Después de un recrudecimiento de las políticas de migración estadounidenses en la administración Trump, en la que sistemáticamente se violaron los derechos humanos de miles de migrantes, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, busca la aprobación de un proyecto de ley más humanitario y la regularización de al menos 11 millones de migrantes.
Texto: Álvaro Montoya (Bolivia)
Foto: Iván Reyes
En enero de 2021 el mundo observaba como el candidato demócrata Joe Biden se convertía en el 46° presidente de los Estados Unidos. Entre sus promesas electorales figuraban la regularización de al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, y la humanización del procedimiento migratorio y de asilo, que habían sido paulatinamente desmantelados por la administración de Donald Trump. El 18 de febrero de 2021, un grupo de legisladores demócratas presentó un ambicioso proyecto de ley dentro de la línea de las políticas migratorias anunciadas por Biden. ¿El objetivo? “Proporcionar una vía a la ciudadanía, abordar las causas fundamentales de la migración, gestionar responsablemente la frontera sur, y reformar el sistema de visas de inmigrantes”, puede leerse en el documento.
El proyecto de ley está constituido por 400 páginas y aborda las principales problemáticas migratorias en la agenda estadounidense. No obstante, desde que se presentaron este proyecto y otras órdenes ejecutivas para frenar las políticas anti migratorias de Trump, la administración Biden se encontró con una serie de óbices de corte legal, político y logístico.
En Distintas Latitudes te explicamos —en 6 claves— cuáles son las propuestas, los obstáculos, objeciones o condiciones para concretarlas:
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La no deportación y residencia temporal de millones
Según el proyecto de ley presentado por la bancada demócrata al Senado de los Estados Unidos, todos los migrantes que no cuenten con documentación o un status legal en el país podrán solicitar un alto a su deportación y tramitar un permiso de residencia temporal. Esta medida les permitiría adquirir la residencia permanente al cabo de cinco años, y al cabo de otros tres años más iniciar el proceso para obtener la ciudadanía. Tendrán posibilidades siempre que demuestren no haber cometido delitos, además de haber pagado impuestos durante ese tiempo.
Como primer paso de flexibilización de las políticas migratorias, Biden emitió una orden ejecutiva el 20 de enero que buscaba suspender la deportación de los migrantes indocumentados por 100 días, pero esta fue bloqueada por un juez federal del estado de Texas. Esta es, probablemente, la primera de las muchas trabas que deberá enfrentar la administración de Biden en su camino a desarticular el andamiaje anti migratorio de la era Trump.
Del mismo modo, se deberá luchar contra la desinformación que podría surgir a raíz de estos cambios, pues, como indicaba Biden recientemente, esta serie de reformas no son una invitación abierta a migrar: las medidas anunciadas por Biden tomarían en consideración solamente a los migrantes que se encontrasen en suelo estadounidense antes del 1 de enero de 2021.
Al respecto, Patricia Mercado, directora de Conexión Migrante (sitio web que brinda información y servicios a la población migrante mexicana), aclara que es labor tanto de los periodistas como de las organizaciones migrantes mantener informada a sus comunidades: “En Conexión Migrante nuestra labor más importante es decirles a los migrantes que tienen derechos, la gente no sabe que tiene derechos (…) Hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación en la comunidad, y por eso hay fraudes y por eso los timan, y por eso los engañan, y por eso los meten a trabajar en el narcotráfico, hay trata de personas. Porque hay mucha desinformación”.
Muro perimetral en el Capitolio tras el asalto protagonizado por los simpatizantes de Donald Trump.
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DACA y TPS en la mira
Una de las decisiones más arbitrarias de la administración Trump fue la de intentar eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que implementó la administración de Obama en 2012, tras casi una década de negociaciones en el Senado. La ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act) es la causa de que se denomine a los beneficiarios de DACA como Dreamers.
Este programa beneficia directamente a las personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, y que actualmente cuentan con una edad promedio de 24 años. Gracias a esto, casi 700.000 personas pudieron obtener licencias de conducir, permisos de trabajo, seguros de salud y realizar estudios superiores. La Corte Suprema de los Estados Unidos evitó que Trump anulara DACA.
En las reformas migratorias que Biden ha planteado, además de dar continuidad al programa, se busca que los beneficiarios de DACA que cumplan requisitos específicos puedan acceder a la residencia permanente, y tras un periodo de tres años solicitar su naturalización.
Sin embargo, sectores de la comunidad migrante consideran que el tiempo para la naturalización de los Dreamers debería ser menor. “En cuanto a los Dreamers, DACA, estamos pidiendo que puedan convertirse en residentes legales automáticamente, ya sin necesidad de esperar años (…) Creemos que ya los Dreamers han probado que son parte de la sociedad americana. Deben de tener oportunidad de convertirse en residentes legales o sino hasta ciudadanos americanos”, asegura Israel Concha, fundador y director de New Comienzos, una organización que brinda respaldo a dreamers, personas repatriadas y familias binacionales.
Como el DACA, el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), es un programa aplicado desde 1990 para albergar temporalmente a migrantes provenientes de países en guerra, desastres naturales, epidemias u otras condiciones. Ejemplo de ello es la crisis humanitaria en Venezuela, país que el 8 de marzo ingresó a la lista de beneficiarios del TPS, lo que permitirá que al menos 320.000 venezolanos puedan residir, inicialmente, durante 18 meses en Estados Unidos y adquirir permisos de trabajo temporales.
De aprobarse el proyecto de ley planteado por la administración Biden, los beneficiarios de DACA, TPS y los trabajadores agrícolas que no cuenten con un estatus ilegal podrán aplicar a la residencia permanente.
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Mejores políticas migratorias para familias
Las disposiciones migratorias de Trump, conocidas como parte de la política de “Tolerancia cero ”separaron a miles de familias. Por ejemplo, se tipificó a la migración indocumentada como un delito penal, por tanto, quienes eran detenidos, no tenían ninguna opción de solicitar asilo o refugio y eran enviados a sus países de origen.
La medida fue ampliamente rechazada por la comunidad internacional y muchos de los propios ciudadanos estadounidenses. Por lo que, tras una gran presión mediática, civil y política ejercida contra el partido republicano y Trump, este decidió emitir la Orden Ejecutiva 13841 el 20 de junio de 2018, para acabar con la separación de las familias mientras procedían sus casos migratorios.
Posteriormente, a través de un informe emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) se supo que 2053 niños habían sido separados de sus padres en el lapso de aproximadamente dos meses y medio en los que la “tolerancia cero” había estado vigente, aunque se sabe que esta política se venía realizando de manera confidencial desde 2017.
Este antecedente es uno de los que con mayor prontitud quiere solucionar la administración Biden, que ya emitió una orden ejecutiva para reunir a los menores de edad separados de sus padres en la frontera.
Aunque parece que lograrlo será mucho más complicado de lo que preveían, pues al día de hoy existen 450 niños cuyos familiares no han podido ser encontrados, tras ser deportados a sus países de origen en su mayoría. Al día de hoy, más de 20 mil menores migrantes no acompañados se encuentran en la frontera bajo custodia de Estados Unidos.
No obstante, otro paso positivo de la administración Biden fue dar fin al acuerdo denominado “tercer país seguro”, impuesto por Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras, mediante el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA). Dicho acuerdo redireccionaba a los migrantes del Triángulo Norte solicitantes de asilo a uno de los países centroamericanos, que debido a su similar situación económica, así como la violencia endémica en ellos, no eran destinos aptos para personas que buscaban una mejor calidad de vida o nuevas oportunidades laborales.
Asimismo, según lo anunciado por Biden, los migrantes cuyos familiares se encuentren en Estados Unidos podrán solicitar asilo desde sus países de origen para reunirse con ellos mientras esperan la emisión de sus residencias permanentes.
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Frontera inteligente
Otra medida adversa para las personas migrantes, que ocasionó un importante revuelo internacional, fue el cumplimiento de la promesa electoral de Donald Trump de construir un muro que separase el territorio mexicano y estadounidense a lo largo de la frontera de ambos países.
Las imágenes del muro giraron alrededor del mundo, aunque este nunca se finalizó por el accionar de la justicia estadounidense y la inviabilidad presupuestaria que significaba concluir un proyecto de más de 3000 kilómetros de extensión.
En contraposición, lo que plantea la administración de Biden en su paquete de reformas es parar la construcción del muro, e implementar una “frontera inteligente”, menos agresiva y, según el actual gobierno estadounidense, más efectiva a la hora de salvaguardar los límites territoriales del país, de contrabando y el ingreso de sustancias controladas.
Esta frontera, según el listado de propuestas de Biden, contará con cámaras, sensores, máquinas de rayos X a gran escala y torres fijas. Además de buscar mejorar la coordinación entre las agencias federales que luchan contra organizaciones criminales que trafican personas, armas y narcóticos.
Soldado norteamericano vigila una de las entradas al Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C.
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Combatir los problemas de los países de origen
Durante su campaña electoral, Biden prometió 4000 millones de dólares en un lapso de cuatro años, para combatir “la corrupción endémica, la violencia y la pobreza” en el Triángulo Norte de Centroamérica, constituido por El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos son los países de donde proviene el mayor flujo migratorio hacia los Estados Unidos, motivado por razones climáticas, económicas y el alto índice de violencia en la región.
En 2020, más de 3 millones 400 mil migrantes del Triángulo Norte residían en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del departamento de población de la ONU; al menos 20% más que en 2015. Sin embargo, estos registros sólo contemplan a quienes viven en el país, y no a los cientos de miles de personas migrantes que intentaron ingresar, sin éxito, en el mismo lapso. De hecho, las restrictivas políticas migratorias estadounidenses han provocado que cada vez más migrantes de Centroamérica decidan quedarse en México, ante la imposibilidad de seguir su camino.
Aunque la medida es positiva, no sería la primera vez que los Estados Unidos promete intervenir en el Triángulo Norte para frenar la inmigración.
“Estados Unidos lleva años diciendo: ‘Hay que invertir en los países que son el origen de la corrupción’. Pues sí, es una parte de Estados Unidos, pero también es una parte de los países, son problemas internos muy complejos donde están relacionados los países y sus economías (…) Es un asunto cultural, no porque Estados Unidos le vaya a meter no sé cuántos millones de dólares al Triángulo Norte la gente va a dejar de migrar. Los problemas son mucho más profundos que un tema de dinero, es un asunto de descomposición del tejido social, de corrupción permanente, de falta de democracia, son cosas gravísimas”, aseguró Patricia Mercado de Conexión Migrante.
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Una carrera de largo aliento
Las reformas de la política migratoria estadounidense propuestas por Biden son esperanzadoras y más humanas. Sin embargo, el complejo sistema institucional en el país, y el balance entre las fuerzas políticas, hacen pensar que esta nueva política migratoria tardará en asentarse.
Para concretar los cambios estipulados en el proyecto de ley, debe lograrse la aprobación del Senado, que presenta una paridad de fuerzas, con cincuenta senadores tanto para los republicanos como para los demócratas, más la vicepresidenta Kamala Harris que lo preside (y quien puede emitir el voto decisivo para resolver los casos en los que haya empate). Lo que significa que, según la ley estadounidense, tendría que obtenerse el voto de diez senadores republicanos para evitar que el debate se bloquee con la táctica denominada “filibusterismo”, y así lograr aprobar el proyecto de ley planteado por la administración Biden.
Al respecto, Diego Chávez-Gonzáles, consultor para el Banco Mundial y gerente senior para América Latina del Migration Policy Institute refiere: “Me parece que lo que hay sobre todo es un cúmulo de buenas voluntades, que van a tratar de dirigir el timón hacia dónde debe ir la política migratoria en los Estados Unidos, pero unas voluntades que de todas maneras se van a tener que ver enfrentadas a unas realidades que tiene en este momento el gobierno de los Estados Unidos”, explica. “Tú puedes sacar una ley rápidamente, pero las instituciones, tanto las formales que uno encuentra en la ley, como las informales que son estas convenciones y normas sociales, van a tener unos espacios de cambio mucho más pausados en el tiempo. Se va a necesitar mucho diálogo, y ese diálogo, justamente, de nuevas voces, va a tener mucho que ver con organizaciones de Derechos Humanos, ONG, tanques de pensamiento, academia y organismos de cooperación internacional”.
Por presuntas amenazas de violencia, el Capitolio de los Estados Unidos fue custodiado por fuerzas de seguridad entre enero y marzo de 2021.
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Este contenido fue parte de un reto periodístico asignado a la 5ta generación de la #RedLATAM de Jóvenes Periodistas. Aquí puedes leer el especial completo sobre migración.
Diseño de imagen de portada: Rocío Rojas (Perú).
