Pocas horas después del arranque oficial del nuevo gabinete colombiano, Distintas Latitudes te presenta una radiografía de algunos de los principales problemas que Gustavo Petro y Francia Márquez deberán enfrentar en los próximos cuatro años en materia de mujeres, poblaciones LGBTIQ+, migrantes, comunidades étnicas, medio ambiente y libertad de prensa.
Por: Carlos Mayorga Alejo y Laura Rodríguez Salamanca.
En la tarde de ayer, 7 de agosto de 2022, Colombia estrenó nuevo gobierno. Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda del país, mientras que la feminista y lideresa social ambiental Francia Márquez pasó a ser la primera mujer negra en ocupar la vicepresidencia.
Los retos son enormes. Sobre todo si tenemos en cuenta que el pasado 19 de junio, tras ganar unos de los comicios más reñidos en la historia del país, Petro dijo que quería convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”. “¿En qué consiste un gobierno de la vida?”, le preguntó a quienes le escuchaban en el Movistar Arena de Bogotá y a través de la radio y la televisión. “Primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental”.
Pocas horas después del arranque oficial de su gabinete, en Distintas Latitudes te presentamos una radiografía de algunos de los principales problemas que Petro y Márquez deberán enfrentar en los próximos cuatro años en materia de mujeres, poblaciones LGBTIQ+, migrantes, comunidades étnicas, medio ambiente y libertad de prensa.
LGBTIQ+: frenar la creciente violencia
Aunque varias organizaciones concuerdan en que durante los últimos años la población diversa ha ganado representación dentro de Colombia —especialmente en territorios afectados por el conflicto armado—, esta sigue siendo blanco de varios tipos de violencia.
Según Caribe Afirmativo, una organización de la sociedad civil que trabaja por la igualdad de la población diversa colombiana, solo en 2021 la Fiscalía registró 254 asesinatos presuntamente motivados por temas de orientación sexual, identidad o expresión de género.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y uno de los principales veladores de la Comisión de la Verdad, espera que en los primeros cien días de gobierno Petro y Márquez activen el Plan de Acción de la Política Pública LGBT, congelado desde 2018.
Entre otras cosas, esto implica promover acciones integrales para proteger a las personas trans, crear una Mesa de Casos Urgentes que investigue y prevenga la violencia contra las personas LGBTIQ+, implementar un plan de acceso diferencial para prevenir y atender el VIH, y prohibir las terapias de conversión.
Para ello, Castañeda espera que el nuevo gobierno logre una mayor articulación entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones en materia de derechos de la comunidad.
También, que consolide el enfoque de género dentro del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC e implemente con premura las recomendaciones que garantizan la reparación de las personas LGBTIQ+ afectadas por el conflicto, así como la participación segura dentro de sus comunidades.
Medio Ambiente: el problema de la deforestación
Petro levantó controversia en campaña cuando propuso frenar la explotación de combustibles fósiles para impulsar la transición hacia energías limpias. Pero Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente (1993-1996) y profesor emérito de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, cree que eso no surtiría ningún efecto sobre la emisión de gases de efecto invernadero. En cambio, el país perdería una entrada económica que puede usarse para asuntos ambientales.
En su opinión, el principal problema ambiental que enfrenta Petro es la deforestación, que además de traer pérdida de biodiversidad, deterioro de los suelos y aumento de la erosión, es causante del 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.
Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Petro hereda una cobertura forestal de apenas 60 millones de hectáreas (52 por ciento de la superficie del país), una situación crítica para Rodríguez.
Varias comunidades amazónicas han denunciado que las acciones de Duque contra la deforestación se materializaron principalmente a través de operativos militares. Por eso, la inversión y el enfoque militarista debe cambiar en el gobierno Petro.
Además, según el experto, es necesario adelantar acciones para mejorar las condiciones del campo y que el campesinado realice sus actividades agrícolas y ganaderas con el menor impacto ambiental. “El país tiene el gran reto de generar una agricultura que se adapte al cambio climático y que contribuya a su mitigación”, dice Rodríguez.
Pueblos étnicos: la reforma del campo
“El 7 de agosto de este año se cierra una etapa de la resistencia. La resistencia de los pueblos indígenas, de los negros, raizales del archipiélago de San Andrés, los rom, los palenqueros y los campesinos”, dice Armando Valbuena, secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE).
Valbuena considera que con Francia Márquez las minorías étnicas ganaron representación en el Ejecutivo. Ahora llama la atención sobre la necesidad de garantizar una mejor relación con los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyas poblaciones superan los cuatro millones y medio de personas.
Colombia es el país latinoamericano más desigual en cuanto a concentración de la tierra: el uno por ciento de la población ocupa el 81 por ciento de los suelos. Por eso, también es necesario impulsar una reforma del campo que incluya una redistribución de la tierra, la construcción de vías y carreteras, el desarrollo de viviendas dignas y la tecnificación de la producción agraria para los más de 14 millones de campesinos del país.
Para materializar esto, Petro debe avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, que se estancó durante el gobierno de Duque. Ello implica que el Estado llegue a las regiones más afectadas por el conflicto, enfrente la pobreza y los cultivos ilícitos y regularice la posesión de la tierra. Además, debe controlar la expansión de la frontera agrícola.
“Ojalá Petro y Márquez tomen la justicia prospectiva en un diálogo franco y sincero para resolver los asuntos de la tierra, que son el eje central de la guerra”, dice Valbuena. “Todos nosotros queremos vivir en paz, en armonía y en equilibrio con los espíritus, las diosas y los seres humanos”.
Libertad de prensa: proteger la independencia
Durante el gobierno de Duque, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 753 amenazas a periodistas, 374 agresiones por parte de funcionarios públicos y 411 agresiones perpetradas por la fuerza pública. Además, cinco periodistas fueron asesinados por realizar su oficio.
De acuerdo con Jonathan Bock, director de FLIP, el nuevo gobierno debe reestructurar el Programa de Protección a Periodistas, un plan creado por el Estado en el 2000. “Es necesario que sea más eficiente y recupere la confianza de los beneficiarios”, añade.
Bock también apunta que la prevención de la violencia requiere que el gobierno lidere una nueva narrativa favorable al trabajo periodístico, sobre todo entre funcionarios públicos. “Tantos años de guerra significaron no solo el asesinato de más 160 periodistas, sino unas condiciones difíciles para romper el miedo y el silencio, que generaron desiertos informativos”, agrega.
Según datos de FLIP, al menos 578 municipios colombianos (de 994 que ha mapeado) no tienen medios de comunicación locales. “Otra de las grandes prioridades debe ser generar recursos e impulsos para proyectos informativos locales”, dice Bock. “Por supuesto, blindándolos para que el gobierno no incida sobre sus líneas editoriales”.
Migración: trabajo y derechos básicos
“Petro tendrá que pasar a la historia como el presidente de la integración migratoria”, dice Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá.
Según datos oficiales, en Colombia hay 2.477.588 venezolanos, más del 38% de las personas que han salido de ese país en los últimos años. Duque logró que más de un millón de ellos recibieran el Permiso Temporal de Protección, que les permite acceder a servicios de salud, banca y trabajo formal, y les da plazo hasta 2031 para obtener una visa de residencia. Otro millón lo está solicitando.
Para Rodríguez, al gobierno de Petro le corresponde materializar la integración migratoria. Para ello, debe eliminar las barreras para el acceso a derechos como la salud y garantizar mecanismos de protección para quienes viven en la frontera.
Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, coincide con él: “No basta con que la gente tenga documentos si al mismo tiempo no se implementan políticas que les faciliten el acceso al trabajo y la vivienda en igualdad de condiciones”, dice.
A ojos de los investigadores, el nuevo gobierno debe revisar la situación de los colombianos retornados de Venezuela. En 2022, la Registraduría anuló los documentos de identidad de más de 40 mil hijos de colombianos nacidos en Venezuela por supuesta falsedad de identidad. Además de atentar contra su derecho a la nacionalidad, esta situación mantiene a estas personas indocumentadas en territorio colombiano.
Pero eso no es todo. “Hay 42 mil solicitantes de refugio que no pueden trabajar durante el tiempo que dura la solicitud, que puede prolongarse hasta cuatro años”, recuerda Bolívar. “El gobierno de Petro tiene que prestar atención a esta población, que está en una situación de vulnerabilidad y requiere protección internacional”.
Mujeres: el hogar más allá de los hogares
A pesar de la recuperación económica tras la pandemia, entre marzo y mayo de 2022 el 14.5 por ciento de las mujeres en edad laboral estaban desempleadas, por solo el nueve por ciento de los hombres. “Como la crisis fue feminizada, la respuesta debe ser con perspectiva feminista y de género”, dice Carolina Mosquera Vera, socióloga e investigadora feminista.
Para ella, es clave que el nuevo gobierno “fomente políticas de empleo que permitan una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo”, sobre todo en los sectores del comercio y los servicios, que antes de la crisis empleaban principalmente mano de obra femenina.
También, que implemente el Sistema Nacional de Cuidado, un grupo de políticas con enfoque de género que buscan reconocer el aporte de las mujeres a la economía, así como redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado, una de las causas detrás de la baja tasa de participación de madres en el mercado laboral.
El objetivo es que, con este sistema, las mujeres puedan disponer de mayores posibilidades de estudio, descanso y acceso a trabajo remunerado, entre otras cosas.
De acuerdo con Juliana Hernández, directora de Artemisas, una organización de incidencia e innovación política feminista, urge una estrategia intersectorial que permita avanzar en la autonomía económica de las mujeres. Solo así, dice, podrán empezar a participar en política en las mismas condiciones que los hombres.
“Y no se trata solo de abrir las listas (de aspirantes a cargos de elección popular), sino de que tengan un ingreso básico que les permita mantener a sus familias. Se requiere una mirada desde la educación para formar futuros liderazgos, y de todas las carteras para dejar una estructura democrática donde alcancemos la paridad”.
De los 295 congresistas que se posesionaron el 20 de julio de 2022, solo 86 eran mujeres.
Finalmente, Mosquera y Hernández coinciden en la importancia de seguir implementando el Acuerdo de Paz que, entre sus más de cien disposiciones de género, incluye la promoción de iniciativas y mecanismos diferenciados de acceso a tierras para mujeres rurales, la protección de lideresas sociales y excombatientes del conflicto armado y el fomento de la participación segura de las mujeres dentro de la política.
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Diseño de portada: Rocío Rojas
