Por Nicolas Jadot

([email protected])

¿La minería está en los periódicos? Mala noticia

José Luis Abarca es el hijo de Mariano Abarca Robledo, un militante asesinado en noviembre de 2009 que se opuso a la contaminación ambiental causada por la actividad minera en Chiapas. Continuando la lucha de su padre, estuvo en Canadá a principios de octubre en apoyo al proyecto de ley C-300, que trata sobre la responsabilización de las empresas con respecto a sus actividades mineras, petroleras y de explotación de gas en países en desarrollo, del diputado John McKay del Partido Liberal (PLC). La intención principal era crear un mecanismo de denuncia para los miembros de comunidades víctimas de violaciones de los derechos humanos, laborales o medioambientales por parte de mineras canadienses en el extranjero. Tras una investigación pública, éstas serían sancionadas con la pérdida del apoyo político y económico del gobierno.[1] El 27 de octubre, fue rechazado en el voto final, notablemente por la abstención de 14 diputados del propio PLC, poco después del anuncio de su política “Canadá en el mundo”, que pretende “incrementar el nivel de responsabilidad medioambiental y promover el respeto de los derechos humanos”.

Estos temas de amplitud internacional son recurrentes en las varias iniciativas de legislación del sector minero. Al lado del C-300 existen varios proyectos de ampliación extraterritorial de la jurisdicción federal o de integración al derecho canadiense de las normas internacionales. La recién creada Oficina independiente de supervisión del sector minero fue criticada por la ausencia de un verdadero mecanismo de sanción de la empresas y por la nominación a su cabeza de Marketa Evans, vinculada a la minera Barrick Gold, acusada de contaminación masiva por cianuro en Perú y Chile.

Lo que podría ser un suceso estrechamente nacional tiene implicancias dramáticas fuera de nuestras fronteras, ya que Canadá es el mayor actor mundial en el sector minero, con el 75% de las empresas de exploración y explotación minera registradas. En Latinoamérica, las inversiones canadienses sumaron 57 mil millones de dólares en 2009, más que en África, Estados Unidos, Europa, Asia y Australia combinados, evidenciando un fuerte crecimiento desde 2002,  cuando tan sólo equivalían a 8 mi millones.[2] El impacto de la actividad minera canadiense, tristemente, no se cuenta sólo en dólares invertidos, tampoco en dólares extraídos: los casos de violencia, contaminación ambiental e incluso de explotación casi feudal de los recursos en Latinoamérica son innumerables. Desde esta perspectiva, ¿cómo analizar el relativo desinterés de la política y de la población canadiense, que son en última instancia los dueños, inversionistas y beneficiarios de la minería, acerca de sus consecuencias ecólogicas y humanas? ¿En qué radica nuestra incapacidad de poner fin a los abusos?

¿La minería nos afecta a todos? Entre catástrofe global e impactos locales

El debate público canadiense, quizá ya mundial, acerca del tema es problemático por su enfoque y forma exageradamente globalizante. Los espectáculos de la capa de petróleo amenazando a la costa de Louisiana y de las arenas bituminosas nos indignan no sólo por su amplitud sin precedente, sino también por su cercanía a una autoimagen norteamericana postindustrial, orientada hacia la economía limpia del saber y de la innovación. Las industrias petrolíferas y mineras juegan aquí el papel ingrato en una gran narrativa de la amenaza al medio ambiente, en donde se reinterpretan los desastres como síntomas del malestar del consumismo. Al contrario del abuso, la catástrofe no tiene culpable, a no ser la “sociedad” o el “sistema”, y su tela de fondo es una naturaleza deshumanizada.

Las consecuencias sobre las comunidades directamente afectadas por la actividad minera son reformuladas en una amenaza a todos nosotros. Evacuadas del retrato, las comunidades indígenas y rurales, particularmente en Latinoamérica, son frecuentemente las primeras y últimas víctimas. Esta interpretación fragmentada del impacto de la minería sigue a grandes rasgos una dinámica Norte-Sur: por un lado se trata de una catástrofe colectiva, presentada como evitable pero in fine casi involuntaria, y, por otro, es un riesgo que hay que correr o una externalidad local. Así, de cierta forma se reproduce en las relaciones económicas entre Canadá y Latinoamérica un doble discurso que ya es ubicuo en la sociedad canadiense, una sociedad marcada por la marginalización de comunidades autóctonas y su relegación a zonas de reserva; es una forma de diplomacia interna entre gobierno y autoridades tradicionales, a quienes se les transfiere el peso ecológico y social de la economía extractiva.

El discurso de naturalización del desastre ambiental y humano, entonces, traslada la responsabilidad de los daños a las comunidades victimizadas o a algún vicio de civilización. ¿Será por eso que el peso económico de Canadá en la minería mundial no se refleja en una responsabilidad más profunda de las autoridades públicas y un liderazgo legislativo? En el contexto de la intensificación y extensión de la inversión canadiense en Latinoamérica (por ejemplo, el reciente acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia, que permite el acceso de mineras canadienses a zonas conflictivas y reservas naturales), la industria minera propuso varias iniciativas de responsabilidad social de las empresas (RSE), recuperando el discurso neoliberal de autorregulación de la economía global.

Gestión del riesgo, standard-setting… ¿y legislación?

No se puede negar que ya existen numerosos mecanismos de control impulsados por la industria, los grandes bancos mundiales y las organizaciones internacionales. El Plan Ecuador, una iniciativa bancaria, condiciona el acceso al crédito de un proyecto minero a la adopción de principios de responsabilidad social y ambiental. La norma ISO 26000, por su envergadura mundial y la implicación de actores gubernamentales y privados, es un suceso halagüeño, debilitado por la ausencia de un órgano internacional de acreditación y seguimiento. Existen además varias iniciativas de la ONU, de la OCDE o de grupos multinacionales. Todas suponen la libre adhesión de las empresas y cuentan con órganos de control poco transparentes y democráticos: actualmente, no existe ninguna norma social y medioambiental apremiante en Canadá, incluso en la estrategia canadiense de marzo 2009 en asunto de RSE.

Las grandes mineras se opusieron reiteradamente a una legislación nacional más estricta. Según la Asociación canadiense de minería, tal legislación reduciría el atractivo de Canadá como plataforma de capitalización, disuadiendo las empresas y estimulando su deslocalización a jurisdicciones menos exigentes. La mobilidad de las empresas transnacionales llevó a algunos analistas, incluso latinoamericanos, a explicar el aumento de la actividad minera canadiense en Latinoamérica no sólo por la búsqueda de recursos sin explotar, sino también por el endurecimiento de las normas que rigen la minería en Canadá.[3] En efecto, las mineras mantuvieron el argumento de la imposibilidad de aplicar extraterritorialmente las leyes canadienses; en esta perspectiva, mencionamos la declaración de la Barrick Gold relativa al proyecto de ley C-300, en donde opinó que una nueva ley sería rotundamente superflua, ya que la empresas activas en países latinoamericanos deben conformarse a su derecho nacional.[4]

Apoyarse en la legislación local, de hecho, resulta doblemente ventajoso: facilita la transferencia de la responsabilidad por los daños ecológicos y humanos y del mantenimiento del orden público al gobierno local. Puede también llevar a una privatización de la violencia y al debilitamiento del Estado, cuando éste último ya no es percibido cómo el único o mejor proveedor de la seguridad y estabilidad necesarias a la explotación minera. El Chile de Pinochet y el Perú de Fujimori combinaron así una represión de las poblaciones afectadas por la minería con una liberalización generosa con los inversionistas extranjeros, mientras los paramilitares y guerrillas colombianos están involucrados en un comercio de la seguridad corporativa que agudiza la inseguridad general.

La insuficiencia de la legislación canadiense, radicada por parte en su territorialidad, no es simplemente un resultado de una incapacidad del Estado. Al contrario, el discurso desregulador y neoliberal de la industria cuenta con la colaboración implícita del Estado canadiense, sea con el apoyo directo a las empresas por bancos gubernamentales de exportación (más del 50% del financiamiento de los proyectos mineros en Latinoamérica [5]) o mediante la promoción de la liberalización comercial y de los derechos de los inversionistas al nivel internacional. El rol del gobierno canadiense desdibuja la imagen tópica de un Estado sobrepasado, paralizado e inadecuado ante la globalización. Se trata más bien de un Estado portavoz e intermediario entre la industria y las autoridades estatales latinoamericanas; Canadá,  en contraste con su autoimagen pacífica y multilateral, debe reconocer sus ambiciones y relaciones desiguales de poder en Latinoamérica, al igual que las demás naciones industrializadas. Sin la aplicación de una legislación verdaderamente autoritativa a cualquier empresa financiada con fondos públicos canadienses y sin el desarrollo en los países latinoamericanos exportadores de una legislación más representativa de las comunidades afectadas, corremos el riesgo de que los éxitos comunitarios, así como los abusos, muertes y daños ambientales, permanezcan como anécdotas locales, fuera del discurso dominante del crecimiento económico y de la catástrofe global.

[1] Más informaciones sobre los diversos proyectos de ley, estándares de la indústria y normas internacionales en el sitio web del Comité por los derechos humanos en América latina (en francés): http://cdhal.org/cas/projet-de-loi-c-300-canada. Página consultada el 17 de octubre 2010.

[2] Datos obtenidos  de la Asociación canadiense de minería, que representa al sector minero canadiense: http://www.mining.ca. Página consultada el 2 de noviembre 2010.

[3] Por ejemplo, el análisis de Allan Astorga, geólogo de la Universidad de Costa Rica, en: http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/55283. Página consultada el 2 de noviembre 2010.

[4] Declaración de Barrick Gold sobre el proyecto de ley C-300 (en francés): www.barrick.com/…/Barrick/…/Barrick-Gold-présente-sa-position-concernant-le-Projet-de-loi-C-300-et-Apporte-des-faits.pdf. Documento consultado el 13 de octubre 2010.

[5] Initiative for Peace Building: http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/resources/Canadian_Mining_Companies_in_Latin_America.pdf.