En América Latina, cuando los gobiernos se han propuesto iniciar con procesos de apertura de datos, por lo regular empiezan abriendo datos técnicos y poco controversiales: indicadores económicos, presupuestarios, transporte público… Sin embargo, los datos sobre derechos humanos suelen ser los más difíciles de conseguir en la región.
Este fue el tema de una de los paneles de la tarde del primer día del evento datero Condatos 2017, que se lleva a cabo esta semana en San José de costa Rica. El panel fue moderado por Juan Manuel Casanueva, de la organización SocialTIC (México), y contó con la participación de Claudia Báez (periodista independiente colombiana), Michelle Jones (activista LGBTI de Costa Rica), Óscar Luna (El Faro, El Salvador), y Sofía Zamora (Universidad de El Salvador).
Casanueva abrió el panel preguntando: después de tantas peleas jurídicas y operativas para obtener información sobre derechos humanos, ¿cómo pueden estos datos impactar a la sociedad?
Desde su experiencia, Claudia Báez señaló que lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, trata de traducir el conflicto armada a la población colombiana. Para ello, están diseñando una base de datos integradora, pues las cifras del conflicto estás dispersas, y no cuentan con conexión entre ellas.
Por su parte, Michelle Jones indicó que lo primero que las personas activistas LGBTI de Costa Rica han tenido que hacer es identificar cuáles datos existen sobre esta población. El hallazgo de la enorme carencia de datos que existe, ha llevado a que la sociedad civil plantee formas de recolectar datos sobre vulneraciones a los derechos humanos de la población LGBTI.
Actualmente, distintas organizaciones LGBTI realizan un mapeo de las instituciones que deberían estar recolectando datos sobre esta población, y solicitando que la información sea debidamente recolectada, para que esto incida en la toma de decisiones y generación de políticas públicas.
Óscar Luna narró el ejemplo de El Faro, cuyo eje principal de cobertura periodística es derechos humanos. Recientemente, han realizado investigaciones periodísticas basadas en el análisis de datos, como una que revela la enorme impunidad que existe en el país con respecto a las violaciones de personas (en particular mujeres) menores de edad.
Asimismo, hicieron un trabajo el cual se siguió a 12 jóvenes de clase altas y 12 jóvenes de clase baja, para conocer las posibilidades de acceso al ocio, con las que cuenta cada sector de jóvenes. Actualmente, también trabajan en una radiografía del sistema educativo público de El Salvador.
Para Luna, el impacto de la investigación sobre desigualdad en el acceso a ocio de jóvenes fue muy bajo, justamente porque la publicación del reportaje no tuvo en cuenta la propia desigualdad que estaba narrando: solo 16% de la población salvadoreña tiene acceso a Internet, y el reportaje solo se publicó en la web, pues El Faro es un periódico digital.
Sofía Zamora explicó que la Universidad de El Salvador está tratando de armar una base de datos sobre las intervenciones militares durante el conflicto armado en El Salvador, en los años 80. Se solicitó al Ministerio de la Defensa sobre las intervenciones en esa época, hacer un banco de datos de la memoria, para identificar a las víctimas y a los victimarios, para saber dónde están, y así luchar contra la impunidad.
Sin embargo, Zamora dijo que el Poder Judicial en vez de garantizar el acceso a la información pública, lo está dificultando.
El panel cerró con la participación del público, que aportó algunas experiencias de trabajo con datos en temas de derechos humanos. Raisa Ampuero, comentó sobre su proyecto “¿Cuántas más?”, en Bolivia, el cual hace un monitoreo sobre feminicidios en el país, con base en los reportes de prensa.
Desde el público, se coincidió en la importancia de visibilizar las vulneraciones a los derechos humanos a partir de los datos, así como en tipificar feminicidios y crímenes de odio, y otras categorías que permitan desagregar la información disponible en cuanto a derechos humanos.
