De acuerdo con un rastreo realizado por Distintas Latitudes, en ninguno de los países del Caribe existe, hasta el momento, una legislación que tipifique el transfeminicidio, tampoco cifras oficiales donde quede registro de estos asesinatos violentos. Conoce la situación en cuatro países caribeños. 


Texto: Silvia Oramas (Cuba), Carolina Loza (Ecuador),
Daniela León (Chile) y Linda Gomes (Brasil)

A Alexa, una mujer trans, negra, la asesinaron en la madrugada del 24 de febrero de 2020 en Puerto Rico. La policía la presentó como “un hombre con falda”. Su muerte dejó una marca más allá de ser un crimen de odio. Alexa se convirtió en un ícono internacional cuando el reguetonero boricua Bad Bunny le hizo un homenaje apareció con saya (un tipo de falda) en la presentación de su disco y declaró: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. 

El caso de Alexa no solo mostró la transfobia de algunos medios de comunicación y en las redes sociales con calificativos que invalidaron su identidad de género. También colocó sobre la mesa un tema relegado en los países caribeños: la desigualdad de la comunidad trans, la transfobia, la discriminación que se observa en el acceso a la salud, trabajos estables, vivienda. 

Y es que, de acuerdo con un rastreo realizado por Distintas Latitudes, en ninguno de los países del Caribe existe, hasta el momento, una legislación que tipifique el transfeminicidio, como tampoco cifras oficiales que registren estos asesinatos violentos. Son las organizaciones de la sociedad civil las que se echan a los hombros los registros y la lucha por los derechos de la comunidad trans en los distintos países. 

Para conocer la situación de los transfeminicidios en cuatro países del Caribe, presentamos un breve resumen. 

Cuba 

Cuba no tiene tipificado el delito de transfemicidio en su Código Penal. A pesar de que el artículo 42 del Código cubano refiere que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que no deben ser discriminados por razones de género, orientación sexual, color de la piel, creencias religiosas, etc; lo cierto es que las personas transgénero son más vulnerables a diversas formas de discriminación y violencias.

En marzo de 2021, el caso de Merlía Somers, una mujer trans que recibió una multa por el uso incorrecto de la mascarilla cuando en realidad estaba siendo recriminada por andar vestida de mujer, puso en la palestra pública la necesidad de crear políticas públicas y leyes más específicas que consagren los derechos de las personas trans a expresar libremente su identidad. 

Cuba se prepara para la consulta popular del nuevo Código de Familias que debería incluir derechos para la comunidad LGBTIQ+, pero aún no hay fecha.

A pesar de que no exista una ley que los reconozca, sí existen algunos avances como la realización gratuita de operaciones de reasignación sexual y cambios de nombres en el registro civil. Sin embargo, al no ser un derecho queda a la discrecionalidad de una institución como el Cenesex, que pertenece al Estado y tiene un fuerte componente político (su directora es la hija de Raúl Castro). Esto hace que activistas trans críticos con el gobierno se sientan desprotegidos y no representados por esta institución. 

En el país caribeño existen varias organizaciones dedicadas a visibilizar los derechos y necesidades de las personas trans. Una de ellas es Red TransCuba, creada en 2001, que se reconoce como un espacio de inclusión y transformación social, y hace suyos tres principios fundamentales: el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y el alto compromiso. 

TransCuba es una de las pocas redes de la comunidad LGBTIQ+  reconocidas por el Cenesex y el gobierno cubano. Su gestores organizan talleres sobre derechos humanos, campañas de prevención del VIH e intentan generar alianzas con distintas instituciones para ubicar laboralmente a personas trans. 

Un artículo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) revela que, en 2018, la cifra de personas trans en Cuba sobrepasaba las tres mil. Aunque hasta el momento no hay cifras oficiales de transfemicidios en la Isla, la plataforma Yo Sí te Creo en Cuba registró en 2020 el transfeminicidio de una cubana emigrada a Estados Unidos. 

Puerto Rico

Puerto Rico no cuenta con el transfemicidio tipificado como tal. Al cierre de este reportaje el país solo cuenta con una legislación que contempla los crímenes de odio. Bajo esta figura jurídica se contemplan los crímenes cometidos con base en la orientación sexual, identidad sexual, discapacidad, raza, religión y origen.

Los crímenes de odio e identidad sexual se contemplan como crímenes federales dentro del sistema estadounidense, que incluye a Puerto Rico. La promulgación de la ley de Derechos civiles de 1968 contempla los crímenes de odio. La ley Shepard Byrd de 2009, por su parte, es la primera que permite sancionar crímenes de odio en razón de la orientación sexual o percibida de la víctima.

En 2020, los informes de la policía sobre asesinatos de mujeres no consideraron cinco de los seis transfeminicidios que el Observatorio de Equidad de Género sí incluyó en sus estadísticas. El asesinato de dos de ellas dio paso a la apertura de un caso bajo la ley de crímenes de odio. 

El aumento de la violencia y los transfemicidios en Puerto Rico ha sido catalogado por autoridades locales cómo “una epidemia”. El aumento que vienen experimentando los feminicidios en los últimos años fue la razón por lo cual en enero de 2021 se declaró a la isla en Estado de Emergencia. 

Aunque en mayo pasado el Senadose puertorruqeño aprobó un proyecto que tipifica los feminicidios y transfeminicidios como asesinatos en primer grado, para que esto adquiera carácter legal falta todavía el aval de la Cámara de Representantes y luego la firma del Gobernador.

Haití 

La situación para las personas trans en Haití es compleja y, como en la mayoría del mundo, peligrosa. En junio de 2020 se presentó un decreto para reconocer las identidades trans y el cambio de sexo registral, sin embargo, el parlamento fue disuelto, por lo que el proyecto quedó sin tramitación aún. 

Según el Informe “Basta de genocidio trans”, realizado por la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) en 2018 en 13 países de América Latina, en Haití “los delitos de odio contra las personas transgénero son muy comunes y frecuentes, pero no se denuncian y, por lo tanto, no se castigan”. 

Los sectores religiosos fundamentalistas del país son quienes se oponen fervientemente a las personas trans y, por lo tanto, a que tengan mayores garantías de seguridad. Además, levantan campañas de desprestigio ante la legislación de mayores derechos, provocando violencia y discriminación en la ciudadanía, según señala el Informe de Mapeo Legal Trans, elaborado por el Secretariado Trans de ILGA en 2017. 

República Dominicana

Como el transfeminicidio no está tipificado en la República Dominicana como un crimen, tampoco hay castigo previsto en la ley para los ejecutores. Los asesinatos de mujeres trans, transexuales y travestis, cuando son investigados, solo son encuadrados como homicidios.

Los datos de estos tipos de asesinato tampoco están recogidos por el Estado, solo por entidades no gubernamentales de protección a los derechos humanos en el país. De acuerdo con Cristian King, director ejecutive de la ONG Trans Siempre Amigas (TRANSSA), desde 2006 la organización se dedica a visibilizar el tema para que se elaboren políticas y se garantice la no impunidad. De acuerdo con él, de 2006 a la fecha se han documentado 49 transfeminicidios como crímenes de odio contra personas y trabajadoras sexuales trans.

Las mujeres cisgénero tienen mayor protección y apoyo por parte del gobierno. Aunque el feminicidio no está tipificado aún en la ley dominicana, la actual Ley número 24-97 del país añade al Código Penal la “violencia contra la mujer” y “la violencia intrafamiliar o doméstica” como delitos sancionado con penas de prisión, multas y restitución de bienes. El Ministerio de la Mujer es responsable de impulsar políticas de prevención y apoyo a las víctimas.

Por medio del proyecto “Supérate Mujer”, el estado dominicano garantiza el apoyo psicológico y la formación profesional para mujeres violentadas. Además, mantiene 12 casas de acogida para su protección. Sin embargo, no atienden a mujeres trans en las mismas condiciones.

Preguntada sobre el apoyo a las mujeres trans, Leticia Payano, coordinadora nacional de estas casas de acogida, ha dicho que el programa nunca ha recibido demandas de estas personas. 

“Las mujeres trans no están consideradas como mujeres porque legalmente son hombres, visto que no tienen la documentación femenina, lo que les impide tener formalmente el atendimiento como mujer”, explica Cristian King, de TRANSSA.

De acuerdo con un informe de TRANSSA, en la ley 659 sobre actos del estado civil se permite el cambio de nombre pero se prohíbe el cambio de sexo en los documentos de identidad (cédula, pasaporte, licencia de conducir, acta de nacimiento). Debido a que estas personas quedan registradas de acuerdo con el sexo asignado al nacer, no se realicen levantamientos de datos correctos de los crímenes cometidos contra personas LGBTI+.

“De los homicidios cometidos contra mujeres trans solamente hay cinco condenas y para estos agresores las penas no han sido penas máximas. La pena mayor ha sido de 20 años,  siendo que aquí la pena máxima es de 30. Estos crímenes son judicializados como homicidios. Sin embargo, la agravante se configura como crimen de odio motivado por prejuicios por transfobia”, comenta King.

Tampoco se han tomado en consideración los homicidios que se han cometido con prejuicio, es decir, donde se le ha desfigurado el rostro a la víctima o se le ha golpeado de manera brutal. Es decir, que no sea no se ha tomado en consideración que estos transfeminicidio se han cometido, en gran parte, porque la víctima pertenece a una población de la diversidad contra la cual existen prejuicios. 

De acuerdo con datos de TRANSSA en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos, 39 mujeres trans fueron asesinadas en República Dominicana entre diciembre de 2013 y octubre de 2014, 17 de ellas trabajadoras sexuales. Los reportes indican múltiples casos de arrestos arbitrarios, violencia policial y extorsión, consistentes con los resultados del estudio CVC/COIN/PANCAP. 

En varias ocasiones, la policía forzó a mujeres transgénero a desvestirse, les quitaron las pelucas y en algunos casos su cabello natural como forma de humillación. En otros casos, fueron forzadas a limpiar el cuartel policial. Once de los reportes se recibieron en un período de tan solo tres semanas entre finales de julio y agosto de 2014. El Observatorio y TRANSSA sometieron reclamos de grupo con relación a estos 11 reportes.

Coherente con los resultados del estudio CVC/COIN/PANCAP, la mayoría de los reportes fueron hechos por personas jóvenes, siendo la menor de 19 años. El trabajo sexual no está prohibido por ley en República Dominicana; no obstante, las razones que esgrime la policía para los arrestos varían. En algunos casos les dicen a las trabajadoras sexuales transgénero que un motivo de arresto es que no les está permitido trabajar en zonas turísticas; en otros casos, alegan como base para el arresto que las trabajadoras sexuales les han robado a sus clientes.

Un testimonio de esto es el de Agatha Brook, una mujer negra transgénero que ha perdido amigos y familiares desde 2017, cuando aceptó su indentidade de género. Desde entonces la discriminación y las burlas han sido frequentes en su vida. Ha sido perseguida y acosada en las calles de Santo Domingo. Asimismo, policías le dicen maricón, sinvergüenza y otras palabras llena de prejuicios. 

Por eso, Brooks se siente  impotente en el intento de eliminar la violencia de género y huir de los intentos de amedrentamiento. “En una ocasión dos policías amenazaron con llevarme presa y me persiguieron hasta mi casa. Empecé a gritar y esto hizo que los vecinos se despertaran y ahuyentaran a los abusivos policías. Ese día sentí a los vecinos como aliados, pero aún así la discriminación está presente en centros comerciales, en centros de salud e incluso en lugares artísticos en donde se supone debería haber libertad de expresión”, comenta.

Agatha tuvo otra vez el apoyo de su madre cuando sufrió una tentativa de transfeminicidio: “La policía me atacó de madrugada justo cuando me iba a quedar con mi madre. Me golpearon con macanas y mi madre tuvo que despertar para salir a mi defensa”.

Mientras los reclamos siguen siendo diarios para Agatha, ella sueña con estudiar en la universidad y cultivar su talento como poeta, actriz y modelo. “El hecho de poder salir a la calle siendo yo misma e ignorar las burlas diarias es algo que gozo en gran manera”, celebra. 

Actualmente Agatha trabaja en TRANSSA como encargada de documentar casos de crímenes de odio en el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT). Debido a que la población dominicana es mayoritariamente racializada, la lucha por la aceptación y el reconocimiento en los espacios sociales es aún más complicado, porque le son quitados sus derechos de estudiar, trabajar, protección y defensa.

Ser una mujer trans en la República Dominicana es tener su cuerpo lanzado a la propia suerte. Un sueldo y un empleo son dos cosas que no están disponibles. Lo que les queda es el trabajo sexual, que no está en el reglamento como profesión y, por lo tanto, no tiene derechos fiscales, profesionales y tampoco de protección a la vida. 

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Este contenido fue parte de un reto periodístico asignado a la 5ta generación de la #RedLATAM de Jóvenes Periodistas. Aquí puedes leer toda la cobertura relativa a los #FemenicidiosCaribe.

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