A pocos días de las protestas que se llevaron a cabo en 75 ciudades de Estados Unidos contra el racismo y la represión policial, en México cientos de personas se manifestaron por el asesinato de un joven a manos de la policía. Sin embargo, lo que sucedió en México va más allá de la represión. En un país que no ha esclarecido la desaparición de 43 estudiantes en 2014, el terror que siembra el Estado sigue vigente.


El pasado 4 de mayo la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos —un municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada de México— detuvo a un joven de 30 años llamado Giovanni López, presuntamente, por no llevar cubrebocas (barbijo, nasobuco). Al día siguiente, le entregaron su cuerpo a la familia. El acta de defunción indica que murió por un golpe en la cabeza, aunque también presentaba un balazo en la pierna. 

La información de este caso se mantuvo oculta durante un mes, ya que la familia recibió amenazas para no difundirla; sin embargo, el pasado 3 de junio se publicó un video de la detención de Giovanni y la noticia de su asesinato. De inmediato, la indignación se viralizó en redes y se convocó a una protesta en el centro de Guadalajara la tarde del 4 de junio, un mes exacto después de la detención y muerte de Giovanni. 

Esa tarde, cientos de personas marcharon hasta las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco con consignas como “Giovanni no murió, la policía lo mató” y “La policía no me cuida: viola y asesina”. 

 

Foto: Mariana Mora.

 

Foto: Mariana Mora.

En la manifestación se realizaron pintas, se rompieron vidrios y puertas y se quemaron dos camionetas de la policía estatal. Después, llegaron cientos de elementos antimotines quienes con sillas, palos y piedras amedrentaron a las y los manifestantes con golpes y gas lacrimógeno. La gente se dispersó y entonces empezaron las detenciones arbitrarias y con violencia. En medio de las intimidaciones policiales, una persona prendió fuego a un policía que estaba amenazando a una manifestante. El suceso no pasó a mayores: el fuego fue apagado de inmediato y el elemento se encuentra en buen estado. Al final del día, la Fiscalía del estado reportó la detención de 28 personas: 26 hombres y 2 mujeres, de los cuales 6 son menores de edad. 

 

Foto: Mariana Mora.

 

Foto: Mariana Mora.

Esa misma noche, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dio un mensaje en el que aplaudía la forma en que la policía actuó y expresó que la marcha obedecía a intereses del gobierno federal y que las personas involucradas en las pintas e incendios no eran de Guadalajara, sino enviadas de la Ciudad de México; sin embargo, después se confirmó que todas  las personas que fueron detenidas son de Guadalajara.  

El 5 de junio, mientras el  gobernador Alfaro declaraba que las acciones de la policía habían sido “un acto de disciplina y valentía que deberíamos de reconocer y agradecer todos”, al mismo tiempo circulaban en redes sociales imágenes de la violencia ejercida a las y los manifestantes. Ese día, se convocó a una protesta frente a la Fiscalía del Estado para exigir la liberación de las y los detenidos del día anterior; sin embargo, muchas personas ni siquiera pudieron llegar al lugar:  policías vestidos de civil, con los rostros cubiertos, armados con toletes, bates, tubos y armas largas y les detuvieron y subieron a camionetas pick-up sin placas. 

José —su nombre fue cambiado por seguridad— iba camino a la manifestación acompañado de tres amigos y su novia, pero al acercarse a la Fiscalía, una camioneta Dodge Ram les cerró el paso, seis personas con armas largas bajaron por ellos y les subieron al vehículo a punta de golpes. “Ahí andan de bravos ¿verdad, pendejos? Ya les cargó la verga”, cuenta José que les gritaban, al mismo tiempo que les daban descargas eléctricas con un aparato y golpes en las piernas y brazos. A José, al igual que otras 30 personas detenidas, les llevaron al interior de la Fiscalía y les encerraron. José recuerda ver al menos seis celdas llenas, recuerda golpes, la sustracción de sus celulares y una amenaza: “Nadie sabe que están aquí. Los vamos a desaparecer, cabrones”.  Después de una hora, los presuntos policías se llevaron a la novia de José, junto con otras mujeres, en una camioneta tipo van polarizada con un rótulo que decía “Banquetes Doña Mary”. A él y un grupo de hombres detenidos, los subieron a una camioneta tipo pick-up y se los llevaron también. Después de un trayecto de 20 minutos y la amenaza de que los iban a entregar al “cártel”, los bajaron en un área rural en las periferias de Guadalajara. Les dijeron que tenían 10 segundos para correr sin mirar atrás. 

José llegó a su casa aproximadamente a las nueve de la noche. Como él, otras 80 personas vivieron experiencias muy parecidas esa misma jornada. En la madrugada,  varias de estas personas, víctimas de desaparición forzada —así lo catalogó al Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humano—, recibieron llamadas para decirles que podían pasar a la Fiscalía a recoger sus celulares; al día siguiente elementos de la Fiscalía se presentaron a los domicilios de sus familiares. 

El 5 de junio, mientras alrededor de la Fiscalía decenas de jóvenes eran privados de su libertad, en el centro de la ciudad se llevaba a cabo otra protesta que también fue fuertemente reprimida. Al final de la jornada, Enrique Alfaro publicó un comunicado deslindándose de los hechos en Guadalajara, sugiriendo que las desapariciones forzadas pudieron haber sido ordenadas por “grupos de la delincuencia”. Gerardo Solís Gómez, Fiscal General del Estado, también declaró no tener responsabilidad en los actos de esa tarde.

Durante las dos jornadas de protestas, la red feminista YoVoy8deMarzo, el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD) y decenas de personas documentaron y concentraron la lista de nombres de las personas detenidas y desaparecidas y exigieron que el Estado publicara una lista oficial. Finalmente, sin haber hecho públicos los nombres, ni su paradero, la noche del sábado Alfaro anunció que liberaría a todas las personas detenidas. Al salir, CEPAD declaró que muchas de ellas presentaban signos de tortura. El 6 de junio, se realizó otra manifestación en el centro de la ciudad que terminó con siete nuevos detenidos, que no han sido liberados hasta el momento.

Foto: Pablo León.

Permanecen dudas sobre quién ordenó la represión y las detenciones arbitrarias. Mientras tanto, dos policías ministeriales de la Fiscalía del Estado fueron detenidos; y tres policías municipales de Ixtlahuacán del Río fueron arrestados por su presunta participación en el asesinato de Giovanni. Además, el alcalde de este municipio debió presentarse hoy ante el Ministerio Público, sin embargo, no acudió y no ha sido localizado.

Este caso no es aislado, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 17 años ha habido 13,262 quejas de detenciones arbitrarias por parte de la policía en todo el país. Tampoco sería la primera vez que los cuerpos policiales participan en desapariciones forzadas: la desaparición de 43 estudiantes en 2014 es quizá el caso más sonado con estas características. En una entrevista, el gobernador compara lo sucedido en 2014 con los hechos del viernes 5 de junio y dice que Jalisco pudo haber entrado en una situación como esa, pero que fue él quien lo evitó; sin embargo, las víctimas de represión y desaparición forzada de los tres días lo responsabilizan y exigen justicia.   

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Foto de portada: Mariana Mora.

 

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Mariana Mora

México (1992). Periodista independiente. Trabajó para la Agencia de Comunicación Popular Colombia Informa en Medellín, cubriendo temas de defensa del territorio, conflicto y paz. Ha colaborado con medios locales en Guadalajara -donde vive actualmente- como Territorio y Zona Docs. Le interesan sobre todo temas de derechos humanos, género y sexualidad, medio ambiente y ciudad.

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