Aunque el discurso oficial del gobierno mexicano es brindar atención sanitaria para todos, sin importar su estatus migratorio, la realidad es muy diferente. Las mujeres se enfrentan a la discriminación del personal de las unidades de salud, quienes les impiden acceder a una consulta y les ponen trabas burocráticas que derivan en un ir y venir entre las diferentes instituciones de gobierno.
Texto: Perla Miranda y Astrid Rivera
Mujer que caminas noche y día
con tu llave inmemorial
das nacimiento a la palabra veraz
atraviesas el río
y nadie te reconoce
te mojas, sudas, pierdes tus zapatos.
Otra jornada abrumada de cansancio
no puedes verbalizar tus injurias
pero eres sabia aunque te encuentren infraganti.
Consuelo Hernández
La llegada de cada vez más migrantes plantea un desafío para el gobierno mexicano, el envío de elementos policiales para custodiar su frontera sur, la tardanza en la respuesta a las solicitudes de refugio, hacen de Tapachula, Chiapas, un “cuello de botella” con miles de migrantes varados que requieren empleo, educación y servicios de salud.
Son las mujeres quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en el acceso a la atención médica, en especial si están embarazadas. Las condiciones en las que viajan generan que muchas de ellas lleguen a México deshidratadas, con hipertensión y sin un seguimiento a su estado; la burocracia que deben sortear para acceder a los servicios sanitarios, lleva a las migrantes a costear sus estudios clínicos.
El discurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que los migrantes que pisen territorio mexicano gozarán de todos los derechos, incluido el de atención médica. En agosto de 2019, el gobierno presentó el Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante, el cual garantiza el acceso de este sector a los servicios sanitarios; sin embargo en la práctica esto no ocurre.
Para los migrantes tener una consulta médica es un viacrucis, un ir y venir entre instituciones, ya que se les niega la atención por no contar con su constancia de solicitud de refugio expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), lo cual se suma a la discriminación que sufre esta población en México.
El sistema de salud de Tapachula enfrenta importantes desafíos no solo en la atención de los migrantes, sino también de los mexicanos, ya que sólo cuenta con diez unidades médicas para atender a la población que no tiene seguridad social de manera gratuita, de las cuales sólo uno es un hospital y el resto son centros de salud, donde se brinda atención básica —que no requiere médico especialista—.
Por si fuera poco Chiapas es el segundo estado con mayor mortalidad materna, al cierre del 2020 registró una tasa de mortalidad materna de 65 defunciones por cada cien mil nacimientos, cuando a nivel nacional este indicador es de 46.6, según datos de la Secretaría de Salud.
En tanto que en el municipio de Tapachula, entre 2013 y 2018 —últimos datos oficiales disponibles— se registraron 24 defunciones por cada cien mil nacimientos, señala el Instituto de Salud de esa entidad.
Ese mismo organismo indica que entre enero de 2019 y enero de 2020, 90.7% de las migrantes embarazadas que se atendieron en el Centro de Salud de Tapachula, no cumplieron ni con cinco consultas prenatales, además de que sólo 12.5% acudió en el primer trimestre a ese centro.
Esta unidad médica, ubicada en la colonia 5 de febrero, es la más concurrida por los migrantes al encontrarse en la zona norte de esa ciudad, donde hay mayor población migrante.
La información fragmentada y desactualizada dificulta el seguimiento de la atención médica que se le brinda a las mujeres embarazadas. Los últimos datos oficiales que se tienen son de 2019, según la Jurisdicción Sanitaria de Tapachula, se atendieron a mil 483 migrantes, de los cuales 384 corresponden a partos, 251 a cesáreas y 819 son atenciones en el área de urgencias, aunque no se especifica de qué se tratan.
Hasta marzo de 2020, esta instancia contabilizaba 241 migrantes embarazadas que habían recibido atención médica; estimaciones de la organización civil Centro de Dignificación Humana calculan que el año pasado nacieron 500 niños de madres migrantes en Tapachula.
Salud, ¿para todos?
Ángel Gabriel Ocampo González, jefe de la jurisdicción sanitaria de Tapachula de la Secretaría de Salud de Chiapas, es enfático al señalar que la atención a la salud es un derecho universal, para mexicanos y migrantes, por la que “no se cobra ni un solo peso”.
“Si existe alguna queja de algún paciente migrante, siempre debe acudir con nosotros para saber y poder subsanar esta irregularidad, pero normalmente ellos pueden solicitar la consulta y se le da como a cualquier nacional”.
La ruta para recibir atención médica comienza en los Centros de Salud, es ahí donde se les hace una primera revisión; si el paciente requiere de un médico especialista se le hace una “hoja de referencia” para que pueda ser atendido en un hospital.
“Cuando la migrante, en este caso mujeres embarazadas, si tiene trabajo de parto y hay algún problema de salud, hacemos el envío de las pacientes al hospital. Ahí las atienden en el área de urgencias, se le valora y atiende, no se le cobra ni un solo peso”, explica.
El funcionario reitera que al hospital sólo llegan los casos de alto riesgo, con presión alta o en fase de parto para que las atienda un médico gineco obstetra; así como casos de un aborto espontáneo.
“Mientras no sea así todos los embarazos son atendidos con médicos del primer nivel: eres embarazada, te reviso, detecto foco fetal normal, no es necesario que te vea un especialista”.
Para la atención a la salud de los migrantes, las instituciones encargadas son la Secretaría de Salud de Chiapas y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su régimen de IMSS Bienestar; estas instancias también realizan brigadas médicas en la Estación Migratoria Siglo XXI, la cual es un centro de detención de migrantes.
Del 1 de octubre de 2018 al 21 de septiembre de 2020, dicha estación migratoria brindó consultas a 759 migrantes embarazadas con motivo de control prenatal; en este mismo período sólo 10 mujeres fueron referidas a un hospital, al general de Tapachula. Las pacientes son originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití.
Esta información fue obtenida a través de una solicitud —con folio 0411100095520— realizada a través de la plataforma de transparencia.
Pese al incremento del flujo migrante en la frontera sur, en especial en Tapachula, Ocampo González asegura que cuentan con el personal y medicamentos suficientes para brindar atención médica a esta población.
“Sí tenemos el recurso humano suficiente para dar la atención, en su momento sí fue crítico para nosotros con las caravanas, porque había mucha gente, ahorita el volumen ha disminuido. El personal con el que cuentan las unidades médicas es suficiente para la atención, porque no llegan ni de 20 o de 30, sino que llegan uno o dos, en cada centro de salud y eso nos permite darle una atención a cada uno de ellos y lógicamente a nuestra población nacional. En cuanto a medicamentos, tenemos las claves suficientes para darles la atención”.
Ante las quejas de migrantes sobre el centro de salud de Tapachula, conocido como el de la 5 de febrero, Ocampo González explica que la ciudad se divide en lado norte y sur, siendo esta última zona donde se concentran la mayor cantidad de unidades médicas, dejando desprovista a la otra región, donde más población migrante habita.
“En el lado norte sólo está la 5 de febrero, su área de responsabilidad es de 60 mil habitantes. No es un pretexto para la mala atención, pero tienen una población altísima que atender y cerca de ahí está la Estación Migratoria Siglo XXI, donde se desprenden muchas colonias donde hay mucha población migrante que al bajar hacia el centro de la ciudad, la primera unidad médica es la 5 de febrero, esta es la zona con más migración”, explica.
Política de salud para migrantes, ¿esquizofrénica?
Para Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, el plan de atención a los migrantes es “esquizofrénico” puesto que la realidad dista mucho del discurso gubernamental, aunque en el papel esta población puede acceder a los servicios de salud, cuando acuden a una unidad médica no se les brinda la atención.
“Totalmente nulo el acceso de salud, el discurso de México sobre ayuda a migrantes es esquizofrénico; dicen una cosa y hacen otra, definitivamente son dos cosas totalmente distintas. Los mexicanos no tenemos eso, ahora un migrante, menos. Hemos acompañado a varios y si no vamos nosotros, las organizaciones no los atienden. Les dicen: ‘¿Traes credencial? ¿La hoja de Comar? ¿Tienes que tener tu visa humanitaria?’. Les ponen miles de pretextos”.
Para Fermina Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, no es desconocido el “enorme rezago” que hay en materia de salud en Tapachula, en especial para las mujeres. Las áreas de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de esa ciudad tienen muchas carencias.
“No tienen la capacidad suficiente para el número de personas que atienden los médicos, no hay suficientes ginecólogos. Hay muchísima deficiencia en lo que tiene que ver con los estudios que se tienen que realizar con las atenciones especializadas, con los medicamentos. La gran mayoría de la gente que llega ahí tiene que asumir los costos de los medicamentos”.
En el caso de las migrantes embarazadas cuando acuden a una unidad médica, se les pide la prueba de embarazo y un ultrasonido. Las mujeres tienen que costear estos estudios, realizarse una prueba de embarazo de laboratorio, que cuesta en promedio 150 pesos —equivalente a ocho dólares—; mientras que un ultrasonido ronda los 300 pesos, unos quince dólares.
“Una mujer que acaba de llegar a Tapachula, que no ha recibido la atención médica en todo el camino, no tiene los recursos necesarios, y en el caso de las haitianas, ni siquiera hablan el idioma, no saben ubicarse. No van a llegar a su primera consulta con todos los estudios, eso ya es una barrera”, explica.
La activista reconoce que aunque hay disposición del gobierno mexicano para atender la salud de los migrantes, en la práctica no pasa así, por ello se necesita sensibilizar a todo el personal de las unidades médicas, desde los más altos cargos, hasta la persona que hace el aseo, sobre el trato hacia la población migrante.
“Las personas no se encuentran con el director del Centro de Salud, con el secretario de Salud. Se encuentran con el que hace el aseo, con el guardia de seguridad que les dice: ‘Si tú eres migrante no te van a atender, si no traes tu hoja de COMAR no te van a atender”. Hay una desinformación y una suplencia de responsabilidad de quien tendría que decidir si le reciben o no a la persona”.
Consultorios de albergues y parteras: opciones para migrantes
Ante las dificultades para acceder a la atención médica una de las opciones que tienen las migrantes embarazadas son los consultorios de los albergues en los que se resguardan; sin embargo la atención que brindan es muy básica.
En el consultorio del Albergue Jesús el Buen Pastor brindan un promedio de 50 consultas al día, en el caso de las mujeres embarazadas se les hace una revisión general, monitoreo de peso y talla, se les proporcionan vitaminas. Para los exámenes de laboratorio y ultrasonidos se les refiere a los Centros de Salud para que puedan tener un adecuado control prenatal, puesto que no cuentan con el equipo para realizar estos estudios.
“Son dos médicos, contamos con dos turnos de ocho de la mañana a dos de la tarde, viene una doctora y una enfermera; de dos de la tarde a siete de la noche viene un doctor y una enfermera, con un coordinador que da pláticas informativas a las personas, prevención de la salud, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual”, dice Olga Sánchez Martínez, directora de ese albergue.
Doña Olga, como se le conoce en Tapachula, comenta que tras la política migratoria del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el tiempo de permanencia de los migrantes se ha incrementado, por lo que el número de personas que albergan no baja de 500, cuando su capacidad es de 200.
El padre César Cañaveral, director del Albergue Belén, comenta que desde la primera caravana migrante la población de este centro no baja de 300, cuando su capacidad es de 140; detalla que la mayoría de las embarazadas que llegan al albergue tienen problemas de presión alta y deshidratación.
El médico que atiende el consultorio del albergue es costeado con recursos de ese centro, el cual recibe financiamiento de la Iglesia Católica. El sacerdote señala que el médico “no se da abasto” para atender a todos los migrantes alojados.
“No creo que el flujo migratorio vaya a disminuir, tenemos una frontera más militarizada que la del norte y llegan directo. El gobierno mexicano le está respondiendo a las exigencias de Estados Unidos de no dejar pasar migrantes, y es lo que hace nuestro gobierno. Pero, ¿qué pasa? Se embotella Tapachula, y creo que ahí es donde no podemos cargarle mucho a Tapachula, no tiene las condiciones y por eso los migrantes se quedan en condiciones peores, porque no se tiene la capacidad para albergar a esta gente”, dice.
Ofelia Pérez Ruiz, vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas, comenta que ante las dificultades que enfrentan las migrantes embarazadas para recibir atención médica, recurren a las parteras. Indicó que las nacionalidades que más han atendido son de Honduras y El Salvador.
Cuando a una mujer la canalizan con la red de parteras de la que forma parte Ofelia, las revisan, les hacen un control prenatal y les preguntan si quieren atender su parto con ellas; advierte que frente a la falta de papeles migratorios, las mujeres no quieren ir al hospital por temor a que las deporten.
“Son maltratadas, en el hospital las dejan en último lugar. Aunque saben que es necesario atenderlas no les dan la prioridad. Les dicen: “Si alcanzamos a atenderte lo hacemos, sino el médico que llegue al siguiente turno. Por eso muchas veces buscan a las parteras para atenderse, sobre todo, si no tienen ningún papel, solo están de paso, lo que hacen es que se atienden con las parteras, después de aliviarse siguen su camino”.
Sin datos ni recursos para atención a migrantes
David Melendez, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, comenta que el principal problema en cuanto a la atención de las mujeres migrantes embarazadas es que no hay registros confiables, el único dato son los certificados de nacimiento pero no son del todo exactos, porque muchas mujeres no acuden a registrar a sus hijos dado su situación irregular y por temor a la deportación.
Resalta que las mujeres migrantes se enfrentan a una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a su salud reproductiva, puesto que no hay garantías de su acceso a los servicios sanitarios públicos y ellas mismas tienen que costear sus estudios.
“Utilizan recursos, que son para su subsistencia, para acudir al médico, hacerse un ultrasonido, pruebas de embarazo”.
El activista señala que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) —el cual se creó en enero de 2020 en sustitución del Seguro Popular—, como un esquema para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, la población migrante quedó “más desprotegida”. No sólo porque generó confusión entre este sector el cambio de esquema, sino porque no hay reglas de operación que garanticen la atención médica a los migrantes.
“No hay reglas de operación, en el caso de los migrantes no hay un acuerdo que garantice su acceso a los servicios de salud; si no se tiene un mecanismo financiero para garantizar el acceso de esta población a la salud, entonces es demagogia”.
