Texto y fotos: Luis Cáceres Álvarez desde Perú.
El viernes 22 de diciembre, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), presidente del Perú, informaba a la Nación que era indispensable replantear los términos de la gobernabilidad del país. “No podemos seguir como estamos. Las relaciones entre los poderes del Estado deben cambiar”, dijo en un video publicado en sus redes sociales. Luego mencionó que realizaría una evaluación de sus primeros 17 meses en el poder, y anunciaría cambios para que el 2018 sea un año de “mayor crecimiento y políticamente diferente”.
Dos días después, en vísperas de Navidad, Kuczynski lograría tener las calles de la histórica Plaza San Martín en Lima abarrotadas de manifestantes, mientras cientos de policías resguardaban las principales entradas para que no se acercaran al Palacio de Gobierno. Horas antes, Kuczynski había roto su promesa de candidato presidencial en 2016. El mandatario de 79 años otorgó el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, también de 79 años, el domingo 24 de diciembre. El el sábado anterior, Fujimori había sido hospitalizado por arritmia cardiaca. Una junta médica oficial determinó que padece de “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”. Así, su regalo de Navidad fue la gracia presidencial que lo exime de ser juzgado por cualquier crimen de ahora en adelante. No debe olvidarse que Fujimori fue sentenciado en 2009 por la justicia peruana a 25 años de cárcel como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo paramilitar Colina, además por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe del 5 de abril de 1992. El indulto navideño originó sospechas de un acuerdo político en la sociedad peruana.
Hay quienes celebraron en sus casas, otros mostraron su indignación fuera. La noticia desencadenó varias manifestaciones a lo largo del país apenas se supo la noticia. El 25 de diciembre, ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Iquitos, Puno, Tacna y Trujillo alzaron su voz de protesta mientras que en las principales avenidas y jirones del Centro Histórico de Lima hubo nubes lacrimógenas por los enfrentamientos entre jóvenes y la Policía Nacional. Mientras Keiko Fujimori, hija del ex dictador y lideresa del partido “Fuerza Popular”, dijo en la noche del 24 que es “de gran alegría para su familia y para el fujimorismo” porque tras 10 años el patriarca estuvo privado de su libertad. “Finalmente, se hace justicia”, terminó. Al día siguiente, PPK dijo estar convencido que como demócrata no debe permitir que Alberto Fujimori muera en prisión y que “(…) la justicia no es venganza”. En otra alocución presidencial, Kuczynski llamaría “excesos y errores graves” a los delitos de lesa humanidad y corrupción que ocurrieron durante la dictadura de Fujimori entre 1990 y 2000; y por los que fue condenado.
LA NEGOCIACIÓN DE PPK
“Soy consciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo Alberto Fujimori desde la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local, el 26 de diciembre.
Ante estos acontecimientos, la próxima gran marcha nacional fue convocada para la tarde del 28 de diciembre. Familiares de las víctimas que produjo el fujimorato aún no olvidan y lloran esta impunidad. Las calles reclaman que “se vayan todos” los corruptos.
El origen del indulto se podrá cifrar probablemente luego de las semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que casi desembocan en la vacancia de PPK, debido a que se reveló que la constructora brasileña Odebrecht, abonó casi cinco millones de dólares entre 2004 y 2013 a firmas a las cuales el actual presidente estaba vinculado. Una de ellas es Westfield Capital, que recibió 782 mil 207.68 dólares entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. Cuatro de estas transacciones ocurrieron durante la estancia de Kuczynski como ministro de Economía y primer ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006), hoy prófugo de la justicia. Fue precisamente el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, el que encabezó el pedido de vacancia, que en redes se conoció como el #FujiGolpe. Desde entonces, Perú ingresó a una espiral de inestabilidad política.
En la noche del jueves 21, después de trece horas y de escuchar todo tipo de opiniones, unas más inverosímiles que otras, se decidió el futuro del presidente con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones en el Congreso de la República. No se alcanzaron los 87 votos que se requerían para lograr su salida por “incapacidad moral permanente”. “Nuevo Perú”, una agrupación progresista, opositora al gobierno, dejó el recinto antes de la votación. Después, llegaría el quiebre del fujimorismo porque solo votaron 61 congresistas de “Fuerza Popular”, el partido con mayoría parlamentaria (71 de 130 congresistas). Así, se iniciaría un proceso disciplinario contra 10 de los suyos por no seguir el acuerdo de vacancia. Pero, ¿cómo fue el camino para llegar a este punto? El Perú es una caja de sorpresas.
Fuerza Popular promovió la destitución con el argumento de que el presidente mintió a la comisión parlamentaria de investigación del caso Lava Jato, al declarar en octubre que “jamás había tenido vínculos profesionales con Odebrecht”. La ciudadanía se cansó y convocó a varias marchas en contra de la corrupción en general, y no por la inocencia de PPK: el sábado 16, miércoles 20 y el jueves 21 los peruanos de toda bandera política no solo estuvieron en las principales arterias del Centro Histórico de Lima —encabezaron el colectivo “No a Keiko”, grupos estudiantiles y de izquierda—, sino en diversas partes del territorio protestando contra Alberto Fujimori y Ollanta Humala, dos exmandatarios en la cárcel por corrupción, contra Alejandro Toledo con pedido de extradición en Estados Unidos, acusado de recibir 20 millones de dólares por parte de Odebrecht; Alan García, otro expresidente, y Keiko Fujimori bajo sospecha. Y ahora, por el presidente cuestionado por asesorías con la trasnacional que ha puesto en raya a la clase política latinoamericana.
Observadores internacionales como el Banco Mundial dice que la economía crece de manera rápida y sostenida, que la pobreza moderada cayó de 45.5 % en el 2005 a 19.3% en el 2015 —6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese periodo— pero, actualmente, es una sociedad de ingresos medios que tarda en impulsar reformas de sectores como: educación, trabajo y salud. Por eso, cuando hay crisis de gobernabilidad es una enorme angustia. Y la calle no calla, el debate estalla. Frases como “Perú consciente, no apoya a delincuentes”, “Y va a caer, y va a caer, y va a caer. Ese Congreso va a caer”, “Peruano escucha y únete a la lucha”, “¿Quién tiene la batuta? ¿El pueblo organizado o la cúpula corrupta?”, “Perú, te quiero. Por eso, te defiendo”, son los gritos más frecuentes entre música, bombos y platillos, pancartas y bombas lacrimógenas.
Después de que se aprobara en el pleno del jueves 14 de diciembre la citación al Congreso con su abogado para defenderse de las acusaciones, la secretaría de Prensa del Palacio de Gobierno diseñó el programa #ElPresidenteResponde la noche del domingo 17, donde PPK dio respuesta a las interrogantes de un panel de periodistas de los más importantes medios de comunicación del Perú.
Kuczynski volvió a negar que existiera ilegalidad en las operaciones realizadas. Y señaló que no tuvo “ninguna relación como ejecutivo” y que todos esos trámites fueron realizados por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda. ¿Adelanto de elecciones? PPK dio una advertencia en la noche del miércoles 20 de diciembre, a horas de su ingreso al Parlamento. Ni el primer vicepresidente Martín Vizcarra, ni la segunda vicepresidente, Mercedes Aráoz, aceptarían el cargo hasta el 2021 si la vacancia era positiva porque “no asumirían un gobierno de forma injusta”; además por falta de oxígeno político para llegar al bicentenario de la República. Lo cual dejaba al país en manos del presidente del Legislativo: Luis Galarreta, congresista por “Fuerza Popular”, un fujimorista. Según la Constitución, el titular del Congreso debía convocar a elecciones. “La constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas. Pero, las intenciones de nuestros opositores quedan desenmascaradas por su comportamiento apresurado y abusivo”, sostuvo.
Recordemos que el 2018 será un año de elecciones a lo largo de Latinoamérica. En Perú llegan las municipales y regionales. Otra vuelta de tuerca para la política nacional. También, los ojos del mundo brindarán su atención del 18 al 21 de enero del 2018, pues el Papa Francisco viajará a Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. El 14 de junio comenzará el Mundial de Fútbol, donde la selección peruana clasificó después de 36 años. A poco de finalizar el 2017, el entusiasmo es opacado por semanas que han sido agrias. La sociedad peruana está dividida entre fujimoristas y antifujimoristas. El indulto es una “traición” para este sector, pues Kuczynski prometió a sus votantes en el 2016, y en reiteradas ocasiones, que no lo haría. “Hay un grupo importante de peruanos que se oponen al mismo. Mi decisión es especialmente compleja y difícil. Pero, es mí decisión. No debo ser yo solo el presidente de los que votaron por mí, debo serlo de todos los peruanos”, señaló en su último mensaje. Ahora, PPK pide “voltear la página” para que haya una suerte de “reconciliación nacional”. Con Alberto Fujimori absuelto de penas, PPK pide someterse ante el tribunal de la historia. Si Kuczynski conserva el puesto, no significa que las investigaciones que desarrolla el Legislativo sobre sus vínculos con Odebrecht se detengan. De esta forma, Perú se despide del 2017: que la historia juzgue —más temprano que tarde— a sus autoridades.
