Si bien en Uruguay existe una Ley Integral para Personas Trans desde hace tres años, este colectivo sigue viendo vulnerados muchos de sus derechos básicos de manera cotidiana. Un buen ejemplo de ello es lo que sucede en Rivera, donde las personas trans enfrentan todo tipo de dificultades para acceder a la educación y el empleo.
Por: Marcelo Aguirrezábal
Nicolle Casaravilla, una mujer trans de 34 años que está a punto de culminar la educación secundaria en el departamento uruguayo de Rivera, denunció en junio pasado que había sido víctima de discriminación por parte de un docente, quien no respetaba su identidad y, en cambio, se refería a ella como “él” o “señor”.
De acuerdo con Nicolle, tras la denuncia, la dirección del liceo decidió crearle una mesa especial de examen, de modo que el profesor no estuviera presente en su evaluación final. Pero no pasó de ahí. No hubo expediente ni investigación alguna. A pesar de las quejas de Nicolle -e incluso de otras que acusan de xenofobia al mismo profesor- el docente no fue sancionado de ninguna manera. Todo lo contrario: continuará su carrera con total normalidad.
El de Nicolle no es un caso aislado. Si bien en Uruguay existe una Ley Integral para Personas Trans desde hace tres años, este colectivo sigue viendo vulnerados muchos de sus derechos básicos de manera cotidiana. Un buen ejemplo de ello es lo que sucede en Rivera, donde las personas trans enfrentan todo tipo de dificultades para acceder plenamente a la educación y el empleo. El caso de Nicolle es solo la punta del iceberg.
La ley trans y su oposición en Rivera
Foto: Cortesía de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU)
En 2019, el parlamento uruguayo aprobó la Ley Integral para Personas Trans. La norma, entre otras cosas, estableció el pago de una pensión a las personas trans que hayan sufrido violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). También dispuso cuotas del 1% para personas trans en los llamados a empleos públicos y garantizó su acceso a distintos tratamientos médicos.
La ley enfrentó la oposición de los sectores más conservadores de la sociedad. Carlos Iafigliola, integrante del Partido Nacional y en aquel entonces diputado suplente por el departamento de Salto, inició una campaña de recolección de firmas para impugnarla. Esto hizo que tuviera lugar un mecanismo de pre-referéndum, una iniciativa que, de haber contado con los votos del 25% de los ciudadanos, hubiese sometido a voluntad popular la continuidad de la norma.
La iniciativa de Iafigliola apenas alcanzó los votos del 10% del padrón electoral, por lo que sus promotores no lograron someter la norma a referéndum. No obstante, fue suficiente para poner de manifiesto el rechazo que provoca la ley entre los sectores más conservadores. Como en el departamento de Rivera, por ejemplo, donde el 25% de la ciudadanía votó en su contra.
El departamento de Rivera, con sus poco más de cien mil habitantes, está ubicado al noreste de Uruguay, en la frontera con Brasil y a 500 kilómetros de la capital, Montevideo. Desde 1985, allí siempre ha prevalecido el tradicional Partido Colorado (PC), que sólo perdió el poder entre 1990 y 1995, a manos del también tradicional Partido Nacional (PN).
En las últimas elecciones presidenciales de 2019, la inmensa mayoría de los riverenses se inclinó por los partidos que hoy integran la coalición gobernante de derecha, que logró acabar con quince años de gobierno nacional de izquierda y poner en la presidencia a Luis Lacalle Pou.
Incluso Cabildo Abierto (CA), un partido creado en 2019 por el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Guido Manini Ríos, obtuvo el 21% de los votos riverenses, siendo la tercera fuerza política más votada. La noticia es preocupante si tenemos en cuenta que tanto Manini como Gerardo Amarilla, ex-diputado local por el Partido Nacional y actualmente subsecretario de Ambiente, han mostrado en los últimos años su oposición a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Ley Trans.
El acceso de las personas trans a la educación en Rivera
Foto: Cortesía de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU)
Según un censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en 2016 había 853 personas trans en Uruguay. De ellas, 43 vivían en Rivera. No obstante, Nicolle Casaravilla, quien también es referente (lideresa) de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), considera que esa cifra ha aumentado en los últimos años. “Actualmente debemos ser unas 60 en el departamento”, dice.
Desde su fundación hace cuatro años, ATRU se dedica a defender a la población trans en el departamento de Rivera. Junto a otro colectivo similar llamado Riversidad y el Grupo de Trabajo en Género de la Universidad de la República, se dedica a dar apoyo a las víctimas de discriminación y comunicar las denuncias a la Comisión de Derechos Humanos en Rivera y la Institución Nacional de los Derechos Humanos.
Las personas trans sufren una fuerte exclusión en el sistema educativo. Según un censo nacional de 2017 realizado por el MIDES, cerca del 61 por ciento de las personas trans uruguayas no ha terminado el ciclo básico de educación. En promedio, son expulsadas del sistema educativo a los 14 años. “Esto tiene como consecuencia que en los niveles más altos haya menor presencia” de ellas, señala el documento. En efecto: sólo el dos por ciento logró culminar el bachillerato y el uno por ciento, la universidad.
Aunque no hay datos estadísticos sobre la población escolar o profesional trans en Rivera, la situación no es muy diferente. Actualmente, por ejemplo, solo hay una persona trans cursando la educación terciaria en todo el departamento.
Marttin Viera es un varón trans de 26 años que estudia en el Centro Regional de Profesores del Norte, que forma docentes para la educación secundaria. Según cuenta, comenzó a sentirse como tal a la edad de seis años. Por esa razón, sufrió “mucha discriminación, violencia física y verbal” dentro de los centros educativos.
“Cuando recibí mi primera golpiza estaba en quinto año”, recuerda. En aquel entonces todavía vivía en Montevideo. El segundo episodio lo vivió cuando ya cursaba el liceo y se había trasladado a Rivera.
Según Viera, las personas trans no reciben “amparo desde las instituciones educativas”. En efecto: de acuerdo con un reportaje de Agencia Presentes, el bullying de los compañeros de aula y el capricho de los docentes, quienes insisten en llamarlas por su nombre de nacimiento, es una queja constante entre las personas trans que van a la escuela en Uruguay. Casi una de cada cinco denuncias de este tipo están relacionadas con profesores.
“Los docentes no tienen la formación necesaria para trabajar con nosotros”, dice Viera.
Justamente por eso decidió estudiar una carrera docente: para “generar un mayor amparo” a nivel educativo para las personas trans de Rivera. Cree que si una persona es discriminada por sus compañeros en un centro de estudio y “no recibe el apoyo de los docentes y de la dirección, lo primero que piensa es en abandonar” la educación.
Para Asdrúbal Toledo, jefe de la oficina del MIDES en Rivera, el bajo porcentaje de personas trans que culminan la educación media en el departamento está relacionado fundamentalmente con situaciones de discriminación dentro de los centros educativos. No obstante, también llama la atención sobre otras situaciones intrafamiliares en las que no profundizó.
Esto podría estar relacionado con el hecho de que la mayoría de las personas trans uruguayas abandonan sus hogares a la temprana edad de 18 años. También, de que seis de cada diez aseguran haber sufrido algún tipo de violencia familiar, generalmente de padres y hermanos, según Presentes.
Las escasas oportunidades de trabajo para la población trans
Foto: Cortesía de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU)
Según el censo de MIDES, el 40% de las personas trans en Uruguay están desempleadas. Solo un 20% tiene empleo formal y más del 80% dice haber sufrido acoso laboral. Por otra parte, el 67% de las personas trans ejerce o ejerció trabajo sexual en algún momento de su vida
Al respecto, Casaravilla opina que “lamentablemente persiste el estigma de que si sos trans tenés que ser peluquera, auxiliar de servicio o trabajadora sexual”.
Viera, por su parte, agrega que muchas de las personas trans que abandonan el sistema educativo deben “recurrir a la prostitución para sobrevivir”.
Según Casaravilla, si bien existe un cupo para personas trans dentro de los llamados laborales públicos, estos generalmente incluyen requisitos excluyentes como tener el bachillerato completo o alguna experiencia laboral previa. “¿Cómo podemos tener el bachillerato completo, si somos expulsadas del sistema educativo a los 14 años?”, pregunta Casaravilla.
Actualmente, solo dos personas trans de Rivera están empleadas a través de este cupo.
En tal sentido, la referente de ATRU considera que “la ley trans tiene un enfoque muy centralizado, y eso debería cambiar, porque lo que se vive en el interior no es lo mismo que lo que se vive en Montevideo o Canelones”. Para Toledo, por su parte, uno de los principales desafíos es generar mayores posibilidades de inserción laboral para las personas trans en el departamento, ya sea dentro del sector público o privado.
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Este reportaje fue producido en el marco del taller Desde Nuestro Interior, coordinado por Interior Latam, el newsletter de mirada regional de Distintas Latitudes.
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Diseño de portada: Rocío Rojas
