El aborto ya es ley en Argentina. Sin embargo, el territorio es extenso y los contrastes entre las distintas regiones son muy marcados. Además, un gran sector de la clase política continúa oponiéndose a la interrupción legal del embarazo. ¿Cuáles son las estrategias adoptadas por el Estado, los colectivos feministas y lxs activistas para garantizar el acceso a la nueva ley?
Texto y foto: Julieta Bugacoff (Argentina)
El 14 de enero de 2021 el gobierno argentino formalizó la promulgación de la legalización del aborto y la ley de los 1000 días a través de la publicación en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández. No obstante ese mismo día, Marcelo Orrego (diputado de Juntos por el Cambio, coalición de centro-derecha, de San Juan) presentó un proyecto para derogar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El funcionario informó a través de su cuenta de Twitter que su objetivo era “proteger el derecho a la vida de todo los niños”. Además, remarcó la inconstitucionalidad del proyecto que promulgó el presidente de la Nación. Hasta el momento se desconoce cómo prosperará la petición.
Argentina es un país marcado por el contraste y la desigualdad. La densidad de población es escasa, y la gran mayoría (38.9%) está concentrada en el Gran Buenos Aires. A la vez, el 92% se concentra en las zonas urbanas. El nivel de centralización en torno a las ciudades —y en particular alrededor de Buenos Aires— es un problema, y para las regiones con altos índices de ruralidad acceder a servicios básicos suele resultar problemático. Por otro lado, la concentración de tierras en manos de las mismas familias es un problema histórico (el 1% de la población es dueña del 33% del territorio).
Según las cifras de un estudio realizado por UNICEF en 2018, casi el 25% de los nacimientos de Formosa, provincia al noreste del país, fueron casos de embarazos adolescentes. En paralelo, en la Capital Federal, el 6% de los bebés nacidos vivos eran hijos de madres menores de 20 años. Este comparativo muestra que las posibilidades de contar con un sistema de salud estable no son las mismas para todxs y, en ese sentido, la zona de residencia y la situación socioeconómica son factores determinantes para acceder a los derechos. A partir de ahora, el aborto es legal, seguro y gratuito en todo el país, ninguna persona con un cuerpo gestante irá presa por interrumpir un embarazo. Aún así, las desigualdades sociales persisten y el desafío consiste en garantizar que lxs habitantes de todas las provincias tengan acceso a los derechos contemplados en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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Socorristas en Red es una articulación conformada por diferentes colectivos feministas de Argentina y cuenta con personal capacitado ubicado a lo largo del territorio. Durante varios años, la organización se encargó de dar información y acompañar de forma segura y cuidada a aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que optaron por interrumpir un embarazo. Desde Lapacha Rosa (Socorristas en Red de Formosa) explican que a partir de ahora, su rol consiste en seguir brindando información y acompañar de manera respetuosa y amorosa las decisiones tomadas por mujeres y cuerpos gestantes: “Queremos abortos con ternura”.
No está de más mencionar que en el debate por la legalización del aborto, Formosa fue la única provincia en la que todxs lxs diputadxs votaron en contra. Formosa es una de las regiones con mayor porcentaje de embarazos adolescentes y la provincia con la cifra más elevada de mortalidad materna (12.3 por cada 10 mil nacidos vivos). Para las activistas, lo más difícil a nivel macro va a ser romper con la idea de la maternidad como único destino. En lo referido a los problemas puntuales de la provincia, consideran que es necesario hacerle frente a los profesionales de la salud que obstaculicen la interrupción voluntaria del embarazo, ya sea negando la información o acompañando en malos términos: “La ley permite la objeción de conciencia, pero los médicos no se pueden negar a brindar los datos necesarios”. Por último, concluye: “Es necesario brindar capacitaciones para que los profesionales de la salud sepan cómo atender diversidades”, cuando al día de hoy, acceder al sistema de salud para las personas trans/no binarias es un problema.
Por otro lado, Río Negro fue la única provincia en la que todos los diputados votaron a favor del Proyecto de Ley. En 2016, Alberto Weretilineck, gobernador rionegrino firmó el decreto reglamentario que autorizaba la realización de abortos no punibles (ILE) en los hospitales públicos provinciales. El protocolo establece que, para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, alcanza con dar el consentimiento y firmar una declaración jurada que afirma que la mujer fue víctima de una violación o corre riesgo su salud. Entre el pedido y la intervención médica, no pueden pasar más de diez días y la solicitud no puede ser rechazada por ninguna institución pública o privada.
Lorena Matzen es diputada por Río Negro y pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR). Para ella la aprobación del Proyecto de Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo implica toda una serie de cambios: “La legalización de un derecho que hace a la autodeterminación de las mujeres, esto es que las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan decisión sobre su proyecto de vida, sobre su cuerpo.” Además, explicó que la nueva ley, a diferencia de las interrupciones que se realizaron de forma legal (ILE), abandona una norma exclusivamente basada en causales y la remplaza por otra que contempla plazos dentro del cuales no será necesario acreditar ante el sistema de salud la existencia de una de esas causales, mientras que por fuera de ese plazo, la interrupción será legal bajo determinadas circunstancias.
Según los datos de un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), durante el 2020 en Río Negro se realizaron 353 interrupciones legales del embarazo. Por último, concluyó: “El primer cambio que esperamos es que paren de morir mujeres, que deje de ser una práctica criminalizadora y estigmatizante. La maternidad genera un cambio fundamental en la vida de una niña, adolescente, mujer o persona gestante. Imponer un embarazo de manera forzada implica desconocer el derecho básico a elegir si, cuándo, con qué intervalos y cómo tener hijos.”
De los tres senadores de Chaco, provincia del noreste, sólo María Inés Pilatti Vergara votó a favor. En una entrevista con Página 12, contó que fueron sus hijos quienes, unos años antes del debate de 2018, “le abrieron la cabeza” en relación al aborto. Ante el riesgo de que los sectores antiabortistas ejerzan presión para impedir la implementación de la nueva Ley en Chaco, la dirigente respondió: “Tenemos un Estado Nacional y Provincial muy presente, que está comprometido fuertemente con estas leyes, y que no va a permitir que los sectores anti derechos pongan trabas a sus cumplimientos. Es necesario identificar los lugares donde se intenta implementar frenos, y trabajar mucho para brindar información certera, capacitaciones y acompañamiento en conjunto con las mujeres que militan en los barrios”. Por último, concluyó: “A la vez, hay que seguir dando batalla desde la agenda pública”.
El 12 enero de 2019, una niña de 12 años se acercó a un hospital de la provincia de Jujuy para solicitar la interrupción legal del embarazo (ILE). La nena fue violada y embarazada por su vecino de 60, y le pidió a los médicos que le sacaran “eso que tenía adentro”. Nada ocurrió, porque una vez que ingresaron al sistema de salud jujeño, las autoridades médicas y provinciales hicieron todo lo posible para dificultar el proceso: dilataron tiempos cruciales, obstaculizaron derechos, le negaron la información necesaria y publicaron datos personales de la niña. Finalmente, los médicos le practicaron una cesárea a la menor por estar de 24 semanas. La bebé, prematura, murió a las pocas horas. Ese mismo día, grupos antiabortistas se concentraron en las puertas del hospital para manifestarse en contra del “asesinato de un inocente”. Además, criticaban al gobernador Gerardo Morales por no haber obligado a la menor a mantener un mes más el embarazo para garantizar la viabilidad del feto.
La escena relatada no es una excepción, sino un reflejo del mecanismo de trabas institucionales que atravesaban muchas de las personas que solicitaban un ILE. Un riesgo similar existe en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Mariana Vargas es abogada y referente del movimiento feminista en Jujuy. Para ella, el problema central en Jujuy a la hora de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es cuando se trata de niñas que han quedado embarazadas como resultado de un abuso sexual: “En esos casos, el embarazo suele descubrirse en un estado más avanzado y eso da pie a que las personas que están en el sistema de salud y apuntan a obstruír el aborto logren su objetivo”. También señala que la violencia obstétrica es un gran problema en Jujuy: “Hay muchos casos de mujeres que concurren al hospital con abortos provocados o espontáneos y son torturadas. Se trata de una práctica habitual y sistemática en las instituciones de salud”.
Para muchos, la idea de que Argentina es un país pluricultural es inconcebible. El racismo hacia los pueblos originarios es de carácter estructural. A pesar de los genocidios masivos ocurridos en diferentes períodos históricos, en la actualidad hay por lo menos 38 pueblos indígenas distribuidos en diferentes puntos del territorio. En una nota realizada para Página 12, la periodista Luciana Mignoli analiza la problemática de las niñas indígenas obligadas a parir contra su voluntad: “En sus cuerpos impactan de manera más brutal las barreras de acceso a derechos sexuales y reproductivos. A la triple opresión —género, clase y etnia—, se le suma la del adultocentrismo que muchas veces no escucha sus voces ni sus gritos.”
En este contexto, la reivindicación feminista por el aborto legal, seguro y gratuito para todxs, no sólo debe ser transversal al territorio, sino también, a las diferentes culturas que conviven en él. Entre estos contrastes es que se irá implementando el aborto legal en Argentina.
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Este contenido fue parte de un reto periodístico asignado a la 5ta generación de la #RedLATAM de Jóvenes Periodistas. Aquí puedes leer toda la cobertura relativa al #AbortoLegal2020.
