Imagen: Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció el pasado 9 de enero de forma histórica sobre los derechos LGBTI en América Latina, señalando que los estados deben otorgar un mecanismo gratuito y expedito para que las personas trans cambien de nombre y género en sus documentos, y que además deben permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aunque la solicitud de opinión consultiva (acá el texto completo) fue hecha por el Estado de Costa Rica, a través del gobierno de ese país, la resolución de la Corte IDH es vinculante para 17 países de América Latina que reconocen la competencia de la corte. De esos, 15 países no permitían el matrimonio igualitario al momento de la resolución, por lo cual, deberían adecuar sus legislaciones o normativas a raíz de la opinión consultiva. Estos son:
- Bolivia
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
En el caso costarricense, una vez hecha pública la opinión consultiva esta se convierte en normativa nacional, por lo cual podría considerarse que el matrimonio igualitario y el cambio de nombre y género para las personas trans ya son legales en el país, solo falta que las instituciones definan los mecanismos para hacer esto ejecutivo, lo cual ya está en proceso.
Sin embargo, para los demás países, especialmente los más conservadores y en donde la lucha ha sido más férrea, ¿qué implicaciones y que nuevos pasos a seguir supone esta resolución?
“En el caso de Panamá, por ejemplo, ellos mandaron su escrito a la Corte Interamericana y dijeron que esperarían la resolución para hacer los cambios respectivos. Ahí expresaron una voluntad política. En el caso de otros países, esto dará más sustento y fuerza a lo que ya tienen, para que no haya retrocesos”, dijo a Distintas Latitudes Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos.
“Y en aquellos países en los que no haya voluntad política, porque eso también podría ser así, queda muy claro que ya está marcada la cancha en este tema para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cualquier caso de Honduras, por ejemplo, que llegue a la Corte, será interpretado bajo esos parámetros que salieron en la opinión consultiva. Entonces, aunque haya diferentes niveles de alcance a nivel regional, el estándar es el mismo”, agregó Arroyo.
Este es justamente el escenario que se está tomando en cuenta en Perú. David Arguedas, de la organización peruana Promsex, conversó con Distintas Latitudes sobre el panorama que abre esta opinión consultiva para la lucha por la igualdad de derechos LGBTI en su país.
“La opinión consultiva ha sido de muy buenas noticias, tanto para Costa Rica, que fue quien solicitó, como para nosotros, que somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces eso nos pone definitivamente en una muy buena posición, dado que la opinión consultiva es vinculante. Eso ha significado un gran cambio para las acciones a futuro que en este momento nos estamos proponiendo, no solo a nivel de institución en Promsex, sino con las otras organizaciones de activistas que funcionan en el Perú.”, dijo Arguedas.
“Nosotros necesitábamos un marco normativo que aliente la defensa de la población trans y también las uniones entre personas del mismo sexo. En ese sentido, por supuesto que es vinculante y el Estado peruano tiene que tomar todas acciones respectivas para lograr la plena ciudadanía de las personas trans y de las parejas del mismo sexo. Nosotros vamos a seguir realizando acciones a nivel de los tres poderes, para que se realicen las acciones respectivas, tal como lo propone la opinión consultiva y se reconozcan todos los derechos que están considerados ahí”, agregó.
De acuerdo con Arguedas, la crisis política que vive Perú por el indulto al expresidente Alberto Fujimori, que incluso ocasionó la renuncia de un congresista abiertamente gay a la bancada oficialista, ha hecho que la opinión consultiva no tenga tanta fuerza como se hubiese querido. Sin embargo, ya están configurando una serie de estrategias para que la resolución de la Corte IDH implique un avance efectivo de derechos en Perú.
“A nivel de Poder Judicial llevamos litigios estratégicos, y vamos a usar la opinión consultiva para fijar un marco normativo, que muchas veces se ha solicitado y con el que no contábamos. Va a servir para sentar precedentes, para que las acciones legales tengan un sustento más formal”, dijo Arguedas.
Al lado de Costa Rica, en Nicaragua, el activista independiente Elvis Salvatierra asegura que el cumplimiento de esta resolución no será sencillo, y considera que terminará siendo “otro papel cargado de buenas intenciones”.
“Para Nicaragua esta resolución es un comunicado más de una institución internacional respetuosa de los derechos de todas las personas, efectivamente debería ser de obligatorio cumplimiento puesto que interpela a que haya una garantía básica de cumplimiento de derechos para las personas LGBTIQ”, dijo Salvatierra a Distintas Latitudes.
“En este país se ha hablado en diversos momentos sobre una ley de identidad trans, que de ser cierta y de estar trabajada, le resultaría fácil al gobierno terminar de aprobarla en el marco de esta resolución”, agregó.
De acuerdo con el activista, ahora lo que sigue es continuar demandando reconocimiento, y hacerse valer de estos organismos internacionales para soportar en el plano nacional e internacional las demandas que se tienen hasta el día de hoy en distintos espacios.
“A pesar de nuestra desfavorable situación en muchos de los sentidos, nos sentimos contentos de que a menos de 500 kilómetros se haya aprobado el matrimonio igualitario. Es importante que los Estados del mundo comprendan que es un derecho civil y no un sacramento regido por diversas religiones. Yo creo que Costa Rica es un ejemplo para el resto de la región en materia de promoción, respeto, reconocimiento e inclusión de las personas LGBTIQ”, dijo Salvatierra.
En Guatemala, la organización Visibles está haciendo también esfuerzos para que se acepte que la opinión consultiva es vinculante, y que implica que el estado guatemalteco debe reconocer la igualdad de derechos para la población LGBTI.
En Chile, por su parte, la organización Movilh también usa la resolución de la Corte IDH para presionar a que se apruebe la ley de matrimonio igualitario, pues inclusive existe un compromiso del Estado ante el sistema interamericano de derechos humanos en ese sentido.
Son múltiples las estrategias que siguen a partir de ahora. Pero sin lugar a dudas, con esta histórica opinión consultiva Costa Rica le abrió la puerta al reconocimiento de la igualdad legal para las personas LGBTI en América Latina, con un respaldo legal sin precedentes en el derecho internacional para esta población.
