[En el marco de los 26 años de creación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Distintas Latitudes publica un pequeño dossier sobre las ambiciones y los retos de la integración de América Central, coordinado por Denis Alvarado desde El Salvador]

Por Marcela Letona

En Centroamérica existen diversos factores socioculturales que dificultan la postulación de mujeres para ocupar cargos de elección popular, ya que históricamente se les ha segregado. En la región, las mujeres viven una situación de opresión, en diferentes grados, y en condiciones distintas en cada país, pero también existe una demanda común de crear mecanismos de participación e inclusión de ciudadanía.   

La participación política de las mujeres puede analizarse desde dos ámbitos: el primero, referido al derecho a elegir y ser electo en igualdad de condiciones; y el segundo, respecto al derecho de participar libremente en el ejercicio del gobierno, con libertad y sin sufrir condiciones de discriminación.

Existe un amplio marco internacional de protección a los derechos humanos de las mujeres, cuyos instrumentos más representativos son la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem Do Pará” y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW”,  que buscan crear condiciones para que el acceso y ejercicio del poder político de las mujeres sea bajo condiciones de igualdad y no discriminación, con lo cual se pretende disminuir y gradualmente eliminar las brechas de representación en los espacios públicos y de toma de decisiones.

En la región Centroamericana confluyen una serie de factores estructurales e institucionales que lesionan derechos fundamentales de los ciudadanos. Particularmente se ha evidenciado la poca capacidad de los países por garantizar condiciones de igualdad en diversos ámbitos sociales, económicos y políticos. Este contexto puede interpretarse a través de un análisis del sistema socio-cultural, el cual, históricamente se ha establecido desde una visión androcéntrica.

Este tipo de dinámicas ha generado una división sexual del trabajo, en donde los hombres son relacionados con el ámbito público que se puede extrapolar a la administración y dirección del Estado y el trabajo remunerado fuera del hogar, y las mujeres relegadas a desarrollarse en el ámbito privado, que se refiere a la vida familiar, sentimental y al cuidado de otros, lo que se traduce y manifiesta en relaciones de subordinación de las mujeres respecto a los hombres.

La división sexual del trabajo genera desigualdades, lo que pone en peligro la estabilidad democrática, ya que las condicionantes de la desigualdad vertical afectan en mayor medida a las mujeres debido a que son ellas quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo remunerado, falta de oportunidades de educación media y/o superior, sumado a fenómenos como la migración, inseguridad, violencia y abandono del hogar, lo cual disminuye, aún más, la oportunidad de desarrollo personal y profesional.

No podemos negar el hecho que los hombres ejercen dominio en la mayoría de instituciones políticas en Centroamérica, lo cual no implica que las mujeres hayan sido despojadas de sus derechos políticos y civiles, que sean influenciadas, manipuladas o no tengan ninguna participación en los poderes del Estado; sin embargo, la situación actual demuestra la poca representación de las mujeres en los espacios clave del ejercicio del poder político.

Por ejemplo, la silla presidencial en países de la región, solamente ha sido ocupada por tres mujeres, la primera de ellas fue Violeta Barrios de Chamorro, de nacionalidad nicaragüense, quien ocupó el cargo de 1990 a 1997; en 1999 Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, ganó las elecciones presidenciales de Panamá, por último, Laura Chinchilla ocupo el cargo durante el período de 2010 a 2014 en la República de Costa Rica.

En el poder legislativo, los números tampoco son alentadores, pues únicamente el 26% de curules de los congresos o parlamentos nacionales, son ocupados por mujeres, como se evidencia en la tabla 1.

Tabla 1: Representación de las mujeres en el poder legislativo de los países de la región SICA.

PaísNo. escañosHombresMujeres% Participación
Guatemala1581342415%
El Salvador84562833%
Honduras128953326%
Nicaragua92533942%
Costa Rica57372035%
Panamá71581318%
BeliceCámara de Representantes252328%
Senado139431%
República DominicanaCámara de Representantes1901375328%
Senado322939%
 85063121926%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de páginas web oficiales de gobierno, 2016.

 

Transformar las condiciones actuales de desigualdad conlleva impulsar procesos de empoderamiento y fomento de los liderazgos femeninos, los cuales ya han logrado la inclusión de las mujeres y un aumento de los niveles de participación en los cargos de elección popular; sin embargo, no se ha logrado homologar en todos los países, las condiciones políticas, institucionales y culturales para que dicha participación sea representativa.

La aspiración de igualdad, implica diversos derechos ciudadanos; políticos para ejercer el poder; sociales relacionados a la participación en la vida pública, el uso y acceso de bienes y servicios públicos; y, civiles, los cuales se relacionan a las libertades, como la libre expresión.

Diversas condicionantes dificultan la postulación de mujeres para cargos de elección popular, que abarca la configuración del sistema político a través de los mecanismos de postulación y adjudicación de escaños, hasta factores estructurales como la violencia, manifestados de manera física, verbal o sexual.

En cuanto a la violencia, ésta se puede expresar de manera directa a través de la represión y de manera indirecta a través de la manipulación o el chantaje; su manifestación más generalizada en el nivel político es la hostilidad traducida como un ambiente negativo y de rechazo con el que se recibe y se percibe la presencia de mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones.

La configuración del sistema político es fundamental para determinar las posibilidades que tiene una mujer de acceder a un cargo de elección, ya que diversos elementos en la dinámica electoral ocasionan manifestaciones de violencia, las cuales se agudizan cuando las mujeres destacan, son proactivas o proponen cambios estructurales, lo que generalmente ocasiona actos de exclusión, marginación, burlas o desprestigio, además no son percibidas como miembros plenos y no se toman en cuenta sus sugerencias en la construcción de la agenda política.

En primer lugar, es fundamental analizar las acciones que se están llevando a cabo para eliminar este tipo de dificultades, por ello se han establecido una serie de medidas de acción positiva o medidas afirmativas con lo cual se espera gradualmente y de manera sostenible, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Este tipo de cuotas se han institucionalizado de manera parcial en la región, ya en Guatemala no se cuenta con ningún tipo de cuota; El Salvador establece una cuota constitucional del 30% de candidatas en las listas a la Asamblea Legislativa, sin embargo, no se establece un orden en las listas para las candidatas, por lo cual pueden ser ubicadas en casillas bajas, lo que limitaría su oportunidad de obtener un escaño en la Asamblea.

En Honduras, la Ley Electoral establece una cuota del 30% e insta a los partidos políticos a crear condiciones para la incorporación real de mujeres en la contienda electoral. A partir de 2013, los partidos políticos en Honduras, reciben un financiamiento especial que debe ser destinado a la creación de capacidades y la promoción política de mujeres.

En Nicaragua, se cuenta con listas cremallera lo cual implica un mecanismo para consolidar la paridad en la participación de las mujeres y al mismo tiempo, contrarrestar el problema de la representatividad. Las listas cremallera, aplican un criterio de alternancia en cuanto a que, si en las listas electorales la titular de la casilla es una candidata mujer, el suplente debe ser hombre y si el candidato es un hombre, la suplente debe ser una mujer, lo que asegura una participación del 50% de hombres y 50% de mujeres, pues adicionalmente no puede haber dos candidatos del mismo sexo seguidos en las listas.

Costa Rica posee una cuota legislativa, que debe cumplir un criterio de paridad y alternancia, es decir que debe haber un 50% de postulaciones de mujeres y 50% de hombres, las listas de candidatos no deben tener 2 hombres o dos mujeres seguidas. Las autoridades tienen el deber de rechazar cualquier lista que no cumpla estos criterios.

En Panamá, se da una dinámica particular, ya que se establece un criterio de paridad en las listas de nominación de los partidos políticos presentados en las elecciones primarias e internas, las cuales deben incluir 50% de mujeres. El inconveniente es que no se regula la manera en la cual se permite a los partidos llenar los espacios vacantes, lo cual hacen con candidatos hombres.

República Dominicana y Belice tienen órganos bicamerales, es decir, que cuentan con una cámara de diputados y una cámara de representantes. En el caso de República Dominicana, establece una cuota del 25% de candidatas mujeres que deben ser colocadas en posiciones alternas con los hombres. En Belice, no se cuenta con ningún tipo de cuota.

Existen diversos elementos en la configuración del sistema político, tal como el tipo de lista, a través del cual se eligen a los miembros de los parlamentos o congresos en un país, lo cual influye en profundizar una cultura política restringida y limita el acceso de las mujeres a un cargo público.

Existen tres tipos de lista: a) listas cerradas bloqueadas, las cuales son presentadas por los partidos políticos con una serie de candidatos en un orden determinado en donde el elector otorgará su voto a un solo partido político, este tipo de listas genera más dependencia de los candidatos a su partido; b) listas cerradas no bloqueadas permiten reordenar a los candidatos en las listas, de manera intrapartidaria; 3) listas abiertas en donde el elector tiene la posibilidad de ordenar a los candidatos e incluirlos en una lista elaborada por él mismo, mezclando las diferentes propuestas de los partidos políticos.

En este sentido, hay dos factores que influyen en el acceso de mujeres a un cargo público, ya que si la lista es cerrada bloqueada usualmente se incluyen a mujeres como una estrategia con el fin determinado de atraer a los votantes y así sumar votos al partido político, pero se ubican en lugares en los que es casi imposible que pueda obtener un escaño y si la lista es abierta se necesita más publicidad por candidato y es muy difícil que el partido político invierta recursos en una mujer con pocas posibilidades de resultar elegida.

Crear y fortalecer políticas públicas y armonizar los marcos jurídicos de los países en materia de participación política y derechos de las mujeres, es el comienzo para eliminar las brechas de representación, pues a partir de reformas que eliminen la discriminación a las mujeres, el establecimiento y fortalecimiento de estrategias que promuevan el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones y crear incentivos a los partidos políticos para incluir a más mujeres en los espacios de participación política, se lograra una plena democracia.