La violencia que se vive por estos días en Cali es apenas una pequeña muestra del conflicto que históricamente ha vivido la población colombiana en las zonas rurales, pero que ahora se trasladó a la ciudad. Lo más grave, sin lugar a dudas, es que la historia se repite y las víctimas mortales siguen siendo de la población civil.


 

Impotencia, dolor y llanto. Sin poder contener sus lágrimas y con la voz entrecortada, Laura Guerrero lamenta el asesinato de su hijo. “A mi hijo lo mataron, lo mataron vilmente, le dispararon en la cabeza cuando estaba desarmado”. 

Nicolás García Guerrero fue asesinado la noche del domingo 2 de mayo mientras protestaba por un mejor país y porque su hija Emily, de ocho años, pudiera crecer en una Colombia más incluyente e igualitaria. Según sus familiares, llevaba dos días recogiendo ayuda humanitaria para los heridos de los enfrentamientos en Cali reunidos en uno de los centros médicos del sector Paso del Comercio, localizado en la recta que conecta la capital del Valle del Cauca con el municipio de Palmira.

Aunque los hechos están aún bajo investigación, varios testigos aseguran que un hombre sin uniforme, ubicado detrás de la primera línea del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), disparó indiscriminadamente esa noche contra la población civil. García recibió un impacto de bala en la cabeza y se desplomó. El joven fue trasladado inmediatamente al hospital Joaquín Paz Borrero, donde murió minutos después.

CALI, EL EPICENTRO DEL DESCONTENTO SOCIAL EN COLOMBIA

Foto: Nicolás Achury

La violencia que se vive en Cali desde el 28 de abril es apenas una pequeña muestra del conflicto que históricamente ha vivido la población colombiana en las zonas rurales, ahora trasladado a la ciudad: disparos, helicópteros sobrevolando, peajes ilegales, robo de gasolina, vías bloqueadas, escasez de alimentos. Lo más grave, sin embargo, es que la historia se repite una y otra vez y las víctimas mortales siguen siendo de la población civil.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lamentó en su momento el fallecimiento de García. “Jamás se me ocurriría incentivar que se utilicen armas de fuego de cualquier calibre contra personas sin armas. Condeno radical y profundamente que se hayan utilizado armas de fuego”, aseguró.

Sin embargo, García no ha sido la única víctima. Según un informe del miércoles 5 de mayo de la Defensoría del Pueblo, 17 personas han sido asesinadas de forma violenta en el Valle del Cauca, específicamente en Cali, en lo que va de paro nacional. Debido a esto, la ONG Temblores ha afirmado “que en Colombia no existen garantías para el ejercicio de la protesta social, pero además ninguna persona está a salvo de ser agredida por parte de la Fuerza Pública cuando se convoca una movilización pacífica”. 

Foto: Nicolás Achury

La Policía también ha denunciado ataques por parte de los manifestantes. Según el comandante de la Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, al menos 171 efectivos han resultado heridos -algunos con armas de fuego o blancas- desde que empezaron las manifestaciones. Sin embargo, todavía es apresurado hablar de cifras. Primero, porque la manifestación social continúa. Segundo, porque las organizaciones de derechos humanos aseguran que hay un subregistro generalizado.

¿Por qué Cali es el epicentro de las protestas?

El detonante de las protestas en Colombia fue la presentación formal al Congreso, el 15 de abril, de una propuesta de reforma tributaria, un proyecto de ley que, según el Gobierno, era necesario para afrontar los gastos de los programas sociales que se han impulsado en el país desde la llegada de la pandemia. Dicha propuesta incluía, entre otras cosas, un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos. 

El 2 de mayo, después de cuatro días de tensión y paro nacional, el presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria. Debido a la magnitud de sus protestas, Cali fue la ciudad que más impacto tuvo en esta decisión. Durante los últimos días, la capital del Valle del Cauca ha padecido altos niveles de violencia y represión. Sin embargo, las causas del desborde van más allá del rechazo a la reforma tributaria de Duque.

CALI, EL EPICENTRO DEL DESCONTENTO SOCIAL EN COLOMBIA

Foto: Nicolás Achury

Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), unas 6.3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en Colombia durante 2020. Cali ocupa el segundo puesto en el conteo de las ciudades, solo por detrás de Bogotá.

Allí, buena parte de la población de los estratos populares vive del trabajo informal. El hecho de que la ciudad reciba desplazados de zonas en conflicto agrega una carga mayor a la situación. Se trata no solo de víctimas económicas de la pandemia, sino también de la violencia, el narcotráfico y la precariedad.

Esta población, que desde hace tiempo reclama atención por parte del Estado, es también la que se ha visto más afectada por las cuarentenas, razón por la cual rechaza un proyecto tributario que pretendía imponer mayores tributos al consumo.

La ubicación geográfica de Cali entre zonas como el Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca -donde el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos armados tienen el control desde mucho antes de las protestas- la hacen especialmente vulnerable a flagelos como el tráfico de armas. Esta es, precisamente, una de las razones de que las protestas de los últimos días se hayan vuelto más violentas y parezcan difíciles de controlar.

Desabastecimiento

CALI, EL EPICENTRO DEL DESCONTENTO SOCIAL EN COLOMBIA

Foto: Nicolás Achury

Desde que el pasado miércoles 28 de abril se iniciaron las movilizaciones en Cali, ningún día es similar al anterior. Con el paso de las horas se incrementa el número de barricadas instaladas en diferentes puntos de la ciudad. Movilizarse en carro o moto sin encontrarse alguna es casi una utopía ahora mismo. La situación resulta similar en las afueras de la ciudad. Es imposible salir de ella sin la autorización de los líderes de las barricadas, algo que ya empieza a generar desabastecimiento de alimentos, gas y gasolina.

Cecilia Awakon, directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y otros Derivados del Petróleo (Sodicom), señaló que “desde ayer [jueves] no hay combustible en Cali ni en el resto del Valle del Cauca”. El combustible que abastece a la ciudad está represado en plantas del municipio Yumbo, ubicado a unos 13 kilómetros de distancia. Estas plantas abastecen a Cali, el sur del Valle, todo el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, explica Awakon.

Por otra parte, la imposibilidad de que los alimentos puedan llegar a los puestos de venta ya se ve reflejada en el aumento de precios. En la galería La Alameda, ubicada en el sur de Cali y donde trabajan más de mil personas, la libra de plátano verde pasó de costar mil 200 pesos a cinco mil en solo una semana. La libra de limón  o de cebolla, que hasta hace unas semanas se compraba por dos mil pesos, ahora cuesta el doble.

Liderazgo social

Foto: Nicolás Achury

El gesto de los más cinco mil indígenas que llegaron del Cauca a mitad de semana se repite en Meléndez, Sameco, Puerto Resistencia y Siloé, tal vez el punto más violento desde que se inició la movilización. Las cifras de muertos en ese barrio son dispares. Los líderes de las barricadas hablan de decenas. Mientras, la Fiscalía dice que aún no puede determinarse si todas las muertes están enmarcadas en las protestas. El Alcalde de Cali, por su parte, le ha pedido a la Fiscalía investigar pronto de dónde salieron las balas que están cegando las vidas de los jóvenes.

“Este paro ha movilizado a personas que antes no se movilizaban”, dice Felipe Millán, sociólogo de la Universidad del Valle. “Hay una unión popular, que se vive fuerte en la zona del distrito y la ladera, pero hay otros grupos sociales que nunca se habían preocupado por estos temas y que se han sumado a los que algunos llaman ‘tercera y cuarta línea’, que es la gente que prepara las ollas comunitarias, las brigadas de salud que atienden a los heridos de las protestas, entre otros temas logísticos, para que el paro se mantenga”. 

Dentro de ese grupo de ciudadanos que se ofrece para atender heridos, se ha evidenciado el trabajo de estudiantes de medicina de universidades privadas. Además, como mismo hizo Jhon Jairo Osorio, líder social en Paso del Comercio, varias personas han convertido sus casas en centros improvisados de salud donde se atiende a decenas de jóvenes que llegan con laceraciones, contusiones o heridas de bala producto de los enfrentamientos con los ESMAD. 

CALI, EL EPICENTRO DEL DESCONTENTO SOCIAL EN COLOMBIA

Foto: Nicolás Achury

Según Millán, lo que sucede en Cali es un hito porque “históricamente la movilización social siempre  había sido por sectores: estudiantes, sindicalistas, sector salud, cada uno marchando por sus reivindicaciones. Lo que se ve ahora es a toda la gente protestando por un mismo fin”.

Al cierre de esta edición estaban habilitándose corredores humanitarios para ingresar a Cali. Sin embargo, si no se llega pronto a una solución, la situación de desabastecimiento será cada vez más pronunciada. Los esfuerzos, una vez se reinicien las actividades, deberán enfocarse en la reconstrucción de la infraestructura, pero sobre todo en la reparación del tejido social. Las muertes de estos días dejan una herida compleja de cerrar.

El pasado 4 de mayo, ante el escalamiento de la violencia, el presidente Iván Duque anunció la instalación de una mesa de diálogo nacional. El objetivo es que todos los sectores y actores del país encuentren de forma conjunta soluciones urgentes al descontento ciudadano que se ha expresado en el paro nacional.

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Nicolás Achury

Periodista de la Universidad del Rosario en Bogotá y estudiante de derecho de la misma institución. Desde 2018 trabaja en la sección audiovisual del periódico El Espectador y cubre temas de conflicto armado, derechos humanos, medio ambiente y orden público. Reconocimiento Guillermo Cano por el trabajo “Crisis humanitaria en Bojayá, otra tragedia anunciada”.

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