La violencia y la falta de oportunidades en Honduras llevaron a Bertha a dejar su hogar y su familia. Sus días transcurren en el Parque Benito Juárez, con un cajón de dulces que carga por los alrededores del centro de Tapachula. Pese a tener que esquivar todos los días a los policías municipales, que la amenazan con quitarle sus dulces, no piensa regresar a Honduras.
Texto: Perla Miranda y Astrid Rivera
Fotos: Perla Miranda
Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás
Cuando me fui buscando el cielo de la libertad
Cuantos amigos que dejé, y cuantas lágrimas lloré
Y hoy viviré para volverlos a encontrar
Celia Cruz
Bertha tiene el ceño fruncido, su apariencia es dura, la mirada seria. Sobre sus piernas resalta un cajón de madera lleno de dulces, los que espera vender en el Parque Benito Juárez, en el Centro de Tapachula, Chiapas, México, para juntar más de 200 pesos que le servirán para comida y ahorrar para su renta.
Su acta de nacimiento –con la que carga a todo momento y cuida porque es su único medio de identificación–, indica que nació el 5 de junio de 1972, en San Pedro Sula, Honduras, y sus padres la nombraron: Bertha Gracibel Santos Hernández.
Hoy tiene 49 años, pero llegó a Tapachula a sus 46, el 19 de noviembre de 2018. “Salí por trabajo, tengo nueve hijos y la verdad es que se quedaron en Honduras con el papá y la abuela, mi mamá”, dice, mientras acomoda su falda y pone el cajón de dulces a un lado, sin quitar la cuerda que lo sujeta y rodea su cuerpo.
En los más de dos años que lleva en la Frontera Sur de México, Bertha no ha pisado un centro de salud por temor a ser deportada, cuando llegó al país, intentó sacar la constancia que le permitía solicitar el refugio, pero se la negaron en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). A veces siente dolor de cuerpo y sospecha que tiene hipertensión, pero lo que gana no le alcanza ni siquiera para acudir a una farmacia con consultorio para que la revise un médico.
–¿Tiene algún padecimiento? –le pregunto. –Estoy desarmada de salud, con muchas enfermedades, dolor de huesos, de todo, de la cadera, allá en Honduras me dijeron que tenía hipertensión, a lo mejor no es una enfermedad de muerte, pero es grave –cuenta y sonríe un poco.
Justo en el Parque Benito Juárez sobresalen los anuncios en color amarillo, blanco y rojo de una farmacia que promociona vitaminas, chequeos de glucosa y presión, así como consultas a 30 pesos (dólar y medio, aproóximadamente), pero la mujer hondureña reitera que pagar esa cantidad está lejos de su alcance.
“No he buscado la atención, recién venida, estaba una brigada aquí, cuando venían los de la caravana, porque yo me vine sola, pero solo me dieron pastillas para el dolor de cuerpo y así, por esas fechas me dolía la cintura, abajo del vientre y solo me recetaron unos medicamentos, compré el que pude, me gasté mucho, como 200 pesos, a veces uno vende 150, para la comida, pero las ventas están bien bajas, esos 200 pesos fue la millonada”.
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Esos dolores musculares, Bertha los asocia con el Chikungunya que padeció en 2017, “cuando pegó en Honduras”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Chikungunya deja secuelas como dolores crónicos en las articulaciones de los pacientes, por lo que llamó a los países a vigilar, dar seguimiento y robustecer la atención clínica que integre los servicios de reumatología y rehabilitación y salud mental.
“Dicen que son cinco años que uno queda doliente, pues ya ni modo, ahorita no tengo enfermedad gracias a dios; el VIH siempre me lo hago y gracias a dios que salgo bien. Enfermedades pues no tengo, por eso tampoco voy al doctor, para qué, me da miedo que me devuelvan a mi país”.
Bertha llegó a Tapachula en 2018. Por temor a ser deportada, no ha pisado un centro de salud desde entonces.
El Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante, publicado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de agosto de 2019, establece como objetivo general “otorgar atención integral a la salud de la población migrante que transita en la República Mexicana, con apego al respeto de los derechos humanos, con eficacia, calidad y justicia”.
Para el activista Luis García Villagrán la administración actual ha dado justo en el clavo si de discurso se trata, pero en la realidad mantiene una deuda muy grande con la población migrante.
“El discurso es una maravilla, pero la realidad es totalmente diferente. Es totalmente nulo el acceso de salud, que puedan ser atendidos en cuestión de una enfermedad es una falacia, una dádiva, y muchas veces solo hay que ver que si como mexicanos no nos garantizan la atención sanitaria, como migrantes menos”.
Cuando Bertha llegó a México, no encontró trabajo, la edad y su origen hondureño fueron los principales obstáculos. Al principio recibió apoyo de una señora que renta cuartos a las afueras del centro de Tapachula, quien la dejó vivir un mes sin que pagara renta, y luego le dijo que la única manera de trabajar sería vendiendo dulces en el Parque Benito Juárez.
–¿Se quedará en Tapachula o buscará llegar a Estados Unidos?
–Sí se puede sí, sería lo mejor, porque vendiendo dulces no se gana mucho, acá no encuentro otro trabajo y allá puede haber mejor vida, ¿no?
En 2020, el programa Emergencia Social para dar apoyo económico y humanitario, que consiste en dar empleo a extranjeros que se encuentran en Chiapas, empleó a 976 migrantes, de acuerdo con la ONG, Centro de Dignificación Humana, presidida por García Villagrán, esta cifra no alcanza ni 0.016% del total de personas varadas en Tapachula.
“Los migrantes no tienen derecho a nada, aquí en la frontera sur. Del famosísimo programa que les da trabajo de Emergencia Social implementado por AMLO hablamos de 731 migrantes que trabajan en Tapachula, y en Ciudad Hidalgo, 245; hablamos de un universo total de 60 mil migrantes, es nada, pero son las cifras con las que trata el Estado mexicano de salvar lo que se le pueda criticar en su política migratoria”.
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Bertha vive atrás del “Palacio de los Zopilotes”, a unos 15 minutos del Parque Benito Juárez, en donde vende sus dulces, la cercanía le permite ahorrar en transporte público, pero aún así, es difícil juntar los mil 200 pesos que debe pagar al mes por el cuarto que comparte con otro migrante.
“Cada uno pagamos mil 200, tenemos que ir alzando, hasta eso la señora nos espera una semana después de la fecha, pero no podemos quedar mal, de por si no nos quieren, si no pagamos, pues menos”.
Para obtener su cajón de dulces, ahorró 150 pesos. “Es el precio del cajón vacío, ya uno tiene que llenarlo, ir comprando mercancía”, cuenta mientras sus manos recorren las paletas y los tamarindos que casi mantienen su cajón lleno.
–¿Te gustaría regresar a tu país?
–¡Ay, no!, la verdad que no, está duro, aquí venimos luchando para mandar algo a los hijos, tampoco pienso traérmelos porque es difícil, a lo mejor cuando ya esté uno más o menos, pero regresar no, eso no.
Por ahora, los planes de Bertha son seguir esquivando a las autoridades migratorias y ahorrar para poder hacer sus trámites ante COMAR, su único deseo es conseguir esos documentos y poder trabajar.
“A veces vienen los de migración y me tengo que estar escondiendo, me da miedo, mucho miedo que me devuelvan, mi mayor sueño es que en COMAR me acepten el trámite, solo lo pido para trabajar, soy buena persona, no peleo con nadie, vine aquí por una mejor vida y así seguiré”.
