¿Hay políticas públicas o los proyectos en el Caribe que han tenido éxito frente a los feminicidios? Indagamos en tres países: Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.


Texto: Claudia Rivera-Cotto (Puerto Rico) y  Eileen Sosin (Cuba)
Ilustración de portada: Rocío Rojas (Perú)

Con la intención de identificar las políticas públicas o los proyectos en el Caribe que han tenido éxito frente a los feminicidios, indagamos en tres países: Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, para conocer qué incluyen y qué podrían rescatar otros países de la región para replicarlos. 

Cuba

La abogada y activista feminista Alina Herrera indica una peculiaridad del caso cubano: es difícil encontrar una política pública refrendada mediante un instrumento legal específico que se enfoque especialmente en la violencia de género y los feminicidios.

De acuerdo con la experta, las políticas en Cuba relacionadas con las mujeres se encuentran interrelacionadas o incorporadas en otros programas más amplios, o con otro objeto de regulación y/o protección, a partir de los cuales un sector de las mujeres resulta beneficiado. 

Por otro lado, en marzo de 2021 se dio a conocer el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, documento que se constituye como la agenda del estado en cuanto a estos temas. 

“Es un salto cualitativo en el reconocimiento de las desigualdades basadas en género y de las violencias  –destaca Herrera–. Estamos hablando de un instrumento legal; es un Decreto Presidencial. Ciertamente, tiene varios aspectos y enfoques perfectibles; el título, por ejemplo, ha causado estupor en algunas feministas y otres activistas sociales. Sin embargo, el contenido es más importante (y claro que también tiene aspectos a perfeccionar)”. 

Se espera que cada dos años la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) presente ante el Consejo de Ministros los avances del Programa, cuyo Plan de Acción revisará el presidente de la República, en períodos de tres meses. 

Jennifer García Capote, jurista con experiencia en asuntos de familia y violencia de género, comenta que, a raíz de la aprobación y puesta en marcha, surgen interrogantes sobre cómo se concretarán las acciones y objetivos propuestos y por qué se promulgó un Decreto Presidencial y no una Ley Integral. “En el documento no se habla de los feminicidios, ni de la necesidad de que las mujeres tengan espacios adónde ir cuando son víctimas de agresiones o maltrato”, afirma.

Aun así, a juicio de Herrera, cabe esperar que de este programa surjan leyes, políticas públicas e iniciativas que incidirán en la eliminación paulatina de las brechas, las violencias y las desigualdades. 

De igual forma, desde diciembre de 2020 funciona la Línea 103, destinada a la atención telefónica a víctimas de violencia machista. El servicio ofrece información y apoyo psicológico, además de reorientar los casos hacia otras instancias, como la Policía o la Fiscalía. 

No obstante, esta vía no opera exclusivamente para tales cuestiones, pues desde 2002 también estaba habilitada como Línea Confidencial Antidrogas; y con la pandemia se amplió su espectro a situaciones de estrés, depresión, entre otras relacionadas con la covid-19.

Además, los operadores recibieron capacitación sobre violencia de género y cuentan con una guía para atender las denuncias y poder orientar cada caso. Durante la presentación de la iniciativa, la directora del Centro de Estudios de la Mujer (perteneciente a la FMC), Mayda Álvarez, subrayó que esta resultará también una fuente de información sobre la violencia y sus manifestaciones. 

Uno de los principales obstáculos a la hora de abordar el tema de los feminicidios radica, justamente, en la falta de datos –exhaustivos y actualizados– sobre su impacto. De ahí la significación del recién anunciado Observatorio de Género, que contará con asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

“El impacto será favorable en su totalidad: será como tener ojos para poder ver cuál es la situación de las mujeres –explica Alina Herrera–. Las estadísticas, los datos oficiales y la transparencia y publicación de los mismos son imprescindibles. Sin ellos, ¿cómo se traza una política? Y otra pregunta más primigenia: ¿cómo sabemos la magnitud del problema? La publicación de estos datos será tan importante como el Observatorio mismo.”

Ambas especialistas coinciden en reiterar la necesidad de refugios y de una Ley Integral contra la violencia de género. En opinión de Herrera, la renovación del ordenamiento jurídico, a partir de la reforma constitucional de 2019, crea una expectativa notable en cuanto a la satisfacción de varias demandas de tipo legal, como la eliminación de la excepcionalidad del matrimonio infantil, la tipificación del feminicidio y otros delitos relacionados con la violencia de género, el reconocimiento legal de las identidades trans, el reconocimiento y vías de solución para las violencias intrafamiliares; entre otras. 

República Dominicana

En el caso de República Dominicana, con el fin de erradicar la violencia de género, el Ministerio de la Mujer tiene un nuevo Plan de Prevención y Atención de Violencia titulado “Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”. 

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, presentó el plan en el 2020 señalando que para enfrentar la fuerte resistencia sociocultural contra las mujeres, adolescentes y niñas se necesita del concurso de todos los sectores, no solo del gobierno, sino de todos los estamentos del Estado, así como de todos los sectores de la sociedad dominicana.

“La violencia contra las mujeres en República Dominicana es un flagelo que deja cada año un saldo de muerte, cientos de niños y niñas en la orfandad, hogares destrozados y miles de mujeres afectadas en su salud física y mental”, sostuvo Jiménez.

El plan contempla un programa de asistencia a los huérfanos de violencia feminicida, así como una amplia campaña de información y sensibilización. Tambien la creación de un cuerpo policial especializado de la Policía Nacional para la protección, asistencia y ejecución de las acciones relacionadas con los casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Sin embargo, feministas del país entienden que hace falta que se declare una emergencia nacional por la violencia de género en República Dominicana y apuestan, al igual que en Puerto Rico, porque se implemente una educación con perspectiva de género en las escuelas del país. 

La abogada y activista feminista María de Jesús (Susi) Pola ha sido vocal en cuanto a que, como el Estado no reconoce las violencias como resultado de las diferencias de género, creadas socio culturalmente, es necesario articular con el sistema educativo nacional la inclusión de la educación sexual integral en todos los niveles, modalidades y subsistemas. Otra de las propuestas que ha sugerido la activista es la declaración de una emergencia nacional por violencia de género. 

Por su parte, Zenaida Mendez, defensora de los derechos humanos, indicó en entrevista a Distintas Latitudes que apoya la propuesta de Susi Pola. “Si quieren seriamente erradicar el feminicidio declaren un año de emergencia nacional y pongan esta situación como una prioridad nacional: asignen presupuestos adecuado y no lo roben, y siéntense con personas expertas, con afectadas y presten la atención necesaria al asunto”, reiteró. 

Además de la educación con perspectiva de género, Mendez mencionó que el gobierno debe erradicar la pobreza extrema que existe en el país.  

“La base para poder erradicar la violencia doméstica, el feminicidio y la violencia en general es la educación pública de alta calidad y la erradicación del alto número de la pobreza extrema que existe en el país”, expresó la activista. 

Puerto Rico: Entre las luchas feministas y la respuesta del Estado

Manifestación el 2 de mayo en contra de la violencia machista en el puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico.

En coro cientos de manifestantes gritan “Ni una más. Vivas nos queremos”, al tiempo que varias mujeres tocan el barril en medio de una manifestación feminista el 2 de mayo de 2021 en el puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico. Mientras algunas personas aplauden, otras alzan su mano con un puño; todos los presentes se manifiestan en contra de la ola de violencia de género que vive el país. 

Los asesinatos de Andrea Ruiz Costa y Keishla Rodríguez ocurridos el 29 de abril y 1 de mayo respectivamente fueron para muchas organizaciones civiles una demostración de que todavía hace falta mayor conciencia social y acción gubernamental. Ambos femicidios consecutivos  fueron “el recordatorio de lo urgente de nuestro trabajo”, estableció en una publicación Amárilis Pagán Jiménez, directora de Proyecto Matria. 

Aunque reconocen que todavía falta mucho por hacer, las expertas entrevistadas por Distintas Latitudes declararon que las luchas feministas han comenzado a tener un efecto positivo en las políticas públicas y proyectos implementados por el Estado puertoriqueño. Entre los nuevos proyectos sobresale el decreto, el pasado 24 de enero de 2021, del estado de emergencia por la violencia de género, medida del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que busca dar urgencia a la erradicación de la violencia de género en el país. 

El decreto pretende “establecer, impulsar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de atención a las víctimas”, según el comunicado. 

“La orden ejecutiva fue como un ‘wow, nos escucharon’, ‘escucharon nuestros reclamos’”,  mencionó Nereida Valentin Marquez de Coordinadora Paz para la Mujer, aunque reiteró que “es solamente el comienzo”. 

La orden ejecutiva incluye una designación de un “oficial de cumplimiento”, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la orden; dispone la creación de una aplicación de teléfono que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia; pide a agencias del gobierno identificar los recursos internos, fondos estatales y federales disponibles para cumplir con las disposiciones y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia.

A seis meses de que se declarara un estado de emergencia por la violencia de género, también se creó el Comité de Educación de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, “Comité PARE”. Entre las agrupaciones del Comité PARE se encuentra Coordinadora Paz para las Mujeres, la Red de Albergues de Violencia Doméstica, la Fundación Alas a la Mujer, el Centro Mujer Dominicana y Proyecto Matria.

“Poca gente parece saber que el plan de trabajo aprobado en PARE es el fruto de las propuestas que nuestras organizaciones le entregaron al gobernador en enero pasado. Esas propuestas, a su vez, son el resultado de más de un año de reuniones, de escritos y de reflexiones de nuestras organizaciones y colectivos. Nada se improvisó. Es decir, PARE está ejecutando un plan de trabajo hecho desde la visión, conocimiento y experiencia de nuestras organizaciones”, destacó Pagán Jiménez.

Acerca de la selección de las agrupaciones, Valentin Marquez estableció que “es un comité cuyos participantes fueron elegidos directamente por el gobernador”. La portavoz de Coordinadora dijo: “en el caso de nosotras, las entidades sin fines de lucro, tuvimos que someternos a un proceso de selección para ser escogidas”.

La Colectiva Feminista en Construcción, organización que militó activamente y convocó manifestaciones masivas desde 2018 para reclamar el estado de emergencia por violencia de género, no figuró en la selección aunque solicitó un espacio en el comité.

Durante las pasadas semanas de mayo la Colectiva ha estado convocando a diversas protestas alrededor de la Isla tituladas: “¿Dónde está el estado de emergencia?”, con el fin de que el gobierno de Puerto Rico y los alcaldes de cada pueblo rindan cuentas de la labor realizada para erradicar la violencia de género. 

El Comité PARE, por su parte, hasta el momento han logrado establecer subcomités para atender temas específicos como estadísticas, tecnología, alianzas, política pública, desarrollo económico, educación y campañas mediáticas, base de fe y Safe Kits, que ayudan a identificar a la persona que cometió la violación.

“Desde nuestros nombramientos en febrero pasado, hemos estado trabajando intensamente para ejecutar el plan de trabajo aprobado en PARE. Incluso, lideramos algunos de los subcomités de trabajo y, desde ahí, se ha logrado un trabajo minucioso de análisis, de recopilación de datos y de generación de propuestas concretas para resolver los retos que enfrentan las mujeres del país para lograr vidas seguras”, expresó Vilmarie Rivera Sierra de la Red de Albergues.

A pesar de reconocer sus avances, todas las organizaciones del comité coincidieron en que siguen necesitándose acciones más contundentes por parte del gobierno que logren transmitir el mensaje de que la vida de las mujeres importa y que es responsabilidad de la sociedad y del gobierno prevenir la violencia de género. 

Aunque el comité ha dado su insumo acerca de los próximos pasos a seguir, todavía esperan a que el gobierno las acepte e implemente a cabalidad sus sugerencias. En una carta pidieron reunirse con el gobernador de Puerto Rico y la presidenta de PARE, la doctora Carmen González Magaz. “Necesitamos con urgencia intercambiar nuestras impresiones sobre el proceso de trabajo y  buscar la manera de agilizarlo”, lee la misiva enviada el 3 de mayo.

En medio de la ola de protestas en mayo, exigiendo rendición de cuentas al gobierno, el Comité PARE reiteró que “el trabajo del gobierno es importante e impostergable. No solo debe actuar, sino rendir cuentas de su trabajo. Y en este caso, nos parece muy bien que la gente pida rendición de cuentas”.

Las recientes protestas, en efecto, han llevado a cambios concretos en la políticas públicas del país. Tras la indignación por el mal manejo del caso de Andrea Ruiz Costa, mujer de 35 años asesinada luego de habérsele denegado una orden de protección por la Ley 54, el Senado aprobó cambios a la ley para estipular que un fiscal debe estar presente durante la vista de causa probable para arresto en los casos de violencia doméstica. 

“Creo que el cambio lo estamos viendo ahora… a raíz de lo que pasó este fin de semana (viernes 30 de abril al domingo 2 de mayo). Ya vimos que hubo una respuesta de manera inmediata, se envió un comunicado a los fiscales y ahora los fiscales tienen que participar de las vistas de regla 6, las víctimas no pueden ir solas a esas vistas”, dijo Flores de Hogar Ruth. La directora del albergue mencionó: “Vamos a celebrar estos pequeños logros”, aunque reconoció que era una acción que se debía tomar desde hace mucho tiempo.

Asimismo, la Cámara de Representantes aprobó el 12 de mayo un proyecto de ley que clasifica como delito la divulgación y publicación de cualquier material explícito sin el consentimiento de la otra parte implicada, lo que se conoce como pornovenganza. Esta legislación también  surge tras las circunstancias que rodearon el asesinato de Ruiz Costas, en el que la mujer  reveló, en su reclamo de búsqueda de protección ante los tribunales, que el patrón de abuso del que era víctima por parte de su agresor Miguel Ángel Ocasio Santiago, incluía constantes amenazas con la publicación de material íntimo sin su consentimiento.

Berenice Rodriguez se unió a la protesta por el asesinato de su hermana Keishla Rodriguez, mujer que fue arrojada desde el puente donde se congregaron los manifestantes.

Durante los dias de protestas, el Senado también aprobó una enmienda al Código Penal que tipifica los feminicidios y los transfeminicidios como un asesinato en primer grado. Ahora la medida espera ser aprobada por la Cámara de Representantes. 

Además, el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, se comprometió en una manifestacion convocada por la Colectiva Feminista en Construcción frente al departamento, a comenzar el proceso necesario para la capacitación de fiscales y funcionarios del departamento pertinentes en la atención de casos de violencia de género.

Por su parte, González Magaz, presidenta del Comité PARE, mencionó que harán “acciones más acertadas y específicas como los estudios de los casos de Andrea Ruiz Costa y de Keishla Rodríguez para saber también cuáles son las brechas en el sistema y cómo atacarlas”.

Otras de las medidas que han sido enviadas en el mes de mayo a la Legislatura de Puerto Rico son: el requerimiento de un grillete a cualquier agresor en violación a la Ley 54, aumento a las penas de delitos tipificados en dicha ley, y derogar la legislación vigente sobre la ley de hostigamiento sexual.

La ley 54 fue establecida para la prevención e intervención de casos de violencia doméstica y actualmente tipifica como delitos criminales el maltrato, el maltrato agravado, las amenazas, la restricción a la libertad y la agresión sexual conyugal. La medida define violencia doméstica como “el maltrato físico y emocional que sufre una persona a manos de su cónyuge o ex-cónyuge, o a manos de una persona con quien sostiene o ha sostenido una relación íntima”. Gracias a dicha ley las víctimas pueden acudir a solicitar una orden de protección para prohibirle a la parte agresora entrar en su casa, acercarse o ponerse en contacto.

 Las entrevistadas entienden que el estado de emergencia es un buen punto de partida, aunque reconocen que erradicar la violencia machista en el país es un proceso que conllevará años. 

“El estado de emergencia no necesariamente va a limpiarlo todo o a solucionarlo todo como si fuese magia, esto va a requerir muchos años de proceso”, establece Valentin Marquez. 

“Dentro de lo que es el estado de emergencia lo que sí se puede asegurar es que esas bases se sienten y se establezcan para que podamos ver dentro de 10, 15 años una sociedad que sea mucho más abierta a la perspectiva de género y en contra de la violencia de género”, reiteró la portavoz de Coordinadora Paz para la Mujer. 

La educación con perspectiva de género como solución para erradicar la violencia 

Como parte del estado de emergencia por la violencia de género, el comité PARE se asegurará de tener listo para el próximo año escolar, que inicia en agosto, el currículo de educación con perspectiva de género que educará sobre la equidad en las relaciones, asimismo presentarán un plan de capacitación para funcionarios y funcionarias. 

“La educación con perspectiva de género sigue siendo una prioridad para nosotras y también para PARE. No sólo se está trabajando con los currículos necesarios para las escuelas públicas, sino que además ya hay un plan de capacitación para funcionarias y funcionarios públicos”, explicó la doctora Sonia Flores Cortés quien co-coordina el Subcomité de Educación, Prevención y Capacitación de PARE.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la división de ONU Mujeres, define perspectiva de género como una forma de ver o analizar, que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas.

Asimismo, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (CLADEM) lanzó hace alrededor 10 años una campaña regional a favor de una educación antidiscriminatoria y no sexista. En el documento base de la campaña estableció: Buscamos una educación que construya relaciones de respeto, igualdad y cooperación entre los géneros, que afiance una cultura de derechos humanos y que no valide ni reproduzca estereotipos, prejuicios e inequidades”. 

Las organizaciones feministas de la Isla han sido enfáticas en la necesidad de implementar el currículo con perspectiva de género para atajar de raíz la violencia a la mujer en todas sus manifestaciones desde que se educa a los menores. 

La directora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, compartió que la perspectiva de género es una herramienta conceptual e interdisciplinaria para identificar cómo se interrelacionan los contextos sociales, políticos, económicos, culturales y trabajar a favor de erradicar la violencia en la sociedad. 

Lugo Nazario añadió que tanto el decreto del estado de emergencia y lo que conlleva, como la educación con perspectiva de género son medidas que otros países del Caribe pueden analizar y tomar en consideración para adaptar a sus contextos sociales y políticos. “La necesidad está”, reiteró la líder feminista. 

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Este contenido fue parte de un reto periodístico asignado a la 5ta generación de la #RedLATAM de Jóvenes Periodistas. Aquí puedes leer toda la cobertura relativa a los #FemenicidiosCaribe.

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