, planteamientos homofóbicos y antidemocráticos”, dijo a Distintas Latitudes Guido Mora.
“Cortarle una mano a una persona que roba es tradición cultural en algunos países del medio oriente. O la ablación es una tradición cultural en algunos países de África. Desde las perspectiva de lo que están proponiendo estos ilustres diplomáticos, entonces los derechos humanos no tendrían ninguna posibilidad de denunciar este tipo de atrocidades porque tendrían que respetar las tradiciones culturales”, agregó Mora.
“Los derechos humanos están por encima de tradiciones culturales, son objetivos y planteamientos que pretenden evitar que se cometan atrocidades. Creo que es un absoluto desconocimiento de todo el aparato jurídico internacional, y una idea descabellada que lo único que pretende es justificar ideas fundamentalistas que quieren privilegiar, como la hacen en el caso de las sectas neopentecostales, planteamientos homofóbicos y antidemocráticos”, agregó Mora.
Calificación: La propuesta representa serios riesgos sociales, en particular hacia los derechos humanos de las personas LGBT, y los derechos humanos en general.
COMPLEJIDAD INSTITUCIONAL
¿Cuál es el marco que sustenta al Pacto de San José y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica? Según el abogado constitucionalista y director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, Jaime Ordoñez, las resoluciones de la Corte IDH son obligatorias para todos los Estados miembros, pues son normas de Derechos Internacional Público en derechos humanos. Costa Rica es país miembro desde 1981.
“Lo reconoce la propia Constitución Política de Costa Rica en su [artículo] 7: los Tratados Internacionales (como la Convención Americana de [Derechos Humanos]) , sus órganos y decisiones, tienen valor superior a la ley, y forman parte inmediata del ordenamiento jurídico costarricense. Eso se llama ‘bloque de legalidad y bloque de constitucionalidad’. La resolución de la [Corte IDH] es (…) norma costarricense, con el mismo rango de un artículo constitucional, superior a cualquier ley”, señaló Ordóñez en un artículo publicado en sus redes sociales.
Considerando este entramado institucional, ¿qué tan posible sería llevar adelante una propuesta como la planteada por el equipo de Fabricio Alvarado? De acuerdo con Guido Mora, es poco factible.
“Para hacer una modificación de esa naturaleza ocupan 38 votos [de un total de 57]. Yo no veo que tengan esos votos para aprobar en dos legislaturas diferentes ese tipo de ideas absurdas. Sí tiene un impacto político negativo para el país, porque Costa Rica se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de los valores democráticos”, dijo Mora.
Una reforma de este tipo, realizada unilateralmente desde Costa Rica, implicaría una reforma constitucional en el país, un proceso sumamente complejo y que tendría una fuerte oposición de distintos actores políticos.
Calificación: La propuesta es muy compleja institucionalmente.
COSTOS ECONÓMICOS
Llevar adelante esta propuesta, sin embargo, no conlleva costos económicos necesariamente elevados en un primer momento. No obstante, los costos derivados o secundarios sí podrían serlo. Por ejemplo, el tiempo perdido de discusión en la Asamblea Legislativa de un tema como este podría ralentizar otras discusiones más urgentes, lo cual sí podría causar estragos económicos al país.
Además, estos planteamientos, contrarios a los derechos humanos y el Estado de derecho, causan un impacto en la imagen internacional del país, lo cual puede alejar posibles inversiones o la visitación de turistas.
“Este tipo de planteamientos lo que hacen es generar una duda respecto de grupos políticos que tienen posibilidades de llegar al poder y que están dispuestos a privilegiar ideas antidemocráticas para poder alcanzarlo”, dijo el analista Guido Mora.
“No es sino un planteamiento demagógico para atraer votos de una población que sin conocer en realidad los extremos del derecho internacional lo que hacen es montarse un discurso que está cimentado en una serie de falacias que lo que hacen es daño al país”, agregó.
Calificación: El costo económico es incierto. Sin embargo, el costo económico indirecto puede ser elevado.
Calificación general de la propuesta: Absurda y peligrosa. La propuesta conlleva una enorme dificultad institucional y costos políticos y económicos asociados que la tornan difícil de concretarse. Sin embargo, de realizarse sería muy peligrosa para los derechos de las personas LGBTI y los derechos humanos en general en Costa Rica.
