Las desapariciones más recientes en Jalisco reflejan no solo la incapacidad del Estado para prevenir esta situación, encontrar a las personas y garantizar justicia a las víctimas, sino también sus esfuerzos por esconder este problema a través de la represión.
Portada: Rocío Rojas
En las últimas tres semanas, medios nacionales e internacionales han vuelto la mirada a Jalisco, un estado al occidente del país que pese a representar solo el 6.6% de la población nacional, acumula el 13.5% del total de desapariciones.
Entre el 20 y el 22 de mayo, ocho jóvenes -seis hombres y dos mujeres- que trabajaban en un call center fueron desaparecidxs en Zapopan, un municipio del Área Metropolitana de Guadalajara, la capital del estado. Una semana después, el 29 de mayo, Sandra Analí Ramírez fue vista por última vez al salir de su casa, cerca del call center por donde también fueron vistxs por última vez lxs jóvenes.
Aunque estos casos cobraron mayor visibilidad mediática, entre el 20 de mayo y el 10 de junio la Comisión Local de Búsqueda de Jalisco publicó otras 46 fichas de personas desaparecidas durante esas fechas. Estos 21 días que dejaron 55 desapariciones en Jalisco parecieran extraordinarios, pero no lo son.
¿O sea que esto es común?
Lamentablemente, sí. Hasta el día de hoy se encuentran desaparecidas 110 mil 958 personas en México, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Sin embargo, el número puede ser mayor, ya que muchos casos no son denunciados.
En Guatemala, tres décadas de guerra civil dejaron 45 mil desapariciones, según un cálculo de Amnistía Internacional. En Chile, el informe de la Comisión Valech del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reconoce 30 víctimas como “detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”. En Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo contabilizan más de 30 mil desapariciones durante el régimen militar, y en Colombia la Comisión de la Verdad documenta 121 mil 786 entre 1985 y 2016, aunque asegura que podrían llegar hasta 210 mil.
En promedio, 25 personas desaparecen cada día desde diciembre de 2018, cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador. Aunque esta crisis empezó con el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el 38.22% de los casos registrados desde 1962 ocurrieron en lo que va del sexenio.
¿Por qué está sucediendo esto en México?
“Podríamos hablar de dos momentos clave”, explica Carmen Chinas, coordinadora del Comité de Análisis Universitario en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. “Uno estaría vinculado a lo que se conoce como la guerra sucia, que fue una persecución a líderes de la izquierda y jóvenes organizados movilizados desde 1968 y la década de los setenta*”.
El segundo es el inicio de “la guerra contra el narcotráfico”, en 2006. Desde entonces, la desaparición “estaría vinculada principalmente a la presencia de grupos criminales en el país; pero también hay otros factores, como es el caso del Estado de México, donde la desaparición mayoritaria es de mujeres y una de las líneas de investigación tiene que ver con la trata de personas”, sostiene Chinas.
El periodista e investigador Darwin Franco, especializado en derechos humanos, violencia social y desapariciones, expone varios motivos en su libro Tecnologías de esperanza, como el comercio sexual, el trabajo forzado para grupos criminales en sembradíos de cultivos ilegales, labores de sicariato, trasiego de droga o la extracción de minerales. También señala la desaparición de cuerpos víctimas de homicidio o feminicidio como una forma de “deshumanización”.
¿Cómo han respondido los gobiernos ante esta crisis?
Manifestación por los ocho trabajadores del call-center desaparecidos entre el 20 y el 22 de mayo de 2023. Foto: Mariana Mora
Una de las reacciones más comunes es culpar o criminalizar a las víctimas con el argumento de que “en algo andaban”. Aunque los colectivos de familias buscadoras han confrontado este discurso revictimizante y la diversidad de casos y circunstancias lo han desmentido, los gobiernos lo siguen usando.
Sucedió en el caso de lxs jóvenes desaparecidxs en Zapopan. Mientras las familias se movilizaban para exigir su regreso con vida, el gobernador declaró que el call center donde trabajaban era un “centro de operaciones criminales” relacionado con “fraudes telefónicos”, según la Fiscalía del Estado.
A las familias les indignó que usaran esta información para explicar la desaparición. “Primero encuéntralos y después los investigas y los juzgas”, dijo Alicia Cuevas, madre de Carlos Benjamín García Cuevas, uno de los jóvenes desaparecidos, en una manifestación el 2 de junio.
Poco después de esta declaración, las autoridades encontraron los cuerpos de los jóvenes en una fosa clandestina y la búsqueda terminó para las familias de Carlos, Itzel, Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra, Jorge y Juan Antonio.
¿Cómo deberían responder?
La Ley General en Materia de Desaparición establece que las autoridades deben “buscar a las personas, esclarecer los hechos y prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos delitos”. También tienen “la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas para evitar que las víctimas sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma”.
Pero la criminalización no es la única forma en que las autoridades revictimizan a las personas. Otros hechos recientes en Jalisco reflejan una estrategia que el gobierno del estado y otras entidades sostienen contra las familias de las víctimas: la represión.
Despliegue policial ante manifestación por Sandra Analí. Foto: Mario Marlo
Al día siguiente de la desaparición de Sandra Analí, su familia convocó a una movilización pacífica a la que asistieron alrededor de 300 personas. Cerraron el paso de Avenida Vallarta, una arteria muy transitada que se encuentra en una zona de clase media-alta. Poco después, la policía del estado se presentó para cerrarles el paso y agredirlas. Desde entonces, se han realizado diez movilizaciones para exigir su búsqueda y en todas hubo una fuerte presencia policial.
El 2 de junio se llevaron a cabo de manera paralela tres manifestaciones por las víctimas de desaparición en Guadalajara: las familias de lxs jóvenes del call center, la familia de Sandra Analí y el Colectivo Luz de Esperanza, que agrupa a familiares de otras personas desaparecidas.
Manifestación por la desaparición de Sandra Analí. Foto: Mario Marlo
El Colectivo se manifestó afuera del Palacio de Gobierno para exigir que las autoridades se reunieran con ellos después de haber ignorado un pliego petitorio que entregaron el 18 de mayo. Tras sentarse en la Avenida Juárez, la policía forzó su retirada a base de amenazas e intimidación. Un mes antes, Liliana Meza, presidenta de la organización, fue golpeada por policías en otro acto de represión contra el colectivo, así que esta vez decidieron moverse al exterior del Palacio e instalar un plantón hasta ser atendidxs.
¿Por qué las autoridades reprimen a las familias de las víctimas?
“Nos parece que la intención es cuidar su imagen, más que atender un problema”, dice Chinas. “Usamos la expresión desaparecer a los desaparecidos porque pensamos que el gobierno del estado hace eso cuando se niega a incluirlos en el registro”.
Chinas se refiere al RNPDNO, que refleja las desapariciones de todo el país pero no ha recibido datos de Jalisco desde marzo de 2022. Esto significa que hoy en Jalisco faltan más de las 14 mil 985 personas que reporta el Registro.
Además de manipular cifras, los gobiernos estatal y municipales se han empeñado en retirar las cédulas de búsqueda que las familias pegan en el espacio público. “Desde que comenzamos el Colectivo en octubre de 2021 hemos pegado cédulas cada fin de semana. En todas las ocasiones el gobierno ha tratado de impedirlo”, narra Héctor Flores, quien busca a su hijo Daniel Flores desde mayo de 2021.
Cédulas de búsqueda en Jalisco. Foto: Mariana Mora
Estas cédulas son una estrategia a través de la cual se han encontrado personas desaparecidas en Jalisco y otros estados. Arrancarlas no solo niega esta posibilidad, también invisibiliza la dimensión del fenómeno.
Tres días después de las manifestaciones, varios colectivos instalaron en el centro de la ciudad un antimonumento en memoria de los actos represivos del 4, 5 y 6 de junio de 2020, cuando cientos de jóvenes se manifestaron por el asesinato de Giovanni López, perpetrado por policías. Durante esos tres días, la policía estatal reprimió con violencia a lxs manifestantes, se realizaron decenas de detenciones arbitrarias y personal de la Fiscalía de Jalisco cometió más de 100 desapariciones forzadas.
Las personas desaparecidas fueron liberadas después de horas, pero el hecho transparentó el modus operandi de la Fiscalía y otras dependencias del Estado que realizan desapariciones forzadas. En Jalisco, desde 2017 hasta abril de 2022, la fiscalía reportaba 77 víctimas desaparecidas por personal de alguna dependencia. Entre 2019 y julio de 2022, 197 policías fueron judicializados por este delito.
Por eso, este caso duele no solo a lxs sobrevivientes, sino también a las familias de otras víctimas y a la sociedad en general. “Que este antimonumento sea un recordatorio de la vergüenza que debe darle al Estado criminal”, dijeron activistas durante su instalación, tres años después.
Esa misma noche, personal del Ayuntamiento de Guadalajara y del Gobierno de Jalisco retiró el antimonumento a oscuras, con sierras eléctricas y usando capuchas.
Instalación de antimonumento en memoria de los actos represivos de junio de 2020. Foto: Leslie Zepeda
En este escenario ¿qué se puede hacer?
“Quizá la respuesta sea seguir la misma línea que en otros países de América Latina: con justicia transicional”, dice Chinas. Se refiere a contextos donde no se puede juzgar a los perpetradores porque forman parte del poder. “Como sociedad tienes que mantener el reclamo de justicia para que cuando cambien las condiciones políticas se [les] pueda juzgar y condenar”.
La justicia transicional plantea la verdad, memoria, justicia, reparación y garantía de no repetición como los elementos a los que se aspira llegar cuando el régimen político cambie. “Un elemento importante son estos sitios de memoria, como el antimonumento, buscando que se denuncien los hechos y que se llegue a la verdad”, sostiene Chinas.
Por otro lado, colectivos de personas buscadoras buscan “treguas de paz” con grupos armados para que les permitan realizar sus labores sin ser amenazadas, desaparecidas o asesinadas. Ante esta propuesta, López Obrador aseguró que respaldaría la negociación.
Mientras tanto, preocupan los esfuerzos estatales por esconder esta crisis, sobre todo de cara a las elecciones de 2024. “Estamos viendo más violencia contra las familias”, opina Héctor Flores. “El augurio es peor, será un trato peor”.
Manifestación por los ocho personas trabajadoras del call-center desaparecidas entre el 20 y el 22 de mayo de 2023. Foto: Mariana Mora
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*Mientras otros países latinoamericanos reconocen las violaciones a derechos humanos en el contexto de la guerra fría desde hace décadas, en México apenas en 2021 se integró una Comisión de la Verdad para registrarlas y deberá presentar resultados en 2024.
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