Fotografía: Composición actual de la Corte IDH
El 9 de enero pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su opinión consultiva número 24-2017, reconociendo el derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo y el derecho al nombre y cambio de sexo registral para las personas trans, no solo para el país que solicitó el pronunciamiento (Costa Rica), sino para prácticamente toda América Latina. Al ser el documento de acatamiento obligatorio para buena parte de la región, desde ese día organizaciones de todo el continente se movilizaron para usar la resolución como base para el avance de esos derechos en sus países. Y los resultados ya empiezan a notarse.
Los efectos de la opinión consultiva
El pasado 30 de mayo, la Corte Suprema de Chile dio luz verde al cambio de nombre y sexo registral de las personas trans, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas, usando como uno de sus argumentos la opinión consultiva 24-2017 (OC24).
De acuerdo con Michel Riquelme, responsable de la coordinación ejecutiva de la organización chilena Organizando Trans Diversidades (OTD), el fallo de la Corte Suprema ha sido un precedente fundamental:
“Esperamos que este fallo también ayudé a guiar los nuevos casos de cambios de nombre y sexo que están siendo tramitados en los tribunales civiles, hasta que tengamos una ley de identidad de género que termine de una vez por todas con estos procesos judiciales denigrantes”.
En la conversación con Distintas Latitudes, Riquelme abundó en más aspectos en los que la OC24 ha cobrado relevancia: “Creemos que la opinión consultiva ha sido muy relevante en todos los procesos de reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI. Especialmente para Chile, que fue condenado por el caso Atala, los pronunciamientos de la [Corte IDH] han tenido eco en la Corte Suprema. Desde la sociedad civil también hemos utilizado la opinión consultiva para incidir en el proceso del proyecto de ley de identidad de género y otras políticas públicas por los derechos de las personas transgénero”.
A pesar de este avance, de acuerdo con Riquelme, aún hay otros pendientes, como la aprobación del proyecto de ley de identidad de género y que sea una ley de acuerdo con los estándares de derechos humanos que están exigiendo.
“Tenemos que avanzar hacia una sociedad que supere el binarismo de género y la heteronormatividad como las formas de violencia y control social que más nos han afectado directamente, aunque también están el patriarcado y el machismo, contra los que toda la sociedad debería estar luchando. Y para eso se requiere la cantidad suficiente de educación y recursos para lograrlo. Esa es la tarea más a largo plazo que nos queda”, señaló Riquelme.
Chile también tiene pendiente la discusión sobre matrimonio igualitario, un proyecto de ley que está en discusión. Actualmente el país sólo reconoce las uniones civiles para las parejas del mismo sexo.
Los efectos de la opinión consultiva también están impactando a Ecuador. El pasado 29 de junio las juezas de la Unidad Judicial de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, en funciones constitucionales, aceptaron las dos demandas presentadas por el Colectivo Jurídico Feminista a favor de dos parejas del mismo sexo, a quienes el Registro Civil les negó la inscripción de su matrimonio. Las juezas ordenaron la inscripción inmediata de estos dos matrimonios. El argumento usado por la defensa fue justamente los derechos garantizados por la OC24.
De acuerdo con el activista ecuatoriano, Fredy Lobato, esta es una resolución en primera instancia. Aún resta que se dictamine en la segunda instancia judicial, luego que el Registro Civil del Ecuador apele lo que sentenciaron las juezas en Cuenca (ciudad al sur del país).
“Tenemos aún un camino por recorrer hasta llegar finalmente a la Corte Constitucional; sin embargo, esto no se detendrá. El Registro Civil ha debido retroceder o revertir, en otras ocasiones, sus decisiones; que han afectado el pleno reconocimiento de derechos de igualdad y no discriminación. Entendemos que quieren ajustar sus negativas al estricto sentido constitucional vigente”, dijo Lobato a Distintas Latitudes, en referencia a los artículos 67 y 68 de la constitución ecuatoriana, que limitan el matrimonio a parejas de distinto sexo, al igual que la adopción.
“Esa opinión consultiva abre el camino para la exigibilidad de derechos estancados no sólo en la parte jurídica, sino en la parte política e institucional de los Estados en Latinoamérica. Hay que recalcar que los países signatarios de la OEA [Organización de Estados Americanos] están obligados a tomar en cuenta la opinión consultiva, porque es vinculante para los Estados”, agregó Lobato.
Ecuador aún no tiene regulaciones sencillas para el cambio de nombre y género registral de las personas trans, y aunque esta resolución en matrimonio igualitario implica un avance, la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo representa un importante reto.
Celebrar avances sin olvidar pendientes
Luis Salazar es actualmente el comisionado en asuntos LGBTI+ en la Presidencia de la República de Costa Rica. Sin embargo, antes de eso fue parte del equipo que preparó la solicitud de opinión consultiva ante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, liderado por la exvicepresidenta Ana Helena Chacón (2014-2018).
Para Salazar, los avances en distintos países de la región en derechos LGBTI+ demuestran que la opinión consultiva sí es de acatamiento obligatorio para todos los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y celebra que ya se estén viendo resultados.
“Cualquier Estado que se considere como un Estado social democrático de derecho, como los son Costa Rica, Ecuador y Chile, y como lo son la mayoría de los Estados que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen como principio fundamental tutelar los derechos fundamentales de todas las personas, y uno de esos ejes centrales es que somos iguales ante la ley”, dijo Salazar a Distintas Latitudes.
De acuerdo con Salazar, el caso reciente de Ecuador sienta un precedente importante para órganos jurisdiccionales de distintos países de la región, ya sean cortes constitucionales o tribunales de familia:
“Las juezas hacen un ejercicio de control de convencionalidad, que lo que significa es adecuar el ordenamiento a lo que dicen los tratados internacionales. En casi todos los países, incluyendo Costa Rica, los tratados internacionales que amparan los derechos humanos, incluso están en un rango supraconstitucional. Es un ejercicio de control de convencionalidad correcto el que se está haciendo en Ecuador”.
Sin embargo, para Salazar es lamentable que otros países de la región estén implementando antes que Costa Rica la opinión consultiva, cuando fue este el país que la solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente Honduras, El Salvador y Costa Rica tienen acciones de inconstitucionalidad admitidas en sus respectivos tribunales constitucionales, a la espera de una respuesta definitiva sobre el matrimonio igualitario, en las cuales la opinión consultiva tendrá un peso importante. En el caso del derecho a la identidad de género, Costa Rica lo implementó parcialmente, permitiendo el cambio de nombre y eliminando la partida de sexo de las cédulas de identidad, sin permitir el cambio de sexo registral.
La OC24 se ha convertido en un instrumento fundamental para garantizar la igualdad legal de las personas LGBTI+, en cuanto al acceso al matrimonio y a los derechos de identidad género. Sin embargo, para Lobato, el riesgo actualmente son los grupos conservadores, evangélicos o antiderechos, que están avanzando su lobby político justamente en contra del Sistema Interamericanos de Derechos Humanos y posicionando candidaturas presidenciales en diferentes países de la región.
