Mientras el régimen cubano anuncia reformas que cambiarán por completo el modelo económico de la isla, millones de personas enfrentan apagones, inflación y precariedad. La diáspora, antes estigmatizada por el gobierno, aparece ahora como una tabla de salvación en una apertura rodeada de desconfianza, sanciones y demandas de cambio político.
Texto por: Lisbeth Moya (Cuba, 1996)
Fotografías: María Lucía Expósito (Cuba, 1997)
El 18 de junio, María se despertó empapada en sudor. Hace ya casi un año no dormía bien porque en las provincias del interior de Cuba apenas tienen dos horas de electricidad al día. En una isla del Caribe el calor puede ser el peor enemigo. Es un vapor que te cocina lentamente el cuerpo y las ideas. Un sopor contra el que no hay mucho que hacer, salvo ducharse varias veces al día, ponerse ropa fresca y sentarse en el portal.
En esos días de junio, María tampoco tenía agua para ducharse, ni internet, porque con el apagón la señal muere. En el horno de carbón estaban las masas de pan reposando. María se sentó en el portal a esperar que pasase el pregón del carbonero, un poco aterrada porque la comida que le quedaba se estaba pudriendo en el refrigerador. No hay comida que se conserve durante 24 horas sin corriente y con 32 grados Celsius de temperatura ambiente.
María, una persona de mi círculo cercano, pero que prefiere mantener el anonimato, carga sobre sus hombros mucha responsabilidad: es la panadera del barrio. No solo es la comida de sus hijos la que se echa a perder. Es que si su negocio no produce, no podrá seguir dándole empleo a Belkys, una madre de un niño de cinco años, que tiene tres trabajos para poder comprar en el mercado negro las medicinas que su hijo necesita para la epilepsia. Tampoco podrá garantizar el pan de sus clientes, que más que clientes son los vecinos que ya hacen fila en el mostrador de su pequeño negocio, para comprar un bien escaso: el pan de cada día.
Casi al final de la tarde, mientras el olor del pan recién horneado llenaba cada rincón de la casa, vino la corriente. Y justo ahí, mientras María aprovechaba sus dos horas de alumbrón para cocinar y lavar comenzaron a sonar las notificaciones del móvil.
Desde Estados Unidos, su hija le escribe con esperanza: “Ahora sí, Cuba va a ser capitalista. Guarda dólares, que la cosa se va a poner interesante”. María se detiene, abre la página de Cubadebate -uno de los medios oficiales del gobierno cubano- y se entera.
La Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el Partido Comunista Cubano, el único permitido en la isla, había anunciado 176 medidas económicas que representan el cambio más profundo del modelo cubano en décadas.
Entre las transformaciones más disruptivas y relevantes figuran la apertura a la inversión privada nacional y extranjera en sectores antes reservados al Estado, la venta de activos estatales, la apertura a la banca privada, la liberalización parcial de precios y del comercio exterior, la transformación o liquidación de empresas públicas ineficientes, la descentralización de competencias económicas hacia los gobiernos locales y la sustitución de subsidios universales por mecanismos focalizados. Básicamente, un modelo económico capitalista sin medias tintas.
Después de leer superficialmente la noticia, la respuesta de María a su hija fue: “Eso es más de lo mismo. Para variar nadie contó con nosotros. Vamos a estar peor dentro de unos meses”. Dejó el celular a un lado y continuó en su rutina diaria.
Presión externa, reformas internas
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, Estados Unidos ha intensificado las sanciones económicas y diplomáticas contra Cuba mediante una estrategia orientada a debilitar las principales fuentes de ingresos y financiamiento del Estado cubano.
Washington endureció las restricciones contra GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que controla sectores estratégicos como el turismo, los puertos, la banca y el comercio exterior; amplió las sanciones contra empresas y actores extranjeros vinculados a estas estructuras; y aumentó la presión sobre el suministro de combustible a la isla mediante amenazas a navieras y países proveedores. Esta política también ha alcanzado a socios internacionales como la canadiense Sherritt International, presente en sectores clave como el níquel, el cobalto, el petróleo y la generación eléctrica.
Una semana antes del anuncio de las 176 medidas, el presidente Miguel Díaz-Canel había convocado discretamente a un grupo de economistas, incluidos especialistas alejados de los círculos oficiales y defensores de una mayor apertura al mercado, para diseñar propuestas que ayudaran a enfrentar la crisis.
Omar Everleny estuvo entre los convocados. Contó en entrevista para Distintas Latitudes que cuando lo llamaron no daba crédito a lo que estaba pasando. Tras años de que sus investigaciones y opiniones fueran ignoradas por el régimen cubano, le estaban pidiendo ayudar a redactar un paquete de medidas que salvase a la economía cubana de la crisis.
Para Everleny, el verdadero desafío comienza ahora. Las 176 medidas anunciadas por el gobierno representan apenas el punto de partida de un proceso que todavía necesita traducirse en leyes, regulaciones e instituciones capaces de hacerlas funcionar.
“Ahora viene todo el andamiaje legal que va detrás”, explica en entrevista con Distintas Latitudes. A su juicio, las reformas responden en buena medida a la gravedad de la crisis económica, pero considera que ese debate es secundario frente a un hecho concreto: finalmente se tomaron decisiones que durante años parecían imposibles.
“Yo no sé si fue obligado por las circunstancias, creo que sí. Pero, como le digo a la gente, se hizo, caballero”, dice emocionado.
Everleny observa con cierta ironía las reacciones que han provocado los anuncios. Durante años, recuerda, muchos reclamaron una apertura económica más profunda. Ahora que parte de esas transformaciones comienzan a materializarse, también surgen críticas desde quienes consideran que Cuba está abandonando el socialismo para avanzar hacia una economía de mercado.
“Hay que esperar”, insiste. “Lo importante es crear posibilidades para que la gente produzca, invierta y pueda prosperar”.
Entre las medidas que considera más relevantes menciona la autorización de la banca privada. Si bien todavía es demasiado pronto para evaluar resultados, cree que ampliar las fuentes de financiamiento podría convertirse en una herramienta importante para dinamizar la economía.
Sin embargo, advierte que el margen de maniobra es limitado. La economía cubana atraviesa una situación extremadamente compleja y los efectos de cualquier reforma dependerán también de factores externos, particularmente de la política estadounidense hacia la isla.
Aun así, Everleny mantiene una visión optimista sobre las oportunidades de desarrollo. Considera que Cuba sigue siendo un mercado atractivo por razones geográficas, históricas y económicas.
“El entorno natural de Cuba son los Estados Unidos”, afirma.
Más que una potencia industrial, imagina una economía apoyada en los servicios, el turismo y determinados nichos de alto valor agregado. Menciona el potencial de los polos turísticos de Varadero y la cayería que rodea al archipiélago, la agricultura especializada para mercados cercanos y la posibilidad de desarrollar servicios médicos internacionales aprovechando el prestigio profesional acumulado durante décadas.
“Potencial hay”, resume. “Lo que falta son las condiciones para aprovecharlo”.
Sin embargo, el economista reconoce que la incertidumbre sigue siendo uno de los principales obstáculos. Aunque considera que muchas de las medidas aprobadas son más profundas de lo que la mayoría esperaba, existe una pregunta que todavía ronda tanto dentro como fuera de Cuba: si esta vez las reformas serán permanentes o si, como ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente, terminarán retrocediendo.
“Muchos creen que hay que esperar a ver si esta es la última vez que no se va a virar para atrás”.
Esa cautela también está presente entre potenciales inversionistas cubanoamericanos. Según Everleny, existe un grupo de empresarios con capacidad financiera e interés real en participar en la economía cubana. Algunos se lo han expresado personalmente. El problema, explica, es que todavía persisten demasiadas dudas sobre la estabilidad de las reglas del juego.
A eso se suman las tensiones políticas que continúan marcando la relación entre ambos países. Everleny reconoce la existencia de sectores del exilio que condicionan cualquier acercamiento a cambios políticos más amplios dentro de la isla. No obstante, considera que si la apertura económica avanza de manera consistente, los intereses económicos terminarán pesando más que las resistencias ideológicas.
“Esos son intereses económicos”, concluye. “Y cuando las oportunidades son reales, suelen encontrar la manera de abrirse paso”.
Las recientes reformas aprobadas por el gobierno cubano parecen inscribirse en un contexto más amplio de contactos y negociaciones entre La Habana y Washington. Aunque ninguna de las partes ha reconocido públicamente un acuerdo integral, diversos hechos sugieren la existencia de canales de diálogo activos.
Entre ellos destacan la entrevista concedida por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro, y el viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Méndez, al medio The National, donde se abordó la necesidad de atraer inversión y abrir espacios económicos. También la visita en mayo de 2026 del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior y representantes de la inteligencia cubana para discutir temas de seguridad regional, estabilidad económica y relaciones bilaterales; y las propias declaraciones de actores de ambos países que han reconocido conversaciones en curso.
El excongresista cubanoamericano Joe García comentó, en entrevista con Distintas Latitudes, que Cuba hizo algo que necesitaba hacer, pero también algo que coincide con las demandas de quien podría convertirse en su socio comercial más importante.
“La realidad es que Cuba implementó estas medidas porque tenía que hacerlo, pero también porque convenía hacerlo en el contexto actual. Si lo hizo porque quería o porque se vio obligada, al final lo importante es que lo hizo”, dijo.
¿Negociación o coerción?
Carlos Alzugaray, exdiplomático cubano y académico especializado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, observa con escepticismo las interpretaciones que presentan las recientes reformas económicas como el resultado de una negociación entre ambos gobiernos.
En entrevista con Distintas Latitudes expresó que las conversaciones que han trascendido públicamente no constituyen una negociación en sentido estricto. «Para negociar hace falta que ambas partes estén dispuestas a ceder algo. Lo que Estados Unidos está planteando no es una negociación, sino una claudicación», sostiene.
Según Alzugaray, Washington no ha mostrado señales de buena voluntad que permitan hablar de un proceso negociador real. Por el contrario, considera que la estrategia de la administración Trump continúa basada en la presión económica y política para forzar cambios internos en Cuba.
Sin embargo, considera necesario entender el contexto en que se producen esos contactos.
“Hay que entender el dilema del gobierno cubano: producto de sus malas decisiones y omisiones, la situación del país es la más vulnerable que ha tenido en muchos años. El gobierno está desesperado buscando una salida y ha aceptado las ofertas de conversaciones que le comenzó a hacer la administración Trump después de que no se produjo el colapso pronosticado tras el secuestro del presidente Maduro”, dijo.
Alzugaray sostiene que el gobierno cubano ha aceptado hablar para, por un lado, tratar de ganar tiempo y, por el otro, ver si obtiene algo.
“Hubo un momento en que Rubio tuvo expresiones más pragmáticas y eso lo estimuló, pero se ha encontrado con una realidad brutal: la administración Trump no acepta ninguna concesión y responde a cada contacto con nuevas sanciones cada vez más fuertes. En esas condiciones no puede ceder sin perderlo todo», sentenció.
El exdiplomático también cuestiona una idea muy extendida tanto en Miami como entre algunos observadores de la política cubana -de la que son partidarios el excongresista Joe García y el empresario Hugo Cancio- que el lobby cubanoamericano determina la política de Washington hacia la isla. Como ejemplo recuerda el proceso de deshielo impulsado por Barack Obama.
«La política hacia Cuba se decide en Washington, no en Miami», señala.
Alzugaray también rechaza las interpretaciones que presentan la presencia pública de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias «El Cangrejo»— como evidencia de una negociación política de alto nivel entre La Habana y Washington.
«No hay evidencia de que Raúl Guillermo forme parte de ninguna negociación. Se le está atribuyendo un papel que no está demostrado», afirma.
Detrás de esas interpretaciones, sostiene, existe el intento de construir una narrativa según la cual determinados sectores dentro del poder cubano estarían dispuestos a pactar una salida con Washington. Él no ve elementos suficientes para sostener esa hipótesis.
Su lectura es mucho más sencilla: Estados Unidos continúa apostando por aumentar la presión económica mediante sanciones, mientras el gobierno cubano intenta resistir en medio de una crisis cada vez más profunda.
Pero advierte que esa resistencia podría no ser sostenible indefinidamente.
“Quizás el Estado cubano no ha colapsado, pero muchos servicios que los cubanos han estado acostumbrados a recibir gratuitamente o muy subsidiados van desapareciendo paulatinamente. Puede llegar el momento en que la situación no dé más», explica.
«No creo que Estados Unidos esté preparando una invasión ni una intervención militar. Lo que cree es que puede lograr sus objetivos sin disparar un tiro», concluye.
De excluidos a salvadores
La relación entre el Estado cubano y la diáspora ha estado marcada por una paradoja constante: mientras el gobierno la presentó durante décadas como una amenaza política, terminó dependiendo de ella económica y socialmente.
Desde los primeros años posteriores a 1959, la emigración cubana estuvo profundamente atravesada por el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Según un estudio del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en los primeros tres años del gobierno de Fidel Castro emigraron hacia Estados Unidos 248,100 cubanos. Muchas de esas personas estaban vinculadas al antiguo orden republicano, afectadas por las expropiaciones o contrarias al nuevo sistema político.
Esa primera diáspora encontró en Estados Unidos un contexto excepcional: fue recibida bajo políticas migratorias privilegiadas, convertida en símbolo de la lucha anticomunista y transformada en un actor político con capacidad de influir en el debate sobre Cuba. Paralelamente, el gobierno cubano respondió construyendo un discurso que identificó a los emigrados con la contrarrevolución. Durante décadas, los migrantes fueron llamados «gusanos», «burgueses inadaptados» o incluso «escoria», y sus familiares quedaron expuestos a formas de estigmatización social.
Sin embargo, la emigración no solo fue utilizada como herramienta ideológica, sino también como un instrumento de negociación entre La Habana y Washington. Como señala la socióloga Velia Cecilia Bobes, el Estado cubano convirtió la migración en una forma de «exportar la oposición», aliviar presiones internas y disponer de una carta de negociación frente a Estados Unidos.
Desde la apertura del puerto de Camarioca en 1965 hasta el éxodo del Mariel en 1980, la crisis de los balseros de 1994 o la reciente apertura de la ruta migratoria a través de Nicaragua en 2021, las grandes oleadas migratorias han coincidido con momentos de crisis económica y tensión política. La migración funcionó como válvula de escape y moneda de cambio diplomática.
La mayor ola migratoria de la historia cubana, iniciada tras 2021, profundizó aún más esa instrumentalización. En los últimos cinco años, Cuba ha experimentado el mayor éxodo migratorio de su historia contemporánea. Más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos desde 2022, mientras que ACNUR estimaba a comienzos de 2026 que había 1,6 millones de cubanos desplazados en las Américas y más de 350,000 solicitantes de asilo, para un país de aproximadamente 9 millones de personas.
Hoy la diáspora constituye probablemente la expresión más activa de la sociedad civil cubana, una comunidad transnacional, heterogénea y políticamente diversa que incluye desde grupos que exigen un cambio de régimen y apoyan sanciones hasta organizaciones que promueven la reconciliación nacional y la normalización de relaciones entre ambos países.
La gran contradicción es que el Estado cubano nunca ha terminado de reconocer plenamente a esa sociedad civil y a esos posibles actores económicos emigrados, pese a que buena parte de la economía nacional depende de ellos. Cuba dejó hace mucho de ser solamente una isla: es también esa nación dispersa por el mundo que el gobierno ha intentado excluir o instrumentalizar, según las circunstancias, pero de la que ya no puede prescindir.
El empresariado cubanoamericano y las reformas
Hugo Cancio es un empresario cubanoamericano, dueño de Fuego Enterprises, un grupo empresarial con intereses en medios de comunicación, turismo, comercio electrónico, telecomunicaciones y consultoría de negocios vinculados a Cuba desde 2008. Distintas Latitudes buscó a Cancio para este reportaje, pero comentó que prefiere no dar entrevistas. Sus opiniones las reserva para su propia revista, OnCuba, el único medio de comunicación no estatal con una corresponsalía permanente acreditada por el Centro de Prensa Internacional (CPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
En los últimos años, Cancio se ha convertido en una de las voces más visibles a favor de la apertura económica de Cuba. Según el artículo de opinión de la autoría de Cancio publicado por OnCuba, tras el anuncio del paquete de medidas, estas representan un reconocimiento tardío de realidades que durante años fueron defendidas por economistas, empresarios y miembros de la diáspora: la necesidad de ampliar el sector privado, atraer inversiones y otorgar un papel más activo a los cubanos emigrados.
Cancio considera positivo que estas ideas hayan pasado del debate a la política pública, pero advierte que el verdadero desafío comienza ahora. A su juicio, el éxito de las reformas dependerá de la capacidad del Estado para generar confianza mediante garantías jurídicas claras, protección de la propiedad privada, estabilidad regulatoria y seguridad para los inversionistas dentro y fuera del país.
Además, insiste en que la diáspora debe ser vista no solo como una fuente de remesas, sino como un actor estratégico capaz de aportar capital, experiencia y conocimiento, aunque advierte que ese potencial solo se materializará si las autoridades logran convertir la apertura anunciada en un marco creíble y duradero para la inversión.
El excongresista cubanoamericano, Joe García, coincide con la postura de Cancio, aunque es más abarcador en su análisis. Para él esta apertura es una oportunidad en la que los inversionistas y el gobierno cubano dejen resentimientos de lado y piensen un mejor país y eso pasa por una reconciliación en que todas las partes reconozcan sus responsabilidades. En entrevista con Distintas Latitudes, García abordó las condiciones que deben cumplir todas las partes involucradas para que el empresariado cubanoamericano se convierta en un actor económico importante en la isla.
Según Joe García, hay cuatro condiciones que debe cumplir el gobierno: liberar a los presos políticos, para generar confianza y avanzar hacia una normalización más amplia; profundizar la apertura económica, para sentar las bases legales y los mecanismos de inversión; resolver el tema de las propiedades confiscadas tras 1959 mediante mecanismos de compensación que permitan convertir esas reclamaciones en activos productivos o inversiones futuras, en lugar de simples pagos monetarios y renovar el sistema político para propiciar mayor participación y presencia de nuevas generaciones en la vida pública.
Además, insiste en otros elementos económicos clave como corregir la actual inflación y que el país dé paso a un sistema bancario más abierto y funcional, mediante la entrada de la banca extranjera, en la cual los cubanoamericanos podrían tener un rol crucial.
Pero, para García, los gestos políticos no solo deben venir del gobierno cubano. Para que esta apertura suceda, puntualiza el excongresista, el gobierno de los Estados Unidos debe levantar de una vez por todas las sanciones económicas contra Cuba; facilitar la reintegración de Cuba a instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a organismos hemisféricos como la OEA. Así como otorgar a Cuba un régimen comercial preferencial con acceso privilegiado al mercado estadounidense y aranceles reducidos o inexistentes para productos cubanos.
Joe García sostiene que el problema de Cuba no es la falta de oportunidades de inversión, sino la abundancia de ellas. Entre las principales ramas de la economía en que se pudieran dar estas inversiones menciona: la participación en el sistema bancario privado, el desarrollo inmobiliario, la creación de instrumentos financieros, la inversión en activos estatales subutilizados, la gestión y administración de empresas y el financiamiento de proyectos productivos. También menciona que parte de la infraestructura hotelera existente podría utilizarse como base para nuevas inversiones o procesos de recapitalización.
Dichas inversiones, según García, podrían materializarse en el sector turístico, la banca y finanzas, la logística y el comercio internacional, la agricultura, los puertos, el transporte, la aviación, la industria naval, el mercado inmobiliario, los servicios profesionales y empresariales, entre otras áreas.
Los inversores y los invisibles
Sayli González es una emprendedora cubana, que es parte de esa última ola migratoria, pero sus razones para irse de Cuba van más allá de lo económico.
Emprendedora y activista cubana, González construyó durante años distintos proyectos privados en Santa Clara. Su trayectoria comenzó con un pequeño negocio de venta de ropa reciclada. Más tarde, junto a su esposo, transformó una habitación familiar en un hostal que terminaría convirtiéndose en uno de los alojamientos mejor posicionados de la ciudad.
Tras participar en el programa YLAI (Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas), en Estados Unidos, regresó a Cuba convencida de que era posible expandir su proyecto. Solicitó créditos bancarios, amplió las instalaciones y llegó a emplear a varias personas. Más adelante creó una academia para capacitar a otros hosteleros y participó en la fundación de uno de los primeros espacios de coworking para emprendedores en la isla.
Sin embargo, para González la experiencia empresarial en Cuba nunca estuvo separada de los límites políticos del sistema.
“Para que yo regresara a Cuba a invertir lo primero que tendría que pasar sería que se despenalice el disenso, que fuera posible expresarse libremente sobre aquello en lo que uno cree”, afirma en entrevista concedida a Distintas Latitudes.
A su juicio, cualquier decisión de inversión está condicionada por la existencia de garantías políticas y jurídicas reales.
Su historia personal explica esa desconfianza. Después de pronunciarse públicamente a favor de la liberación de presos políticos y criticar al gobierno cubano, asegura que comenzó un proceso de hostigamiento que terminó afectando tanto a ella como a sus trabajadores.
“En Cuba tú desde que te levantas hasta que te acuestas estás cometiendo ilegalidades”, sostiene, en referencia a las dificultades para acceder legalmente a muchos de los recursos necesarios para operar un negocio.
Aun así, su visión sobre el emprendimiento trasciende la rentabilidad económica. Para González, invertir también implica reconstruir el tejido social. Considera que décadas de crisis y precariedad han deteriorado profundamente las relaciones comunitarias y que cualquier proyecto económico debería contribuir a revertir ese proceso mediante empleo, capacitación y desarrollo local.
“Siempre creo que la mejor manera de solucionar este tipo de problemas es la educación”, explica. Por eso imagina negocios vinculados a la recuperación ambiental, la creación de empleo y la formación de personas en comunidades vulnerables. Aunque hoy vive en Estados Unidos y se define como una exiliada, insiste en que nunca quiso abandonar Cuba y que le gustaría poder contribuir algún día al desarrollo de su país.
Su testimonio introduce una dimensión que aparece de forma recurrente en las conversaciones sobre el futuro económico de la isla: para una parte de la diáspora, las reformas económicas por sí solas no son suficientes. La posibilidad de invertir, regresar o participar en la reconstrucción del país también depende de cambios políticos que ofrezcan garantías de participación, libertad de expresión y seguridad jurídica.
Pero, aún sin esas garantías y con una realidad adversa y llena de retos, hay cubanos que hoy sostienen negocios dentro de la isla.
Mientras muchos cubanos hacían las maletas para emigrar, Annette Lavastida emprendía el camino contrario.
Migrante retornada, salió hacia Estados Unidos en 2014 junto a su esposo y regresó a Cuba en 2022 para cuidar de su abuelo. A su vuelta encontró una pequeña panadería familiar que, como tantos otros negocios del país, estaba perdiendo trabajadores debido a la ola migratoria. Mientras ella regresaba, los demás se iban.
Lejos de abandonar el proyecto, decidió asumirlo. Aprendió el oficio en pocas semanas y comenzó a construir una clientela fiel. Su apuesta no fue crecer aceleradamente ni expandirse a cualquier costo, sino mejorar la calidad y perfeccionar los procesos productivos.
Su negocio funciona bajo una lógica poco habitual. En lugar de un esquema salarial tradicional, reparte con sus dos trabajadores un porcentaje de las ganancias brutas. Según cuenta, cuando el negocio prospera todos se benefician y, cuando llegan tiempos difíciles, las pérdidas también se comparten. La fórmula, asegura, ha contribuido a la supervivencia del proyecto.
La crisis energética obligó a tomar nuevas decisiones. Junto a sus empleados invirtió en paneles solares y modernizó los hornos para mantener la producción. “Cuatro años después e incontables crisis, seguimos de pie por esa decisión colectiva”, afirma.
Sin embargo, las mayores dificultades no provienen únicamente de los apagones. Lavastida identifica problemas estructurales que afectan a los pequeños productores: la ausencia de un mercado mayorista accesible, la inestabilidad de las cadenas de suministro, las fluctuaciones constantes del tipo de cambio y las limitaciones tecnológicas derivadas tanto de la infraestructura nacional como de las restricciones externas.
Muchos de sus insumos los obtiene a través de intermediarios privados, lo que incrementa considerablemente los costos. La inflación y la volatilidad cambiaria también condicionan la fijación de precios. Aun así, considera que su experiencia ha sido relativamente positiva. La experiencia adquirida durante sus años en Estados Unidos y los ahorros acumulados antes de regresar le dieron herramientas que muchos emprendedores dentro de la isla no poseen.
Pero Lavastida también reconoce que su caso tiene particularidades. Nunca aspiró a construir una gran empresa ni a convertirse en una gran importadora. Su proyecto responde tanto a una filosofía personal como a una decisión práctica.
“No creo que todo lo que funciona deba expandirse y crecer infinitamente”, afirma.
Por eso observa las nuevas reformas económicas con una mezcla de interés y cautela. Considera positivo que existan más oportunidades para producir y emprender, pero teme que la apertura termine favoreciendo principalmente a intermediarios, franquicias extranjeras o negocios centrados en la importación, en lugar de estimular la producción nacional.
Su preocupación no es ideológica sino productiva. Le inquieta que el capital encuentre más rentable importar bienes terminados que invertir en la agricultura, la industria alimentaria o la creación de capacidades productivas dentro del país.
“Yo quisiera ver a una Cuba más abierta y dispuesta a crear sus propias tecnologías y bienes hasta donde sus recursos le permitan”, sostiene.
Después de años dedicada a perfeccionar un producto tan cotidiano como el pan, su conclusión es sencilla: muchas veces las limitaciones no son únicamente materiales. También son culturales. En un país donde durante años se ha repetido que casi todo debe importarse, producir con calidad puede convertirse, en sí mismo, en una forma de resistencia.
“No es una hazaña patriótica. Es terquedad aplicada a la masa madre”, dice entre risas.
Mientras María, ajena a la política, lucha todos los días para subsistir y poner en la mesa de sus vecinos el pan; Joe insiste en que la recuperación económica de Cuba pasa por la reconciliación del Estado, la diáspora empresarial y el levantamiento de las sanciones.
Mientras Hugo tuvo la oportunidad de ser un empresario exitoso por su relación con el gobierno de la isla, Sayli no pudo por ser disidente.
Mientras Annette se preocupa por construir un negocio cooperativo, el gobierno cubano pone a la propiedad privada en el centro de su reforma económica.
Y en medio de quién puede participar y quién no, camina el pueblo de Cuba. Esa gente que no tiene capital para invertir y que hace fila para comprar el pan.
La gente que hoy está más desprotegida que nunca ante un Estado que se achica por las presiones o intereses que sean.
La gente que mañana será mano de obra asalariada de los negocios que se vienen, sin que las nuevas reformas muestren vía alguna para garantizarles derechos laborales o políticos.
A ellos, los invisibles, nadie les preguntó.
